La Justicia rechazó el pedido de Cristina Kirchner para recibir visitas sin restricciones durante su prisión domiciliaria

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El Tribunal Oral Federal N° 2 (TOF 2) rechazó el pedido de la defensa de Cristina Fernández de Kirchner para eliminar las restricciones sobre las visitas que puede recibir en el departamento donde cumple prisión domiciliaria, ubicado en la calle San José 1111, en el barrio porteño de Constitución.

El reclamo había sido presentado por sus abogados, Carlos Beraldi y Ary Rubén Llernovoy, quienes solicitaron que la expresidenta pudiera recibir visitas sin necesidad de autorización judicial previa. Sin embargo, los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso desestimaron el planteo, manteniendo el régimen actual, que establece la necesidad de presentar un listado anticipado de visitantes.

Pese al revés judicial, la defensa de Kirchner presentó ante el TOF 2 un listado reservado con los nombres de las personas que podrían ingresar a su domicilio. La lista, que no trascendió públicamente, incluiría a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, así como a sus nietos y familiares cercanos. Los jueces disponen ahora de cinco días hábiles para analizar los nombres propuestos y resolver si otorgan o no los permisos.

La decisión del tribunal podría ser apelada ante la Cámara Federal de Casación Penal. Desde el entorno de la expresidenta ya adelantaron que recurrirán esa instancia para insistir en el pedido.

El abogado de la expresidenta Gregorio Dalbón publicó en redes sociales: “SI QUERÉS VISITAR A CRISTINA, TENÉS QUE PEDIR PERMISO AL TRIBUNAL. Y ACÁ TE DEJAMOS EL MAIL: tocrimfed2@pjn.gov.ar”.

“El Tribunal Oral Federal N.º 2, en una decisión que solo puede explicarse desde el delirio autoritario, obliga a toda persona que no sea familiar directo, abogado o médico de Cristina Fernández de Kirchner a pedir permiso por escrito para poder visitarla en su domicilio. Sí. Leíste bien. Tenés que escribirle a los jueces y esperar que te autoricen. Como si fuera una reclusa peligrosa. Como si fuera culpable de existir. Aunque el Dr. Carlos Beraldi ya impugnó judicialmente esta aberración por ser violatoria de los derechos humanos, del principio de igualdad ante la ley y del derecho a la vida familiar y social, el daño ya está hecho: el TOF 2 decidió jugar a Gran Hermano Judicial, y ahora deberá enfrentar las consecuencias de haber convertido la justicia federal en un buzón de permisos ilegítimos”, añadió.

“A TODA LA SOCIEDAD: Si querés visitar a Cristina, acompañarla, saludarla, conversar, solidarizarte o simplemente estar, mandá tu solicitud a: tocrimfed2@pjn.gov.ar Que el pueblo ejerza su derecho. Que el tribunal se haga cargo de la casilla que ellos mismos decidieron saturar. Que quede escrito, digitalmente, el tamaño de esta humillación institucional. No es Cristina la que está aislada. Son ellos los que se han desconectado de la democracia”, concluyó.

Fernández de Kirchner expresó públicamente su rechazo al régimen de visitas impuesto. “Hoy, mis abogados tuvieron que recurrir otra decisión del mismo Tribunal, que sólo permite que me visiten, y previo listado… únicamente mi núcleo familiar, mis abogados y mis médicos”, cuestionó a través de un mensaje difundido la semana pasada.

“Cada vez que quieran visitarme deberán presentar una solicitud al Tribunal y luego esperar su autorización. El resto de mis relaciones con el mundo exterior… amigos, amigas, compañeros, compañeras… y otras personas que conozco y me vinculo por el sólo hecho de ser una persona que tiene vida… no pueden hacerlo libremente”, lamentó la exmandataria, calificando el régimen como un “sistema de exclusión arbitrario”.

Además, aseguró que las restricciones vulneran derechos civiles básicos y planteó que se la estaría sometiendo a un tratamiento judicial diferencial. “¿Habrá una Constitución y Códigos Penales y Procesales especiales, redactados únicamente para mí y que nunca me enseñaron en la facultad?”, ironizó.

En paralelo al cumplimiento del régimen impuesto, la causa Vialidad —en la que fue condenada en primera instancia a seis años de prisión por administración fraudulenta— continúa su curso judicial, con el proceso de apelaciones en marcha.