A Lucía Pérez la violaron y asesinaron en Mar del Plata en octubre de 2016. Desde entonces, sus familiares lucharon para que se condenara a los asesinos. Tuvieron un fuerte revés en el juicio, cuando los jueces entendieron que no estaba probado que hubieran cometido esos dos delitos. Apelaron y consiguieron que se hicieron que se anulara la sentencia y que enjuiciarán a los magistrados por la decisión que habían tomado. Este recorrido judicial que lleva casi cinco años les costó mucho más de lo que su padre, su madre y su hermano podían afrontar. “Tenemos que pagar abogados, peritos, viajes, para cada una de las presentaciones que hacemos. El tiempo va pasando y ya no nos van quedando fondos. Nosotros preferimos no comer antes de dejar tener un buen abogado o un buen perito”, explica Guillermo Pérez, el papá de Lucia.
En el último año, los familiares de Lucía recibieron dos buenas noticias. Junto con la anulación del fallo que absolvió a los tres acusados, el Tribunal de Casación Penal bonaerense ordenó que se hiciera un nuevo juicio. Por otro lado, la Comisión Bicameral de Procedimiento para el Enjuiciamiento de Magistrados provincial, dictaminó que dos de los tres jueces que emitieron ese fallo en 2018 enfrenten un jury. Guillermo cuenta que en el mismo momento que le daban estas noticias no podía dejar de pensar en cómo costearía los gastos de los dos procesos. “Sólo cuando te enfrentás a una situación así te das cuenta todo lo que implica en recursos. Ir a Buenos Aires o a La Plata para presentar escritos y ver cómo estaba la causa implicó pasajes, estadía, comida. Nosotros somos trabajadores. No tenemos más que lo que ganamos”, describe Guillermo.
A finales de enero de enero de 2020 en Mar del Plata, la Campaña Nacional “Somos Lucía” realizó un festival de recaudación de fondos para que la familia de Lucía pudiera hacer uno de esos viajes a La Plata que menciona Guillermo. Se habían agotado sus fondos y querían ir en persona para que el Tribunal de Casación revisara el fallo. Con lo recaudado pudieron seguir el recorrido de la causa y el jury. “Es simple, si no tenés dinero, no tenés acceso a la Justicia”, señala el padre.
Después de ocho jornadas en la Plaza de Mayo, en las que el grupo de Familias Víctimas de Femicidios pidiera audiencia con el presidente Alberto Fernández, finalmente en mayo los recibió la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta. A ella le entregaron un escrito en el que, entre otras exigencias, pedían un cambio en la reglamentación de la Ley Brisa, de reparación económica a víctimas, y el acompañamiento integral a las familias víctimas de femicidios. “La reunión fue importante, ellos nos acompañan en muchas cosas pero no en lo económico. Nos dijeron que lo iban a ver pero luego nos informaron que no había presupuesto. El Ministerio tiene designado un presupuesto para la víctimas. No entendemos muy bien qué es lo que sucede. A esa reunión hubo madres que no fueron porque no tenían para el micro y otra no se pudo conectar por zoom porque no tenía crédito en el celular”, explicó Guillermo.
“Ahora que tenemos que empezar el juicio de cero, no queremos que nos pase como la otra vez, que el día que nuestro perito se tenía que presentar en la audiencia, no apareció. Le habían pagado y mandado los pasajes para que viniera de la Patagonia pero se excusó. Ahora empezamos a gestionarlo por Nación y por Provincia pero nos dicen lo del presupuesto. Es una obligación que tiene el Estado acompañar a las víctimas. A eso se compromete cuando firma los acuerdos internacionales”, detalla el padre de Lucía, que dice que ahora para el nuevo juicio deberán producir pruebas desde cero y que eso implica recursos.
El crimen de Lucía Pérez, que tenía 16 años, conmovió a la opinión pública en tiempos de las primeras marchas por el “Ni Una Menos”. De hecho, su muerte provocó la primera huelga de mujeres, en octubre de 2016. En la causa hubo tres acusados: Matías Gabriel Farías, que tenía 23 años, Juan Pablo Offidani, de 40, y Alejandro Alberto Maciel, de 57 (este último murió el año pasado).
Un día antes del crimen, Farías había ido a la secundaria donde cursaba la joven y se habían conocido en la puerta, cuando él le vendió marihuana. Supuestamente ella no le pagó ese día y por eso quedaron en verse al día siguiente. Farías y Offidani fueron a buscarla y la llevaron hasta la casa de Farías en el barrio Alfar. Luego de llegar Offidani los dejó. Para la fiscalía, allí Lucía fue drogada y abusada hasta la muerte. Luego de eso, su cuerpo fue limpiado con la ayuda de Maciel y dejado en un hospital.
En el juicio, los abogados de los tres acusados, negaron esos hechos y sostuvieron que las relaciones sexuales con Farías fueron consentidas y que la muerte de Lucía fue por una “asfixia tóxica”. A dos de ellos los condenaron a ocho años de prisión por ventas de estupefacientes, pero los absolvieron por el abuso sexual y el femicidio. El repudio a la sentencia fue inmediata y fue apelada por la familia. En agosto pasado Casación bonaerense anuló el juicio y ordenó que se hiciera uno nuevo. En el fallo de Casación, los jueces opinaron que la sentencia de primera instancia tenía “intolerables prejuicios y suposiciones basadas en estereotipos de género”. Criticaron que la resolución estuviera centrada en la personalidad y comportamientos de la víctima para considerar que Lucía podría haber consentido una relación sexual.
AM