Norberto Oyarbide: el juez del champán

Norberto Oyarbide

Lucía Salinas/Lourdes Marchese

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Se paró en la puerta del juzgado, captando la atención de todo su equipo de trabajo, al que conocía hacía muy poco. Con la elegancia y la gestualidad que lo caracterizaban, dijo: “Hoy a las cinco de la tarde no quiero que haya nadie en el juzgado porque voy a hacer un procedimiento”. Norberto Oyarbide estaba a cargo en simultáneo de otro despacho vacante tras la suspensión de Carlos Branca, cuyas irregularidades en su desempeño lo condujeron a perder el cargo y a prisión. Ante aquella advertencia, todos asintieron, creyendo que debía tratarse de un procedimiento inherente al cargo. Minutos después comenzó un ritual inesperado, nunca visto en Comodoro Py.

A la hora estipulada llegó al despacho acompañado de una chica joven y un hombre de contextura pequeña y calvo, proveniente de Filipinas, que no hablaba castellano. El magistrado saludó a su secretario y le dijo: “Él (por el filipino) nos va a indicar lo que haremos. Usted síganos”. En ese instante el hombre sacó un libro de su morral y entró en todos los despachos haciendo ademanes extraños con sus manos. Se dirigía a cada esquina, pronunciaba una oración incomprensible y arrojaba arroz para después, sobre las bibliotecas del juzgado, dejar pequeñas bolsas con más arroz.

Los pocos presentes miraban estupefactos. En un momento, Oyarbide le pidió a su secretario que revisara el pasillo, para asegurarse de que nadie supiera del ritual que se estaba llevando a cabo. Debían trasladarse a la otra secretaría, cerciorándose de que nadie los viese. Cuando pudo confirmarlo, dieron esos pocos pasos entre una secretaría y otra, con cautela pero con celeridad, mientras el filipino marcaba el recorrido con granos de arroz y pronunciaba oraciones incomprensibles para Oyarbide. El procedimiento se repitió en la otra oficina. Una vez finalizado, el juez se justificó: “Este juzgado estaba cargado de muy malas energías. Ahora vamos a trabajar mejor.” Acto seguido se retiró del lugar junto con las dos personas con las que había llegado. Quienes conocieron a Oyarbide cuentan que era muy creyente (de hecho, años más tarde se haría devoto de la virgen de Salta), pero también era cabulero.

Aquella escena inauguró su llegada a Comodoro Py y sería tan solo la primera de una seguidilla de innumerables anécdotas protagonizadas por una personalidad nada habitual para el fuero. Norberto Oyarbide había ingresado a la justicia como meritorio, lo que se conoce en la jerga judicial como “pinche”, en un juzgado de instrucción a cargo del entonces juez Roberto Calandra, en la década del 70. El magistrado era su profesor en la facultad de derecho y lo llevó a trabajar con él. Ya desde esas funciones inició su relación con los entonces “hombres de la noche de Buenos Aires”, los exespías de la SIDE Raúl Martins y Carlos Perciavalle.

El periodista Daniel Santoro, autor del libro “Sr. juez”, cuenta que Oyarbide llegó a ser el padrino de bautismo del hijo de Perciavalle, pese a que ante los medios negaba conocerlo. Sus contactos con los servicios de inteligencia le permitieron ser nombrado, primero, fiscal auxiliar en el fuero criminal y correccional en 1980 y, luego de cuatro años, pasó a ocupar una secretaría. Finalmente, años más tarde, llegó a juez federal.

A principios de 1994, el secretario Legal y Técnico de la presidencia de Menem recibió un pedido del abogado y hermano del titular de la Secretaría de Inteligencia, Hugo Anzorreguy, para nombrar a Oyarbide como juez federal, ya que el presidente había aumentado la cantidad de juzgados federales de seis a doce y necesitaban candidatos. La decisión, deliberada, tenía una finalidad clara: manejar el fuero que debía investigar la corrupción.

Según recuerda Daniel Santoro, en aquel entonces Carlos Corach aceptó conocer a Oyarbide, pero no le agradó la percepción que tuvo de él, por lo que ese pedido quedó en suspenso, hasta que una llamada de la Secretaría de Inteligencia le confirmó que ese hombre extravagante y de mediana estatura era el candidato. Así fue como, el 2 de junio de 1994, con la mayoría menemista en el Senado, se aprobó su pliego para ocupar el juzgado federal 5, que dejaba Martín Irurzun, ascendido a la Cámara Federal porteña. A la ceremonia de juramento del flamante magistrado asistieron altos jefes de la Policía Federal y de las fuerzas armadas. Eso inspiró una sospecha: entre el poder político y él no había diferencia alguna, eran parte de la misma ecuación.

“Norbertito”, como lo conocían en su círculo más privado, fue un juez bastante solitario. No se llevaba con sus colegas. Si bien pertenecía a la familia judicial, venía del fuero ordinario, donde las cosas eran diferentes. Refieren quienes lo trataron que lo suyo era “una mezcla de desprecio hacia sus colegas y de individualismo”.

Si alguien abría las puertas de los tribunales, ese era él: una persona madrugadora y, si se tenía que quedar fuera de hora, lo hacía sin problema. Solía ser de esos magistrados que siempre estaban y que se preocupaba por su equipo de trabajo. Hombre de rutinas y de un extremo cuidado sobre su aspecto, lo primero que hacía al despertar era practicar algún deporte, ducharse, arreglarse y salir rumbo al trabajo con su maletín. Todas las mañanas, al llegar a los Tribunales, subía el ascensor hasta el tercer piso y se dirigía hacia su despacho, donde lo esperaba su secretaria. Siempre acompañado por sus custodios, a quienes él mismo catalogaba como “la guardia pretoriana”. Ellos lo escoltaban a todos lados, incluso cuando salía del despacho para ir al baño. “Era un hombre muy temeroso”, afirman quienes lo conocieron. Pero eso no le impedía entablar cualquier tipo de conversación con quien sea. “Hablaba con todos, incluso con los detenidos, de quienes se ocupaba expresamente”, sostiene alguien que trabajó en su despacho. Recuerda que cuando iba a la cárcel a ver a los presos, lo primero que hacía era preguntarles si estaban bien o si les hacía falta algo y les dejaba su número de teléfono por si acaso. “Era muy atento y se ponía en la piel de sus imputados”. También solía ser afable con el periodismo: recibía a todos aquellos que iban a golpear a su puerta en busca de información.

Al ingresar a su juzgado, donde todo estaba impoluto porque era obsesivo de la limpieza, organizaba la reunión con sus secretarios para ponerlos al tanto de cómo sería la jornada laboral. La cita era a las ocho de la mañana. Los esperaba con un café y chocolates. Aquel momento era interrumpido cuando comenzaba la ronda de preguntas, porque le gustaba que le contaran algún que otro chiste. “Era muy agradable en el trato y se reía con cada broma”. Pero nunca los tuteó y no le gustaba que entre los empleados del juzgado se llamaran con sobrenombres. La formalidad imperaba.

Pasado el mediodía, cerca de la una, salía a almorzar. Un plato se repetía: lomo con morrones y ajo, siempre acompañado de un buen champán. No se lo veía regresar antes de las tres. Por las tardes alternaba la justicia con otra actividad: se iba a un sauna del centro de la ciudad, Colmegna, donde solía descansar un rato. Nicolás Wiñazki, que por entonces hacía notas en la sección Ciudad de Clarín, decidió ir allí para escribir sobre aquel juez que empezaba a llamar la atención.

Ahí se encontró con esta escena: “Oyarbide en bata, en la esquina de una gran pileta de mármol, sentado en una mesa con botellas de champán con hielo y sus custodios observando el movimiento. Afuera, estacionado, aguardaba el auto oficial con más custodios”. A esa primera imagen se sumó una anécdota. En un momento, en un hall central donde había bastante gente, apareció Oyarbide envuelto en la bata.

Estupefacto ante la gran pantalla de televisión en la que se hablaba sobre él, eligió hacerse el desentendido y contar todo tipo de anécdotas para que la atención se centrara en el Oyarbide que él quería mostrar, no el de la pantalla. “En un momento el periodista que hablaba refiere a una denuncia o algo negativo del juez y uno de los presentes le dice: ‘Te van a escribir un libro a vos’. Con total displicencia le contestó: ‘Que escriban lo que quieran. Vamos a tomar champán’”.

Cuando la actividad obligaba a trabajar después de hora, solía invitar a todo su personal a cenar en Mirasol, en Puerto Madero, de donde también era habitué. “No le gustaba cenar solo. Por eso siempre invitaba gente y pagaba todo él, con tal de no terminar en soledad la jornada laboral”, rememora un participante de aquellas comidas que se extendían pasada la medianoche.

Sus empleados, que lo describen como “un caballero puertas adentro”, destacan cuánto disfrutaba de agasajarlos. Los viernes solía comprar empanadas y, además, solía regalares cosas usadas. O si le obsequiaban una prenda o algún objeto que a él no le gustaba, inmediatamente lo llevaba al juzgado para repartir entre los empleados. Con las mujeres tenía un trato preferencial, solía llevarles flores todos los 21 de septiembre y los 8 de marzo por la celebración del Día de la Mujer. En el Federal 5 era muy querido por este tipo de gestos. A esas acciones se sumaban las celebraciones de fin de año, que organizaba en su despacho. “Esas fechas eran una fiesta”, recuerda un empleado del juzgado. Un funcionario judicial rememora que en una de las primeras cenas de fin de año de los doce jueces, el magistrado llegó con galera, esmoquin y bastón, lo que le valió los incansables chistes y comentarios de sus colegas, pero a él poco le importaban aquellas humoradas. Si de algo estaba orgulloso, era de su estilo, de su impronta.

A la hora de la firma, sobre su escritorio se apilaban los expedientes. Oyarbide, de estatura baja (media 1,60), se ponía de pie frente a la pila y comenzaba a firmar. “No era un hombre muy formado, aceptaba las sugerencias de sus secretarios y nunca ponía trabas”, asegura alguien que trabajó a su lado. En otros despachos, la descripción es más cruel: “Fue parte de los jueces que, de juristas, no tenían nada”. Antes de retirarse llamaba a los secretarios para preguntarles si iban a necesitar algo antes de su partida. En una ocasión, un secretario de otro juzgado que él estaba subrogando fue a llevarle la firma. Oyarbide se quedó mirándolo hasta que le preguntó: “¿Usted se ofende si yo le interpreto la firma para ver cómo es su personalidad?”. Sorprendido por aquella oferta, el joven accedió y el magistrado comenzó a explayarse con conceptos para nada jurídicos, recuerdan en los pasillos de Tribunales.

Su oficina era la perfecta descripción de su imagen. Solía usar joyas y trajes a medida de Donna Karan, Hugo Boss y Kenzo. El juzgado federal 5 pasó por varios estilos, pero siempre primó el rococó. Tenía cortinados de color azul, que tiempo después cambió por rojo para hacer juego con la alfombra, sillones muy noventosos, y sillas de madera estilo francés, tapizadas en bordó. Su asiento, a diferencia de los demás, parecía un trono, una decisión para nada casual.

Desconfiado y temeroso, la puerta de su despacho estaba blindada por seguridad y tenía cámaras tanto en la oficina como en la mesa de entradas del juzgado, algo que le valió varias quejas de los letrados, porque muchas veces, si algo no le gustaba o los empleados no podían responder, interrumpía con su voz, como si hablara desde el más allá, con un megáfono. Entre las bibliotecas dispuestas en su despacho, tenía pequeñas pantallas para observar todo lo que pasaba a su alrededor.

En un lugar privilegiado conservaba el retrato de su madre, Isidora del Carmen Portillo, la Morocha, mujer fervientemente católica que ejerció una influencia significativa sobre el juez hasta que murió. Años más tarde, cuando se hizo devoto, algunos cuadros de la Virgen del Valle de Salta, cruces y una Biblia completaban el despacho. Hay quienes dicen que, cada 11 (un número significativo para él desde el 2001) de mes, por las tardes, invitaba a todo aquel que quisiera a rezar juntos el rosario. Fuera de su oficina principal, pidió colocar un felpudo y también una maceta con una planta. Nada extraño, salvo que por entonces, cuentan quienes conocen aquellos pasillos, había cierta rencilla entre Oyarbide y el juez Rodolfo Canicoba Corral, quien, haciendo de las suyas, cuando salía de su juzgado, caminaba hasta llegar al macetero y, a modo de chiste, le orinaba la planta.

Pero esa fiesta en la que vivía mientras se codeaba con el poder no duraría demasiado. El primer revés lo sufrió por Domingo Cavallo, que lo incluyó entre los jueces de la famosa servilleta de Corach y que lo acusó de estar apadrinado por la Policía Federal. Esto fue luego de que el magistrado lo procesara en una causa vinculada a la empresa OCASA, del fallecido empresario Alfredo Yabrán. En declaraciones públicas, Cavallo dijo: “Corach mencionó que el padrino (del juez) era la policía federal, razón por la cual yo pensé que tratándose de una institución que debe perseguir a los delincuentes y por supuesto no a los inocentes, seguramente Oyarbide sería un juez ecuánime, pero esta decisión demuestra que está al servicio de Corach y Yabrán, lo mismo que otros jueces”. Poco después la Cámara Federal revocó el procesamiento, un cimbronazo para el titular del juzgado cinco.

Aquel terreno de arenas movedizas que comenzaba a transitar estaba lejos de aquietarse. En abril de 1997 se produjo un escándalo por el robo de un video en el juzgado de Juan José Galeano, quien investigaba el atentado a la sede de la AMIA. En ese VHS aparecía el magistrado en una conversación con el primer detenido en el caso, Carlos Telleldín, el hombre que había vendido la camioneta que sirvió de coche bomba.

La conversación era un tanto sospechosa. La investigación estaba a cargo de Oyarbide, que decidió ordenar la detención de dos abogados y de un empleado del estudio por considerar que estaban encubriendo a su cliente y que habían colaborado con él en el hurto de aquella prueba. Nada más ni nada menos que Mariano Cúneo Libarona y Juan Pablo Vigliero, por entonces defensores del excomisario Juan José Ribelli, procesado como partícipe necesario en el ataque. Les imputó los delitos de coacción agravada y encubrimiento.

El martes 8 de abril, los abogados hablaban sobre la denuncia del juez Galeano y “se preguntaban qué podría hacer Oyarbide, aunque nunca pensaron que terminarían tras las rejas”, relata el periodista Santoro. Minutos más tarde, el magistrado salió por televisión informando que había dado la orden de detención. “Todo respondía a una escena montada, aquello era un circo”, recuerdan quienes siguieron el caso de cerca. Así fue como mandó a la policía a la puerta del estudio jurídico ubicado en calle Carlos Pellegrini al 800, instaló allí una mesa y les tomó las huellas dactilares previo al traslado frente a los periodistas que se habían agolpado para cubrir la noticia.

Mientras lo subían al móvil policial, se escuchaban los gritos desaforados de uno de los abogados: “Nunca pensé que llegarían tan lejos. Soy inocente y esto es parte de una operación para ocultar el video de la AMIA”. Tiempo después de aquella criticada escena que protagonizó Oyarbide, tuvo que presentarse ante la comisión bicameral de Seguimiento de los Atentados contra la embajada de Israel y la AMIA. Su objetivo era conseguir la venia del Congreso para darle fuerza al expediente que impulsaba y a las medidas que había dictado. “Fue entonces cuando recibió un llamado del ministro Carlos Corach, que lo retó y le dijo: ‘Petiso, no era necesario detenerlo así y menos ponerle una mesita con un cana para que le tomara las huellas digitales delante de los periodistas’”, indicó un extrabajador de aquel despacho.

Esa misma madrugada, cerca de la una, se realizaría la indagatoria de los acusados. Si algo le gustaba al magistrado, era estar presente en aquellas audiencias y hacer preguntas e interactuar con las partes. En ese momento algo cambió. Según relata un testigo de esa jornada, Cúneo Libarona tenía muchas ganas de declarar, pero también estaba cansado por el trajín de ese día. Sin ánimo de mantener la compostura, se fue deslizando sobre una de las sillas a la espera del ingreso del magistrado. Cuando llegó Oyarbide, siempre elegante y con un aire de soberbia (un arma de defensa, seguramente), el silencio reinó por un instante. El abogado se incorporó.

Se miraron, intercambiando un saludo protocolar y distante. Inmediatamente después le ordenó a su secretario que realizara el interrogatorio, se dio media vuelta y se retiró. Se estaba ganando un enemigo, y lo sabía.

Días más tarde una llamada anónima le advertía que “si no largaba a los chicos (por los abogados), los judíos le pegarían un tiro”, palabras que quedaron registradas en la denuncia que formuló Oyarbide. Convencido de lo que estaba haciendo, terminó procesando a los letrados con prisión preventiva. Pero la Cámara Federal —una vez más— sería portadora de malas noticias para el juez: lo apartaron del expediente con duras críticas sobre su accionar. Hay quienes dicen que, tras recuperar la libertad, Cúneo se presentaba ante el juez en el restaurante Mirasol para incomodarlo: “A tal punto que en una ocasión llegó a derramar su copa de champán”. Por las medidas dictadas en el marco de aquella causa, el magistrado terminó denunciado en la justicia y ante el Consejo de la Magistratura. Empezaba a estar en el ojo de la tormenta y de la opinión pública.

Una historia por demás escandalosa comenzó a escribirse un año antes de aquella desaparición del video del juzgado de su par Galeano. Oyarbide había conocido en un evento a un joven italiano radicado en argentina desde su infancia. Esbelto, de llamativo pelo oscuro y rasgos marcados, su nombre acompañaba la descripción: Luciano Garbellano.

El impacto que le generó fue la antesala, sin saberlo, de una estrepitosa caída. Aquel joven era promotor de un bar gay llamado Spartacus, que estaba ubicado en la calle Agüero de la ciudad de Buenos Aires, y en el tercer piso de ese edificio vivía él. Al lugar concurrían todo tipo de personas, desde empresarios hasta políticos, policías y funcionarios judiciales.

Oyarbide comenzó a frecuentar a Garbellano. En varias ocasiones se los vio almorzando juntos en Mirasol, donde lo esperaban en su habitual mesa con una botella de champán.

Al poco tiempo, en el marco de un expediente judicial por lavado de activos, la policía federal, la misma que muchos señalaban como protectora del juez, allanó la habitación del narcotraficante mexicano Amado Carrillo Fuentes, conocido como el Señor de los Cielos, en el Hotel Four Seasons. Allí se descubrió que había llamadas a Spartacus, por lo que se ordenó un operativo en sus instalaciones. En el momento del despliegue policial, el conserje del prostíbulo les aseguró que tenían la protección de Oyarbide. Ese fue el detonante de un escándalo de dimensiones impensadas.

Aquel joven italiano decidió incriminar ante la justicia al propio Oyarbide. Garbellano relató al juez de instrucción Fernando Rodríguez Lubary y al fiscal Norberto Quantín que el magistrado recibía de él entre 10 y 15 mil dólares mensuales a cambio de protección. También dijo que había percibido alrededor de 250 mil dólares por no allanar el Hard Rock Café, que se encontraba en una disputa por la posesión de la marca de la cadena internacional. Además dijo que Oyarbide también cobraba con servicios de los taxi boys que trabajaban en el lugar.

Poco después, el 24 de marzo de 1998 Garbellano sufrió un ataque cerca de Zárate, lo que despertó las alarmas en la central de inteligencia y su titular, Hugo Anzorreguy, llamó a Corach para pedirle una reunión urgente en medio de la noche. El ministro se negó a ir, pero envió a la casa de Anzorreguy al jefe de la policía federal. Ahí también estaba Oyarbide. Según relata Daniel Santoro, analizaron el caso con los informes policiales provenientes de la localidad, momento en el que le preguntaron al juez si conocía a Garbellano. Descartaron que los atacantes hubiesen tenido la intención de matarlo porque, de haber sido así, “no fallaban”.

Entonces, los presentes se dirigieron al magistrado: —Petiso, ¿qué posibilidades hay de que exista el video?

—Un 80 por ciento.

Tanto la incomodidad como el malestar gobernaron aquel encuentro, pero de todos modos decidieron ayudarlo.

Pero no pudieron evitarlo: la filmación en la que se lo ve en compañía de un joven con poca ropa se difundió. Como resultado de ello se inició una investigación por amenazas impartidas por Oyarbide contra un empleado del Mirasol, Zineddine Rachem, a quien responsabilizó de la publicación de aquel video. A su vez, se investigaba si en Spartacus y en otros prostíbulos se filmaba a clientes importantes para después extorsionarlos. La pesquisa busca también determinar si Oyarbide, por la influencia de su cargo, protegía esos locales y su vinculación con tres empresarios señalados como los dueños de la prostitución en la ciudad de Buenos Aires: Carlos Perciavalle, Raúl Martins y Antonio Soldano. El magistrado negó las acusaciones sobre sus visitas a Spartacus, aunque luego reconoció que concurrió en “contadas ocasiones”, al tiempo que aseguró desconocer que en ese lugar se ejerciera la prostitución. Por su parte, Garbellano aseguró en la Justicia que los videos eran para evitar el consumo de drogas, y en cuanto al de Oyarbide, dijo que se hizo a pedido de este.

Desde entonces, Oyarbide cosechó varios pedidos de juicio político por mal desempeño en sus funciones y la posible comisión de delitos; uno solicitado por el juez Rodríguez Lubary el 14 de mayo de ese mismo año. Cinco días más tarde, Oyarbide solicitó una licencia de 45 días que luego continuó extendiendo, alegando problemas psiquiátricos.

Sus colegas de Comodoro Py no lo querían y lo preferían fuera del edificio. Sostenían que le hacía “daño a la institución judicial”. Muchos esbozaban que Oyarbide les daba vergüenza y negaban todo tipo de relación con él.

El 15 de marzo de 2000, Oyarbide se presentó ante el Senado y no pudo evitar quebrarse. Se defendió como pudo, pronunciando un discurso en el que puso a disposición su legajo personal para que examinaran sus veinticinco años de carrera judicial, y como ejemplo habló de la excelencia del funcionamiento de su juzgado. Para concluir su descargo manifestó: “Quiero decirles que a mí no me ha derrotado nadie, pues derrotado es el que no cree en Dios, el que no cree en su país, el que no cree en el esfuerzo o el que no cree en su familia”. Sin embargo, se resolvió su suspensión con goce de sueldo.

Poco más de un año después, una noticia internacional se llevaría todas las portadas de los diarios: el atentado contra las torres gemelas en Nueva York. Aquel 11 de septiembre de 2001 el peronismo aprovechó su mayoría en el Senado y se dispuso a tratar el juicio político contra Oyarbide. Con las miradas puesta en Estados Unidos, pocos prestaron atención a lo que se trataba en el Congreso. No se consiguieron los dos tercios de los votos, ya que la votación resultó 21 a 21, y en consecuencia absolvieron al doctor Norberto Oyarbide.

Al día siguiente, con un semblante triunfal pero golpeado por todo lo acaecido, el juez regresó a Comodoro Py. Eligió su mejor traje, el perfume más penetrante y se dispuso a retomar las riendas del despacho, pero no de forma inmediata, pues la Cámara Federal no había recibido la notificación formal.

Aquella mañana prefirió no hablar con la prensa y se refugió en su sillón, aquel que parecía el trono de un palacio.

El nivel de exposición que había tenido no era el tipo de publicidad que le gustaba. Pero buscó rearmarse. Años más tarde tuvo en sus manos el expediente que investigaba a Jorge Rafael Videla como responsable de un plan sistemático de apropiación de hijos de desaparecidos durante la dictadura. También pesaba sobre él una imputación por el secuestro de los empresarios Federico y Miguel Gutheim, en 1976.

El magistrado decidió revocar el beneficio de prisión domiciliaria del que gozaba: “la gravedad de los hechos que se endilgan a Videla resulta un escollo insalvable para el otorgamiento de su libertad ambulatoria”. Por entonces el represor había salido a saludar por la ventana de su casa a algunos simpatizantes que pedían su liberación. Ese día estuvieron cara a cara el juez y el represor y años más tarde, durante una entrevista, Oyarbide contó que Videla lloró como un niño y que cuando le dijo que debía volver a prisión le manifestó que lo que dispusiera lo cumpliría. Entonces firmó la resolución y ordenó su traslado.

Expedientes complejos no le faltaban, a los que se sumaron los hechos de 2009, cuando tuvo a su cargo la investigación sobre el patrimonio de Cristina Kirchner y Néstor Kirchner. Con su lapicera firmó, de forma exprés, el sobreseimiento del delito de enriquecimiento ilícito, pese a que un perito había informado sobre millonarias irregularidades en las declaraciones patrimoniales. Muy criticado por la dirigencia política opositora, de nuevo su nombre estaba vinculado a un escándalo, algo que comenzaba a molestar cada vez más en los pasillos de Comodoro Py.

Años más tarde, el excontador de la familia presidencial, Víctor Manzanares, que declaró como arrepentido en la Justicia, dijo que el magistrado le había dicho cómo hacer la pericia que terminaría con el sobreseimiento. Además dijo que todo “se dio entre medio de masas finas y champán”.

Fuentes consultadas corroboran estos dichos y aseguran que, entre risas, Oyarbide pedía más y más de su bebida favorita. Este hecho le valió una imputación, y entonces declaró que había sido presionado para cerrar la causa. “Me agarraron del cogote”, manifestó ante la prensa en los pasillos de Comodoro Py cuando fue citado a declarar en la causa conocida como los cuadernos de las coimas en 2018. Pero tiempo después se desdijo, mostrando uno de sus rasgos distintivos: el temor.

Se jactaba de haber sido el juez que procesó a Mauricio Macri cuando era jefe del gobierno porteño en la causa por presuntas escuchas ilegales. Aquella resolución quedaría sin efecto cuando, días después de asumir la presidencia, en diciembre de 2015, fue sobreseído por el juez Sebastián Casanello.

La vida de Oyarbide estuvo rodeada de lujos y de una ostentación innecesaria para el cargo que ocupaba. Un anillo que lució un verano tras regresar de las playas de Uruguay, cuyo costo decían que era de 250 mil dólares, le valió dos causas judiciales por presunto cohecho y contrabando, además de un nuevo pedido de juicio político.

Una vez más, se pidió una licencia durante una semana por vacaciones no gozadas.

No fue el único suceso escandaloso que lo acompañó aquel 2014, cuando su declive ya era inevitable: tanto él como el subsecretario legal y técnico de la presidencia Carlos Liuzzi fueron imputados penalmente y comenzaron a ser investigados por el allanamiento a una financiera que el magistrado frenó luego de recibir un llamado del funcionario.

El mismo Oyarbide reconoció que el 19 de diciembre de 2013 Liuzzi lo llamó para decirle que se estaban cometiendo irregularidades en el allanamiento que había ordenado en la mutual Propyme, propiedad de Guillermo Greppi, un conocido e investigado financista del poder político, tras lo cual suspendió el procedimiento. Eso le valió cuatro pedidos de juicio político por presunto mal desempeño.

Acorralado por esta situación, en abril de 2016 decidió renunciar a su cargo. Lo habló con su personal y luego dirigió unas breves palabras a los periodistas que lo esperaban en los pasillos de Tribunales. Solo dijo que estaba agotado y negó haber recibido presiones de la política para tomar la decisión. Ese mismo año fue citado por el juez Sebastián Casanello para que explicara lo que había dicho en una entrevista a La Nación, en la que había manifestado: “Fui víctima de una sutil, espléndida y descarada extorsión”. Pero nada explicó al respecto. El entonces presidente Macri aceptó la renuncia y así se cayeron todas las investigaciones que estaban radicadas en el Consejo de la Magistratura. No lo destituyeron: Oyarbide decidió ponerle punto final a su carrera antes de que le lean una sentencia acusatoria.

¿Qué iba a ser si ya no era juez? La pregunta que muchos se hacían la respondió prontamente el propio Oyarbide, que por entonces comenzó a coquetear con una idea: participar del programa de Marcelo Tinelli. Incluso llegó a proponerle a la periodista Mercedes Ninci que fuera su compañera de baile. Ya en otras oportunidades había demostrado su amor por las tablas. Amante de los trajes más caros arreglados a medida, los buenos perfumes y viajes por doquier, el baile le sentaba bien a su armado look, a su impostada imagen con la que intentó siempre parecer algo que para muchos nunca fue: un juez federal. Tampoco le importó mostrarse en público haciendo un paso al ritmo de la cumbia en una fiesta, o coreografiar un cuarteto cordobés junto con la Mona Jiménez sobre un escenario entonando, copa de champán en mano, el hit “Beso a beso”.

Lejos de los Tribunales de Comodoro Py, el exjuez siguió siendo investigado. Una sospecha por el incremento de su fortuna devino en la apertura de un expediente que pasó por la mano de tres jueces diferentes. Una vez más se cumplía la máxima: en los tribunales de Retiro, entre magistrados, no se inmiscuyen en el patrimonio de ellos mismos. En diciembre de 2018, el fallecido fiscal Jorge di Lello realizó el primer requerimiento de justificación para que el exjuez Oyarbide explicara su incremento patrimonial y sus viajes. El pedido de justificación decía: “En función de las irregularidades detectadas en su entorno, concretamente en lo referente al crecimiento patrimonial de Claudio Blanco y Ariel Roperti, de quienes se presume se vinculan al exjuez en calidad de testaferros”. Para la fiscalía había “sobrados elementos que acreditan estas incongruencias financieras”, se refería a las “lujosas características de la vida del exjuez que se contraponen con los datos de su patrimonio, que registra como única fuente de ingreso su sueldo de juez y la contradicción entre el estilo austero de los bienes registrados y el estilo de vida registrado en notas periodísticas de joyas, comidas en el Mirasol y su asidua presencia en el spa Colmegna”. Asimismo, Di Lello aludió al interior del departamento del juez: “Las paredes estaban enteladas, había cuadros engarzados en papel de oro, esculturas y un piano de cola, mientras que en el baño tendría una tina de mármol de Carrara con sus iniciales incrustadas en oro, demuestran que la austeridad no es tal”.

Pasó el tiempo y, pese a cuatro intimaciones para que explicara ante la justicia, nunca respondió. Omitió los pedidos judiciales, una y otra vez. Lo último que hizo fue una columna en Radio 10 (del grupo empresarial de Cristóbal López) junto con Coco Silly.

Su llegada a la emisora fue todo un show, con un sillón rojo que emulaba el que tenía en su despacho, con galera negra y con champán en mano. En aquella emisión se despachó contra el expresidente: “Macri no me compró porque yo no cotizo en bolsa, pero tuvo la intención de hacerlo”.

Un detalle que pocos conocían de su vida privada: la relación que mantuvo en su juventud con una mujer, Daniela Batelli, con la que estuvo a punto de contraer matrimonio, pero con quien terminó entablando una gran amistad. Con ella soñaba convertirse en padre, pero no llegó a concretar aquel anhelado proyecto, aunque ahora la locutora asegura que sigue con el deseo de convertirse en madre de un hijo de Oyarbide. Norbertito, como ella lo llamaba, hace muchos años, acudió a un banco de esperma para concretar ese proyecto familiar.

Oyarbide soportó 47 pedidos de juicio político bajo diferentes presidencias. Eso demuestra algo: pese a su estilo peculiar, supo enfrentar los vientos de la política. De todas aquellas acusaciones salió indemne. Lejos de los flashes que tanto amaba, el 1 de septiembre de 2021 Norberto Oyarbide falleció en soledad. Irónico, era ese su mayor temor.

Luego de dos meses internado por una afección pulmonar que le generó el coronavirus que contrajo tras celebrar su cumpleaños, su última fiesta, su último baile, su último brindis con champán. Un solo aviso fúnebre salió con su nombre: pertenecía al consorcio del edificio donde vivió prácticamente toda su vida. Con él se fue una parte de los años 90, de Comodoro Py. Con él se fue “la impunidad con olor a Hermès”.

LS/LM

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