Vivir con miedo: discursos de odio y aumento de la violencia contra el colectivo LGBTIQ+

Los días de lluvía para las y los vendedores ambulantes son desoladores: pocas ventas, ropa y zapatillas mojadas y mucho frío. El 3 de marzo de 2025, a las ocho de la noche, Inés Zarantonello miraba televisión; disfrutaba del calor de su casa luego de haber pasado todo el día vendiendo empanadas bajo la tormenta. Su novia, Ana, había bajado al supermercado a comprar algo para la cena. Como todos los lunes a esa hora, a pocos metros del departamento de las chicas tocaba La Bomba del Tiempo en el Centro Cultural Konex, en el barrio porteño de Almagro. Durante el show de tambores, el ruido es tan intenso que en la casa de Inés y Ana retumban las paredes y los vidrios. 

Inés todavía no entiende cómo, entre el alboroto, logró escuchar los gritos de su novia. Apagó la tele, no alcanzó ni a ponerse las zapatillas y salió corriendo al pasillo. En la escalera, dos de sus vecinos —padre e hijo— le estaban pegando palazos a Ana mientras le gritaban: “Lesbiana de mierda, te vamos a matar, qué linda se te ve la cara rojita”, en alusión a la sangre que le corría por el rostro.

Inés se interpuso entre su novia y los golpes. Intentó calmar la situación, pero uno de los agresores sacó una navaja. Ana recibió un puntazo en la oreja —cuatro puntos de sutura—, otro en la cabeza —un punto— y golpes en todo el cuerpo. Inés sufrió un corte en el brazo derecho —cinco puntos—. La navaja les parecía poco, entonces uno de los matones fue al departamento y agarró dos cuchillas, las afilaba una contra otra como si fuese un carnicero, mientras ellas lloraban, desoladas. El ataque duró diez minutos. 

“Las semanas previas nos hostigaron, la violencia fue en aumento. Ahora estamos con una orden de restricción y un botón de pánico; nuestros agresores, Miguel y Julián Yanes, viven en el mismo piso que nosotras. Ellos pudieron pagar un abogado penalista, algo que nosotras, por nuestros bajos recursos no pudimos. Solo estuvieron 48 horas detenidos. Para la Justicia fueron lesiones leves y amenazas pero en realidad nos quisieron matar por ser lesbianas, deberían estar presos. Este gobierno de ultraderecha habilitó el odio e hizo mierda nuestras vidas. Incitaron a que resurjan estos fantasmas que creíamos muertos”, cuenta Inés a Punto de Encuentro.

Vivir con miedo

Después del ataque, la vida les cambió por completo. Gracias a un espacio feminista pudieron recibir atención de psicólogos, psiquiatras y abogados. Mientras ellas toman antidepresivos y pastillas para poder dormir, los agresores viven en libertad. Ines y Ana son vendedoras ambulantes, desde el 3 de marzo tienen miedo de salir: “Los discursos de odio a la comunidad LGBTIQ+ del presidente Javier Milei están directamente relacionados con el ataque que sufrimos por nuestra orientación sexual. En un instante perdimos nuestros derechos y nuestra libertad. La violencia es cada vez mayor”, dice Inés.

Un mes y ocho días antes de la agresión a Inés y a Ana, el 23 de enero de 2025, en su discurso en el Foro Económico Mundial en Davos, el presidente Javier Milei en su intervención asoció la orientación sexual de una persona al abuso hacia las infancias, usando como ejemplo el caso de una pareja homosexual estadounidense condenada por ese delito. Leyó: “Cuando digo abusos no es un eufemismo, porque en sus versiones más extremas, la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos, por lo tanto, quiero saber quién avala esos comportamientos”. 

Desde que la Libertad Avanza gobierna Argentina, los discursos de odio. las fakes news y los embates al colectivo LGTBIQ+ y a los feminismos son coordinados y sistematizados. Los recortes del Estado Nacional tienen un especial ensañamiento en las políticas de género: desmantelaron programas que resultaban efectivos, la motosierra destruyó políticas públicas orientadas a la salud sexual, modificaron leyes por decreto y un sinfín de retrocesos en conquistas sociales que mejoraron sustancialmente la calidad de vida de millones de personas. La habilitación estatal del odio y la violencia física y psicológica al feminismo y a las diversidades sexuales traspasa las redes sociales y se sienten en las calles y en los cuerpos. 

Los resultados del último informe del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+ son alarmantes: durante el primer semestre de 2025 se registraron 102 crímenes de odio contra esa comunidad, eso significa un aumento del 70% en comparación con el mismo período del año anterior. Del total de las víctimas, el 70,6 % de los casos (72) corresponden a mujeres trans; en segundo lugar, con el 16,7 % (17), se encuentran los varones gay cis; en tercer lugar, con el 6,9 % (7) de los casos, figuran las lesbianas. “Creemos que el aumento en los crímenes de odio en Argentina están directamente relacionados con la profundización y el aumento de los discursos violentos. Las conductas discriminatorias y violentas hacia nuestra comunidad hoy están legitimadas y avaladas desde el gobierno nacional y desde la figura presidencial”, dice a Punto de Encuentro, María Rachid, presidenta de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans. 

La respuesta colectiva

El Teje es una organización dedicada a brindar talleres de acompañamiento político y de cuidado gratuito a niñeces y adolescencias trans, así como a sus familias y referentes afectivos. Desde la Educación Sexual Integral (ESI), con una mirada transfeminista se generan espacios seguros y comunitarios. La ternura es el punto de partida para entrelazar estrategias de diálogo, debate, contención a un presente marcado por discursos de odio hacia la comunidad LGBTIQ+.  

Juana Molinari tiene 30 años, es activista travesti, co-fundadora de El Teje “Desde principios de este año aumentó la cantidad de personas que asisten a la organización. Las familias refieren tener mucho miedo de que sus hijes estén solos en los espacios públicos. Hay que desarmar los miedos colectivamente. En los talleres para adolescentes trabajamos mucho con ESI, salud mental y prevención de suicidios. Les adolescentes manifiestan un recrudecimiento del bullying y la violencia en los colegios; esto lo notamos en los talleres: el año pasado, entre adolescentes, familiares y adultos, acompañamos a 60 personas. Este año vienen 150. Por la demanda tuvimos que sumar cinco profesionales de salud mental¨, cuenta Juana. 

El Teje mantiene un acuerdo con el colegio secundario Nicolás Avellaneda, de la Ciudad de Buenos Aires. Gracias a este convenio, la organización dispone de cupos escolares, que pueden ser usados en cualquier momento del año, por adolescentes trans que están sufriendo bullying en sus escuelas. “A partir de un caso de violencia escolar que llegó al espacio resolvimos hacer este acuerdo con el colegio. En el Avellaneda hay un equipo de profesionales de ESI muy bueno, articulamos con ellos para hacer el acompañamiento inicial. Empezamos en septiembre de 2024, desde entonces ya se cambiaron siete adolescentes que sufrían maltrato. Sus vidas cambiaron por completo”, dice Juana. 

Milei y la ley

En febrero de 2025, y basado en fake news, el presidente Javier Milei modificó por decreto la Ley de Identidad de Género. De un plumazo, introdujo cambios en el artículo 11, que garantiza el derecho al libre desarrollo personal. El DNU presidencial prohíbe los tratamientos e intervenciones para personas menores de 18 años. Restringiendo derechos previamente reconocidos por la normativa vigente. Si bien no todas las personas trans, travestis y no binaries deciden comenzar el tratamiento de hormonización, esta decisión del Ejecutivo trajo complicaciones y dificultades al colectivo. 

Según María Rachid, el DNU es absolutamente inconstitucional e ilegal porque un decreto no puede modificar una ley aprobada por el Congreso. “Para modificar la ley se basaron en argumentos falaces y alejados de la realidad. Está generando dolor y preocupación en muchas familias”. 

Mimi Lozano, cursa quinto año de Psicología en la UBA y es referente de El Teje. Dice que el decreto causó tristeza y desilusión en las adolescencias trans y es un tema de discusión y preocupación en los talleres que coordina. Si bien la Ley de Identidad de Género está vigente, profesionales y activistas notan dilaciones y trabas estatales a quienes quieran iniciar los trámites de cambio de género y tratamientos de hormonización: “Les adolescentes viven con angustia las violencias estatales. Antes teníamos una Ley de Identidad de Género que les permitía cambiarse el DNI sin ningún tipo de justificación o de firma parental. Les adolescentes apuntaban a eso como un anhelo y era algo que les daba mucha ilusión y de repente se topan con demoras o negativas y se frustran. Por eso hay que acompañarlos y construir en comunidad”. 

La motosierra también destruyó políticas públicas orientadas a prevenir embarazos no deseados en adolescentes, como así también prevención de enfermedades de transmisión sexual. La desarticulación de programas, el vaciamiento institucional y la reducción de recursos afectan directamente la capacidad de respuesta de las provincias y municipios. 

Patricia Sotile es abogada e integra el área jurídica del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA). Desde allí trabajan en cuatro ejes centrales: salud sexual y reproductiva; violencias y acceso a la justicia, género y democracia, y cuidados y desigualdades socioeconómicas.

Desde la asunción de Javier Milei, advierten un grave retroceso en políticas públicas vinculadas a la violencia de género y en la compra de insumos para salud sexual y (no) reproductiva. “Existe una decisión política de desmantelar, desfinanciar o interrumpir programas que garantizan el acceso a la salud sexual y reproductiva, como la falta de compra de insumos para garantizar el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo y el envío de medicamentos a centros de salud. Las provincias atraviesan una situación crítica para suplir la ausencia del Estado Nacional en la compra de métodos anticonceptivos o insumos para salud sexual”, dice Sotile.

Uno de los programas más exitosos —y reconocido internacionalmente por sus resultados— es el Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (ENIA). Se implementó en 2018 y desde entonces logró reducir en casi un 50% el embarazo no intencional en adolescentes. “El plan está completamente desmantelado. Despidieron a 619 agentes territoriales que trabajaban en las provincias con adolescentes para prevenir embarazos no deseados, detectar casos de abuso y violencias de género, consumo problemático y problemas de salud mental. Además, se recortaron o suspendieron numerosos programas fundamentales que brindaban ayuda, acceso y contención a mujeres y diversidades en situación de violencia. Argentina no solo está siendo observada con preocupación por los países de la región, sino también por organismos internacionales”, cuenta.

Marea Rosa es una ONG de La Plata que lucha por una sociedad libre de discriminación y violencias. En su mayoría está integrada por chicas trans. Galaxia Rod es activista por los derechos humanos y sociales de las personas travestis y trans y militante de la organización e integrante de la coordinadora “Flopy Reinaldi”. “Teniendo en cuenta que es la población con niveles altísimos de suicidios; este desamparo estatal afecta a un desarrollo saludable. Somos el caballito de batalla de la ultraderecha, sus discursos impactan de lleno en nuestros cuerpos. La Libertad Avanza presentó un proyecto de ley en la provincia de Buenos Aires para eliminar el cupo laboral trans”, dice Galaxia. 

Romina Montiel es médica generalista, médica de familia y paliativista. En el marco de los derechos sexuales, reproductivos, no reproductivos y de diversidad, trabaja en un Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) en Ezeiza, Provincia de Buenos Aires. 

En estos centros, desde hace dos años, faltan preservativos y escasean las pastillas anticonceptivas orales. Para las interrupciones voluntarias y legales del embarazo hay faltantes de mifepristona, un medicamento que, combinado con misoprostol, reduce los efectos adversos para las personas que lo utilizan. Si bien no hay registros oficiales que demuestren esta hipótesis, Romina nota día a día un aumento preocupante de embarazos adolescentes y de enfermedades de transmisión sexual. Además hay un desabastecimiento de hormonas utilizadas en tratamientos para personas trans, travestis y no binarias para adecuar sus cuerpos. Los municipios, en su mayoría con problemas de presupuesto, no pueden dar respuestas a las demandas. Son las y los médicos los que tienen que trazar estrategias para suplir la ausencia planificada del Estado.  

“Asistimos a más de 180 personas trans, travestis y no binaries. Desde principios de 2025 detectamos faltantes de hormonas. En mis 25 años de profesión jamás vi un deterioro tan profundo”, dice Romina. 

Coincide con Galaxia Rod que para las persona trans, suspender un tratamiento de hormonización o no poder iniciarlo provoca mucha angustia, impotencia, ansiedad, depresión, trastornos del sueño, de la alimentación y en los vínculos. Además, se deteriora la calidad de vida y la preocupación por un derecho antes garantizado se vuelve diaria. 

En el CAPS generan lazos humanitarios y cotidianos con los pacientes del colectivo LGTBIQ+. Romina cuenta que los acompañan a las marchas del orgullo y a diversas actividades. El año pasado sucedió un hecho inédito, muchos decidieron no asistir por miedo a exponerse. Por esa experiencia traumática, para este noviembre organizaron grupos de contención y acompañamiento. Para Montiel la destrucción de políticas públicas afecta a la dignidad de las personas, que no pueden acceder a un derecho vital, no poder identificarse atenta contra la dignidad de estar vivo. 

Para Galaxia, existe una parte importante de la sociedad que siente satisfacción cuando se les quitan derechos a las personas travestis y trans. En este cambio de paradigma, en donde los discursos de odio están amparados y avalados desde el Estado nacional, se habilita y legitima la violencia en las calles. Para ilustrarlo, relata un episodio de un día cualquiera en su vida. Como siempre, fue a la misma verdulería de su barrio. Mientras esperaba ser atendida, un hombre se le acercó y le dijo: “Para salir así vestida, te tenés que sacar esos bigotes”. 

Desde Marea Rosa notan un aumento exacerbado de la violencia al colectivo LGTBIQ+ “Hoy, todas nuestras compañeras, fueron víctimas de algún tipo de agresión física o violencia psicológica. No tenemos dónde denunciar porque los organismos fueron desmantelados”.

Aramis Amaris Lascano es abogada, activista trans y docente en la Escuela Shirley La Bombón, un espacio de educación travesti, trans y no binarie de la ciudad de La Plata. Cree que la forma de enfrentar este momento tan hostil para la comunidad es generando lazos de solidaridad y entrelazarse en un apoyo mutuo. Los insultos y las agresiones en la vía pública se volvieron eventos cotidianos. ¨Hace unas semanas un tipo aceleró el auto y me lo tiró encima, tuve que saltar porque sino me atropellaba. Nos construímos una coraza o una armadura para poder vivir“, cuenta Amaris. Ella se atiende en un hospital público de la Provincia de Buenos Aires. Dice que desde 2024 faltan hormonas o las que hay están vencidas. ”Nos genera incertidumbre, desequilibrios y un impacto negativo en nuestra salud. Hay quienes tomamos hormonas femeninas y bloqueadores de testosterona. Yo nací desarrollando testosterona, no tomar bloqueadores afecta a nuestra identidad de género, a nuestra propia constitución como personas“. 

CS / MA