El primer encuentro del año entre los principales operadores legislativos del oficialismo marcará el regreso formal de la ofensiva libertaria para imponer una reforma laboral que podría afectar derechos históricos de trabajadores y trabajadoras. La mesa política convocada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se reunirá este viernes 16 de enero en la Casa Rosada para ajustar el texto y definir la estrategia parlamentaria.
El objetivo inmediato es lograr que el Senado habilite su tratamiento a fines de este mes, antes del inicio de las sesiones extraordinarias previsto para el 2 de febrero. Las conversaciones se centran en dos puntos sensibles: el capítulo tributario vinculado a cargas sociales y el funcionamiento del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), cuya eliminación o modificación podría recortar garantías ante despidos y suspensiones.
La convocatoria incluye al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; a la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich; al ministro del Interior, Diego Santilli; a Ignacio Devitt, de Asuntos Estratégicos; y a Eduardo “Lule” Menem, operador político del interior. También podrían sumarse Karina Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, dos figuras clave en la articulación del poder real dentro del Ejecutivo.
El oficialismo apuesta a que las comisiones técnicas permitan “depurar” el proyecto y procesar objeciones de actores sociales, aunque sin convocar aún a instancias formales de diálogo con sindicatos ni organizaciones laborales. La abogada Josefina Tajes encabezará una de esas comisiones desde este viernes, según anticipó Bullrich.
Entre las modificaciones posibles se analiza la revisión de artículos sobre indemnizaciones, licencias y representación sindical, que ya motivaron alertas de la CGT y de varios gremios de base. Hasta el momento, el Gobierno no ha publicado un texto definitivo ni abrió canales de participación directa para trabajadores o especialistas del derecho laboral.
Un tablero político en movimiento
Diego Santilli se convirtió en una pieza central del despliegue territorial, con una agenda de diez visitas provinciales en enero para asegurarse apoyos de gobernadores aliados. Esta semana estuvo en Chubut con Ignacio Torres, en una actividad centrada en la emergencia por incendios forestales. El lunes irá a Chaco a reunirse con Leandro Zdero y luego a Mendoza para verse con Alfredo Cornejo.
Las negociaciones también tocan otras leyes. Podría incorporarse a extraordinarias un proyecto para modificar la Ley de Glaciares, un pedido clave de varias provincias cordilleranas. En cambio, la Reforma del Código Penal —también prioritaria para el oficialismo— quedaría postergada.
Mientras tanto, el oficialismo busca sumar una nueva “victoria legislativa” tras la sanción del Presupuesto y la Ley de Inocencia Fiscal en diciembre, aunque los efectos concretos de esas medidas sobre las condiciones de vida siguen sin esclarecerse.
El impacto en el mundo del trabajo
Aunque el proyecto ya cuenta con una versión avanzada, todavía se discuten aspectos clave que podrían alterar derechos laborales básicos. Según trascendió de fuentes oficiales, los puntos más sensibles incluyen la eliminación de multas por trabajo no registrado, la modificación del régimen de indemnizaciones y la posible creación de un esquema alternativo al actual Fondo de Asistencia Laboral (FAL). También siguen en debate los alcances de la reforma en materia de representación gremial y convenios colectivos. El eje general del texto apunta a una flexibilización del mercado de trabajo que podría debilitar la posición de los trabajadores frente a sus empleadores.
Para sindicatos y especialistas, estos cambios implicarían una regresión en derechos adquiridos. Los sectores más afectados podrían ser trabajadores jóvenes, tercerizados o sin convenio colectivo, que quedarían más expuestos a modalidades precarias y sin protección efectiva.
JJD, con información de NA