Sin cumplir la Ley de Financiamiento Universitario, el Gobierno piensa en “créditos transferibles” para estudiantes

“Reforma Becker”. Bajo ese título el subsecretario de Política Universitaria, Alejandro Álvarez, presentó un programa de reforma universitaria mientras el Gobierno desfinancia a las casas de altos estudio. El funcionario escribió una columna en medio ultraoficialista La Derecha Diario en el que propone un sistema de “créditos académicos transferibles” que permita a los estudiantes moverse entre carreras y disciplinas sin perder materias, con el argumento de maximizar el retorno de la “inversión” en formación.

El problema es que ese anuncio de “modernización” coexiste con una realidad que los propios números del sistema universitario desmienten: el Gobierno lleva más de 200 días sin cumplir la Ley de Financiamiento Universitario, votada dos veces por el Congreso y reclamada por una multitud la semana pasada en la cuarta marcha federal.

Álvarez hizo su columna de opinión como un “homenaje” al economista Gary Becker, cuyas ideas inspiran el nombre del propio Ministerio de Capital Humano, según decidió Javier Milei. Álvarez propone un conjunto de medidas que describe como una aplicación práctica de las ideas de Becker.

Además de los créditos transferibles, plantea incentivos a la graduación, priorización de carreras vinculadas a ciencia, tecnología e ingeniería a través de las Becas Belgrano, y exigencia de mayor regularidad académica. El subsecretario también sostiene que el presupuesto universitario creció en términos reales por encima de la inflación, una afirmación que choca frontalmente los datos del propio documento del frente universitario y las mediciones independientes del período.

Según el documento conjunto firmado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), los sindicatos docentes y la Federación Universitaria Argentina (FUA) en ocasión de la cuarta marcha federal, las transferencias a las universidades nacionales acumularon una caída real del 45,6% entre 2023 y 2026, y los gastos de funcionamiento no superaron en ningún mes el 64% del valor que tenían en enero de 2023. Traducido en tiempo, el sistema perdió el equivalente a casi nueve meses de transferencias durante la gestión actual.

El derrumbe salarial es aún más pronunciado. Con una inflación acumulada del 293,3% frente a incrementos salariales del 147,3%, los docentes universitarios perdieron el equivalente a casi 11 sueldos en el período y perciben hoy, según la declaración de las organizaciones universitarias, los salarios más bajos de los últimos 23 años y de toda América Latina.

Las Becas que Álvarez menciona como herramienta central del nuevo esquema atraviesan, en paralelo, su propio proceso de desfinanciamiento. Las Becas Progresar permanecen congeladas y perdieron buena parte de su poder adquisitivo; las Becas Estratégicas Manuel Belgrano que él mismo reivindica enfrentan, según la declaración universitaria, una situación de “incertidumbre y desfinanciamiento”; y las becas de vocaciones científicas están directamente suspendidas.

El propio Álvarez admite en su texto que el costo promedio por graduado en las universidades nacionales durante 2024 fue de 52,3 millones de pesos y que el tiempo promedio para recibirse ronda los 9 o 10 años. Lo que no dice es que ambos indicadores empeoran cuando el sistema carece de financiamiento adecuado para sostener a sus docentes y a sus estudiantes.

La comunidad universitaria lleva cuatro marchas, el Congreso votó dos veces y la Justicia federal ordenó dos veces el cumplimiento de la ley. El Gobierno ignoró cada uno de esos mandatos y ahora mira hacia adelante con propuestas de reforma libertarias. “La reforma que proponemos no es contra nadie. Es a favor de los estudiantes, de las familias y del futuro de Argentina”, plantea Álvarez, que en cuatro puntos propone:

MC