En el primer año de la IVE legal, creció 133% la entrega estatal de misoprostol respecto de 2020

“El cambio más notorio es que hubo más visibilidad y difusión de la ley, aunque el gran desafío para 2022 es hacer campañas en redes y en la calle para que la información llegue a la mayor cantidad de gente posible para que todas las personas en cualquier punto del país puedan conocer y acceder a este derecho si lo requieren”. Valeria Isla, directora nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación, habla de la ley 27.610, que legaliza la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y que fue sancionada por el Congreso el 30 de diciembre de 2020, hace casi un año.

“Otro gran desafío para el año que viene es poder seguir ampliando equipos en distintas provincias. El acceso al derecho es muy desigual sobre todo según la cantidad de equipos que estén disponibles. El misoprostol -la droga que se entrega para llevar a cabo abortos ambulatorios- está disponible”, describe la funcionaria. En 2020, según asegura y a nivel nacional, había 940 equipos que brindaban el acceso al tratamiento. En junio de 2021 se notaba un crecimiento: ya había 1.247 equipos. “La distribución de los servicios es desigual. Tenés provincias que, cuando sólo había acceso a aborto por las causales previstas en el Código Penal (Interrupción Legal del Embarazo), tenían sólo dos servicios que garantizaban el tratamiento. Por más que dupliquen o tripliquen, siguen siendo pocos”, describe.

La expansión que hubo en la cantidad de equipos presenciales no tuvo su correlato en el equipo que atiende el 0800 de Salud Sexual, en el que 9 de cada 10 consultas tienen que ver con el acceso a la IVE y a la ILE. En 2019 trabajaban allí 14 consultores de atención y 2 de gestión. En 2020 fueron 18 de atención y 6 de gestión, y esa misma cantidad de personas, con la sanción de la ley de acceso a la IVE en el medio, debió ocuparse de atender la línea durante este año. Además de las operadoras que se ocupan de la atención telefónica, los equipos de gestión están conformados por trabajadores sociales, médicos y psicólogos que, cuando aparece algún obstáculo en el acceso a una IVE o ILE, se contactan con las provincias para remover esos obstáculos.

En 2019, según registros de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, se distribuyeron 9.941 tratamientos de misoprostol. Ese año sólo estaba habilitado el aborto por causales previsto en la legislación argentina desde hace un siglo. En 2020, todavía sin la IVE legalizada, fueron 18.560 tratamientos. En 2021, según esos mismos registros y ya con la IVE garantizada por la ley, se contabilizaron 43.388 entregas de tratamientos de misoprostol consolidadas y, al cierre de esta nota, 2.895 entregas en curso. Sin contar las entregas en curso, entre el año de la IVE legal y el anterior hubo un crecimiento del 133% de las entregas del tratamiento.

¿Quiénes son las personas que los solicitan? La dirección nacional está en plena confección de un registro detallado, pero sabe que el grueso de las solicitantes tienen entre 16 y 29 años: el 70% del total de los casos son menores de 30 años.

“Lo que cuentan las profesionales de la salud es que a medida que se hace más visible el derecho, hay más consultas. A medida que va cayendo el estigma, con la ley, se habilita que las personas lleguen más temprano al tratamiento, lo que facilita el proceso.

Hay, aparte de equipos que todavía necesitan expandirse, otros obstáculos en la implementación de la ley. “Tenemos 5.500 centros de salud que reciben y distribuyen el botiquín vinculado a salud sexual y métodos conceptivos. De esos 5.500, sólo 1.247 garantizan el acceso a la IVE y la ILE: es una brecha enorme. Aumentar equipos es un tema estructural para que eso no sea un obstáculo. Estamos trabajando en capacitación y sensibilización porque no es que todos los equipos que no garantizan son objetores de conciencia, sino que todavía falta conocer mucho sobre la ley”, describe Isla.

Otro obstáculo a resolver es el acceso a la mifepristona, la droga que la Organización Mundial de la Salud recomienda administrar a la par del misoprostol para abortos ambulatorios y que todavía no tiene autorización en la Argentina. “La organización Fòs Feminista donó 25.000 ‘combipacks’, que tiene ambas drogas. Eso llegará a lo largo de diciembre y será autorizado por ANMAT con un permiso especial, destinado a esos lotes que lleguen. Con ese mismo mecanismo llegará una compra que está haciendo el Estado, y se está estimulando la producción pública. Un laboratorio ya presentó el registro para que ANMAT les autorice la producción. Apuntamos a que se autorice el registro permanente”, suma la funcionaria.

JR

“El cambio más notorio es que hubo más visibilidad y difusión de la ley, aunque el gran desafío para 2022 es hacer campañas en redes y en la calle para que la información llegue a la mayor cantidad de gente posible para que todas las personas en cualquier punto del país puedan conocer y acceder a este derecho si lo requieren”. Valeria Isla, directora nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación, habla de la ley 27.610, que legaliza la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y que fue sancionada por el Congreso el 30 de diciembre de 2020, hace casi un año.

“Otro gran desafío para el año que viene es poder seguir ampliando equipos en distintas provincias. El acceso al derecho es muy desigual sobre todo según la cantidad de equipos que estén disponibles. El misoprostol -la droga que se entrega para llevar a cabo abortos ambulatorios- está disponible”, describe la funcionaria. En 2020, según asegura y a nivel nacional, había 940 equipos que brindaban el acceso al tratamiento. En junio de 2021 se notaba un crecimiento: ya había 1.247 equipos. “La distribución de los servicios es desigual. Tenés provincias que, cuando sólo había acceso a aborto por las causales previstas en el Código Penal (Interrupción Legal del Embarazo), tenían sólo dos servicios que garantizaban el tratamiento. Por más que dupliquen o tripliquen, siguen siendo pocos”, describe.

La expansión que hubo en la cantidad de equipos presenciales no tuvo su correlato en el equipo que atiende el 0800 de Salud Sexual, en el que 9 de cada 10 consultas tienen que ver con el acceso a la IVE y a la ILE. En 2019 trabajaban allí 14 consultores de atención y 2 de gestión. En 2020 fueron 18 de atención y 6 de gestión, y esa misma cantidad de personas, con la sanción de la ley de acceso a la IVE en el medio, debió ocuparse de atender la línea durante este año. Además de las operadoras que se ocupan de la atención telefónica, los equipos de gestión están conformados por trabajadores sociales, médicos y psicólogos que, cuando aparece algún obstáculo en el acceso a una IVE o ILE, se contactan con las provincias para remover esos obstáculos.

En 2019, según registros de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, se distribuyeron 9.941 tratamientos de misoprostol. Ese año sólo estaba habilitado el aborto por causales previsto en la legislación argentina desde hace un siglo. En 2020, todavía sin la IVE legalizada, fueron 18.560 tratamientos. En 2021, según esos mismos registros y ya con la IVE garantizada por la ley, se contabilizaron 43.388 entregas de tratamientos de misoprostol consolidadas y, al cierre de esta nota, 2.895 entregas en curso. Sin contar las entregas en curso, entre el año de la IVE legal y el anterior hubo un crecimiento del 133% de las entregas del tratamiento.

¿Quiénes son las personas que los solicitan? La dirección nacional está en plena confección de un registro detallado, pero sabe que el grueso de las solicitantes tienen entre 16 y 29 años: el 70% del total de los casos son menores de 30 años.

“Lo que cuentan las profesionales de la salud es que a medida que se hace más visible el derecho, hay más consultas. A medida que va cayendo el estigma, con la ley, se habilita que las personas lleguen más temprano al tratamiento, lo que facilita el proceso.

Hay, aparte de equipos que todavía necesitan expandirse, otros obstáculos en la implementación de la ley. “Tenemos 5.500 centros de salud que reciben y distribuyen el botiquín vinculado a salud sexual y métodos conceptivos. De esos 5.500, sólo 1.247 garantizan el acceso a la IVE y la ILE: es una brecha enorme. Aumentar equipos es un tema estructural para que eso no sea un obstáculo. Estamos trabajando en capacitación y sensibilización porque no es que todos los equipos que no garantizan son objetores de conciencia, sino que todavía falta conocer mucho sobre la ley”, describe Isla.

Otro obstáculo a resolver es el acceso a la mifepristona, la droga que la Organización Mundial de la Salud recomienda administrar a la par del misoprostol para abortos ambulatorios y que todavía no tiene autorización en la Argentina. “La organización Fòs Feminista donó 25.000 ‘combipacks’, que tiene ambas drogas. Eso llegará a lo largo de diciembre y será autorizado por ANMAT con un permiso especial, destinado a esos lotes que lleguen. Con ese mismo mecanismo llegará una compra que está haciendo el Estado, y se está estimulando la producción pública. Un laboratorio ya presentó el registro para que ANMAT les autorice la producción. Apuntamos a que se autorice el registro permanente”, suma la funcionaria.

JR

“El cambio más notorio es que hubo más visibilidad y difusión de la ley, aunque el gran desafío para 2022 es hacer campañas en redes y en la calle para que la información llegue a la mayor cantidad de gente posible para que todas las personas en cualquier punto del país puedan conocer y acceder a este derecho si lo requieren”. Valeria Isla, directora nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación, habla de la ley 27.610, que legaliza la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y que fue sancionada por el Congreso el 30 de diciembre de 2020, hace casi un año.

“Otro gran desafío para el año que viene es poder seguir ampliando equipos en distintas provincias. El acceso al derecho es muy desigual sobre todo según la cantidad de equipos que estén disponibles. El misoprostol -la droga que se entrega para llevar a cabo abortos ambulatorios- está disponible”, describe la funcionaria. En 2020, según asegura y a nivel nacional, había 940 equipos que brindaban el acceso al tratamiento. En junio de 2021 se notaba un crecimiento: ya había 1.247 equipos. “La distribución de los servicios es desigual. Tenés provincias que, cuando sólo había acceso a aborto por las causales previstas en el Código Penal (Interrupción Legal del Embarazo), tenían sólo dos servicios que garantizaban el tratamiento. Por más que dupliquen o tripliquen, siguen siendo pocos”, describe.