Diputados aprobó la reforma laboral en una sesión atravesada por denuncias de irregularidades y un paro de la CGT

La Cámara de Diputados aprobó la reforma laboral impulsada por el Gobierno en una sesión extensa y cargada de tensión política, mientras la CGT llevó adelante un paro general sin movilización y distintos gremios realizaron protestas en el país. El proyecto obtuvo 135 votos afirmativos y 115 negativos en la votación en general, y fue girado al Senado para su tratamiento definitivo tras la eliminación del artículo 44, que establecía una rebaja salarial para trabajadores que sufrieran accidentes o enfermedades fuera del ámbito laboral.

La media sanción se produjo en un contexto de fuerte disputa parlamentaria y cuestionamientos al procedimiento. La sesión comenzó con 130 diputados presentes, aportados por La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, el MID, Innovación Federal, Independencia, Elijo Catamarca y Producción y Trabajo. La oposición denunció irregularidades cuando el presidente de la Cámara, Martín Menem, sometió a votación a mano alzada el plan de labor, lo que derivó en un cruce directo con legisladores de Unión por la Patria que se acercaron al estrado para exigir una rectificación.

El oficialismo consiguió el respaldo de La Libertad Avanza, Fuerzas del Cambio (UCR, MID y PRO), Innovación Federal, Producción y Trabajo, Independencia y monobloques aliados. En contra votaron Unión por la Patria, la mayoría de Provincias Unidas, el Frente de Izquierda y otros bloques minoritarios.

El debate expuso con claridad el eje del conflicto: el alcance de los derechos laborales y el poder de negociación de quienes trabajan. El presidente de la comisión de Trabajo, Lisandro Almirón, defendió la iniciativa y sostuvo que “el marco regulatorio actual no hace otra cosa que expulsar a las personas de la formalidad”. Afirmó que “hace décadas que nuestro país tiene un problema de fondo grave que es la incapacidad de crear empleo genuino” y aseguró que el 55% de las personas se encuentra en la informalidad.

Desde la oposición sindical y política, las críticas apuntaron a un retroceso en derechos históricos. El diputado Sergio Palazzo advirtió que, de aprobarse la ley, se presentará “una catarata de pedidos de inconstitucionalidad” y acusó al oficialismo de “contrabandear detrás de la palabra modernización un brutal retroceso histórico en los derechos de los trabajadores”. Señaló además que la reforma “liquida el derecho de huelga” y afecta al sistema previsional a través del discutido Fondo de Asistencia Laboral (FAL).

Miguel Pichetto cuestionó el esquema de convenios por empresa previsto en el proyecto y afirmó que “va a ser peor” y qie “es un grave error”. Néstor Pitrola rechazó el argumento de los “costos laborales” y sostuvo que “la mayoría de los trabajadores están por debajo de la línea de pobreza”, en referencia a una canasta de $1.300.000.

Desde el oficialismo y sectores aliados, Lisandro Nieri argumentó que la legislación vigente “es vetusta y no les sirve a los trabajadores ni a los empresarios porque el costo laboral es muy alto” y vinculó la reforma con la reducción de la litigiosidad y la informalidad.

En paralelo al debate parlamentario, la central obrera resolvió un paro general sin movilización, decisión que generó cuestionamientos internos. Días antes, distintos dirigentes sindicales habían criticado esa modalidad. En una cobertura reciente, referentes gremiales advirtieron que la ausencia en la calle debilitaba la presión sobre los legisladores en una votación clave .

Otros gremios ya habían anticipado medidas de fuerza en caso de avance legislativo. El secretario general de la Federación de Aceiteros, Daniel Yofra, había afirmado semanas atrás: “Hay que salir a la calle ahora”. Y había confirmado que su organización iría a la huelga si prosperaba la ley. Desde la CGT, Jorge Sola había cuestionado el banco de horas previsto en el proyecto y sostuvo que “lo decide el patrón, no el trabajador” .

El impacto concreto sobre quienes trabajan se inscribió en un contexto de deterioro salarial. Según el Indec, el índice salarial del sector privado registrado acumuló un alza de 25,6% entre enero y noviembre de 2025, mientras la inflación fue de 27,9%, lo que implicó una caída real de más de dos puntos. En ese marco, gremios denunciaron pérdida de poder adquisitivo y congelamiento paritario en distintos sectores.

En la sesión también se produjeron otros episodios de alta tensión, como la denuncia de pérdida de quórum y el cruce por el uso de los micrófonos en el recinto. Unión por la Patria anunció que, si vuelve al Gobierno, derogará la norma. “Esta ley va a ser derogada inmediatamente”, afirmó Germán Martínez en el cierre del bloque.

El trámite parlamentario continuará en el Senado, donde el oficialismo convocó a un plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto para emitir dictamen y llevar el proyecto al recinto antes del inicio de las sesiones ordinarias. Hasta el momento, el Gobierno no anunció modificaciones adicionales al texto aprobado en Diputados.

JJD, con información de NA