La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados comenzó a las 11.10 de este jueves para recibir los argumentos de legisladores oficialistas y opositores, asociaciones sociales, de juristas y abogados sobre los pedidos de enjuiciamiento a los jueces supremos Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, a quienes acusan de mal desempeño de sus funciones.
Es la segunda reunión de la comisión, presidida por la diputada Carolina Gaillard del Frente de Todos (FdT), para tratar los 14 expedientes presentados en la cámara baja que contienen más 60 acusaciones contra los miembros del alto tribunal, y que serán clave para determinar si existen argumentos para aceptar la admisibilidad del juicio político y comenzar la etapa de recolección de pruebas.
Al abrir la segunda reunión, Gaillard dijo que hoy expondrán autores de 14 expedientes e informó que no concurrirá la senadora Juliana Di Tullio, quien lo comunicó a través de una nota.
La admisibilidad del juicio político se definirá en la reunión del próximo jueves 9 de febrero por mayoría simple y allí el oficialismo estará en condiciones de imponer su postura para abrir el sumario y comenzar la investigación que contemplará pedir documentación, convocar a los acusados, citar testigos, y en caso de que no concurran pedir su citación por la fuerza pública.
Como sucedió en la reunión celebrada el jueves pasado, el oficialismo deberá reunir número reglamentario -es decir, tener la presencia de 16 miembros- para habilitar la deliberación debido a que Juntos por el Cambio (JxC) decidió impedir la actividad parlamentaria hasta que el oficialismo desista de promover el juicio a los miembros del tribunal.
La lista de expositores fue abierta por la diputada Paula Oliveto de la Coalición Cívica (CC), quien aseguró que el pedido de juicio político contra Lorenzetti “pertenece a nuestro bloque data de 2017 y fue presentado por Elisa Carrió”. “En ese momento nosotros éramos gobierno y no fue acompañado por el presidente Mauricio Macri ni su ministro de Justicia, Germán Garavano”, agregó y señaló que el pedido de enjuiciamiento “no responde a ninguna motivación de presionar a la Corte Suprema ni es un factor de extorsión”.
Expondrán también Claudio Rocca y Nora Cortiñas de Abuelas de Plaza de Mayo por la Asociación Argentina de Juristas, y Federico Méndez y Pablo Llopart por la Asociación Civil por la Exigibilidad por los Derechos Sociales (Exigir).
Los particulares Ricardo La Greca y Patricia Isasa darán sus fundamentos en relación al pedido que realizaron contra los cuatro integrantes del máximo tribunal, mientras el abogado Pablo Llonto junto a Diego Sánchez lo harán sobre los escritos presentados en relación al desempeño de Rosatti en las causas por crímenes de lesa humanidad.
Asimismo, el diputado Eduardo Valdés (FdT) fundamentará sobre el proyecto impulsado por el oficialismo a pedido del presidente Alberto Fernández y una decena de mandatarios provinciales.
Las acusaciones del Ejecutivo se fundan principalmente en el fallo de la Corte que benefició a la ciudad de Buenos Aires en el litigio que mantiene con la Nación por los fondos coparticipables, y también por reponer después de 16 años la ley que regía el funcionamiento del Consejo de la Magistratura con una composición de 20 miembros y que había sido derogada por el Congreso Nacional.
También se cuestiona al máximo tribunal el haber legitimado en 2017 el cómputo del “2x1” para que Luis Muiña, un represor de la última dictadura cívico-militar, accediera al beneficio de la libertad condicional. Otra de las causales son una serie de “irregularidades, incumplimientos y desmanejos” en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN), que es administrada por la propia Corte.
Por el FdT expondrán Vanesa Siley, María Rosa Martínez y Pablo Carro por los tres expedientes tramitados por el oficialismo. En el primer caso, se analizarán denuncias contra Rosenkrantz y luego dos presentaciones contra los cuatro integrantes del máximo tribunal.
Tras escuchar a los impulsores de los juicios políticos y que se vote la admisibilidad, comenzará la recolección de pruebas y allí se deberá diagramar la convocatoria a testigos.
El oficialismo quiere convocar al ministro del Interior, Eduardo de Pedro; a mandatarios provinciales; a Silvio Robles -colaborador y mano derecha de Rosatti- y a Marcelo D'Alessandro, ministro de Seguridad y Justicia porteño que se encuentra en uso de licencia por el escándalo del viaje con jueces y empresarios a Lago Escondido.
Esto es porque a fines del año pasado, trascendieron en medios de comunicación una serie de chats -tras el hackeo de un celular- intercambiados a través de la aplicación Telegram que fueron atribuidos a D'Alessandro, y en varios de esos mensajes había intercambios del funcionario con Robles.
En esas conversaciones, el colaborador de Rosatti le sugería al ministro porteño distintas estrategias que debía llevar a cabo el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta ante el litigio que la ciudad de Buenos Aires mantenía con la Nación por los fondos coparticipables adicionales que Mauricio Macri redirigió al distrito porteño en 2016.
El oficialismo pretende que esos chats sean también motivo de análisis en la comisión de Juicio Político, como parte del proceso de remoción a los actuales magistrados de la Corte.
Con información de Télam