Licitación de la hidrovía: el Gobierno oficializó los dos finalistas con el proceso cuestionado por irregularidades

El Gobierno avanzó este lunes en la licitación de la Vía Navegable Troncal al confirmar las dos empresas que competirán en la instancia económica final por el contrato de dragado y mantenimiento de la principal autopista fluvial del país, la hidrovía del Paraná-Paguay. Pero el proceso llega a esa etapa con serias observaciones del Ministerio Público Fiscal sobre posibles irregularidades que, según la propia procuraduría especializada, podrían derivar en consecuencias administrativas e incluso penales.

La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) publicó este lunes en el Boletín Oficial la Resolución 28/2026, que ratifica la precalificación técnica de los consorcios Jan de Nul N.V. junto a Servimagnus S.A. —la firma belga que opera actualmente la hidrovía— y DEME (Dredging, Environmental & Marine Engineering NV), también de origen belga. Una tercera postulante, la brasileña DTA Engenharia Ltda., había sido descartada en una etapa anterior. La apertura de las ofertas económicas está prevista para este martes 19 de mayo a las 13 horas a través del portal CONTRAT.AR.

La licitación, que busca adjudicar bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje las tareas de dragado, señalización y mantenimiento del tramo que va desde la confluencia del Paraná hasta el Río de la Plata exterior, involucra inversiones estimadas en más de 10.000 millones de dólares y cubre la vía por la que circula cerca del 80% de las exportaciones agroindustriales del país.

El proceso se enmarca en la reestructuración del sector dispuesta por el DNU 3/2025, que disolvió la Administración General de Puertos (AGP) y creó la ANPYN. El Gobierno destacó que contó con el asesoramiento de la UNCTAD y habilitó instancias de participación ciudadana que recibieron más de 200 consultas.

Sin embargo, el avance administrativo coexiste con alertas institucionales de peso. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), dependiente del Ministerio Público Fiscal, emitió días atrás un nuevo dictamen —enviado a la fiscalía federal 9 en el marco de una causa penal en curso— en el que señaló una serie de problemas en el proceso: ausencia de estudios de impacto ambiental actualizados, falencias en la cláusula anticorrupción, intervención meramente formal del área jurídica de la ANPYN, y la posibilidad de que el contrato sea cedido a terceras empresas que no cumplieron los requisitos técnicos originales. El organismo también advirtió sobre un posible direccionamiento del resultado, vinculado al mayor peso asignado a la oferta técnica por sobre la económica.

Lo que agrava el cuadro es que no se trata de observaciones nuevas. La PIA había emitido un dictamen similar en febrero de 2025, antes de que el Gobierno diera de baja el primer llamado a licitación por las mismas razones. Esta vez, la procuraduría concluyó que la administración nacional volvió a incurrir en buena parte de aquellas irregularidades. La conclusión del organismo fue taxativa: el proceso podría derivar en una adjudicación pasible de reproches tanto en el plano administrativo como en el penal.

En el plano político, el diputado Jorge Taiana presentó un proyecto para rechazar la licitación y reclamar su suspensión hasta que se subsanen los problemas señalados por la Fiscalía Anticorrupción. Desde el otro lado, entidades como la Bolsa de Comercio de Rosario, la Unión Industrial Argentina y cámaras del sector portuario y naviero expresaron su respaldo al avance del proceso, argumentando la urgencia de las obras de profundización de calado para sostener la competitividad exportadora.

La apertura de los sobres económicos de este martes despejará parte del misterio sobre quién administrará la hidrovía durante las próximas décadas. Pero la sombra del dictamen de la PIA proyecta incertidumbre sobre la validez jurídica de lo que se resuelva.