Demandan a petroleras británica e israelí por un proyecto de explotación en Malvinas

La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) presentaron una acción judicial para intentar frenar el proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por la compañía británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum en aguas próximas a las islas Malvinas.

La demanda fue presentada ante el Juzgado Federal de Río Grande, con competencia sobre Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y plantea una acción preventiva de daño ambiental colectivo con una dimensión adicional: la protección de la soberanía argentina sobre el territorio y los espacios marítimos del Atlántico Sur.

Las organizaciones solicitaron la suspensión inmediata de las obras, perforaciones y movimientos del lecho marino vinculados con el proyecto, así como de las operaciones financieras destinadas a sostenerlo.

Sea Lion -denominado León Marino en la presentación judicial- se desarrolla en la Cuenca Malvinas Norte, aproximadamente 220 kilómetros al norte de las islas. Las empresas proyectan comenzar la extracción de petróleo durante el primer semestre de 2028 y mantener la producción durante más de 30 años.

El proyecto fue autorizado por las autoridades de las islas Malvinas, pero, según la demanda, no cuenta con evaluación de impacto ambiental ni con las autorizaciones requeridas por la legislación argentina.

Un proyecto de gran escala

De acuerdo con la información aportada por las organizaciones, las primeras dos fases de Sea Lion contemplan la perforación de 23 pozos submarinos: 16 productores, seis destinados a la inyección de agua y uno de gas.

El desarrollo incluye cañerías y equipamiento instalado sobre el lecho marino, además de una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga. Navitas informó que la primera etapa contempla 11 pozos y la segunda, otros 12.

La infraestructura no se limitaría al área offshore. El proyecto prevé utilizar Puerto Argentino como centro logístico, con ampliaciones portuarias, depósitos, viviendas y plantas destinadas al almacenamiento y tratamiento de combustibles, químicos y lodos de perforación.

Según las organizaciones demandantes, durante 2026 comenzaron trabajos vinculados con el muelle y la base terrestre, mientras que las compañías avanzaron en la fabricación de equipos y en la adaptación de la unidad flotante que será utilizada en el yacimiento. La perforación está prevista para comienzos de 2027.

El volumen y la extensión temporal de la iniciativa son uno de los argumentos utilizados por AAdeAA y CECIM para sostener que se trata de una explotación de gran escala, cuyos potenciales efectos deben ser evaluados antes de que se produzcan daños ambientales.

Sin evaluación ambiental argentina

Uno de los principales argumentos de la demanda es que las empresas no realizaron ante el Estado argentino las presentaciones obligatorias para explorar o explotar hidrocarburos ni iniciaron un procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

Las organizaciones indicaron que habían realizado pedidos de acceso a la información pública ante la Jefatura de Gabinete de Ministros y el Ministerio de Economía en enero de 2026 y que las respuestas oficiales confirmaron la ausencia de esos trámites.

La evaluación de impacto ambiental, sostienen, permite identificar riesgos, exigir estudios, analizar alternativas y garantizar la participación ciudadana antes del inicio de una actividad potencialmente dañina.

En ese sentido, AAdeAA y CECIM sostienen que las licencias otorgadas por la administración británica de las islas no pueden reemplazar las exigencias de la legislación argentina ni habilitar la disposición de recursos naturales ubicados en áreas que Argentina considera parte de su plataforma continental.

La situación se suma, según la presentación, a los antecedentes de las dos empresas en el país.

Rockhopper fue declarada clandestina en 2012 e inhabilitada para operar en Argentina durante 20 años. Navitas recibió una sanción equivalente en 2022. En diciembre de 2025, la Cancillería argentina rechazó el anuncio de inversión realizado por ambas compañías y sostuvo que la iniciativa carecía de autorización argentina y contradecía las resoluciones de Naciones Unidas sobre la disputa de soberanía.

Rockhopper conserva el 35% del proyecto, mientras que Navitas controla el 65%.

El riesgo para el Mar Argentino

El reclamo judicial también advierte sobre los posibles efectos ambientales de la explotación petrolera sobre los ecosistemas del Atlántico Sur.

La demanda identifica dos ecorregiones que podrían verse afectadas: Mar Argentino e Islas del Atlántico Sur. Según las organizaciones, ambas mantienen además una conexión ecológica con la Antártida.

La ecorregión del Mar Argentino comprende las aguas de la plataforma continental y presenta una elevada productividad biológica. Allí habitan, se reproducen o se alimentan unas 300 especies de peces, además de ballenas francas australes, lobos y elefantes marinos, pingüinos de Magallanes, albatros, petreles, cormoranes, orcas, delfines, tiburones y rayas.

Los denunciantes señalan que la explotación petrolera implica perforaciones, movimientos del lecho marino, circulación de embarcaciones, generación de ruido submarino y utilización de sustancias químicas, además del riesgo de derrames.

El planteo sostiene que un eventual derrame podría extender sus efectos a otras áreas del Atlántico Sur debido a las corrientes marinas, afectando zonas utilizadas para la alimentación, reproducción y migración de distintas especies.

A esto se sumarían los impactos asociados a las instalaciones terrestres de Puerto Argentino, como la ampliación de infraestructura portuaria, el almacenamiento de combustibles y productos químicos, la generación de residuos, el aumento del tránsito y la construcción de instalaciones industriales.

Para las organizaciones, la actividad offshore y las obras terrestres forman parte de un mismo sistema extractivo y deben ser consideradas de manera integral al evaluar sus consecuencias ambientales.

La soberanía, otro eje de la demanda

La acción judicial incorpora además un argumento vinculado con la soberanía argentina sobre las islas Malvinas y los espacios marítimos circundantes.

Los demandantes sostienen que el proyecto implica una modificación unilateral de la situación existente mientras permanece abierta la disputa entre la Argentina y el Reino Unido.

En ese sentido, la presentación cita la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada en 1976, que instó a ambos países a abstenerse de adoptar decisiones que introduzcan modificaciones unilaterales mientras la controversia permanezca abierta.

Para AAdeAA y CECIM, el desarrollo de infraestructura, la inversión de capital y la proyección de décadas de extracción de hidrocarburos constituyen una modificación de hecho sobre un territorio cuya soberanía es reclamada por la Argentina.

El reclamo también se apoya en la Primera Disposición Transitoria de la Constitución Nacional, que ratifica la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, y establece como objetivo permanente e irrenunciable la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía.

Los demandantes plantean que la soberanía debe ser considerada un bien jurídico colectivo y que su protección está vinculada también con la preservación ambiental y con los derechos de las generaciones futuras.

Qué le piden a la Justicia

Además de solicitar la suspensión de las obras, las organizaciones pidieron impedir nuevos contratos, desembolsos, transferencias o garantías destinados al proyecto Sea Lion.

También solicitaron que se informe de la existencia de la causa a los organismos de control financiero y a los mercados donde cotizan las dos compañías: la Bolsa de Londres, en el caso de Rockhopper, y la Bolsa de Tel Aviv, para Navitas.

Otro de los pedidos apunta a que las petroleras identifiquen a los bancos, fondos de inversión, aseguradoras y demás actores involucrados en el financiamiento de la explotación.

La intención, explicó Enrique Viale, presidente de AAdeAA, es conocer quiénes sostienen financieramente el proyecto para eventualmente solicitar medidas cautelares sobre esos actores.

La demanda también pide que las licencias otorgadas por la administración británica de las islas sean consideradas inoponibles a la República Argentina, al sostener que esas autorizaciones no pueden sustituir los permisos y procedimientos establecidos por la legislación argentina.

Un reclamo que reúne ambiente y soberanía

La presentación reúne dos trayectorias que hasta ahora habían transitado ámbitos diferentes. AAdeAA tiene entre sus principales líneas de acción la defensa jurídica de los ecosistemas y los bienes comunes, mientras que el CECIM, integrado por exsoldados conscriptos de la guerra de 1982, desarrolla desde hace décadas una agenda vinculada con los derechos humanos, la memoria y el reclamo de soberanía sobre Malvinas.

Ambas organizaciones definieron su planteo como una «tutela ambiental soberana», al considerar que en este caso la protección del ambiente y la defensa de la soberanía recaen sobre un mismo espacio.

“Sobre un mismo espacio se superponen dos bienes colectivos: ambiente y soberanía. El daño nace de un proyecto hidrocarburífero de enorme escala, ejecutado sin evaluación ni autorización argentinas. La herida es doble. Afecta los ecosistemas. Afecta el derecho del pueblo a decidir y preservar lo propio”, afirmaron.

La acción se inscribe además en los antecedentes de AAdeAA contra la explotación petrolera offshore. En 2022, la organización, junto con otras entidades y asambleas, promovió una acción judicial contra la exploración hidrocarburífera frente a Mar del Plata, que derivó en una medida cautelar y abrió un antecedente relacionado con la evaluación de impactos acumulativos.

Ahora, el objetivo es que la Justicia intervenga antes del inicio de las perforaciones y evite que el avance de la explotación genere daños ambientales o consolide una situación de hecho sobre un territorio cuya soberanía continúa siendo objeto de una disputa internacional.

Para los demandantes, la prevención es central: una vez producido un derrame u otro daño ambiental de gran escala, sus consecuencias podrían resultar irreversibles, mientras que la instalación de infraestructura y el comienzo de una explotación proyectada durante décadas podrían convertir una decisión unilateral en un hecho consumado.

Con información de la agencia EFE y Abogados Ambientalistas