El caso Lago Escondido

Pablo Casey, el sobrino de Magnetto, la llamativa omisión en la denuncia del Gobierno

Martín Soria, el ministro de Justicia, operó en las últimas 72 horas como enlace entre Cristina Kirchner y Alberto Fernández. Desde el domingo, tras publicarse en Tiempo Argentino, Perfil y El Cohete a la Luna, los chats entre jueces y funcionarios sobre un viaje a Lago Escondido, Soria se convirtió en el hacedor, entre las indicaciones del presidente y las sugerencias de la vice, de una tarea que se convirtió, a las 7 AM del miércoles, en una denuncia contra los participantes de ese encuentro secreto en el sur.

Soria, con terminales directas en la vice, oficio de ejecutor del mandato de Fernández para confeccionar una denuncia sobre el viaje que jueces, fiscales, funcionarios porteños y empresarios hicieron a Bariloche invitados por el grupo Clarín. El ministro siguió una pauta precisa: armar un escrito que no dé lugar a pedidos de nulidad, en particular por la información que surgió al publicarse los supuestos mensajes del grupo de Telegram bautizado “Operación Página 12”, a raíz de una noticia publicada en ese medio el 17 de octubre pasado que fue la primera información sobre el viaje.

El dato no es menor y explica, según indicaron fuentes oficiales a elDiarioAR, un dato llamativo: en la denuncia judicial, y en el comunicado oficial que se difundió sobre la misma, no figura Pablo Casey, Director de Asuntos Legales e Institucionales del Grupo Clarín, sobrino de Héctor Magnetto, Ceo del holding, y uno de los candidatos a suceder al propio Magnetto en la conducción del mayor grupo de medios del país. La explicación a esa omisión fue que “no había” información que pueda dar cuenta de la presencia de Casey por lo que, se dijo, si su inclusión en la denuncia daba lugar a que la fuente de la acción sean los chats filtrados, podría derivar en un eventual pedido de nulidad.

Ese era el contexto cuando se radicó la denuncia porque, hasta entonces, no había trascendido la imagen que muestra a Casey y Jorge Rendo, presidente del grupo Clarín, en el aeropuerto de Bariloche junto al grupo de jueces, fiscales, funcionarios y exagentes de inteligencia.

Lecturas

La omisión, aunque tiene esa explicación jurídica, tiene una derivación en una interpretación del escándalo que circula entre dirigentes de extrema confianza a Cristina Kirchner y que ven la difusión de los chats, no está claro si es producto de una filtración interna o de un hackeo, como parte de una interna en el grupo. La inclusión de Rendo en la denuncia pero no de Casey alimentó las interpretaciones febriles. A veces, las explicaciones son más sencillas. En rigor, la omisión de Casey no hizo más que poner la lupa en el detrás de escena de la denuncia.

El miércoles, la fiscal federal de Bariloche, María Etchepare, imputó a los mencionados en la denuncia efectuada por el Ministerio de Justicia nacional y, además, a Casey. Se trata de los jueces federales Julián Ercolini, Pablo Yadarola, Carlos Mahiques y Pablo Cayssials, el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, al fiscal general porteño Juan Bautista Mahiques, al empresario Tomás Reinke y al exfuncionario de la SIDE Leonardo Bergroth. En paralelo, elevó un pedido a la justicia para que active medidas sobre el rol que tuvieron Rendo y, también, Casey. La fiscal es mencionada, sin citar su apellido, en los chats filtrados.

La denuncia oficial fue el paso posterior a la decisión de Fernández de realizar, el lunes, una cadena nacional que tuvo como motivo central darle visibilidad a un tema que hasta entonces no había llegado a algunos medios, en particular los del grupo Clarín, pero también La Nación. La presentación de Justicia, hecha por Soria por indicación del Presidente, lleva esa postura a otro escalón porque aparece, incluso, una derivación empresarial el hecho de que haya una posible imputación a Rendo, presidente del grupo Clarín.

El martes, Cristina cenó en Ensenada con un grupo de dirigentes y dio algunas pistas sobre lo que viene: pidió profundizar la denuncia sobre eso que llama “mafia judicial”, postura que el miércoles al mediodía explicitó la senadora Juliana Di Tullio, presidente del bloque de Unidad Ciudadana, en una conferencia de prensa de legisladores del oficialismo en la que se solicitó una audiencia con el titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.

La vice, como lo mostró en su discurso post sentencia, está dispuesta a desplegar un arsenal político y de comunicación que tiene, como punto inicial, la identificación directa de los protagonistas. Así, por ejemplo, en su mensaje del martes mencionó en varias ocasiones a Magnetto. Este miércoles, en distintos puntos del gran Buenos Aires aparecieron pintadas con una frase de la vice: “Mascota de Magnetto jamás”.

Para Cristina, así y todo, la cadena nacional de Fernández y la denuncia penal del gobierno no parecen ser suficientes como para volver a compartir escenario con el presidente. Está en preparación, para el lunes, una actividad en el CCK por el Día de la Democracia y los Derechos Humanos, evento que por propuesta del presidente se convertirá en un “Encuentro Internacional de Solidaridad con Cristina Fernández de Kirchner”, del que participarán referentes de varios países. Si bien está contemplado que participen ambos, estaba por definirse si se mostrarán juntos: la apertura estaría a cargo de Fernández y el cierre a cargo de la vice.

Este martes, según fuentes del FdT, el presidente y Cristina tuvieron un contacto luego de conocerse la sentencia sobre la causa Vialidad, y tras el mensaje que la vicepresidente dio a través de sus redes sociales en las que anunció que no será candidata “a nada” en el 2023.

Otro efecto colateral que siguen desde el FdT, y que estuvo en la sobremesa de la cena que el martes tuvo la vice con dirigentes bonaerense en Ensenada, tiene que ver con las derivaciones dentro del dispositivo del PRO. Uno muy específico respecto a que, entienden, tarde o temprano, Horacio Rodríguez Larreta va a “mover” de su gabinete a Marcelo D’alessandro. Surgen, de ahí, un nudo de especulaciones sobre quien pidió, y o financió, el supuesto hackeo al funcionario. No falta, nunca, la interpretación de que formó parte de la interna del PRO.

PI

Martín Soria, el ministro de Justicia, operó en las últimas 72 horas como enlace entre Cristina Kirchner y Alberto Fernández. Desde el domingo, tras publicarse en Tiempo Argentino, Perfil y El Cohete a la Luna, los chats entre jueces y funcionarios sobre un viaje a Lago Escondido, Soria se convirtió en el hacedor, entre las indicaciones del presidente y las sugerencias de la vice, de una tarea que se convirtió, a las 7 AM del miércoles, en una denuncia contra los participantes de ese encuentro secreto en el sur.

Soria, con terminales directas en la vice, oficio de ejecutor del mandato de Fernández para confeccionar una denuncia sobre el viaje que jueces, fiscales, funcionarios porteños y empresarios hicieron a Bariloche invitados por el grupo Clarín. El ministro siguió una pauta precisa: armar un escrito que no dé lugar a pedidos de nulidad, en particular por la información que surgió al publicarse los supuestos mensajes del grupo de Telegram bautizado “Operación Página 12”, a raíz de una noticia publicada en ese medio el 17 de octubre pasado que fue la primera información sobre el viaje.

El dato no es menor y explica, según indicaron fuentes oficiales a elDiarioAR, un dato llamativo: en la denuncia judicial, y en el comunicado oficial que se difundió sobre la misma, no figura Pablo Casey, Director de Asuntos Legales e Institucionales del Grupo Clarín, sobrino de Héctor Magnetto, Ceo del holding, y uno de los candidatos a suceder al propio Magnetto en la conducción del mayor grupo de medios del país. La explicación a esa omisión fue que “no había” información que pueda dar cuenta de la presencia de Casey por lo que, se dijo, si su inclusión en la denuncia daba lugar a que la fuente de la acción sean los chats filtrados, podría derivar en un eventual pedido de nulidad.

Ese era el contexto cuando se radicó la denuncia porque, hasta entonces, no había trascendido la imagen que muestra a Casey y Jorge Rendo, presidente del grupo Clarín, en el aeropuerto de Bariloche junto al grupo de jueces, fiscales, funcionarios y exagentes de inteligencia.

Lecturas

La omisión, aunque tiene esa explicación jurídica, tiene una derivación en una interpretación del escándalo que circula entre dirigentes de extrema confianza a Cristina Kirchner y que ven la difusión de los chats, no está claro si es producto de una filtración interna o de un hackeo, como parte de una interna en el grupo. La inclusión de Rendo en la denuncia pero no de Casey alimentó las interpretaciones febriles. A veces, las explicaciones son más sencillas. En rigor, la omisión de Casey no hizo más que poner la lupa en el detrás de escena de la denuncia.

El miércoles, la fiscal federal de Bariloche, María Etchepare, imputó a los mencionados en la denuncia efectuada por el Ministerio de Justicia nacional y, además, a Casey. Se trata de los jueces federales Julián Ercolini, Pablo Yadarola, Carlos Mahiques y Pablo Cayssials, el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, al fiscal general porteño Juan Bautista Mahiques, al empresario Tomás Reinke y al exfuncionario de la SIDE Leonardo Bergroth. En paralelo, elevó un pedido a la justicia para que active medidas sobre el rol que tuvieron Rendo y, también, Casey. La fiscal es mencionada, sin citar su apellido, en los chats filtrados.

La denuncia oficial fue el paso posterior a la decisión de Fernández de realizar, el lunes, una cadena nacional que tuvo como motivo central darle visibilidad a un tema que hasta entonces no había llegado a algunos medios, en particular los del grupo Clarín, pero también La Nación. La presentación de Justicia, hecha por Soria por indicación del Presidente, lleva esa postura a otro escalón porque aparece, incluso, una derivación empresarial el hecho de que haya una posible imputación a Rendo, presidente del grupo Clarín.

El martes, Cristina cenó en Ensenada con un grupo de dirigentes y dio algunas pistas sobre lo que viene: pidió profundizar la denuncia sobre eso que llama “mafia judicial”, postura que el miércoles al mediodía explicitó la senadora Juliana Di Tullio, presidente del bloque de Unidad Ciudadana, en una conferencia de prensa de legisladores del oficialismo en la que se solicitó una audiencia con el titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.

La vice, como lo mostró en su discurso post sentencia, está dispuesta a desplegar un arsenal político y de comunicación que tiene, como punto inicial, la identificación directa de los protagonistas. Así, por ejemplo, en su mensaje del martes mencionó en varias ocasiones a Magnetto. Este miércoles, en distintos puntos del gran Buenos Aires aparecieron pintadas con una frase de la vice: “Mascota de Magnetto jamás”.

Para Cristina, así y todo, la cadena nacional de Fernández y la denuncia penal del gobierno no parecen ser suficientes como para volver a compartir escenario con el presidente. Está en preparación, para el lunes, una actividad en el CCK por el Día de la Democracia y los Derechos Humanos, evento que por propuesta del presidente se convertirá en un “Encuentro Internacional de Solidaridad con Cristina Fernández de Kirchner”, del que participarán referentes de varios países. Si bien está contemplado que participen ambos, estaba por definirse si se mostrarán juntos: la apertura estaría a cargo de Fernández y el cierre a cargo de la vice.

Este martes, según fuentes del FdT, el presidente y Cristina tuvieron un contacto luego de conocerse la sentencia sobre la causa Vialidad, y tras el mensaje que la vicepresidente dio a través de sus redes sociales en las que anunció que no será candidata “a nada” en el 2023.

Otro efecto colateral que siguen desde el FdT, y que estuvo en la sobremesa de la cena que el martes tuvo la vice con dirigentes bonaerense en Ensenada, tiene que ver con las derivaciones dentro del dispositivo del PRO. Uno muy específico respecto a que, entienden, tarde o temprano, Horacio Rodríguez Larreta va a “mover” de su gabinete a Marcelo D’alessandro. Surgen, de ahí, un nudo de especulaciones sobre quien pidió, y o financió, el supuesto hackeo al funcionario. No falta, nunca, la interpretación de que formó parte de la interna del PRO.

PI

Martín Soria, el ministro de Justicia, operó en las últimas 72 horas como enlace entre Cristina Kirchner y Alberto Fernández. Desde el domingo, tras publicarse en Tiempo Argentino, Perfil y El Cohete a la Luna, los chats entre jueces y funcionarios sobre un viaje a Lago Escondido, Soria se convirtió en el hacedor, entre las indicaciones del presidente y las sugerencias de la vice, de una tarea que se convirtió, a las 7 AM del miércoles, en una denuncia contra los participantes de ese encuentro secreto en el sur.

Soria, con terminales directas en la vice, oficio de ejecutor del mandato de Fernández para confeccionar una denuncia sobre el viaje que jueces, fiscales, funcionarios porteños y empresarios hicieron a Bariloche invitados por el grupo Clarín. El ministro siguió una pauta precisa: armar un escrito que no dé lugar a pedidos de nulidad, en particular por la información que surgió al publicarse los supuestos mensajes del grupo de Telegram bautizado “Operación Página 12”, a raíz de una noticia publicada en ese medio el 17 de octubre pasado que fue la primera información sobre el viaje.