Tras el derrape de febrero, se expande es la economía informal y se resienten los servicios del Estado

Pese a que la mayoría de los sectores económicos de la Argentina no se recuperaron en 2025 de los dos años anteriores de caída, el PBI rebotó de la mano de cuatro actividades que generan poco empleo, los hidrocarburos, la minería, el campo y las finanzas. Pero pese al empuje de esas áreas, la actividad en general derrapó en febrero último. En la comparación contra el mismo mes del año anterior bajó 2,1%, no caía desde noviembre y no se contraía tanto desde septiembre de 2024, cuando empezaba a despegar la economía como conjunto. En relación al mes anterior, se achicó 2,6%, no lo hacía también desde noviembre y no se ajustaba tanto desde diciembre de 2023, cuando Javier Milei iniciaba su destrucción del Estado con la motosierra en la mano.

En febrero, la industria se derrumbó 8,7%; el comercio, 7% y los servicios de gas, luz y agua, 6%. Mermaron la administración pública, 1,5%; la construcción, 0,6%; la actividad inmobiliaria, 0,5% y el transporte y las comunicaciones, 0,3%. Son una caída al segundo o tercer subsuelo porque representan sectores que caen año tras año. La minería y los hidrocarburos, en cambio, vuelan al 9,9%; el campo, al 8,4%; las finanzas, al 6% y la pesca, al 14,8%.

La mayoría de los economistas que más aciertan en los pronósticos descarta que el tropezón general de febrero se repita a lo largo del año. Martín Rapetti, de la consultora Equilibra, vaticina un “crecimiento promedio muy bajo”, del 2%, menor al 5% sobre el que se basa el presupuesto de ingresos y gastos del Gobierno. Es el mismo número de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL). “Con los sectores primarios creciendo y el resto cayendo, un sector grande de la economía de mínima está deprimido”, comenta Rapetti.

“Vamos a crecer 2,8% entre los que avanzan y retroceden, pero la desocupación puede aumentar porque los que retroceden son más mano de obra intensiva y los que crecen no ocupan mucha gente”, advierte su colega Orlando Ferreres. En Invecq Consulting, Manuel Cerdan prevé 2,5%, aunque con gran heterogeneidad por sector. “Los orientados al mercado interno enfrentarán un proceso de recuperación más lento”, describe Cerdan. Otro analista, Mauricio Monge, de la consultora británica Oxford Economics, prevé que los números mejoren respecto a febrero por el sector extractivo y por la cosecha del campo.

Como consecuencia de la floja actividad económica, la recaudación tributaria cayó en marzo por octavo mes consecutivo. Esta baja se explica también por otros dos factores. Por un lado, las rebajas de impuestos impulsadas por Milei y aprobadas por el Congreso, sobre todo orientadas a los más ricos. Por otro, que la crisis de los diversos sectores orientados al mercado interno y que más empleo generan lleva a que algunas empresas e individuos comiencen a actuar más en la informalidad, de modo de ahorrar en impuestos. Esta tendencia a la evasión también es una reacción al discurso y la acción del Gobierno: entre los elogios del Presidente a los evasores y su catalogación del tributo como “robo”, los menores monitoreos anunciados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la ley de inocencia fiscal, que también relaja la vigilancia.

El jefe de la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard, sin dejar de criticar la posición pro evasión del Gobierno nacional, disiente con Milei en que sea esta la razón de la reducción de la recolección de impuestos sino “la depresión del mercado interno, producto de la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, la desocupación y el sobreendeudamiento de las familias”. Agrega que no se veía una merma tan larga y profunda desde la pandemia.

No obstante, en ARBA también registran un aumento de la evasión. En 2023, había detectado 52.562 contribuyentes, entre empresas e individuos, que no habían emitido factura ante ventas hechas por transferencia o tarjetas de crédito y débito, según la información que le provee los posnet como los de Mercado Pago (de Mercado Libre), que representan la mitad del segmento. En 2025 se observaron 77.231, un 46% más.

Después están los casos de quienes prefieren cobrar en efectivo e incluso ofrecen un descuento a cambio, según observa un exjefe de lo que ahora se llama ARCA. Pero también hay quienes prefieren vender al contado para evitar las comisiones que cobra cada terminal. Por transferencia hay que pagarles 0,8% más IVA; por tarjeta de débito, desde 0,8% más IVA de Fiserv hasta 1,2% de Nave (del grupo Galicia), 2,9% de Ualá 3,19% de Getnet (del Santander) y 3,25% de Mercado Pago; y por la de crédito, desde el 4,5% de Nave y el 4,9% de Ualá hasta el 6,19% de Getnet, 6,29% de Mercado Pago y 6,3% de Fiserv. Aquellos que ya no toleran tantos costos terminan cerrando, como sucedió con 24.000 empresas en la era Milei.

Un reciente informe de la Fundación Mediterránea sobre la recaudación atribuye la baja sobre todo a la “tendencia a la informalidad”. Así lo justifican Marcelo Capello, Gaspar Reyna y Federico Belich: “Mientras el IVA representó 11,8% del consumo privado en el tercer trimestre de 2023, dicha relación bajó casi todos los meses hasta ubicarse en 9,6% en el cuarto trimestre de 2025, una de las relaciones más bajas desde 2015”. Explican que más de un contribuyente optó por financiarse sin pagar impuestos ante las mayores tasas de interés de los créditos.

“La caída en la recaudación asociada a la actividad económica pareciera estar reflejando no sólo las tendencias recesivas que atraviesan a varios sectores vinculados al mercado interno sino probablemente también el incumplimiento tributario, que generalmente es un subproducto de las situaciones de crisis, particularmente del entramado PyME, que siempre cuando el costo del crédito es alto o escaso tienden a financiarse con ARCA”, comenta otro exjefe del organismo. “A ello se suma el relajamiento de los controles tributarios que me cuentan están ocurriendo. La precarización del empleo y el aumento de la informalidad reflejan la misma tendencia”, agrega.

Uno de los principales empresarios de la construcción ratifica el giro a la evasión. Otro de los popes de la Unión Industrial Argentina (UIA) también: “No hay economía y lo poco que hay pide más en negro”. En la Mesa de Enlace, uno de los dirigentes no ve “más economía en negro en el sector, pero que hay economías que están empezando a convertirse en inviables económicamente, como yerba mate, arroz y frutas”. Otro empresario comenta que el campo crece, pero como evade mucho esa bonanza en las provincias, donde ante la caída recaudatoria se produjeron conflictos por salarios de docentes, policías o médicos, los tres servicios donde se va la mayoría del gasto de los gobernadores.

Mientras, en la ciudad de Buenos Aires, la venta ilegal callejera aumentó 5% interanual en febrero, según la Cámara Argentina de Comercio (CAC). La misma entidad relevó que en marzo a nivel nacional el consumo cayó 1,5% porque derrapa el masivo y la recreación y están estancados los de ropa, transporte, vivienda y servicios públicos.

Tres contadores de empresas consultados observan que, pese al discurso del Gobierno y la relajación de los contribuyentes, los inspectores de ARCA están tan intensos como siempre con las intimaciones a los pequeños y medianos. Si bien en reuniones con las máximas autoridades del organismo, habían escuchado que se concentrarían en los más grandes, no está sucediendo. Un contador lo atribuye a una actitud histórica de la línea de empleados de la agencia. Otro experto tributario, en cambio, observa un doble discurso del mandamás de ARCA, Andrés Vázquez, que pese al palabrerío libertario de Milei se ve en la obligación de apretar a los contribuyentes ante el mal desempeño de la recolección de gravámenes.

Lo que no se le ocurre a Vázquez es actualizar la resolución de 2018 que impuso el IVA a las ventas de servicios digitales de empresas sin domicilio en la Argentina sino en el exterior. Es así que no paga IVA y, por tanto, tampoco Ingresos Brutos en las provincias ni Uber -su rival Cabify, sí, porque tiene residencia tributaria en el país- ni las chinas Shein y Temu, que compiten de manera desigual con Mercado Libre y con otras compañías del extranjero que están incluidas en aquella resolución, como Amazon y Alibaba. En el caso de Uber, tampoco los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández la incluyeron, quizás porque en paralelo hay una causa judicial para que instale su sede fiscal en la Argentina. En cambio, los fenómenos de Shein y Temu surgieron con la ola importadora de Milei.

En plan de abrir la economía y que los productos importados bajen los precios del mercado interno, ARCA también ha relajado los controles del contrabando, tanto el que pasa en forma clandestina por la frontera como el que llega escondido en contenedores por los puertos y los aeropuertos. El año pasado, los industriales reclamaron más vigilancia, pero todo sigue igual. Hasta huevos se contrabandean, según la Cámara de Productores Avícolas (CAPIA).

Pero lo que más entra sin declarar son los celulares. “Uno de cada tres celulares que se vende en la Argentina no se fabricó ni se importó legalmente”, comenta la directora ejecutiva de la Asociación de Fábricas de Electrónica (Afarte), Ana Vainman. “Lo detectamos por las activaciones”, añade. En una de las principales empresas del sector comentan que la mitad de las activaciones ocurren en la frontera con Paraguay y la otra, en el aeropuerto de Ezeiza.

“El crecimiento del comercio informal de dispositivos móviles está impulsado por canales digitales, con una concentración del 60% en redes sociales y del 40% en plataformas de comercio on line”, apuntan en Afarte. En una compañía electrónica apuntan que por un lado se venden por las redes de Meta (Instagram, Facebook o Whatsapp) y, por otro, por Mercado Libre. “Los vendedores utilizan una modalidad comercial híbrida, mezcla de stock legal e informal, para fragmentar la trazabilidad operativa y ejecutar estrategias de evasión fiscal ante los entes reguladores”, completan en la cámara de la electrónica de Tierra del Fuego, donde con ajuste de personal todavía se ensamblan teléfonos pese a que este año enfrentan la competencia legal sin arancel de importación. Pero a los contrabandeados no hay con qué darles: cuestan entre 40% y 50% menos que los legales porque evaden todo impuesto. A su vez, la importación legal e ilegal se beneficia de un dólar barato que disminuye el precio de su oferta frente a la encarecida producción nacional en un país con mayor inflación medida en moneda norteamericana.

Para completar el cuadro, también crece la informalidad laboral. En 2023, el 41% de los trabajadores argentinos, tanto empleados como cuentapropistas, estaba no registrado. En 2025, el 43%. En cuanto a los que están en relación de dependencia, los carentes de derechos pasaron del 35% al 36%. Leve alza respecto a un nivel heredado alto y pese a la moratoria laboral que dispuso este gobierno.

“En estos procesos en los que se destruye empleo y tejido productivo y no hay crecimiento económico, en lugar de haber una transición progresiva del empleo del textil a los servicios basados en conocimiento o la banca, se van a trabajos informales de subsistencia”, describe Diego Coatz, que dejó su cargo de director ejecutivo de la UIA con el ascenso de Martín Rappallini a la presidencia y ahora es consultor. “Una costurera se va a trabajar al servicio doméstico, un operario a la construcción informal, del comercio en blanco a La Salada, el que tiene un auto se pone un Uber y el que tiene moto o bici se hace repartidor. Son transiciones regresivas, de un empleo bueno a otro malo.”

Con tanta evasión y con el mal desempeño de la actividad económica interna, no es de extrañar que el Estado recaude cada vez menos y que, por tanto, pueda ofrecer peores servicios. Los jubilados de la mínima siguen cobrando menos que en 2023 y sufren los recortes del PAMI en atención médica y acceso a medicamentos, las personas con discapacidad se encuentran con que quienes los atienden se dan de baja, los afiliados a las obras sociales también terminan en los hospitales públicos porque las clínicas no los atienden a tiempo, el Instituto Oncológico Roffo da turnos a seis meses, en las universidades se multiplican los paros, en diversas provincias también los docentes van a la huelga, el Estado deja de comprar libros para las escuelas y promete reemplazarlos con cheques, los colectivos mantienen una reducción del 10% de las frecuencias porque los subsidios y las tarifas no cubren los costos, mientras el acceso a la vivienda social, las cloacas y la urbanización de villas se ha paralizado. Al final de cuentas parece que los impuestos no eran tan malos.

AR/MG