Misiones: efectivos desvinculados tras la protesta policial de 2024 vuelven a desafiar al gobierno provincial

El acampe rompe la postal habitual del centro de Posadas. A simple vista parece una protesta más frente a la Casa de Gobierno de Misiones, en plena Plaza 9 de Julio. Sin embargo, detrás de ese campamento improvisado sobrevive uno de los conflictos políticos más traumáticos que atravesó la provincia en los últimos años: la rebelión de trabajadores estatales de mayo de 2024, que puso contra las cuerdas al poder construido a lo largo de dos décadas por el exgobernador Carlos Rovira y que tuvo al reclamo policial y docente como principal punta de lanza.

Desde el 6 de abril, un grupo de ocho efectivos permanecen apostados frente a la sede del Ejecutivo provincial reclamando su reincorporación a la Policía de Misiones. Con el correr de las semanas se sumaron otros uniformados alcanzados por la misma situación. Todos integran la lista de detenidos en septiembre de 2024 en una causa por presunta sedición y conspiración, luego de ser acusados por presunta sedición y conspiración.

La protesta ya no ocupa cuadras enteras ni moviliza a cientos de personas como ocurrió durante aquellas convulsionadas jornadas de 2024. Hoy, el reclamo se reduce a una gran carpa de cuya lona cuelgan banderas argentinas y carteles escritos a mano. Algunos reclaman salarios dignos. Otros apuntan directamente contra la conducción policial. “Martínez, vendiste a tus policías”, se lee en uno de ellos, en referencia al jefe de la fuerza, Sandro Martínez.

En diálogo con elDiarioAR, uno de los voceros de los efectivos desvinculados, Diego Correa, asegura que la decisión de instalar nuevamente el conflicto en el espacio público llegó después de varios meses de gestiones infructuosas ante las autoridades provinciales. Según relata, tras recuperar la libertad comenzó a presentar notas a las autoridades sin obtener respuestas. “Nunca nadie contestó ni dio la cara”, sostiene.

El policía afirma que fueron justamente funcionarios y empleados de distintos organismos provinciales quienes comenzaron a alertarlos sobre presuntas inconsistencias en su situación administrativa. Según su versión, desde áreas del propio Estado les informaron que continuaban figurando como efectivos policiales, que sus haberes seguían siendo liquidados por la Contaduría provincial y que el supuesto decreto de cesantía nunca había completado los circuitos administrativos correspondientes.

“Sedición” y “conspiración”

El campamento, que funciona las veinticuatro horas, se convirtió en una postal incómoda para el gobierno provincial en el corazón mismo del poder político misionero. Allí pasan los días algunos de los protagonistas que estuvieron en el centro de la mayor crisis institucional que enfrentó el oficialismo misionero en décadas y que hoy denuncian haber sido convertidos en ejemplo para disciplinar al resto de la fuerza.

Para entender el origen de este reclamo hay que retroceder hasta mayo de 2024. Durante varias semanas, cientos de policías, penitenciarios, docentes y trabajadores de la salud protagonizaron una inédita protesta salarial que puso en jaque al gobierno provincial. El epicentro estuvo sobre la avenida Uruguay, frente al Comando Radioeléctrico de Posadas, donde se instalaron carpas y asambleas permanentes que tuvo al suboficial retirado y actual diputado provincial Ramón Amarilla como una de sus caras más visibles. El conflicto concluyó formalmente el 29 de aquel mes, cuando el gobierno provincial acordó una recomposición salarial y una amnistía para quienes habían participado.

La tregua, sin embargo, duró poco. Apenas cuatro meses después, en septiembre de 2024, la Justicia provincial ordenó la detención de ocho efectivos acusados de coacción, conspiración y sedición. Entre ellos, además de Correa y del propio Amarilla, estaban varios de los efectivos que hoy se encuentran apostados frente a la Casa de Gobierno, como son Iván Arrieta, Alejandro Arrieta, Adolfo Guirula, Lisandro Canteros, Joaquín Orrego y Elías Coutto.

La investigación se apoyó en una serie de mensajes extraídos de teléfonos celulares donde, según la acusación, algunos de los involucrados discutían la posibilidad de retomar las protestas e incluso impulsar acciones destinadas a generar desorden público. El juez de Instrucción Fernando Verón consideró que esos elementos permitían sospechar la existencia de un plan para presionar al gobierno provincial y avanzar sobre la conducción de la Policía de Misiones. Los imputados siempre rechazaron esa interpretación y sostuvieron que los chats fueron sacados de contexto para justificar una represalia política por el rol que habían tenido durante el conflicto salarial.

Sin proponérselo, la causa terminó produciendo uno de los fenómenos políticos más inesperados de la historia reciente de la provincia. Para cuando los misioneros fueron a votar el 8 de junio de 2025, Amarilla y el resto de los policías llevaban casi nueve meses presos. En ese contexto, el principal referente de las protestas tomó una decisión inusual: aceptó encabezar una lista de candidatos a diputados provinciales desde la cárcel y convirtió su situación judicial en una bandera política. La candidatura terminó canalizando parte del malestar que habían dejado las manifestaciones de 2024 y lo transformó en la gran sorpresa de la elección: obtuvo cerca del 20% de los votos y accedió a una banca en la Cámara de Representantes sin haber recuperado todavía la libertad.

El resultado alteró por completo la lectura política del conflicto. Lo que para el oficialismo había sido presentado como un intento de desestabilización terminó transformando a Amarilla, uno de los principales protagonistas de la prostesta, en un dirigente con representación parlamentaria propia. Recién después de conocerse el resultado, que tuvo al oficialista Frente Renovador de la Concordia como ganador, comenzó a desarmarse el esquema de detenciones iniciado en septiembre del año anterior. El suboficial retirado fue el primero en salir de la cárcel. Con el correr de las semanas, le llegó el turno al resto de los uniformados.

¿Decreto “fantasma”?

Durante meses, los policías creyeron que su principal problema era la causa judicial que los había llevado a prisión. Sin embargo, una vez recuperada la libertad, comenzaron a concentrarse en otra pregunta: bajo qué instrumento legal habían sido expulsados de la fuerza. La cesantía de los ocho efectivos fue formalizada mediante el decreto 2084/24. Sin embargo, dos años después, la existencia misma de ese documento se convirtió en el principal eje del reclamo.

Todo había comenzado con una postal política contundente. La decisión de avanzar contra los policías fue presentada públicamente por el gobernador Hugo Passalacqua en una conferencia de septiembre de 2024. A su lado se encontraban la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Rossana Venchiarutti Sartori; el ministro de Gobierno, Marcelo Pérez; y el entonces presidente de la Legislatura provincial, Oscar Herrera Ahuad. La imagen de los tres poderes del Estado encolumnados buscó transmitir una señal de respaldo institucional frente a un conflicto que el oficialismo consideraba especialmente sensible.

Pero la respuesta que fueron encontrando los policías acerca de su desvinculación resultó desconcertante. Mientras aseguran que distintas áreas del Estado provincial continuaban registrándolos como personal policial, el decreto que supuestamente había dispuesto sus cesantías parecía no aparecer en ningún lado. Esa sospecha terminó convirtiéndose en el motor del actual acampe.

Esa hipótesis cobró fuerza, según Correa, cuando logró acceder a los sumarios administrativos que venía reclamando desde septiembre de 2025. El efectivo sostiene que en esa documentación no aparecen constancias de notificaciones formales sobre su cesantía. También menciona una respuesta recibida desde la Dirección del Boletín Oficial provincial donde se le informó que el instrumento nunca fue remitido para su publicación. “Nos dijeron que el decreto no existe, que seguimos figurando como policías y que los sueldos se siguen liquidando. Ellos no nos quieren atender porque pudimos reunir todas las pruebas de que seguimos siendo policías”, afirma.

Desde el gobierno provincial rechazan de plano esa interpretación. Fuentes oficiales consultadas por elDiarioAR sostienen que los policías fueron notificados oportunamente de su situación administrativa y remarcan que sus reclamos ya fueron respondidos en reiteradas oportunidades. El 29 de abril pasado, por ejemplo, la Asesoría Jurídica de la Gobernación les comunicó formalmente que las peticiones vinculadas a la restitución de sus puestos de trabajo ya habían sido contestadas en expedientes anteriores y que no existían motivos para abrir nuevas instancias de diálogo. En esa respuesta, firmada por el asesor jurídico Carlos Javier Clerici, el Ejecutivo provincial les informó que la cuestión había sido resuelta y que la reiteración de presentaciones ante distintas dependencias “carece de sentido procesal y eficacia jurídica”.

Tampoco comparten la tesis del llamado “decreto fantasma”. “En derecho hay una máxima que dice que no hay nulidad por la nulidad misma”, argumentan cerca del gobierno provincial. Según esa interpretación, la eventual falta de publicación del decreto en el Boletín Oficial no afecta su validez jurídica porque se trata de un acto administrativo de alcance particular y no de una disposición general dirigida al conjunto de la sociedad. “El Boletín Oficial es para conocimiento general de la sociedad, no para notificar cuestiones particulares”, sostienen.

Las mismas fuentes agregan que, aun si existiera algún cuestionamiento sobre el procedimiento, el ámbito adecuado para plantearlo era la Justicia. “Si hubiera una afectación, que entendemos que no la hay, deberían haber hecho las presentaciones judiciales correspondientes”, señalan. Además, rechazan que los policías desconocieran el contenido del decreto. “Ellos mismos acompañan el decreto en algunas de sus presentaciones. En derecho existe la teoría de los actos propios: si vos te notificaste y tenés el decreto, no podés decir después que no lo tenés o que desconocés su contenido”, sentenciaron.

Presiones internas

Desde el campamento, Correa también insiste en que las represalias comenzaron mucho antes de las detenciones. Según denuncia, ya había sufrido presiones internas tras impulsar acusaciones por presuntos hechos de corrupción dentro de la fuerza policial en 2023. Y asegura que durante el conflicto salarial de mayo del 2024 tanto él como otros delegados recibieron amenazas y ofrecimientos para abandonar la protesta.

Según su relato, el 21 de ese mes, en pleno reclamo salarial, autoridades policiales y funcionarios provinciales les habrían ofrecido dinero, vehículos y otros beneficios. “A nosotros nos amenazaron, nos dijeron que nos iban a meter presos. Así lo hicieron. Nos ofrecieron plata y nos dijeron que nos teníamos que callar”, sostiene Correa en diálogo con elDiarioAR, quien luego de litigios y recursos rechazados en la justicia provincial, decidió junto con sus colegas presentar una denuncia en los tribunales de Comodoro Py donde exponen una extensa lista de presuntos delitos que incluyen abuso de autoridad, persecución política, amenazas, privación ilegítima de la libertad y violencia institucional.

Semanas atrás, Ramón Amarilla utilizó su banca en la Legislatura para visibilizar la situación de sus antiguos compañeros. “Lo que ocurrió en la avenida Uruguay frente al Comando Radioeléctrico no fue un acto de indisciplina porque el hambre no conoce de jerarquías”, sostuvo durante una sesión parlamentaria en referencia a las protestas que lo tuvieron como principal vocero. Y agregó: “Estamos ante personas que no saben si mañana van a tener para darle de comer a sus hijos, que no pueden pagar su alquiler porque sobre su cabeza está la sombra de un sumario que no avanza y de un gobierno que no los escucha”.

Por ahora, el acampe sigue allí. Mucho más pequeño que aquel que en 2024 paralizó a Misiones, pero sostenido por varios de los mismos protagonistas. Dos años después, el gobierno provincial insiste en que la historia está cerrada. Los manifestantes siguen durmiendo frente a la Casa de Gobierno para demostrar exactamente lo contrario.

PL/MG