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Clave para el Gobierno

Llega una misión del FMI para destrabar US$900 millones y la oposición advierte sobre el Presupuesto 2027

El ministro Caputo y Kristalina Georgieva, cuando la jefa del FMI visitó el país.

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Una misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) comenzó este lunes su visita a la Argentina para llevar adelante la tercera revisión del programa vigente con el Gobierno. Si es aprobada, la revisión destrabará un desembolso de US$900 millones, parte de los fondos que aún quedan pendientes para 2026.

El equipo llegó con el comienzo de la primavera y no tendría un encuentro con el ministro de Economía, Luis Caputo, que viajará a Nueva York junto al presidente Javier Milei para participar de Asamblea General de la ONU. La misión es encabezada por Joyce Wong, jefa de misión del FMI para la Argentina, quien mantendrá reuniones con los equipos técnicos del Ministerio de Economía. Una vez finalizados los encuentros en Buenos Aires, el Directorio Ejecutivo del organismo también deberá dar el visto bueno.

La visita coincide con un calendario de pagos exigente. El viernes 25 de septiembre el país enfrenta un vencimiento con el Fondo por US$803 millones. Después quedan un pago de US$840 millones para principios de noviembre y otro de US$344 millones para diciembre.

La revisión analizará el cumplimiento de las metas por parte de la administración de Milei. En el plano cambiario, el Gobierno llega con margen: frente a una pauta anual de compra de divisas de US$10.000 millones, el Banco Central (BCRA) compró más de US$14.200 millones. Respecto del objetivo de acumulación neta de reservas para 2026, fijado en US$8.000 millones, estimaciones de la consultora Analytica indican que el BCRA se ubica por encima de la meta, con unos US$9.000 millones.

Las cuentas públicas, en cambio, son el área de mayor complicación. Para 2026 el programa exige un superávit primario del 1,4% del Producto Interno Bruto (PBI), pero durante el primer semestre el Gobierno obtuvo 0,6%, apenas por debajo de la meta semestral de 0,7%. El desvío respondió a la postergación de la declaración jurada de Ganancias para personas humanas, a la caída generalizada de la recaudación derivada de la baja de tributos y al nivel de actividad económica. Para blindar el superávit, las autoridades asumieron compromisos durante la segunda revisión: postergar hasta el 1 de noviembre la implementación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), incrementar la recaudación por impuestos específicos y profundizar la focalización de los subsidios al transporte.

La misión retoma además las pautas que dejó a fines de julio la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva, en su paso por el país. Entonces instó a volcar el dinamismo de sectores clave como la minería, el petróleo y el gas hacia rubros relegados como la construcción, la logística y los servicios, y puso el acento en despejar trabas de infraestructura, abaratar y facilitar el acceso al crédito y fortalecer el mercado de capitales.

En ese contexto, el bloque Unión por la Patria de la Cámara de Diputados le dirigió una carta a Georgieva en la que le pide “un urgente análisis” del proyecto de Presupuesto 2027 que el Poder Ejecutivo envió al Congreso. Los legisladores sostienen que el texto “no cumple con los criterios mínimos de razonabilidad y transparencia que las cuentas públicas del país requieren”.

La carta está firmada por 21 diputados, autoridades del bloque e integrantes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Afirman que el proyecto “muestra indicios alarmantes de inconsistencias, opacidad y de espacios de potencial discrecionalidad”.

El primer cuestionamiento apunta al gasto tributario. El Ejecutivo propone para 2027 un superávit primario de $15,4 billones, que según el propio Mensaje equivale al 1,1% del PBI. Los diputados señalan que ese cálculo no incluye el costo del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), creado por la Ley 27.742. El régimen tiene 23 proyectos aprobados, en gran medida del sector energético y minero, con una inversión total de US$49.766 millones y 108.450 empleos directos e indirectos. A partir de “diversos cálculos privados”, estiman que el gasto tributario ronda los US$3.359 millones anuales, el equivalente a 0,49 punto del PBI. Esa cifra representa cerca de la mitad del superávit propuesto y, advierten, podría poner “en severo riesgo la consolidación del resultado primario”. Una nota al pie aclara que el costo corresponde al proyecto en “plena ejecución” y que el 47% de la inversión se desembolsa hasta 2028 inclusive.

El segundo punto es la Jurisdicción 91, Obligaciones a Cargo del Tesoro, cuyos créditos ascienden a $14,9 billones, en torno al 1% del PBI y casi lo mismo que el superávit previsto. Están justificados de manera vaga como “diversas asistencias financieras para la atención de distintos sectores económicos y sociales”. Según la carta, esa imprecisión, sumada a la “endeblez” del cálculo de recursos, “preanuncia un espacio de enorme discrecionalidad potencial” para las autoridades económicas, que podrían ganar flexibilidad “a costa del financiamiento de políticas públicas prioritarias y en desmedro de las decisiones” del Congreso.

El tercer elemento es lo que describen como el “sideral aumento” de la inversión financiera neta: $17,4 billones en 2027 frente a $9,8 billones en 2026, que según la carta “se duplica en términos nominales”. El Mensaje la compone de cinco conceptos: inversiones financieras temporarias, adquisición de títulos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, incremento de caja y bancos, adelantos a proveedores y contratistas, y otras inversiones financieras. Los diputados dicen no comprender la razonabilidad de “desfinanciar políticas públicas prioritarias” o de endeudarse para acumular liquidez o financiar inversiones “invisibilizadas”, que carecen de justificación “al menos en el documento oficial”.

Su conclusión es que esos tres puntos “quitan razonabilidad” al proyecto y lo vuelven opaco e incierto en su ejecución. Y le recuerdan a Georgieva que el FMI no solo evalúa el desempeño macroeconómico y actualiza sus proyecciones, sino que también, cuando lo considera, “introduce modificaciones en metas cuantitativas originalmente pactadas”.

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