Opus Dei niega acusaciones de explotación laboral en Argentina y dice que se “tergiversa la verdad con fines mediáticos”
La denuncia presentada en la Justicia argentina asergura que el sacerdote Mariano Fazio, primero en la línea sucesoria para ser el jefe máximo de la Prelatura de la Santa Cruz y el Opus Dei, fue parte del sistema de trata de mujeres pobres para explotación laboral que diseñó y ejecutó la Obra durante al menos cuatro décadas en la Argentina, su país, y que tiene al menos 43 víctimas. La organización católica niega todo y contraataca.
Vicente López 1954, sede principal del Opus Dei en Argentina. Google Street View
El Opus Dei negó la acusaciones de explotación laboral presentadas por 43 mujeres en Argentina y acusó a los medios de haber “tergiversado la realidad” del caso, en un comunicado colgado este lunes en su página web, en el que se refiere a la investigación judicial respecto a las denunciantes que vivían en situación económica vulnerable, y que entraron a la organización católica cuando tenían entre 12 y 16 años, con la promesa de un hogar y educación.
En su largo comunicado, el Opus argumenta que “el conflicto comenzó en los medios de comunicación y fue mutando a lo largo del tiempo en su planteamiento: primero como un reclamo laboral, luego como una demanda de indemnización por daños y perjuicios, hasta llegar a denuncias por explotación laboral”.
Y que “a partir de junio de 2023, existe una investigación judicial iniciada por una denuncia que afirma que un grupo de mujeres habría sido víctima de trata de personas y explotación laboral”, lo que niegan “categóricamente”
Al mismo tiempo, se lee en la nota, se considera “que esta alegación es un uso manipulado de una figura penal que no tiene ninguna vinculación con los hechos que describen las propias personas que denuncian, y mucho menos con la realidad en el Opus Dei”.
La institución conocida como 'La Obra' explica que en septiembre de 2020, un abogado se presentó ante la prelatura afirmando representar a 43 mujeres que fueron numerarias auxiliares del Opus Dei, y reclamó la regularización de aportes para las contribuciones al sistema de seguridad social del país, para la pensión de jubilación y otros beneficios sociales y que fue recibido y escuchado “pero la escasa información suministrada por el abogado no resultó suficiente para analizar la situación de cada persona”.
Critica que “desde entonces, han circulado nuevos cuestionamientos al Opus Dei a través de diferentes medios de comunicación, tergiversando la realidad y confundiendo los distintos planos de reclamo (previsional, laboral, penal)”.
En el comunicado, explica que “ante la falta de presentaciones formales del abogado y de sus representadas frente a instancias judiciales, en 2022 las autoridades de la prelatura en Argentina crearon una Comisión de Escucha para entender mejor los hechos”.
Y que como resultado de ese proceso, “a finales de 2022 se constituyó una Oficina de Sanación y Resolución, para canalizar la resolución personalizada de posibles reclamos y propiciar procesos de sanación”.
Sobre el proceso judicial, también explican que “por el momento, el juez no ha imputado aún delito alguno” y lo que existe es “un pedido de los fiscales para que el juez a cargo convoque a determinadas personas para escuchar su versión sobre los hechos. Sin embargo, el juez aún no ha resuelto si dará lugar o no a ese pedido, ni ha decidido a quiénes podría citar”.
Y reiteran que se trata de “una grave manipulación con fines mediáticos del sistema judicial, pues se realizan acusaciones totalmente infundadas para presionar en un reclamo laboral-económico”
Fazio fue acusado formalmente el pasado 11 de junio por el Ministerio Público Fiscal argentino, órgano competente para realizar la imputación, por trata de mujeres con fines de explotación laboral dentro de su orden religiosa, en condiciones de semiesclavitud.
La querella solicitó expresamente su inclusión en la causa, ya que fue el máximo responsable de la institución entre 2010 y 2014, junto a los exvicarios regionales Carlos Nannei (1991-2000), Patricio Olmos (2000-2010), Víctor Urrestarazu (2014-2022), y el sacerdote numerario Gabriel Dondo, quien dirigió durante casi todas esas décadas la rama femenina de la organización.
El comunicado completo
En el marco de la investigación judicial sobre la situación personal de una mujer mientras fue parte del Opus Dei, el abogado querellante declaró en medios de comunicación que ha solicitado que se convoque a manifestar su posición sobre los hechos al prelado del Opus Dei, Mons. Fernando Ocáriz. La prelatura considera que este pedido –sin fundamento fáctico ni jurídico– se enmarca en una estrategia mediática engañosa y sostenida que, desde el inicio, ha intentado tergiversar los fines de una investigación penal para tratar un reclamo laboral económico.
La causa en su conjunto representa un intento de manipular la aplicación de una figura penal (la trata de personas) que no guarda relación con los hechos narrados por la denunciante, y mucho menos con la realidad del Opus Dei. Se está utilizando el fuero penal, que debe tener como finalidad la investigación de delitos y la búsqueda de justicia, para perseguir un objetivo económico, desnaturalizando así el sentido y la función de esta herramienta judicial.
Esta última petición vuelve a apoyarse en conjeturas, sin aportar elementos concretos que justifiquen estas alegaciones. Se intenta así extender artificialmente el objeto de la investigación penal a personas cuya vinculación directa con los supuestos hechos narrados por la denunciante es inexistente. Es preocupante que esta dinámica de instrumentalización y tergiversación del procedimiento penal se repita, con el fin de amplificar el impacto en la opinión pública y ejercer presión sobre el sistema de justicia. Algo que hemos visto recientemente con la solicitud de que llamen a manifestar su posición a Mons. Mariano Fazio, que fue anunciada con un despliegue mediático orquestado.
Como hemos expresado anteriormente, el conflicto comenzó en los medios de comunicación como un reclamo por inconsistencias en aportes previsionales y laborales. Luego, mutó a un reclamo económico civil de daños y perjuicios, y finalmente se transformó, en agosto de 2024, en una acusación de una persona que afirma haber sido víctima del delito de “trata de persona”. Para construir esta denuncia se realiza una descontextualización completa de la vocación que eligen libremente las numerarias auxiliares del Opus Dei.
Lamentamos que se utilicen los mecanismos judiciales para sostener una narrativa prefabricada que busca instalar culpabilidades sin base en los hechos verdaderamente ocurridos. Es fundamental preservar la seriedad institucional de la Justicia y garantizar que los trámites se desarrollen con objetividad, sin presiones externas y con pleno respeto al principio de presunción de inocencia.
La prelatura del Opus Dei insiste en rechazar estas alegaciones y mantiene su disposición plena a colaborar con las autoridades judiciales, confiando en que la verdad prevalecerá.
Detalles de la acusación al “número dos” del Opus Dei
La acusación es contundente: el sacerdote Mariano Fazio, primero en la línea sucesoria para ser el jefe máximo de la Prelatura de la Santa Cruz y el Opus Dei, fue parte del sistema de trata de mujeres pobres para explotación laboral que diseñó y ejecutó la Obra durante al menos cuatro décadas en la Argentina, su país, y que tiene al menos 43 víctimas. Así lo afirma el escrito de ocho páginas al que tuvo acceso exclusivo elDiario.es y que pide que se lo cite a declaración indagatoria junto a otros cuatro religiosos.
En 2024, tras dos años de una investigación secreta y sin precedentes, la Procuraduría contra la Trata de Personas de Argentina (PROTEX) y la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°3, habían elevado una acusación formal contra las máximas autoridades del Opus Dei en Buenos Aires. En ese pedido se citaba a indagatoria a los exvicarios regionales, Carlos Nannei (1991-2000), Patricio Olmos (2000-2010) y Víctor Urrestarazu (2014-2022) y había llamado la atención que no se nombrara a Fazio, quien había estado en el mismo cargo en el período intermedio entre los dos últimos.
Fazio llegó a Roma en 2014, un año después de que su coterráneo Jorge Mario Bergoglio se convirtiera en el papa Francisco. El nombramiento, primero como vicario general, no fue casual. El jefe máximo del Opus Dei entonces, Javier Echevarría, lo llevó con el fin de buscar acercarse al jesuita que, aunque recién desembarcaba en el Vaticano, ya aparecía con una impronta reformista que los alarmaba. Según fuentes cercanas al Opus Dei y al Vaticano, la intención fue la de “controlar” a Francisco, con quien Fazio sostenía una relación cordial en Buenos Aires.
El pedido formal de imputación, despachado el pasado 11 de junio por los fiscales Alejandra Mángano, Marcelo Colombo y Eduardo Taiano, va dirigido al juez federal Daniel Rafecas y sostiene que las pruebas que alcanzan a los demás acusados son suficientes para imputar también al segundo hombre más importante del Opus Dei en el mundo.
La principal víctima del caso: “Le limpiaba su habitación”
La sede principal del Opus Dei en la Argentina está ubicada en el barrio de la Recoleta, uno de los más caros de Buenos Aires. Allí, en un edificio que ocupa más de un cuarto de manzana y que fue construido sobre un terreno donado por una dictadura militar y con subsidios de otra, viven las máximas autoridades de la organización, incluida toda la cúpula religiosa.
Allí también, en una torre de ventanas casi tapiadas, funcionó y funciona Laya, la mayor residencia de mujeres de servicio de la organización: criadas que atienden a los hombres de las jerarquías sin recibir ningún pago por su trabajo y en condiciones de semiencierro. Allí vivió Mariano Fazio durante muchos años, incluidos los cuatro en los que fue vicario regional y allí trabajó la testigo principal de la investigación.
La causa en Argentina, que podría tener réplicas en otros países, habla de 43 casos de explotación. Sin embargo, la gran mayoría de las denunciantes logró irse antes de 2008 del Opus Dei –algunas tuvieron que escaparse–, fecha en la que entró en vigor la Ley de Trata, y por lo tanto sólo cuatro casos del total se enmarcan en ese delito. En tanto, la prescripción en tres de los casos que son posteriores a 2008 podría estar en juego porque que tiene un plazo de 12 años.
La acusación se centra en el caso de una mujer boliviana que fue captada cuando era menor y sirvió como mucama durante 31 años. M.I.E. –sus iniciales– fue llamada a declarar por segunda vez en abril de 2025. Entonces, frente al juez Rafecas, la testigo clave amplió su testimonio y señaló que conocía al “padre Mariano” (Fazio), que había coincidido con él en la sede central mundial del Opus Dei en Roma –a ella la habían enviado como sirvienta y a él como jerarquía– y en la sede central en Buenos Aires, donde también trabajó muchos años. La mujer aseguró que entre 2009 y 2014 tuvo asignada la limpieza de la habitación de Fazio, justo en el período en que fue vicario regional.
M.I.E. también contó su experiencia con el vicario Carlos Nannei (1991-2000), predecesor de Fazio en Buenos Aires, enviado a Roma junto a él en 2014 con el mismo fin de influir en el Papa Francisco y también acusado en la justicia por los mismos cargos. M.I.E. contó que en las “meditaciones” –ceremonias religiosas diarias en los oratorios del Opus Dei–, el sacerdote Nannei les decía que “querer irse de la obra era como salirse de la barca” y que una de las cosas de las que se tenían que convencer era que “salir de la barca era una muerte súbita”. También que, para eso, tenían que “rendir el juicio, quemarse por Dios, hacerse holocausto por Dios”.
La imputación sobre Fazio describe las características del trabajo de M.I.E.: “La cantidad de labores que le eran exigidas, la disponibilidad a toda hora, las interminables jornadas, y el sometimiento psicológico volvieron a formar parte de esta nueva declaración”, dice el escrito y resalta una frase de la víctima: “Yo iba por la calle pensando que no quería vivir más. Iba por la calle pensando cómo puede la gente sonreír. Ahí me mandaron al psiquiatra”.
Los fiscales concluyen que “la respuesta institucional a lo que eran las consecuencias de la vida que le exigían eran antidepresivos, somníferos, ambos suministrados por psiquiatras de la organización”.
Nueve meses desde la acusación y una petición al juez
Los fiscales volvieron a exigir al juez Daniel Rafecas que se concreten las indagatorias a los acusados y remarcaron la demora de casi diez meses desde la primera petición, el 20 de agosto de 2024. También destacaron la obligación internacional del Estado argentino “de garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de delitos”: “En un caso con las características del presente, que involucra a mujeres víctimas de trata de personas bajo la modalidad de reducción a la servidumbre en el ámbito de una institución religiosa, corresponde tener especialmente en cuenta el deber de debida diligencia en las investigaciones judiciales que las involucran”.
A su vez, en el mismo precedente se resaltó que “la impunidad de los delitos cometidos envía el mensaje de que la violencia contra la mujer es tolerada, lo que favorece su perpetuación y la aceptación social del fenómeno, el sentimiento y la sensación de inseguridad en las mujeres, así como una persistente desconfianza de éstas en el sistema de administración de justicia”. En este sentido, los fiscales agregaron que “la garantía del plazo razonable exige que los procesos penales no se dilaten innecesariamente, y que las investigaciones y resoluciones sean realizadas sin demoras indebidas”.
Qué dice el Opus Dei sobre la investigación judicial en Argentina
Desde septiembre de 2020 se han presentado públicamente distintas críticas contra el Opus Dei en Argentina. El conflicto comenzó en los medios de comunicación y fue mutando a lo largo del tiempo en su planteamiento: primero como un reclamo laboral, luego como una demanda de indemnización por daños y perjuicios, hasta llegar a denuncias por explotación laboral. A partir de junio de 2023, existe una investigación judicial iniciada por una denuncia que afirma que un grupo de mujeres habría sido víctima de trata de personas y explotación laboral. La prelatura del Opus Dei niega categóricamente esta acusación. Al mismo tiempo, considera que esta alegación es un uso manipulado de una figura penal que no tiene ninguna vinculación con los hechos que describen las propias personas que denuncian, y mucho menos con la realidad en el Opus Dei.
1. ¿Cómo empezó todo?
En septiembre de 2020, un abogado se presentó ante la prelatura afirmando representar a 43 mujeres que fueron numerarias auxiliares del Opus Dei, y reclamó la regularización de aportes previsionales (contribuciones al sistema de seguridad social del país, para la pensión de jubilación y otros beneficios sociales). Fue recibido y escuchado por las autoridades de la prelatura, pero la escasa información suministrada por el abogado no resultó suficiente para analizar la situación previsional de cada persona.
Desde entonces, han circulado nuevos cuestionamientos al Opus Dei a través de diferentes medios de comunicación, tergiversando la realidad y confundiendo los distintos planos de reclamo (previsional, laboral, penal). Ante la falta de presentaciones formales del abogado y de sus representadas frente a instancias judiciales, en 2022 las autoridades de la prelatura en Argentina crearon una Comisión de Escucha para entender mejor los hechos, el contexto en el que tuvieron lugar, y ofrecer respuestas adecuadas. Como resultado de ese proceso, a finales de 2022 se constituyó una Oficina de Sanación y Resolución, para canalizar la resolución personalizada de posibles reclamos y propiciar procesos de sanación.
2. ¿Qué hay hoy en la Justicia?
En septiembre de 2022, el abogado querellante presentó una denuncia ante la procuraduría especializada en trata y explotación de personas (Protex), aportando las apariciones en la prensa de algunas mujeres que habían sido miembros del Opus Dei. Posteriormente, los fiscales a cargo de la Protex efectuaron la denuncia formal en el ámbito judicial penal en junio de 2023. El juez federal que recibió la denuncia delegó la investigación en la fiscalía correspondiente. Después de realizar ciertas medidas investigativas, la fiscalía presentó al juez en agosto de 2024 el resultado de su investigación, que se publicó en la prensa en septiembre de ese mismo año.
Los fiscales solicitaron al juez en 2024 que se citara a prestar declaración indagatoria a varias autoridades de la prelatura (en concreto, cuatro sacerdotes que fueron vicarios del Opus Dei en Argentina a lo largo de tres décadas), argumentando que tendrían responsabilidad en los supuestos hechos en consideración a su cargo. Hasta ahora el juez no los ha llamado para tomarles declaración.
En 2025, han ampliado la solicitud a otro anterior vicario regional, Mons. Mariano Fazio, actual vicario auxiliar de la prelatura, residente en Roma. Recientemente, el abogado querellante ha declarado en medios de comunicación que ha solicitado a la fiscalía que involucre en el caso a Mons. Fernando Ocáriz, prelado del Opus Dei, que reside en Roma.
En este momento, pues, el juez no ha imputado aún delito alguno. Lo que existe es un pedido de los fiscales para que el juez a cargo convoque a determinadas personas para escuchar su versión sobre los hechos. Sin embargo, el juez aún no ha resuelto si dará lugar o no a ese pedido, ni ha decidido a quiénes podría citar.
Aunque hubiéramos preferido no llegar a esta instancia, nos vemos obligados a advertir sobre esta grave manipulación con fines mediáticos del sistema judicial, pues se realizan acusaciones totalmente infundadas para presionar en un reclamo laboral-económico. A su vez, sostenemos nuestro compromiso de escuchar a todas las personas que tengan un reclamo por su experiencia vivida en el Opus Dei y la disposición a colaborar con la justicia en todo lo que corresponda.
3. ¿Quiénes son las numerarias auxiliares?
Las numerarias auxiliares son miembros del Opus Dei, institución de la Iglesia católica, que, como todos los demás miembros, forman parte del Opus Dei como respuesta a una llamada vocacional a encontrar a Dios y hacerlo presente en su entorno cotidiano, especialmente a través del propio trabajo y las relaciones familiares, sociales y de amistad.
En el caso de las numerarias auxiliares, ese trabajo profesional (que como cualquier otro requiere competencias especializadas, un plan de desarrollo y formación continua) consiste en el cuidado de las personas y de los centros del Opus Dei, creando hogar al fomentar un ambiente material y espiritual que favorezca el florecimiento y la formación de cada persona.
Por otro lado, como todos los miembros del Opus Dei, ellas tienen además sus amistades, aficiones, relaciones familiares, y participan de la misión evangelizadora de la prelatura, colaborando con distintas iniciativas formativas y apostólicas.
Se trata de un camino elegido por muchas mujeres en todo el mundo, que requiere del ejercicio pleno de la libertad y un proceso de discernimiento e incorporación gradual y voluntario. Cualquier persona que desea formar parte del Opus Dei debe manifestar su voluntad explícitamente en múltiples oportunidades, algunas de las cuales deben ser por escrito: toda persona que se incorpora definitivamente al Opus Dei tiene que reafirmar su deseo de ser miembro al menos ocho veces, durante un período de tiempo de 6 años y medio como mínimo.
4. ¿Cuáles son las condiciones de vida de las numerarias auxiliares?
Las numerarias auxiliares reciben una remuneración por su trabajo profesional, tienen cobertura médica, acceden a formación académica y desarrollo profesional. Además, cuentan con facilidades y recursos adicionales para viajar a visitar a sus familias o para ayudar económicamente a sus familias en caso de que lo necesiten.
Contrariamente a lo que se ha afirmado en algunos medios de comunicación, viven en un entorno cuidado, con espacios para el descanso, la lectura y el crecimiento personal.
5. ¿Cuál es la posición del Opus Dei frente al caso?
Desde el inicio, el Opus Dei ha intentado establecer canales de diálogo, y hoy reafirma su disposición a colaborar con la Justicia para que los hechos se esclarezcan. Al mismo tiempo, rechaza categóricamente la acusación de trata y explotación, y sostiene que la denuncia se basa en una descontextualización de la vocación que libremente eligen las numerarias auxiliares. A su vez, considera que se está manipulando la aplicación al caso de una figura penal que no tiene ninguna vinculación ni con los hechos que describen las propias personas involucradas, ni mucho menos con la realidad en el Opus Dei.
Esto es especialmente importante ante los intentos sistemáticos de instalar en los medios una narrativa de culpabilidad automática, sin respetar el debido proceso ni la presunción de inocencia, y tergiversando hechos para intentar manipular una acusación de un delito que nada tiene que ver con la realidad. Esto ha quedado demostrado una vez más con la reciente propuesta del abogado querellante de involucrar al prelado en la investigación, algo que no tiene ningún fundamento fáctico ni jurídico. En este sentido, el Opus Dei advierte sobre esta grave manipulación comunicativa del sistema jurídico para presionar en un reclamo económico-laboral.
6. ¿Cómo funciona el sistema penal de Argentina en un caso como este? ¿En qué etapa está el proceso judicial?
Para quienes no conocen el funcionamiento de la justicia penal en Argentina, puede ser útil una breve explicación que ayude a interpretar el estado actual de la situación y a evitar conclusiones apresuradas sobre un tema tan delicado y complejo.
En líneas generales, un caso penal en Argentina atraviesa dos grandes etapas: una primera, de investigación, a cargo de un juez o de un fiscal, y una segunda, de juicio oral, adjudicada a un tribunal integrado por tres jueces, que solo se abre si se considera que hay elementos procesales para avanzar hacia esta segunda etapa.
Al momento de la publicación de este texto, este caso se encuentra en la fase de investigación, también llamada “instrucción”. Esta etapa puede durar varios meses o incluso años y su objetivo es reunir elementos para determinar si hubo o no un delito y, en su caso, elaborar una hipótesis sobre quién podría ser responsable. Esta etapa está generalmente a cargo de los fiscales, tal como ocurrió al inicio de esta investigación. Sin embargo, en este caso, el juzgado consideró necesario reasumir la investigación. Desde entonces, el juez dirige la investigación, evalúa las pruebas reunidas, asegura las garantías procesales y está llamado finalmente a decidir si el caso debe cerrarse o continuar hacia la segunda etapa.
Tras la indagatoria, el juez debe tomar una decisión: puede dictar el sobreseimiento, si resuelve que no hubo delito o que la persona no lo cometió; puede declarar la falta de mérito, si considera que no hay pruebas suficientes de que se haya cometido un delito y que debe profundizarse la investigación; o, si entiende que existen indicios suficientes de que se hubiera cometido un delito, lo acusa formalmente mediante el auto de procesamiento, que implica avanzar hacia el juicio oral en primera instancia –regido por la presunción de inocencia y las garantías procesales–, en el que las partes deben presentar sus argumentos y pruebas ante un tribunal que juzga el caso. Después de la primera instancia, el sistema permite instancias de apelación.
En este caso concreto, hasta el momento, el juez no ha tomado ninguna decisión sobre los eventuales llamados a indagatoria, ni ha definido a quién convocar.
Por estos motivos es importante tener en cuenta que, en Argentina, una denuncia penal abierta (incluyendo las declaraciones de quien el juez considera necesario) no implica automáticamente la realización de un juicio oral. En muchos casos, la causa se cierra antes de llegar a esa etapa, ya sea porque el juez considera que no hubo delito (sobreseimiento) o porque considera que las pruebas son insuficientes (falta de mérito). La diferencia es relevante para quienes están acostumbrados a sistemas judiciales distintos. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, la situación actual es equivalente a una investigación sin indictments.
La trata de personas es un delito gravísimo que atenta directamente contra la dignidad de las personas. Por eso mismo, la prelatura ha negado categóricamente esta acusación desde el primer momento. Además, considera especialmente grave que se intente forzar la aplicación de una figura penal tan seria en un caso que no guarda relación con los hechos narrados por la denunciante. Este tipo de maniobras no solo desvirtúan la función de la Justicia, sino que terminan banalizando situaciones verdaderamente dolorosas que afectan a miles de víctimas reales en el mundo.
En resumen, actualmente:
La causa penal está en su etapa de investigación.
No hay personas llamadas a prestar declaración indagatoria.
El juez interviniente no ha dictado el procesamiento de ningún (eventual) imputado.
No está en curso un juicio oral y público.
Breve línea de tiempo
Septiembre 2020: El abogado patrocinante de las mujeres plantea un reclamo por aportes previsionales de 43 mujeres que fueron miembros de la prelatura. Se niega a dar información individualizada que permita conocer la situación particular de cada una de ellas.
Abril 2021: Llevan el caso a los medios de comunicación, sumando nuevas críticas, algunas falsas y sacadas de contexto.
Noviembre 2021: El vicario regional se reúne con el abogado patrocinante, con actitud abierta y de escucha con el fin de abrir caminos de diálogo. Sin embargo, el abogado vuelve a negarse a la posibilidad de ofrecer información de cada caso particular, generando un impedimento para dar una respuesta adecuada a cada persona.
Junio 2022: Se crea una Comisión de Escucha y Estudio ante la falta de presentaciones judiciales de las supuestas damnificadas y la frustración de los canales de diálogo a través del abogado patrocinante de las mujeres.
Diciembre 2022: Se crea la Oficina de Sanación y Resolución: a partir de la experiencia sanadora del proceso de escucha para las personas que acudieron, el vicario regional decidió constituir una comisión permanente abierta a personas que pertenecieron al Opus Dei, que quieran acercarse para resolver alguna cuestión concreta o conversar sobre sus vivencias en la institución. A través de estas iniciativasse ha logrado resolver el reclamo de algunas mujeres, que ya no forman parte del grupo. Algunas de ellas han manifestado que sólo querían resolver una cuestión previsional y que fueron utilizadas sin su consentimiento para realizar acusaciones graves que no comparten.
Marzo 2024: Se establece para todos los países donde el Opus Dei está presente un protocolo de actuación ante reclamaciones institucionales, que incluye la creación de Oficinas de Sanación y Resolución en las circunscripciones donde se considere conveniente. Este tipo de Oficina se ha creado en varios países, por ejemplo, en España.
Septiembre 2024: tras la presentación por parte de la fiscalía de su dictamen, la información se publicó en la prensa y la fiscalía incluyó en su newsletter institucional que había realizado una investigación y la había trasladado al juez correspondiente. Allí quedó a la vista que el reclamo que se había iniciado por inconsistencias en aportes previsionales y cuestiones laborales, eventualmente trasladables a una demanda de daños y perjuicios, extrañamente se había convertido en una investigación penal por “trata de personas” y “explotación laboral”. El Opus Dei rechazó categóricamente estasalegaciones. A su vez, mantuvo su disposición a colaborar con la justicia y a escuchar con actitud empática y disposición abierta a todas las personas que se presenten con un reclamo o para compartir una experiencia negativa.
Julio 2025: la fiscalía reitera su solicitud de agosto de 2024 y pide que se llame también a prestar declaración indagatoria a Mons. Mariano Fazio, antiguo vicario regional de Argentina, actual vicario auxiliar de la prelatura, residente en Roma. Días más tarde, el abogado querellante informa en una entrevista radial que ha solicitado incluir en la investigación a Mons. Fernando Ocariz, prelado del Opus Dei. El Opus Dei se ve obligado a advertir sobre una grave manipulación con fines mediáticos del sistema judicial para presionar en un reclamo laboral económico, a través de maniobras carentes de todo fundamento fáctico y jurídico.
Paula Bistagnino: “El Opus Dei es una mezcla de secta, con partido político, con multinacional”
Tratando describir al Opus Dei tal como se lo representa hoy, después de años de investigación periodística que la llevaron, entre otras cosas, a publicar su primer libro, Paula Bistagnino recurre a las palabras de una ex numeraria para afirmar que “es una mezcla de secta, con partido político, con multinacional”.
En “Te serviré”, que fue publicado en 2024 por Editorial Planeta, Bistagnino toma como hilo conductor a una de los clanes más poderosos del Cono Sur para describir los mecanismos de enriquecimiento no siempre legales utilizados por esta organización ultraortodoxa católica con un patrimonio que el periodista especializado John Allen estimó en 2.800 millones de dólares, para hacerse con algunas fortunas familiares.
Presente en 68 países esta organización acusada de elitista y sectaria, tiene cerca de 95 mil miembros en todo el mundo, el 98% de ellos laicos que hacen votos de pobreza, obediencia y castidad.
Fundada en 1928 en España por Josemaría Escrivá Balaguer –quien fuera canonizado en 2002 por Juan Pablo II a sólo 28 años de su muerte–, la organización enfrenta por estos días una causa por “reducción a la servidumbre y trata de personas” en la justicia federal argentina que tiene como imputados a cuatro sacerdotes y ex autoridades de La Obra para quienes la Fiscalía y la Procuraduría Antitrata (PROTEX) acaban de pedir la indagatoria, acusados de haber explotado a 44 mujeres durante décadas, desde que eran niñas o adolescentes.
Pero no es el único requerimiento judicial que tiene a mal traer a La Obra en Sudamérica, porque desde 2016 hay una demanda abierta en la justicia uruguaya por “abuso patrimonial” y “donaciones prohibidas de los bienes de una incapaz” en beneficio de organizaciones del Opus Dei, que hasta el 2021 tenía como acusada a la numeraria Elina Gianoli Gainza y que, fallecida ésta, ahora apunta de lleno a la organización.
Sobre esta historia a la que dedica las páginas de su primer libro –y al que seguramente se le agregarán más capítulos– conversó Bistagnino con eldiarioAR.
–¿Cómo conceptualizas hoy al Opus Dei después de todo este recorrido?
–Después de tantos testimonios y documentación pero también de no respuestas o respuestas negadoras del Opus Dei pienso –tal como como muchas personas que estuvieron adentro– que es una institución por lo menos opaca, por no decir que directamente que oculta cuáles son sus fines y de qué manera funcionan.
Y también, a partir de mi abordaje teórico, pienso que es una matriz de funcionamiento que somete a las personas a través de, en muchos casos, la manipulación espiritual y psicológica.
–¿Qué particularidades o diferenciales tiene la implantación del Opus Dei en la Argentina en relación a otros
–Una ex numeraria me dijo que el Opus Dei “es una mezcla de secta, con partido político, con multinacional”, y lo de multinacional tiene que ver con que es una organización jerárquica que intenta replicarse cual la franquicia en todos los países, sin importar su cultura y hasta con bastante desinterés por sus leyes.
Ellos funcionan en una determinada manera y así quieren hacerlo en todos los lugares donde se instalan, por eso hay una similitud o una continuidad que a mí me hizo encontrar muchísimas historias en espejo; personas que vos encontrás relatando lo mismo acá, en Kenia, en Filipinas o en México.
Después, a diferencia de otros países de América Latina donde hay una diferencia de clases mucho mayor y el Opus Dei se dedicó a una elite bien marcada, en este caso hay mucho de la clase media argentina que ha accedido a pertenecer, si bien la búsqueda de miembros siempre es dentro de las clases medias altas profesionales. En Argentina, con esa elite no tan definida, hay una expansión un poco más hacia abajo (en la escala social).
–El Opus Dei es una prelatura personal, un status único dentro de la Iglesia Católica que le otorga una gran autonomía, pero en los últimos dos años hubo un rebajamiento de privilegios dispuesto por el Papa Francisco. ¿Crees que esto tuvo que ver con las denuncias de reducción a la servidumbre de 44 mujeres?
–El Opus Dei se creó en 1928 y si bien vía el franquismo tuvo mucha capacidad lobby; no fue hasta 1982 que el Papa Juan Pablo II le otorgó esa figura única de prelatura personal que les permitió moverse de la manera como lo hicieron, implantando su estructura a cada país donde iban con gran autonomía.
En cambio, a partir de 2022, el Papa Francisco les rebajó de alguna manera esta categoría sin quitársela, sino vaciándola de contenido al eliminar los privilegios que implicaba. Además los mandó a cambiar sus estatutos de funcionamiento, que deberían haber estado listos en marzo de este año, pero cuyos borradores aún no fueron aprobados porque el Papa no está para nada conforme con lo que están proponiendo.
Y eso ocurrió no casualmente después de la denuncia pública de 44 mujeres en la Argentina que además hicieron una presentación ante el Vaticano revelando que habían sido sometidas a servidumbre durante años sin que se les pagara y vía engaño, porque las llevaban de muy chiquitas a una supuesta Escuela de Hotelería que resultaba ser después un lugar en el que se las manipulaba y coaccionaba para que se convirtieran en numerarias auxiliares del Opus Dei, la última categoría (de membresía) que implica ser una sirvienta de la organización para el resto de tu vida.
No les pagaban, no tenían horarios laborales, no tenían descanso, no tenían posibilidad de elegir dónde o en qué trabajar, se las trasladaba de provincia o país y demás cuestiones que la Justicia argentina acaba de decir que puede configurar trata de personas y explotación laboral.
–¿Hubo alguna respuesta concreta del Vaticano a esa presentación realizada hace tres años?
–No hubo todavía ninguna respuesta pero, sin embargo, mi lectura y también la de muchas de las denunciantes es que estas decisiones posteriores del Papa, tienen que ver con eso y se toman como como una respuesta.
–Cómo se gestó éste, tu primer libro, donde volvés sobre el tema del Opus Dei pero a partir de contar la historia de una familia multimillonaria, una parte de cuya herencia habría terminado en las arcas de la organización a partir de manipular la voluntad de integrantes no miembros?
–Yo ya había publicado un artículo larguísimo sobre el Opus Dei con muchísimos testimonios en una revista uruguaya muy piola, pero con la deuda como periodista de documentar eso.
Y fue muy loco porque lo publiqué en 2018 y unos meses después me contactaron los abogados de un estudio uruguayo muy importante para decirme “Paula todo lo que vos contás en ese artículo, nosotros lo tenemos documentado en una causa judicial”.
Con el “todo” se referían al modus operandi económico, cómo funciona estructuralmente a través de asociaciones civiles y una red de escribanos y abogados…o sea, todo lo que tiene que ver con la matriz económico-jurídica del Opus Dei.
Se trataba de una demanda contra una numeraria, Elina Gianoli Gainza, de parte de sus sobrinos que la acusaban de haber manipulado la herencia, o sea el patrimonio y la voluntad, de una hermana (sin hijos), o sea, la tía de estos sobrinos, para así desheredarlos y que esa herencia terminada en manos del Opus Dei.
Fui a Montevideo a ver la causa, volví, entrevisté a los sobrinos y fue la primera vez que yo sentí que tenía una historia que podía convertirse en un libro porque a partir la historia de una familia tenía la historia del Opus Dei en el Cono Sur –porque esta familia había ingresado justo cuando La Obra llegaba a Chile pero además tenía una ramificación en Uruguay y otra en Argentina– pero además una denuncia documentada con una causa judicial en el marco de una disputa por una herencia, con un montón de nombres propios.
–¿Sobre qué bases se construyó y se mantiene la potencia económica que tiene la organización?
–Por un lado, además de hacer voto de castidad (y por lo tanto, de no tener hijos), sus numerarios y sus numerarias tienen la obligación de firmar un testamento en favor de una asociación civil (vinculada al Opus Dei) cuando entran a la organización y ése es un ingreso que ellos se aseguran que van a tener si esas personas permanecen en la organización.
Por otro lado, el compromiso de pobreza implica la entrega del salario o trabajar gratis, entonces también ahí también hay una construcción económica.
Además existe una presión constante sobre los miembros para que consigan más cosas, nuevos miembros o dinero por medio de una campaña para abrir un centro nuevo, para viajar a Roma porque están por beatificar al fundador del Opus Dei, para comprar un auto… Y siempre con esta mediación de la religión, de “¿qué estás ofreciendo vos?” “¡tenés que ofrecer más!”.
Hasta acá es cómo funciona la institución y, siempre que se trate de personas adultas que se comprometen a esto de manera voluntaria, no hay nada para decir al respecto, porque cada uno puede hacer lo que quiera.
Muy distintos son los casos como el que evidencia esta demanda judicial (de los sobrinos Gianoli Gainza) o como la presentada en Argentina por los familiares deFrancisco Noreiko (fallecido en 2001), donde lo que aparece es que personas que no pertenecían al Opus Dei como miembros célibes, es decir, que en principio no habían aceptado estas condiciones que la organización impone a sus fieles, igualmente le habían donado sus bienes, incluso habían firmado un poder para eso estando en su lecho de muerte, como en el caso de Noreiko en Salta.
Esos casos se convirtieron en denuncias judiciales, no es que yo estoy diciendo que “me parece que eso está mal firmado”. No, son sus propias familias diciendo “esa persona no quería donar al Opus Dei, no era del Opus Dei”.
Y son muchos los relatos –aparte de esas causas judiciales– acerca de las presiones que el Opus Dei ejercía, a través de sus miembros, para ir encontrando personas sin herederos y convencerlas de alguna manera de que terminaran testando a su favor.
Si claramente lo que se ve es una búsqueda de dinero constante porque es la forma en la que ellos tenían de reproducirse porque necesitan más casas, más presencia …
–Una búsqueda de dinero y de colonizar los espacios de poder o decisión más importante en una sociedad porque una cosa replica la otra…
–Absolutamente, van de la mano: el dinero te permite acceder al poder y acceder al poder te trae más dinero, así que hay algo ahí que se retroalimenta.
–Si bien al Opus Dei le toca actualmente lidiar con un Papa jesuita que ha tomado estas decisiones de reducción de privilegios, por otro lado, este momento histórico también es de crecimiento de las ultraderechas en todo el mundo, que tienen puntos de contacto ideológicos con La Obra…
–La ultraderecha reúne a muchas de estas instituciones ultraconservadoras; pero además uno también puede encontrarse con personas con nombre y apellido que están vinculadas con el Opus Dei, por un lado, y que después aparecen dentro de estos armados (político partidarios) de ultraderecha.
En el caso del actual gobierno de Javier Milei en la Argentina, yo no puedo decir si alguien es o no es del Opus Dei porque la organización no publica la identidad de sus miembros y entonces solamente se puede saber si alguien pertenece cuando ellos mismos lo dicen.
Lo que sí se pueden rastrear vínculos entre el gobierno de Javier Milei y miembros del Opus Dei, como de tantas otras organizaciones de este tipo.
–¿Opera una especie de doble vara en la opinión pública, que dificulta pensar al Opus Dei como secta cuando se pondera la reiteración de denuncias públicas que hablan de una organización coercitiva que separa a sus miembros de sus familias y tiene normas super estrictas que parecen enfocadas en querer doblegar la voluntad?
–Absolutamente: el hecho de que sea una institución que pertenece a la Iglesia Católica, la más legítima y popular en nuestro país, en toda la región y en buena parte del mundo, impide ver esto como una secta
Sin duda que hay algo del poder de la Iglesia Católica que hacen esto más asimilable a la ortodoxia católica, que a una secta.
Muchas de las personas que pasaron por el Opus Dei, cuando salen dicen ‘bueno, yo estuve en una secta’, eso definitivamente pasa. Yo como periodista puedo reponer esos testimonios, pero es como con la denuncia de trata de personas: hace falta que la justicia lo diga porque además estos delitos tienen definiciones muy precisas.
–El Opus Dei sacó un comunicado sobre tu libro…
–Exactamente y tiene que ver con una novedad judicial que hubo tras el cierre del libro. Ellos toman algo que es una novedad judicial de la causa que yo seguí y que ellos también desconocían para, a partir de eso, intentar anular el libro en su totalidad, cuando en realidad atañe a una parte muy chiquita que está al final y que va a tener su nuevo epílogo.
Mientras tanto, para que no quede justamente como que esto no se dijo en el libro, voy a escribir un artículo contando este nuevo episodio
–¿En qué consiste esa novedad en la demanda iniciada por los sobrinos de Elina Gianoli Gainza antes de su muerte en 2021? ¿Sigue activa esa causa?
–La causa sigue abierta y ahora apareció una revocatoria del testamento de la tía (de los denunciantes y hermana de Elina) María Luisa Gianoli Gainza que se incorporó a la causa judicial, lo cual implicaría que la familia podría recibir su herencia, en principio, y no el Opus Dei, tal como se conocía cuando yo cerré el libro.
Claro que eso no anula la causa judicial, que es por la manipulación del patrimonio de esta mujer –una tía sin hijos que había tenido problemas psiquiátricos desde muy joven–, porque en el camino hubo muchas donaciones (en beneficio de asociaciones del Opus Dei) y versiones diferentes del testamento.
Tampoco anula todo lo que el libro cuenta en sus 220 páginas acerca de la vida dentro del Opus Dei y de cómo la institución se benefició de la fortuna de ésta y otras familias.