Crecer sin desarrollo: las consecuencias del modelo económico

La dinámica económica actual, a primera vista, parece contradictoria: la economía crece, pero la mayoría de la gente vive cada vez peor. La actividad repunta, pero el empleo cae, los salarios pierden poder adquisitivo y las familias tienen más dificultades para llegar a fin de mes. 

Lejos de ser algo raro o transitorio, este desacople entre los indicadores macroeconómicos y la percepción cotidiana expresa un patrón de funcionamiento cada vez más estructural.

La explicación principal radica en la reconfiguración productiva que impulsa el actual modelo económico: apreciación cambiaria, apertura comercial indiscriminada, reducción del gasto público y una presión sostenida para bajar los salarios. Este esquema castiga especialmente a los sectores dependientes del mercado interno, mientras que los que logran expandirse son aquellos que cuentan con ventajas comparativas naturales, como el agro, la minería y el petróleo.

Entre 2023 y 2025, el PBI creció un 3%. Sin embargo, ese avance se concentró casi exclusivamente en el sector agropecuario (impulsado por la recuperación tras la histórica sequía), con aportes más acotados de la minería y la intermediación financiera. Si se excluye al agro, el resto de la economía prácticamente no creció en relación con 2023.

El impacto sobre el empleo es directo. Mientras los sectores “perdedores” (industria, comercio y construcción) explican cerca del 45% del empleo privado formal, los sectores “ganadores” (agro, minería e intermediación financiera) representan menos del 9%. Pero incluso dentro de estos últimos se registran caídas en la cantidad de puestos de trabajo en los últimos dos años.

Desde noviembre de 2023 se destruyeron 283.000 empleos asalariados formales (206.000 en el sector privado y 77.000 en el público) y cerraron más de 24.000 empresas con trabajadores registrados. La creación de aproximadamente 158.000 monotributistas no alcanza a compensar esa pérdida y, en muchos casos, refleja un proceso de creciente precarización laboral.

En definitiva, la primarización de la estructura productiva genera un desacople entre la evolución de la actividad y el empleo. El año 2025 se convirtió en el primero del que se tenga registro en el que la economía creció (4,4%) mientras el empleo cayó (–0,5%). 

Más allá del arrastre estadístico, el problema de fondo es que los sectores más dinámicos no tienen capacidad para absorber el empleo que se destruye en las actividades más afectadas por el esquema económico vigente. El resultado es un patrón de crecimiento que, por su propia composición, tiende a generar mayores niveles de desempleo estructural y de informalidad.

Al aumento del desempleo se suma el deterioro de ingresos. Desde noviembre de 2023 los salarios de trabajadores registrados cayeron un -7,9% (-2,3% en el sector privado y -17,9% en el público). Dicha caída se da sobre salarios que ya se encontraban sumamente deprimidos tras la caída de los años 2018 y 2019, que no se recuperó en los años siguientes. Así los salarios de trabajadores se ubican un 28,6% por debajo de agosto de 2017 (-23,3% en el sector privado y -37,7% en el público). 

Además, estos datos están subestimados: la medición oficial de la inflación sigue usando una canasta de consumo de hace más de dos décadas (del año 2004), poco representativa de lo que hoy gastan los hogares argentinos. Si usamos la nueva canasta relevada en 2017, la caída del salario real de los trabajadores del sector privado pasa del 2,3% al 8,6% y para los trabajadoras/es del sector público empeora del 17,9% al 23,2%. 

Por eso las familias deben desprenderse de ahorros o tomar deuda para llegar a fin de mes. La mora en el crédito bancario llegó al 11,2% en febrero, multiplicándose más de cuatro veces en poco más de un año y alcanzando su mayor nivel desde 2004. 

Una oportunidad histórica: ¿extractivismo o desarrollo?

El proceso de desindustrialización no es nuevo y, de hecho, forma parte de una tendencia global que también afecta a países desarrollados. Sin embargo, la caída reciente en Argentina es particularmente intensa. La participación de la industria en el PBI se encuentra en mínimos de las últimas décadas y la utilización de la capacidad instalada permanece en niveles muy bajos, incluso por debajo de los registrados durante la pandemia.

El impacto de este proceso excede el mercado laboral. La industria sigue siendo un sector estratégico por múltiples razones: sus rendimientos crecientes a escala, la generación de encadenamientos productivos, el dinamismo de su frontera tecnológica (concentra buena parte de la innovación), su capacidad para generar y ahorrar divisas (clave en una economía bimonetaria como la argentina) y su rol en la estructuración territorial de los centros urbanos, entre otros.

Este diagnóstico cobra aún más relevancia en un contexto global que abre una ventana de oportunidad excepcional para la Argentina. El mundo avanza en un proceso de transición energética que demanda los recursos que nuestro país posee en abundancia. A las reservas de gas y petróleo se suman condiciones privilegiadas para el desarrollo de energías renovables (solar, eólica, hidroeléctrica, etc.) en todo el país. A esto se agrega una ventaja menos frecuente: una trayectoria consolidada en el desarrollo nuclear, con capacidades propias para diseñar reactores, producir combustible y exportar tecnología. En un mundo que busca diversificar su matriz energética, estos activos adquieren un valor estratégico.

El potencial no se agota en la energía. Argentina también cuenta con recursos minerales estratégicos para la economía del siglo XXI: litio, cobre, oro, plata y tierras raras, fundamentales para baterías, electromovilidad, electrónica y tecnologías avanzadas. 

La pregunta central es qué hacer con esa dotación de recursos. Existen dos caminos posibles. Uno es utilizar estos recursos como plataforma para el desarrollo, promoviendo encadenamientos productivos, agregando valor local y fortaleciendo capacidades tecnológicas. El otro es consolidar un modelo extractivo, en el que la explotación queda en manos de grandes empresas multinacionales con escasa articulación con el resto de la economía. 

La experiencia histórica es clara. Todos los países hoy desarrollados tomaron el primer camino e impulsaron su industrialización mediante políticas activas: protección comercial inteligente, subsidios focalizados, inversión pública en infraestructura y en tecnología. En definitiva, llevaron adelante una planificación estratégica que puso objetivos claros y bien coordinados con el sector privado. Solo una vez alcanzado el desarrollo promovieron e impusieron la apertura y el libre mercado como regla general. 

Esta conducta de los países ya desarrollados fue conceptualizada como “patear la escalera”: utilizar herramientas de desarrollo y luego limitar la capacidad de otros países de aplicar esas mismas medidas. Sin embargo, en los últimos años ese paradigma comenzó a resquebrajarse. El ascenso de China como potencia industrial y tecnológica obligó a las economías avanzadas a volver a aplicar las medidas intervencionistas del pasado, pasando por encima de los organismos internacionales que ellos mismos habían creado para prohibir esas políticas, como la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Esto también implica una ventana de oportunidad para países como la Argentina, porque los espacios para proteger e impulsar sectores estratégicos son mayores que en el pasado. Pero el país va totalmente a contramano del mundo. Mientras los países centrales (o algunos de la región como Brasil) vuelven a implementar aranceles, subsidios y programas de inversión en ciencia y tecnología para reconstruir capacidades productivas, la Argentina se abre de manera indiscriminada al comercio exterior, paraliza la inversión en infraestructura, desfinancia el sistema científico tecnológico, desmantela los programas de incentivo productivo e industrial y avanza en un proceso de privatización y/o apertura al capital privado (en muchos casos extranjero) de empresas públicas en sectores estratégicos, como Nucleoeléctrica (energía nuclear), Enarsa (energía), Yacimientos Carboníferos Río Turbio (carbón), AySA (servicios públicos de agua y saneamiento), IMPSA (ingeniería energética y metalúrgica), entre otras. 

El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) es, quizás, la expresión más clara del abandono de impulsar un plan de desarrollo autónomo. Argentina necesita de la inversión extranjera directa (IED) como complemento para potenciar los sectores en los que tiene alto potencial, pero no en la forma en que la promueve el RIGI. El régimen otorga excesivos beneficios impositivos y facilidades cambiarias, con escasos requerimientos de integración productiva local, transferencia tecnológica o generación de empleo de calidad.

Por el momento, hay proyectos aprobados por unos USD 16.000 millones y otros USD 17.000 millones se encuentran en evaluación, en su inmensa mayoría vinculados a la minería y la energía. Las inversiones que lleguen en el marco de este régimen tendrán, previsiblemente, un marcado perfil extractivista sin siquiera garantizar el alivio en materia de divisas. 

En el plano comercial, las empresas adheridas al RIGI cuentan con un régimen cambiario especial que les permite flexibilizar la obligación de liquidar divisas provenientes de exportaciones, al tiempo que pueden importar bienes vinculados a sus proyectos con arancel cero. En el plano financiero, disponen de amplias facilidades para acceder al mercado de cambios. En este marco, el ingreso inicial de divisas asociado a las inversiones podría verse, en el tiempo, compensado por la remisión de utilidades y la salida de capitales sin fines específicos. A esto se suma la posibilidad de recurrir a tribunales arbitrales internacionales, como el CIADI, para dirimir controversias con el Estado, lo que limita los márgenes de acción de la política económica y traslada eventuales disputas fuera del ámbito judicial local.

Como señalaba Aldo Ferrer, “cada país tiene la globalización que se merece”, en función de cómo responde a sus desafíos y oportunidades. Argentina enfrenta hoy una disyuntiva clara. Cuenta con recursos, capacidades y una ventana de oportunidad para impulsar el desarrollo. Pero también corre el riesgo de profundizar un patrón de especialización basado en la exportación de recursos naturales, con escaso impacto en el empleo y en las condiciones de vida de la población.

La disociación entre crecimiento económico y bienestar social, al igual que la dependencia externa, tenderán a profundizarse si se mantiene este rumbo. Aún estamos a tiempo de corregirlo: tomar las riendas de nuestro propio destino y aprovechar los recursos disponibles para impulsar un salto productivo que no solo haga crecer la economía, sino que mejore efectivamente la vida de la mayoría.

El autor es economista. Miembro del Grupo Paternal. 

AR