El Gobierno festejó el fallo de YPF y tapó el expediente Adorni, pero ganó el juicio con los argumentos del kirchnerismo

El fallo a favor de la Argentina en la Cámara de Apelaciones de Nueva York le dio al Gobierno el impulso político que necesitaba para intentar dar vuelta la página del escándalo que envuelve desde hace semanas a Manuel Adorni. Por eso apenas conocida la noticia la usina virtual del mileísmo salió a invadir las redes sociales, con la particularidad de que fue el entorno del asesor Santiago Caputo –el asesor presidencial en conflicto con Karina Milei– quien motorizó la narrativa oficialista.

La usina caputista buscó posicionar a dos de los suyos como los protagonistas de la estrategia judicial argentina: la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, encargada de custodiar la firma del Presidente, y el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, hasta hace pocas semanas secretario de Justicia. Sin embargo la estrategia judicial del mileísmo respetó los lineamientos de gestiones anteriores, como la de Alberto Fernández y hasta de Axel Kicillof cuando fue el impulsor de la expropiación de YPF.

Qué se ganó y por qué

Para entender el peso del fallo hay que remontarse a 1993, cuando bajo el gobierno de Carlos Menem se privatizó YPF y se redactó un estatuto social que incluía una cláusula de protección a los accionistas minoritarios: cualquier entidad que adquiriera el control de la compañía debía lanzar una Oferta Pública de Adquisición para comprarles sus acciones a precio de mercado. Casi veinte años después, en abril de 2012, el Congreso sancionó la Ley 26.741 que declaró de utilidad pública el 51% de las acciones de YPF, pertenecientes a la española Repsol. La defensa argentina –liderada en ese momento por Kicillof como viceministro de Economía– argumentó que la ley de expropiación, al ser de orden público, prevalecía sobre los estatutos privados. Los accionistas minoritarios no recibieron oferta alguna.

En 2015, el fondo Burford Capital compró por 15 millones de euros los derechos de litigio de las empresas del Grupo Petersen, que habían quebrado en España al no poder pagar los créditos con los que habían adquirido su 25% de YPF. Burford demandó a la Argentina en Nueva York alegando que el Estado había actuado como un inversor privado y no cumplió las reglas de mercado de la propia empresa. En marzo de 2023, la jueza Loretta Preska declaró a la Argentina responsable por incumplimiento de contrato. En septiembre de ese año fijó el monto de la condena en US$16.100 millones –US$8.400 millones en daños y US$7.600 millones en intereses retroactivos al 8% anual desde abril de 2012– cargando la totalidad sobre el Estado nacional y eximiendo a YPF S.A. Argentina apeló. Este jueves, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito revocó la condena y ordenó la revisión total del proceso.

La estrategia de la apelación fue conducida desde la Procuración del Tesoro por Sebastián Amerio, quien asumió el cargo hace pocas semanas tras ser viceministro de Justicia. Junto a él trabajaron los subprocuradores Santiago Castro Videla y Juan Ignacio Stampalija. Desde Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy coordinó la posición institucional del Ejecutivo. El equipo contó además con la participación de Bernardo Saravia Frías, ex Procurador del Tesoro, cuya experiencia acumulada en el caso desde gestiones anteriores resultó clave para darle continuidad técnica a una defensa que, en sus argumentos centrales, no había cambiado de un gobierno al otro.

Ese último punto es el que más incomoda al oficialismo en el festejo de hoy, y que el abogado Sebastián Soler sintetizó con precisión en X: “Ya había coincidencia en que haber expropiado YPF benefició al país, pero algunos porfiaban que se había 'expropiado mal' y que eso 'nos iba a costar US$16.000 millones de dólares'. Desde hoy, ya no lo pueden decir. El juicio se ganó porque se expropió correctamente, cumpliendo las únicas leyes que importan, que son las de nuestro país, y porque, más allá de las declaraciones desagradables y oportunistas del presidente Milei, su gobierno reiteró en la apelación los mismos argumentos legales que ya había planteado la defensa argentina durante la gestión del gobierno anterior.” Una lectura incómoda para el oficialismo, que festejaba la victoria como propia pero que en los hechos había continuado la estrategia legal del kirchnerismo.

La usina caputista tomó la delantera

El propio Santiago Caputo fue el primero en marcar el tono libertario. Con su habitual lenguaje críptico, publicó en X: “Las Fuerzas del Cielo operan de maneras misteriosas”, acompañado de una imagen que mostraba el derrumbe de la acción de Burford Capital. El fondo inglés, gran perdedor del día, vio sus acciones caer más de un 36% en la Bolsa de Estados Unidos apenas conocida la noticia. Horas después, Caputo volvió a postear, esta vez en clave más mística que política: “La Diosa Fortuna nos otorgó a los argentinos el privilegio de encontrarnos con Javier G. Milei para que salve el país. No perdamos esta oportunidad.” Un mensaje que, leído en clave interna, era también una declaración de principios frente a su propia pelea interna en la Casa Rosada.

La militancia digital amplificó sin matices. Agustín Romo, una de las cuentas más activas del ecosistema oficialista, escribió: “El mayor logro jurídico de la historia argentina lo hizo este gobierno. El de Javier Milei. Y los argentinos nos ahorramos 18 mil millones de dólares. Impresionante el laburo de todo el equipo legal, en especial el de la Dra. María Ibarzabal Murphy.” Minutos más tarde, ante la reacción opositora, Romo subió la apuesta: “Da lástima el peronismo queriendo adjudicarse el logro de ganar el juicio de YPF. Si ellos eran gobierno, en Estados Unidos nos condenaban a pagar diez mil veces más de lo que pedía Burford. Ustedes pactaron con Irán. Se piensan que es gratis? Boludísimos realmente.”

Milei y Kicillof como blanco

Milei no se quedó atrás en los improperios. En un discurso en un Centro de Capacitación de Capital Humano, el Presidente dijo que “tuvimos que venir a arreglar las cagadas que hizo el inútil, imbécil, incompetente de Kicillof durante el segundo gobierno de la corrupta y presidiaria Cristina Fernández de Kirchner”. La frase fue aplaudida por su tropa pero desnudó también una operación política: Milei encontró en el gobernador bonaerense el rival más cómodo, el que le permite unificar a su electorado y correrse del escándalo Adorni con un solo movimiento. El comunicado oficial de la Casa Rosada fue, en ese sentido, más prolijo pero igualmente contundente: señaló que “las decisiones populistas e intervencionistas adoptadas durante el gobierno kirchnerista, con la participación directa del actual gobernador Axel Kicillof, expusieron al país a una contingencia judicial de magnitud extraordinaria”.

La paradoja, sin embargo, es que el argumento con el que la Argentina ganó en Nueva York es exactamente el que Kicillof esgrimió en 2012: que la expropiación fue un acto soberano amparado por la ley nacional, no una operación de mercado. El gobernador bonaerense no tardó en señalarlo. Respondió en redes sociales que “la Justicia de EE.UU. falló a favor de YPF y deja en evidencia años de mentiras”, y sostuvo que el resultado era “un relato impulsado por los buitres para cuestionar una decisión soberana”. Afirmó además que los abogados del Estado habían defendido en Nueva York los mismos argumentos que él sostuvo siempre, señalando la contradicción de un gobierno que criticaba la estatización mientras sus propios letrados la defendían.

Cristina Kirchner fue más institucional pero igualmente reivindicativa. Agradeció “como ex Presidenta y como ciudadana” al estudio Sullivan & Cromwell LLP, encargado de la defensa del Estado desde 2020, y sostuvo que “la expropiación con fines de utilidad pública de YPF se hizo conforme a derecho”. Añadió que la decisión política de recuperar YPF “fue estratégica para el país” y que la posición argentina “siempre fue apoyada por Estados Unidos en las administraciones demócrata y republicana”. El fallo, en ese sentido, le daba un argumento que venía esperando hace años: la misma Cámara de Apelaciones que absolvía a la Argentina validaba, técnica y jurídicamente, la lógica de la nacionalización de 2012.

MC