El negocio de la limpieza que expone el costado menos visible del modelo Llaryora

Mientras Martín Llaryora intensifica sus reclamos a Javier Milei por la continuidad de las retenciones al agro y por una distribución más equilibrada de los recursos federales, en Córdoba comienza a tomar forma una trama de contrataciones públicas que expone el costado menos visible de su modelo de gestión. Detrás de tareas tan rutinarias como limpiar escuelas, desmalezar predios estatales o mantener los jardines de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC), un reducido grupo de compañías acumuló en los últimos años contratos por decenas de miles de millones de pesos. Los registros muestran que los mismos nombres se repiten en Educación, Salud, Lotería y otras dependencias, configurando un circuito donde los servicios tercerizados y la estructura del poder político avanzan en paralelo.

La historia no es completamente nueva. En octubre del año pasado, elDiarioAR publicó una primera investigación que reconstruyó cómo el negocio de la limpieza se había transformado en una de las principales fuentes de recursos del poder provincial. Ese trabajo reveló la concentración de contratos en tres empresas: Servicios Drill S.A., Euro Clean S.R.L. y Pulizia S.R.L.. La novedad ahora es que nuevos documentos oficiales permiten medir con mayor precisión la magnitud del fenómeno y mostrar cómo el mismo esquema se expandió hacia otras áreas del Estado con montos aún más elevados.

Servicios Drill está asociada al empresario Rubén Alabi, un hombre de bajo perfil que en los últimos años expandió sus negocios más allá del rubro de limpieza. Fuentes del sector lo vinculan también con Fly Kitchen, dedicada a servicios gastronómicos y concesionaria del catering del Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio L.V. Taravella, con operaciones posteriores en las terminales de las Cataratas del Iguazú y el Aeropuerto de Sauce Viejo.

Euro Clean, por su parte, está controlada por Mauro y Matías Martínez, dos empresarios con intereses también en el negocio inmobiliario cordobés. Mientras que Pulizia —o Kazaró, que es su nombre comercial— pertenece a Tomás Romero y a Lucas Dagatti, quien además preside la Cámara de Empresas de Servicios Generales y Afines (CASEGE), la principal entidad del sector en la provincia. Según comentaron ellos mismo en una entrevista con La Voz, la firma pasó de unos 600 a cerca de 1.500 empleados en los últimos años, en paralelo con la expansión de sus contratos con el Estado cordobés.

Las licitaciones

La magnitud del negocio puede medirse, en principio, en las licitaciones del Ministerio de Educación. Las licitaciones públicas Nº 01/2025 y Nº 02/2025, destinadas a la limpieza de escuelas de la capital y del interior, tuvieron un monto total preadjudicado de $105.365 millones por un plazo de 24 meses. Euro Clean fue la principal beneficiaria en Córdoba Capital con tres zonas adjudicadas por $31.607 millones. Servicios Drill obtuvo dos zonas por $23.320 millones y Pulizia una por $4.030 millones.

En el interior de la provincia, las mismas empresas volvieron a quedarse con buena parte de los departamentos adjudicados, consolidando su predominio en el sector. En el rubro señalan además que, en esa licitación, las tres compañías presentaron valores prácticamente idénticos por unidad de servicio y levemente superiores a los ofertados por otros competidores, un dato que alimentó cuestionamientos sobre el grado de competencia efectiva dentro del proceso.

El Ministerio de Salud ofrece un panorama similar. En la licitación de 2024 para hospitales, centros de atención primaria y otras dependencias sanitarias, el monto total preadjudicado alcanzó los $29.507 millones. Euro Clean recibió adjudicaciones por $10.854 millones; Servicios Drill por $4.472 millones; y Pulizia por $2.551 millones.

Las adjudicaciones de EPEC refuerzan esa tendencia. En julio de 2025, Servicios Drill obtuvo tres licitaciones electrónicas consecutivas para desmalezado y mantenimiento de espacios verdes en Río Ceballos, San Francisco y la zona norte de la ciudad de Córdoba. Pulizia, a su vez, fue adjudicataria de las zonas de Río Cuarto y Bell Ville. El negocio, de ese modo, excede la limpieza de edificios y se extiende al mantenimiento de predios y jardines en toda la provincia.

Requisitos y polémica

Uno de los aspectos más cuestionados por empresarios del sector son los requisitos técnicos y administrativos de los pliegos. En licitaciones recientes se exigieron dotaciones mínimas de 500 empleados registrados, múltiples certificaciones ISO y certificados de libre deuda emitidos por CASEGE, la cámara presidida por el propio Dagatti. Para competidores de menor escala, esas condiciones reducen sensiblemente las posibilidades de participación y consolidan la posición de las compañías con mayor estructura y experiencia en contrataciones estatales.

Por otro lado, también aparece apuntado el sindicato de Obreros y Empleados de Empresas de Limpieza, Servicios y Afines de Córdoba (SOELSAC), conducido por Sergio Fittipaldi, quien además lidera las 62 Organizaciones Peronistas en la provincia. En Córdoba aseguran que el gremio ocupa un lugar central en todo el esquema. “Interviene en la emisión de certificados de libre deuda para habilitar a las empresas 'amigas' y garantiza la paz social a cambio de flexibilización laboral”, denunció una fuente a elDiarioAR.

En el caso del artículo 35.1 de los pliegos del Ministerio de Educación, se estableció como condición excluyente que las adjudicatarias debían absorber a todo el personal que ya se encontraba prestando servicios, reconociendo antigüedad, categoría y carga horaria. Sin embargo, en distintas localidades del interior se registraron denuncias de operarias que aseguraron haber quedado sin empleo o haber sido desvinculadas sin continuidad laboral cuando ingresaron las nuevas contratistas.

El cuadro expone una paradoja: mientras el Estado provincial incrementó de manera sustancial el gasto en servicios tercerizados y consolidó a un grupo de empresas con capacidad para manejar contratos multimillonarios, la mejora económica no se habría traducido necesariamente en mejores condiciones laborales para quienes realizan las tareas de limpieza.

Operadores y funcionarios

Detrás de toda esta trama aparecen apuntados funcionarios y operadores con peso propio dentro del oficialismo provincial. Uno de ellos es Juan Manuel Cid, director del Banco de Córdoba y uno de los dirigentes de mayor confianza de Llaryora. Abogado de perfil técnico, con fuerte inserción en los tribunales y en los despachos más sensibles del poder cordobés, en el ecosistema político local se lo describe como el principal articulador político de este circuito: el hombre encargado de tender puentes entre empresarios y la estructura del poder provincial, con capacidad para destrabar gestiones y coordinar interlocutores en distintas áreas del Estado. Ese rol, sumado a su bajo perfil y a su influencia transversal, le valió el apodo de “el Caputito cordobés”, en alusión al asesor presidencial Santiago Caputo.

Otro nombre que surge en los registros es el de Néstor Rubén Alabi, tesorero general de la provincia y homónimo del empresario vinculado a Servicios Drill, la principal adjudicataria del rubro. Por la naturaleza de su cargo, su función se ubica en el plano administrativo: la Tesorería General ocupa un lugar estratégico dentro del circuito encargado de instrumentar y ejecutar los pagos del Estado.

En ese contexto, distintas fuentes del sector también mencionan la gravitación que tiene Guillermo Acosta, uno de los funcionarios más cercanos al gobernador. Como ministro de Economía, Acosta representa el eslabón político y presupuestario de mayor jerarquía dentro de esa estructura, con influencia sobre las áreas responsables de autorizar desembolsos y administrar el flujo de fondos provinciales. Su salida temporal del gabinete, en abril, a partir de una licencia, coincidió con una reorganización interna del manejo del gasto y con la creación de un Consejo de Gestión Estratégica del Gasto destinado a supervisar las erogaciones públicas.

La concentración de las adjudicaciones no constituye, por sí misma, una irregularidad comprobada. Pero sí revela, al menos, un esquema en el que un número reducido de empresas logró consolidar una posición dominante en un rubro que moviliza recursos millonarios y atraviesa áreas sensibles de la administración pública. En la Córdoba que reclama a la Nación reglas más equitativas para el aparato productivo, los contratos de limpieza ofrecen una radiografía del modo en que los negocios y el poder político convergen alrededor del Estado.

PL/MG