Discusión por la Corte y juzgados

El Gobierno anunció cómo completará las vacantes judiciales mientras negocia en secreto con el kirchnerismo

13 de noviembre de 2025 14:26 h

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El Gobierno empieza a dar las primeras señales sobre su plan para cubrir las vacantes en el Poder Judicial, que rondan el 35% a nivel nacional y llegan a casi el 40% en el fuero federal. Este jueves el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, reveló ante empresarios que la intención es nominar a los ganadores de los concursos judiciales, aunque la Casa Rosada mantiene con el kirchnerismo conversaciones subterráneas para acordar en el Senado una lista de pliegos que permita destrabar nombramientos clave en los tribunales y en la Corte Suprema.

“Lo primero y principal para dar seguridad jurídica es completar las vacantes de la Justicia”, dijo Amerio durante su exposición en la 31ª Conferencia de la Unión Industrial Argentina (UIA). Según el funcionario, el Ejecutivo pondrá en marcha “algo que no hizo ningún otro gobierno: designar a los que ganaron los concursos del Consejo de la Magistratura, pero en orden de mérito, al primero, segundo o tercero, no al puesto 24”. Lo que no dijo el funcionario es que la gestión libertaria lleva ya dos años de demora en nominar jueces de todos los estamentos, con el polémico caso de los cortesanos Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, a quienes designó por decreto pero fueron volteados por la oposición en la Cámara alta.

Amerio, delegado del asesor Santiago Caputo en la justicia y quien lleva las riendas el ministerio, debajo de Mariano Cúneo Libarona –que ya adelantó que se va durante el verano–, buscó convencer que la estrategia libertaria permitirá garantizar que “las personas designadas sean las más idóneas” y que, por lo tanto, “no deban favores a ninguna fuerza política”. “La independencia judicial está atada a la seguridad jurídica. Si logramos eso, le demostramos al mundo que este Gobierno no atenta contra la Justicia”, afirmó.

En su exposición, Amerio insistió en que el presidente Javier Milei “nunca ha manifestado nada en contra de la Justicia y no ha designado jueces, cosa que no pueden decir muchos de los presidentes anteriores”.

Según datos del propio Poder Judicial, casi el 40% de los cargos en la Justicia federal están hoy vacantes, un problema que atraviesa a todos los gobiernos desde hace más de una década. En total, hay más de 300 juzgados y fiscalías sin titular, especialmente en los fueros penal, laboral y comercial, lo que genera demoras y una creciente dependencia de subrogancias.

El déficit en la cobertura de cargos fue reconocido por Milei en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, cuando admitió que “falta designar alrededor del 40% de los magistrados” y que el Poder Judicial “no puede garantizar eficiencia ni previsibilidad” en ese contexto.

Sin embargo, detrás del discurso de mérito y transparencia, el Gobierno enfrenta el mismo obstáculo que sus antecesores: el Senado, que debe aprobar cada pliego por mayoría especial. Por eso, desde hace semanas, operadores del oficialismo y del kirchnerismo retomaron un diálogo reservado que incluye nombres para ocupar vacantes estratégicas, entre ellas una en la Corte Suprema y varias en cámaras federales.

Como reveló elDiarioAR, Karina Milei encabeza esas conversaciones en representación del Presidente, acompañada por el propio Amerio. Del otro lado, los interlocutores son dirigentes cercanos a Cristina Kirchner, con quienes se exploran eventuales acuerdos de “paquete” que incluyan cortesanos, jueces, fiscales y hasta la Procuración General de la Nación.

Fuentes legislativas admiten que el kirchnerismo está dispuesto a negociar ciertos pliegos a cambio de preservar influencia en tribunales sensibles, como Comodoro Py o la Cámara Federal de La Plata. “Pueden hablar de meritocracia, pero si la negociación no es en paquete no le sirve a nadie”, comentó un operador judicial vinculado al peronismo. La prioridad de Milei, en tanto, pasa por cubrir rápidamente cargos vacantes en fueros laborales y comerciales, claves para su programa de desregulación y reforma económica.

MC

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