Un cordón policial de la Federal a lo largo de la Avenida Rivadavia. En la vereda del Congreso, más de diez camionetas de Gendarmería estacionadas y rodeadas por más agentes. Por el medio, un camión hidrante escoltado por otro aún mayor. Vallas sobre avenida Callao. El protocolo antipiquete de Patricia Bullrich corta la calle, mientras otro grupo de efectivos se aproxima a paso firme, obstaculizando a los peatones. Con esa postal de un megaoperativo, el Gobierno buscó “contener” la pacífica asamblea de un grupo de discapacitos que reclaman contra el ajuste en el área por parte de Javier Milei.
“Discas en Lucha” convocó frente al Palacio Legislativo a una “barricada contra tanto desastre organizado”. Montaron una radio abierta mientras se debatía dentro del anexo de la Cámara de Diputados un proyecto en comisión para declarar la Emergencia en Discapacidad hasta el 2027. La iniciativa contó con despacho favorable y ahora será tratado en el recinto para su media sanción en dos semanas. La Libertad Avanza se ausentó por completo en el debate.
“Este gobierno tuvo la deshumanización de pasar la motosierra por el universo disca. Hicieron auditorías que fueron inhumanas, en largas filas y mal acompañados. Fue una humillación total”, se quejó ante elDiarioAR Jonatan Rondan, en silla de ruedas desde hace 20 años por una enfermedad hereditaria, integrante de Argentina Humana. “Por eso es fundamental que se apruebe el proyecto de Emergencia”.
“Hay que decirlo lisa y llanamente, lo que hacen es una política eugenésica, si pudieran nos erradican porque suponen que no somos productivos”, dijo Sofía, una joven que integra “Discas en Lucha” y tiene una discapacidad visual. “Además mirá este operativo, ¿Tienen miedo de que les pegue con mi bastón plegable?”.
La iniciativa de emergencia, presentada por el diputado de Unión por la Patria Daniel Arroyo, contempla una actualización mensual de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral, conforme al Índice de Precios al Consumidor (INDEC). También propone modificar la Ley 13.478 para establecer una pensión no contributiva equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio.
Según el proyecto, la prestación será compatible con el empleo formal, siempre que los ingresos “no superen los dos salarios mínimos”. Asimismo, se reconoce el derecho de las personas con discapacidad que reciban la pensión a acceder a un programa médico integral “que garantice las prestaciones básicas establecidas en la Ley 24.901”.
“Está desfasado el sistema de atención a las personas con discapacidad. El transportista, por ejemplo, que lleva a las personas con discapacidad para que puedan hacer sus tratamientos cobran $541 el litro de nafta cuando ese litro de nafta cuesta, en el mercado, $1.500”, dijo Arroyo minutos previos a ingresar al plenario de comisiones que él preside donde se tratara el proyecto.
“También se toman los valores de diciembre de 2023, antes del 120% de devaluación, y los actualiza según la inflación. A partir de allí, con los nuevos valores, se actualizan mes por mes con la inflación”, señaló el legislador, quien dijo que la política en materia de discapacidad del Gobierno Nacional es de una “total crueldad e ignorancia”.
Las personas con discapacidad y los trabajadores del área denuncian recortes en pensiones, suspensión de terapias, retrasos en los pagos a prestadores y el vaciamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). En este contexto, organizaciones como “Discas en Lucha” realizaron protestas frente a la Casa Rosada y ahora se movilizaron frente al Congreso.
El trasfondo de la protesta incluye la polémica resolución 187, que modifica el enfoque de la discapacidad en el Estado, abandonando el modelo social consagrado por la ONU y volviendo a un esquema médico-rehabilitador. Este cambio, habilita auditorías para eliminar hasta 220 mil pensiones, afectando a personas con discapacidades no visibles o consideradas “menos graves”.
Voces del sector denuncian un enfoque discriminatorio y burocrático que agrava la situación, con trabas en la obtención de certificados, desinformación y un discurso oficial que, según señalan, legitima el maltrato y la estigmatización.
La radio abierta continuaba frente al Congreso, a un costado del megaoperativo de seguridad, a la espera del debate de los diputados. Mientras, la policía comenzaba a reforzar el vallado en toda la zona porque esta tarde también está en agenda una nueva marcha de los jubilados.
LN/MC