La opacidad de la boleta electrónica limita las capacidades de quienes debemos controlar
En las elecciones del domingo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires volverá a utilizarse la Boleta Electrónica (BUE). Opaca, vulnerable e inauditable, ya fracasó en el pasado. Esta vez me toca ser presidenta de mesa: ¿cómo garantizo transparencia y confiabilidad cuando el propio sistema lo impide? Una vez más, desde Fundación Vía Libre llamamos la atención sobre los problemas que implica usar computadoras para votar.
El derecho al voto
Desde hace más de 100 años que en la Argentina el voto es universal, secreto y obligatorio y, desde hace casi 80, igualitario. Es lo que asegura la democracia electoral como la conocemos: producto de la voluntad popular, sin coerciones, desvíos ni sesgos. Para hacerlo posible, aparece un derecho fundamental, aunque también de larga data: el de toda la ciudadanía a auditar la elección. Dado que el ganador no será más que un representante del poder popular, no existen motivos para alejar este proceso del control público. Dicho de otro modo, sin necesidad de conocimientos técnicos especializados, cualquiera debe poder verificar por sí mismo —y sin confiar ciegamente en una máquina— que los resultados de una elección son legítimos y un reflejo fiel de la voluntad general. Pensándolo en la práctica, nada distinto al voto tradicional con boletas de papel. De vuelta, nada nuevo.
Hasta que aparece la boleta electrónica. Y con ella, una serie de nuevas inseguridades jurídicas y, por lo tanto, el debilitamiento de los pilares más básicos del régimen republicano y democrático. Esto es lo nuevo aunque no tanto, si pensamos que no es la primera vez que toca discutirlo.
Se trata del proceso electoral llevado adelante a través de tecnologías, desde la emisión del voto hasta su transmisión y recuento. Fue incorporado en CABA en 2015 a través de la BUE, en las últimas elecciones, y se volverá a hacer este próximo 18 de mayo, a través del que parece ser el “Oferente Único Electrónico”, la firma MSA S.A.
A ciegas
En estas elecciones me toca ser presidenta de mesa. Me había propuesto voluntariamente años atrás, en ejercicio del derecho ciudadano de controlar el proceso electoral. Pero ahora que se utiliza esta tecnología, parece alejarse de mi alcance hacer efectivo este derecho y cumplir adecuadamente con las responsabilidades que me impone la ley de asegurar las características fundamentales del voto. La capacitación para autoridades de mesa no fue más que un repaso por el paso a paso, sin siquiera ahondar en cuestiones de transparencia, verificación, secreto o seguridad.
De cara al 18 de mayo y esta doble función pública/derecho ciudadano me surgen muchas dudas. Posiblemente todos recordemos (basta sino con un gugleo rápido para encontrar) las fallas que tuvo la BUE en oportunidades pasadas: desde denuncias de fraude por imposibilidad de controlar el proceso como errores materiales y de implementación que llevaron a tediosas jornadas electorales con gente votando siete veces hasta lograrlo, como le sucedió en agosto de 2023 a Patricia Bullrich.
En aquella oportunidad, desde la sociedad civil y la comunidad científica y académica habíamos advertido sobre los problemas de cualquier tecnología de este tipo y, en particular, de cómo se estaba implementando acá. Nos referíamos, fundamentalmente, a tres cuestiones: 1) que es un sistema “caja negra” que sólo puede ser auditado por expertos que tengan conocimientos técnicos y acceso a cómo funciona; 2) que tiene graves vulnerabilidades de seguridad —demostradas— para resguardar el secreto y la integridad del voto; y 3) que la falta de capacitación termina por dejar en condiciones de extrema desigualdad a los votantes frente al acceso a la tecnología, sumado eso a la improvisación en la implementación. Mucho de esto fue ratificado ex post por la jueza electoral María Servini y la Cámara Nacional Electoral, que obligaron a la Ciudad a abandonar este sistema de cara a las siguientes elecciones, en octubre de aquel año. Pero parece que cuesta aprender. Otra vez no hay nada nuevo: no hubo cambios sustanciales y persisten los mismos riesgos.
En este escenario, no sólo me preocupan en términos generales sino también como impedimento para los derechos que es mi deber resguardar el día de la elección como autoridad de mesa. Me pregunto, por ejemplo, ¿cómo controlo que se haya grabado digitalmente en la BUE la opción elegida, si finalmente el conteo lo hará la misma empresa según lo que haya almacenado el chip contenido en cada una y no lo que nos muestren las pantallas el día de la votación, de acuerdo con lo explicado por la empresa en la patente del producto? ¿Cómo aseguro a cada uno de los votantes que nadie está pudiendo ver a través de un dispositivo cercano qué opción seleccionó, si ya se demostró en la propia Cámara de Diputados lo sencillo que es (hay varios videos disponibles)? O, por caso, ¿cómo protejo la integridad y el secreto de los votos dados los antecedentes públicos de ataques y vulneraciones, si ni siquiera entiendo cómo funciona la arquitectura del sistema? Y, hacia el final del día, ¿cómo aseguro que el recuento de votos refleja fielmente lo votado, si no existe forma de realizar validación independiente que permita el control público? En países como Alemania y Holanda se declaró inconstitucional y se dejó de utilizar justamente por esto. ¿Qué garantías podemos dar las autoridades de mesa, encargadas de velar por la voluntad popular, si el proceso es opaco incluso para nosotros?
La BUE no es nueva ni moderna. Todo lo contrario, su opacidad es bien anacrónica. La historia de la BUE demuestra que la tecnología no siempre es la respuesta: puede ser una aliada de la democracia, pero cuando opaca, cuando excluye, cuando no permite controlar, deja de ser herramienta y se convierte en obstáculo. Es mucho más importante hacerlo bien que hacerlo “innovador”. Retomar la noble boleta en papel sería una alternativa. Ahí la democracia está a la vista.
*La autora de esta columna de opinión es abogada y es la encargada de políticas públicas de la Fundación Vía Libre.
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