Convertir planes en empleo, un proyecto recurrente que choca siempre con el mismo obstáculo

Es, tal vez, la consigna más repetida de las últimas semanas. Concilia a oficialistas y opositores; a partidos políticos y organizaciones sociales; lo reclaman los empresarios reunidos en el Coloquio de IDEA y también el creador de la cumbia 420, L-Gante, en la quinta presidencial. “Convertir planes sociales en trabajo genuino” es una de esas pocas ideas sobre las que hay, en la Argentina, un consenso monolítico.

Esta semana el presidente Alberto Fernández firmó el decreto 711/2021 para transformar el Potenciar Trabajo y el programa de Inserción Laboral en “incentivos para la contratación” en el sector privado al integrar ese dinero como parte del salario. La norma establece que ante la posible finalización del contrato de trabajo, las personas pueden volver a percibir la asistencia. Así, el beneficiario o beneficiaria no pone en riesgo una fuente de ingresos segura —temor que, en algunos casos, funciona como obstáculo para la formalización— y los empresarios se benefician con una reducción del costo laboral. 

El decreto, cuya letra chica resta definir por los ministerios de Trabajo y Desarrollo Social, llega como corolario de una serie de iniciativas que el Gobierno fue anunciando por separado. La primera fue la compatibilización de planes y contratación formal para trabajadores rurales con régimen de trabajo temporal. Luego se sumaron los sectores de construcción y de gastronomía y hotelería y se espera que la modalidad se expanda a otros. 

Aunque genera entusiasmo cada vez, la idea no es nueva. Por el contrario, es un proyecto recurrente de las últimas décadas que se relanza periódicamente con cambios de nombre y pequeños ajustes de forma y que no suele alcanzar los resultados esperados. 

No hay que remontarse mucho hacia atrás para encontrar una iniciativa casi idéntica a la lanzada por Fernández esta semana. Mauricio Macri impulsó el “Empalme”, que habilitaba a las trabajadoras y los trabajadores incluidos en programas nacionales (por ese entonces Ellas Hacen, Argentina Trabaja y Construir Empleo) a que mantuvieran sus ayudas económicas por hasta 24 meses. Del mismo modo que en la iniciativa del Frente de Todos ese dinero que aportaba el Estado podía ser contabilizado por los empleadores como parte de la remuneración mensual.

El programa impulsado por Mauricio Macri proyectó 80.000 “empalmes” por año. Sin embargo, de acuerdo a las presentaciones hechas al Congreso por el entonces jefe de Gabinete, Marcos Peña, el dato anual de incorporaciones anuales estuvo en torno a los 12.000 entre 2017 (año en que se lanzó) y 2019.  

“Dentro del Ministerio de Trabajo, e incluso de Desarrollo Social, siempre tuvieron en funcionamiento programas de este tipo. En general lo que se hace es brindar algún tipo de capacitación y vínculo con empresas, con algún subsidio temporal al empleo”, repasa Leopoldo Tornarolli, economista del Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (Cedlas). “Por ejemplo, antes de 2009, cuando se intentaba dar una salida a los beneficiarios del Jefes y Jefas que aún no habían conseguido empleo formal estaba el Seguro de Capacitación y Empleo, que se dirigía a un subgrupo de beneficiarios que se entendía que tenían más chances de ingresar al mercado laboral”, añade. 

“Iniciativas de este tipo ha habido millones —coincide el economista Oscar Cetrángolo, experto en financiación y políticas públicas—. Lo que ocurre es que no hay condiciones macro”. “Podes hacer lo que quieras, pero el empleo no se genera con un plan salvo que pienses que lo hay que hacer es dar empleo público, que es un poco la solución que tomaron muchos países después del 30, siempre que haya espacio fiscal”, sumó. 

Para Cetrángolo, la generación de empleo privado tiene como condición de posibilidad una economía dinámica. Sobre ese argumento también coincidieron los economistas Emmanuel Alvarez Agis y Hernán Lacunza (el primero, ex viceministro de Axel Kicillof; el segundo, ministro de Economía de Mauricio Macri) en el escenario de IDEA. “Todos las propuestas se equivocan en el diagnóstico del principal problema del empleo. Estamos tratando de transformar planes en empleo cuando no hay demanda. Si no crecemos, ninguna propuesta va a ser efectiva”, dijo Alvárez Agis, reafirmado luego por Lacunza. 

La fórmula más recurrente para intentar hacer el empalme es bajar el costo laboral mediante reducción de contribuciones patronales o, como en el caso más reciente, mediante el subsidio del salario por parte del Estado. “Con esto hay que tener cuidado y evaluar el costo fiscal de recaudar menos impuestos, porque nada debería ir en contra del subsanar la macro, que es en el fondo lo que se necesita para solucionar el problema”, advierte Cetrángolo. 

“El problema central del empleo en la Argentina no es la formalidad o informalidad legal sino que la mayoría de los trabajadores en la Argentina están insertos en un circuito de muy baja productividad”, opina Rafael Rofman, titular del programa de Desarrollo Económico y Protección Social en el Cippec. Según el economista, hay una larga historia de programas destinados a integrar a los beneficiarios al mercado de trabajo: desde los planes Trabajar de los 90 al Potenciar Trabajo. “Me parece razonable querer que en vez de planes sociales basados en transferencias de ingresos haya creación de empleo, pero no es algo que se resuelva por decreto sino con un crecimiento sostenido y una normativa laboral moderna que reconozca los desafíos del mercado laboral actual”, señala el especialista, que trabajó 18 años en el Banco Mundial. “Si no tenés eso, todo pasa a ser una discusión de principios más que de realidades”.

DT