Las provincias abren el paraguas y se ponen en alerta por el ajuste que viene de Nación

Dos días después de que Javier Milei asumió como presidente, su ministro de Economía, Luis Caputo, anunció una batería de medidas económicas con el objetivo de alcanzar el equilibrio fiscal, básicamente con un fuerte recorte del gasto en la administración pública y de distintos sectores que reciben subsidios del Tesoro Nacional, como parte del camino elegido para reducir la inflación.

La no renovación de contratos laborales del Estado con menos de un año de vigencia, la suspensión de la pauta publicitaria del Gobierno nacional por un año, la reducción de ministerios, la no licitación de obra pública, la reducción de subsidios a la energía y al transporte, el sinceramiento del tipo de cambio, modificaciones en el sistema de importaciones y potenciamiento de la ayuda social son nueve de las diez medidas anunciadas por Caputo. La otra tiene que ver con algo que golpea de lleno a las provincias: la reducción al mínimo de las transferencias discrecionales del Estado nacional a ellas.

Según Caputo, son “recursos que lamentablemente en la historia reciente se han usado como moneda de cambio para intercambiar favores políticos”.

Este ajuste alertó a los gobernadores que agarraron la calculadora y abrieron el paraguas para ponerse en alerta y en sintonía con lo que vendrá. Muchos anunciaron esta semana un plan de recorte del gasto público tras reconocer que existe “una emergencia económica” a nivel nacional. También están los que se adaptan.

Las provincias gobernadas por partidos que integran Juntos por el Cambio (JXC) avalaron la decisión del Gobierno nacional de implementar un recorte en las transferencias no automáticas, lo que representaría un ahorro de 0,5% del Producto Bruto Interno (PBI), aunque señalaron que esperan definiciones sobre cómo se concretará esa reasignación de recursos. Así lo manifestaron funcionarios de Santa Fe, Mendoza, Corrientes y Chubut, provincias que en el primer semestre recibieron transferencias discrecionales que representaron, respectivamente, 3,7%, 3,6%, 4,9% y 1,6% de sus ingresos totales.

En Chaco, Leandro Zdero (JxC) suspendió las recategorizaciones aprobadas hace tres meses por su antecesor, el peronista Jorge Capitanich, mientras que en Neuquén, el gobernador Rolando Figueroa (Comunidad) anunció la derogación del régimen de jubilaciones de privilegio, la eliminación del alquiler de autos y camionetas para funcionarios, la reducción del 50 por ciento de los cargos de planta política en el Ejecutivo provincial y la revisión de los pases a planta del último año.

En Catamarca, el gobernador peronista Raúl Jalil, adelantó que en la segunda gestión que inició en la provincia se realizará una reducción de la planta política del Poder Ejecutivo local en un 20 por ciento.

El gobernador fueguino Gustavo Melella, quien reasumirá el domingo 17 para iniciar una nueva gestión, reformará la estructura política de su gobierno aunque mantendrá la misma cantidad de ministerios y de secretarías de Estado de cara a su segundo mandato al frente del Poder Ejecutivo fueguino que comenzará el próximo domingo, confirmaron hoy fuentes oficiales.

A su turno, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres (JxC), firmó un decreto mediante el cual “se dan de baja las designaciones irregulares realizadas en el Ejecutivo provincial en los últimos seis meses y se revisarán las del último año”.

También el gobernador sanjuanino Marcelo Orrego (JxC) anuló los nombramientos recientes de empleados públicos y suspendió la renovación de contratos realizados por el gobierno anterior, medida que puede afectar a unas 6.000 personas, en tanto que una comisión evaluadora analizará “casos puntuales”.

En la misma sintonía, el mandatario entrerriano Rogelio Frigerio (Entre Ríos) ratificó que “no hay plata” en la provincia y confirmó reducción “a la mitad” los cargos políticos del organigrama provincial, porque “no significan una mejor calidad de vida ni mejores bienes y servicios públicos”.

Hoy, en Río Gallegos, el flamante gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, anunció la venta de vehículos, de una residencia oficial y la quita de más de 1.800 teléfonos a funcionarios del Ejecutivo, como parte de programa de “medidas urgentes” de reducción de gastos ante “la grave situación” que atraviesa la provincia patagónica.

En tanto, el gobernador cordobés Martín Llaryora (PJ) modificó su organigrama inicial que preveía unos 32 ministerios y agencias público-privadas, y ahora son 14.

En Misiones, el gobernador Hugo Passaluaqcua (Frente Renovador Misionero) evitó lanzar un plan de ajuste, pero advirtió a los funcionarios sobre la “necesidad de seguir siendo muy responsables con el manejo de los recursos de los misioneros y continuar con una provincia con cuentas ordenadas”.

El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, presentó anoche el estado financiero de la provincia que dejó la gestión de Alberto Rodríguez Saá, que muestra un déficit de “más de 125 mil millones de pesos”, y anunció una política de ajuste, que incluye que los sueldos de diciembre y enero de estatales se pagarán en dos cuotas. Además, suspenderá la pauta oficial por cuatro meses y las obras públicas.

Por su lado, el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, declaró hoy el estado de “emergencia económica” en la provincia y la aplicación de “medidas restrictivas y de control del gasto público” por los próximos seis meses.

“Los anuncios realizados (a nivel nacional), si bien no conocemos los alcances, nos obliga a tomar medidas preventivas, de precaución y de mucho cuidado en la administración de los recursos y por eso estoy enviando esta próxima semana un Decreto de Necesidad y Urgencia para declarar la emergencia económica, medidas restrictivas y de control del gasto público”, indicó a través de un mensaje grabado y publicado en sus redes sociales.

Según indicó, las decisiones “tienen como objetivo mantener el cuidado de los recursos, que además con las medidas anunciadas y propias palabras de los funcionarios nacionales van a generar ciertas características recesivas en la economía que también van a bajar los ingresos de las provincias”.

En Santa Fe, se muestran un poco más precavidos. El ministro de Economía, Pablo Olivares, se mostró preocupado por el impacto del anuncio en su provincia y dijo que analizan lo anunciado por Caputo. Agregó que tratan de “relevar cuáles son las transferencias que vienen por fuera de los fondos de Coparticipación, que ingresan en forma automática sin ingresar al Presupuesto Nacional”.

MM/JJD

Con información de Agencia Télam