El colectivo desde hoy sale más caro, a pesar de que cada vez funciona peor

Para quienes viven de su salario, viajar al trabajo cuesta más desde hoy y consume más tiempo desde hace semanas. El boleto de colectivo en las líneas nacionales del AMBA sube desde este lunes y el ajuste llega cuando los usuarios ya enfrentan menos unidades, esperas más largas y viajes más cargados. La suba alcanza a las líneas que unen la Ciudad de Buenos Aires con municipios bonaerenses y forma parte de un esquema escalonado que también incluye incrementos en trenes metropolitanos. La Resolución 26/2026 abrió el procedimiento de participación ciudadana para modificar los cuadros tarifarios y la Resolución 27/2026 aprobó los nuevos valores, con vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial.

El aumento del colectivo es de 2% para los servicios automotores de jurisdicción nacional. El boleto mínimo pasa a $714 para usuarios con SUBE registrada, mientras que la tarifa social queda en $321,30 y el pasaje para quienes no tengan la SUBE nominalizada asciende a $1.428. El esquema prevé nuevas actualizaciones en junio y julio: el mínimo pasa a $728,28 y luego a $742,81, según el anexo tarifario oficial.

En trenes metropolitanos, la suba llega hasta 18%. El cuadro tarifario oficial ubica la tarifa plana con SUBE nominalizada en $330 para las líneas metropolitanas, mientras que el pago en efectivo figura en $1.100. La resolución aprobada este lunes establece cinco etapas mensuales consecutivas para el transporte ferroviario y tres para el automotor. El Gobierno traslada una parte de los costos del sistema al usuario en el mismo momento en que el servicio se volvió menos previsible para quienes lo usan todos los días.

La consulta pública que precedió a la aprobación de los cuadros tarifarios duró tres días hábiles administrativos, permitió presentar opiniones o propuestas una sola vez por persona. Los aportes no son vinculantes. La propia Resolución 26/2026 señaló que el procedimiento buscaba recibir comentarios sobre la modificación de tarifas de colectivos y trenes de jurisdicción nacional. La participación existió, pero el poder de decisión quedó en manos del Ejecutivo.

En una nota publicada en elDiarioAR, León Nicanoff mostró el malestar de usuarios en Plaza Constitución tras la reducción de frecuencias de colectivos en el AMBA. Empresas del sector redujeron hasta 30% la cantidad de unidades en circulación, en medio de la disputa por subsidios, costos y salarios. Trabajadores que salían de sus empleos y quedaban atrapados en filas que se mezclaban entre líneas, con dudas sobre qué colectivo llegaba y con viajes cada vez más inciertos.

Uno de los testimonios resume el costo oculto del ajuste sobre la vida cotidiana. Jorge Ramírez, de 41 años, contó que trabaja en una obra en Capital y después maneja Uber en Lomas de Zamora. Las demoras le quitan horas de su segunda actividad. “Ya no aguanto, es como tener un tercer trabajo”, dijo. La frase condensa una forma concreta de pérdida de ingresos: cuando el colectivo tarda más, el trabajador llega después, descansa menos o pierde tiempo que usa para completar el salario con otra ocupación.

La espera también aparece sobre cuerpos cansados. Una cajera viaja hasta Lanús después de trabajar todo el día de pie. El trayecto que en días normales le llevaba entre media hora y cuarenta minutos se extiene ahora mucho más. Otro usuario, empleado en un local de ropa, ya salía de la fila con la certeza de que iba a llegar tarde y cansado a Lomas de Zamora. El problema se repite al día siguiente, con la misma rutina laboral y la misma dependencia del transporte público.

Si sube el pasaje o se estira el viaje, queda menos ingreso disponible y menos tiempo de descanso. Ese vínculo pesa más sobre los hogares que no tienen auto, que viven lejos de los centros de empleo o que combinan más de una ocupación. En el AMBA, el colectivo y el tren no son consumos optativos sino más bien lo contrario: son la condición para llegar al empleo, volver a casa, retirar a un hijo, hacer una changa o sostener otra jornada.

El deterioro del servicio llegó con una escalada previa del boleto. En enero de 2024, el mínimo rondaba los $76,92; en diciembre de 2025 estaba cerca de $495; y en 2026 se ubicaba entre $700 y $870 según jurisdicción. En dos años, el pasaje se multiplicó por más de nueve, dentro de una política de recorte de subsidios y traslado de costos al usuario del presidente Javier Milei quien, sin embargo, llegó al poder asegurando en campaña que a los trabajadores “no se los toca” y que el costo del ajuste recaería indudablemente “sobre la casta”. Desde hoy, las líneas nacionales suman otro tramo de ese aumento.

Para un trabajador que toma dos colectivos por día, cada aumento impacta de manera acumulada a lo largo del mes. Para quien combina colectivo y tren, el ajuste se suma en cada tramo. Para quienes tienen SUBE sin registrar, el salto es todavía mayor. La diferencia entre pagar $714 y $1.428 por el tramo mínimo no es administrativa: duplica el costo de un viaje cotidiano. En hogares con ingresos ajustados, esa diferencia sale de comida, servicios, medicamentos o deuda.

El Gobierno fundamenta la actualización en la necesidad de sostener la ecuación económico-financiera del sistema y de mantener condiciones de calidad y eficiencia. La Resolución 27/2026 también sostiene que el cronograma gradual busca atenuar el impacto sobre el presupuesto de los pasajeros. Pero el aumento llega después de semanas en las que la experiencia de viaje fue peor para usuarios que no tienen alternativa real de traslado. El boleto sube antes de que mejore la frecuencia.

JJD