Tras el objetivo del dólar soja, la interna económica, el daño colateral y la nueva búsqueda del tesoro

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Este 21 de septiembre no se anunció un Plan Primavera, como algunos operadores especulaban recordando aquel programa antiinflacionario que intentó Raúl Alfonsín en 1988 y que, con menos suerte que el Plan Austral de 1985, duró pocos meses y explotó con la hiperinflación de 1989. Pero al menos ayer el ministro de Economía, Sergio Massa, y los exportadores de granos reunidos en la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) celebraron que en 21 días del mes, nueve antes de que termine, se logró superar el objetivo de liquidar US$ 5.000 millones a $ 200 cada uno, por encima de los 145 del mayorista y por debajo de los 309 del contado con liquidación (CCL, para girar al extranjero). El abogado tigrense puede festejar por un rato, pero, aunque no es economista, domina bien los números y sabe que la medida también trajo daños colaterales: para pagar a $ 200, el Banco Central debió emitir más pesos en un contexto muy inflacionario y después tuvo que contenerlos llevando su deuda a nuevos récords, al tiempo que los sojeros corrieron con sus billetes a comprar dólar MEP (Mercado Electrónico de Pagos, para depositar en el mercado local) o al CCL hasta que las autoridades se lo impidieron, salvo a aquellos que los liquidan a título individual, no a través de sociedades. Esta última decisión ahondó la interna entre el superministro y un presidente del Central por él maltratado, Miguel Pesce. A su vez, el dólar soja ha sido pan para septiembre, pero el hambre de divisas continúa a partir de octubre, como todos los fines de año, que suelen venir cargados de amenazas de tensión social.

Shocks

El pasado viernes, el CEO de la empresa china de semillas y fertilizantes Syngenta, Antonio Aracre, conversó sobre un eventual Plan Primavera con el vicepresidente del Central, Lisandro Cleri, y con un director de la entidad, Pablo Carreras Mayer, dos hombres que responden a Massa en el edificio de la calle Reconquista. Aracre, que había cultivado en estos tres años un estrecho diálogo con Alberto Fernández y Martín Guzmán e intenta influir en el rumbo económico, tuiteó tras el encuentro con Cleri y Carreras: “Podemos recuperar la moneda y cortar la nominalidad indexatoria desalentando importaciones no productivas y aplicando un plan de estabilización de shock. Tenemos el expertise para hacerlo. De esto hablamos en el Banco Central”. Mientras la Mesa de Enlace insiste con pedir la unificación de el tipo de cambio, lo que implicaría un salto del dólar oficial, con impacto inicial en la inflación y la pobreza, Aracre envió otro mensaje por Twitter a los dos días de aquella reunión: “Los argentinos necesitamos un nuevo punto de equilibrio con el dólar y los salarios que nos permita seguir creciendo de manera sustentable”. Este martes agregó: “De un régimen de alta inflación se puede salir gradualmente. Pero ahora estamos en muy alta inflación y de eso sólo podremos corrernos mediante un plan de estabilización que empiece por reducir la nominalidad indexatoria”. Un programa así implicaría devaluar fuerte el peso oficial para achicar la brecha con el paralelo del 113% actual. Sólo después se podría decretar un congelamiento del dólar, las tarifas, los salarios y los precios por al menos seis meses, al tiempo que se debería profundizar el ajuste fiscal para evitar el fracaso del Plan Primavera de Alfonsín.

Pero aunque sea superministro, Massa tendría que convencer de un plan tan arriesgado al Presidente, pero sobre todo a Cristina Fernández de Kirchner. Puede que la vicepresidenta se muestre ocupada por estos días por la causa Vialidad y por el atentado en su contra, pero su hijo Máximo develó en su reunión de ayer con dirigentes del PJ bonaerense, que él preside, su temor: “Así como estamos, perdemos las elecciones”. Aquellos que sueñan con un Plan Primavera saben que no será fácil lograr consenso interno y puede que termine siendo un Plan Verano o que nunca se concrete. Claro que en la medida en que se acerquen las elecciones primarias presidenciales de agosto próximo, cada vez será más difícil anunciar medidas antipáticas para la población, aunque conlleven la promesa de un futuro supuestamente mejor.

Recorte

Por lo pronto, en el Gobierno han recibido la bajada de línea de Massa de que el último trimestre de 2022 y el primero de 2023 serán complicados en lo fiscal, es decir, habrá poco dinero para repartir, según reconoce un secretario de Estado. El tijeretazo se aflojará un poco a partir del segundo trimestre para gastar por los comicios. En los próximos seis meses, se prevé que se ralenticen todas las obras públicas, salvo el gasoducto Néstor Kirchner y las viviendas sociales. Ya llegaron los caños del grupo Techint a la zona del ducto porque el ministro está desesperado porque empiece a funcionar el 20 de junio y así se reduzcan en un tercio las importaciones de gas, encarecidas por una guerra de Ucrania que amenaza con recrudecer. Sólo si se cumple el plazo, el Gobierno podrá acotar los subsidios energéticos para cumplir con la meta fiscal del proyecto de presupuesto 2023, que Massa defenderá el miércoles próximo ante la Cámara de Diputados.

Ex presidente de la cámara, el ministro buscará partir a Juntos por el Cambio para que los radicales esta vez aprueben la ley de gastos, a diferencia de la de 2022. Lo difícil será que la digieran los gobernadores porque el ajuste del medio año venidero toca obras que los benefician y además otros giros a sus provincias, que al menos se muestran en general superavitarias, en contraste con la Nación. Donde no se recortará de ninguna manera será en jubilaciones, salarios de empleados públicos ni planes sociales. Son la garantía de paz social en diciembre. Incluso se analiza un refuerzo de fin de año, para cuando la inflación podría orillar el temido 100%. Mientras, seguirán los tironeos por plata de Massa con el resto de los ministros y con la CGT, que reclama para sus obras sociales. Al menos por ahora los líderes sindicales se han salido con la suya de evitar la idea del cristinismo de que el Ejecutivo ordene al sector privado el pago de una suma fija: ellos prefieren negociar por su cuenta las recomposiciones salariales por sector, aunque hablan de cifras que superan el 80% y quedarían por detrás de los precios. En Juntos por el Cambio prometen flexibilización laboral para un gobierno en 2024, pero los trabajadores ya vienen soportando de por sí cinco años de abaratamiento de su mano de obra.

Además del ajuste fiscal, algo deberá hacer Massa a partir del mes próximo con los dólares y los precios. En septiembre pasó la prueba con el dólar soja, que le trajo también dolores de cabeza. Primero, el 8 de septiembre, el Central encareció la tasa de interés de los créditos a los sojeros que guarden en silobolsas más del 5% de su cosecha. Así buscaba que dejaran de financiarse para cubrir sus gastos y se vieran compelidos a liquidar a $ 200. El secretario de Agricultura que puso Massa, Juan José Bahillo, oficia de policía bueno ante el campo y promete aún que modificará la medida. Pero en la autoridad monetaria sostienen que el equipo del ministro, con Gabriel Rubinstein de número dos, había impulsado la iniciativa. Con Cleri y Carreras en el directorio, nada se aprueba sin su consentimiento. No son ideas propias de Pesce. Tampoco lo fue la disposición de este lunes que prohibió el acceso de las empresas sojeras al MEP y al CCL, una limitante que ya incluía desde hace dos años a las exportadoras pero no a las productoras ni a las acopiadoras. Al comunicar la norma, el Central omitió aclarar que no afectaba a los agricultores individuales, lo que provocó el reproche inmediato de Massa a Pesce. Llegó a calificarlo de “inútil”. Desde que llegó a ministro en agosto pasado, busca remover al presidente del Central, pero Fernández acaba de ratificar a su economista de confianza. Pesce, de 60 años, no soportaba mucho que Guzmán, de 39, le diera órdenes amparado por su trayectoria académica en EE UU, pero al menos el economista platense se excedía en buenos modales. Con Massa predomina el lenguaje directo y pícaro, la ironía y la gastada. Aunque en privado el ministro impulsó el veto al MEP y al CCL, otra vez Bahillo se mostró crítico con la medida en la escena pública.

Más pesos

Además de roces internos, el dólar soja trajo como consecuencia un fenómeno al que en el Gobierno no habían prestado suficiente atención: la masa de pesos inyectados en la economía para comprar dólares, su impacto en una inflación que no afloja -tras el 7% de agosto, se teme más del 6% en septiembre- y en el alza de los tipos de cambio paralelos. “Todo está atado con alambre”, admite un funcionario del equipo económico. Una parte de esos pesos fueron captados por las emisiones de deuda de corto plazo por parte del secretario de Finanzas, Eduardo Setti. La última colocación buscaba renovar títulos por $ 125.000 millones y consiguió 298.000 millones extra, a una tasa promedio del 84%, con vencimientos en enero, febrero y junio. En lo que resta del año faltan captar 500.000 millones para evitar el financiamiento del déficit fiscal con emisión monetaria, tal como prometió el ministro. Para recuperar la confianza en la deuda en pesos, perdida ya en junio pasado, en el final de la gestión Guzmán, Setti se ha reunido informalmente con economistas de Juntos por el Cambio para que dejaran de agitar los rumores de reestructuración de las letras en 2024 y al menos ha conseguido silenciarlos. De todos modos, el peso sólo podrá atraer más que el dólar el día en que se recuperen los superávits gemelos, fiscal y comercial, como en el gobierno de Néstor Kirchner, reconocen en el equipo de Massa, que fuera su jefe en la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

En cuanto a la inflación, Massa había dicho que los primeros dos meses de su gestión iba a ser alta, pero había aclarado que primero se ocuparía de la “estabilización macroeconómica”, léase ajuste fiscal y monetario y acumulación de reservas, y desde octubre, de los precios. ¿Cómo lo hará? Con más ajuste, según confiesa Rubinstein en privado. De esta lucha también se ocupa Marco Lavagna, que formalmente sigue como director del Instituto de Estadística (Indec) pero que en los hechos suma tareas en Economía, como la negociación exitosa con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para destrabar créditos o la futura reestructuración del pasivo con el Club de París (grupo de naciones ricas). Tanto Rubinstein como Lavagna apuntan al orden fiscal. Por eso se congelaron las contrataciones de empleados públicos, se puso un techo del gasto y se promete no erogar más que lo establecido en el presupuesto 2022 -por más que allí se prevé una inflación de “sólo” 62% y no una del 94%, como admite el Gobierno-, se dejó de pedir financiamiento al Central y se absorbieron las partidas subejecutadas.

“Hoy tenemos el dólar soja, después se verá”, se refiere otro secretario de Estado al plan para sumar activos al Central. Para ello, se descarta “por ahora” una devaluación del peso, pero sí se aceleró la depreciación gradual para que galope a un ritmo cercano a la inflación. El desdoblamiento cambiario se ha analizado, pero del reciente viaje de Massa a EE UU se volvió con la certeza de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) lo rechaza. Por tanto, en el corto plazo pueden llegar otros parches del cepo cambiario. Por ejemplo, para evitar que las industrias se paralicen por falta de divisas para importar insumos, sigue meneándose la idea de restringir el dólar turista, cuando solo falte un mes para el Mundial de Qatar. Para financiar la “fábrica de hacer dólares”, como le gusta decir al ministro, apuesta a las inversiones en energía, al campo y a la economía del conocimiento. Por eso, el secretario de esta última área, Ariel Sujarchuck, prepara varias medidas para alentar las exportaciones en blanco del sector. Con esas tres actividades, Massa busca sostener la baja de la desocupación -en el menor nivel en siete años, aunque el empleo en negro es el mayor en 14 años, y en ese contexto de trabajo precario y mal pago surgen fenómenos como los copitos que atacaron a la vicepresidenta- y el crecimiento económico -desde 2010/2011 que el PBI no se expandía dos años seguidos- y alentar una recuperación de reservas y una baja de la inflación por el aumento de la oferta.

Otra certeza del periplo del ministro radica en que no se cambiarán las tres metas anuales del acuerdo con el FMI, que atañen al ajuste fiscal y monetario y la acumulación de reservas, más allá de que la primera y la tercera se incumplieron en el segundo trimestre. Así es que en los próximos días el directorio del Fondo -donde pesan las grandes potencias- aprobarán la revisión del pacto en el segundo trimestre del año y llegará un desembolso que más que compensará los vencimientos de los últimos días del préstamo récord que había tomado el gobierno de Mauricio Macri. Los recursos extra vendrán a reforzar las alicaídas reservas del Central. Veremos si alcanza para cubrir un fin de año que siempre resulta escaso de divisas en una Argentina que cosecha soja y maíz en el segundo trimestre.

AR

Este 21 de septiembre no se anunció un Plan Primavera, como algunos operadores especulaban recordando aquel programa antiinflacionario que intentó Raúl Alfonsín en 1988 y que, con menos suerte que el Plan Austral de 1985, duró pocos meses y explotó con la hiperinflación de 1989. Pero al menos ayer el ministro de Economía, Sergio Massa, y los exportadores de granos reunidos en la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) celebraron que en 21 días del mes, nueve antes de que termine, se logró superar el objetivo de liquidar US$ 5.000 millones a $ 200 cada uno, por encima de los 145 del mayorista y por debajo de los 309 del contado con liquidación (CCL, para girar al extranjero). El abogado tigrense puede festejar por un rato, pero, aunque no es economista, domina bien los números y sabe que la medida también trajo daños colaterales: para pagar a $ 200, el Banco Central debió emitir más pesos en un contexto muy inflacionario y después tuvo que contenerlos llevando su deuda a nuevos récords, al tiempo que los sojeros corrieron con sus billetes a comprar dólar MEP (Mercado Electrónico de Pagos, para depositar en el mercado local) o al CCL hasta que las autoridades se lo impidieron, salvo a aquellos que los liquidan a título individual, no a través de sociedades. Esta última decisión ahondó la interna entre el superministro y un presidente del Central por él maltratado, Miguel Pesce. A su vez, el dólar soja ha sido pan para septiembre, pero el hambre de divisas continúa a partir de octubre, como todos los fines de año, que suelen venir cargados de amenazas de tensión social.

Shocks

El pasado viernes, el CEO de la empresa china de semillas y fertilizantes Syngenta, Antonio Aracre, conversó sobre un eventual Plan Primavera con el vicepresidente del Central, Lisandro Cleri, y con un director de la entidad, Pablo Carreras Mayer, dos hombres que responden a Massa en el edificio de la calle Reconquista. Aracre, que había cultivado en estos tres años un estrecho diálogo con Alberto Fernández y Martín Guzmán e intenta influir en el rumbo económico, tuiteó tras el encuentro con Cleri y Carreras: “Podemos recuperar la moneda y cortar la nominalidad indexatoria desalentando importaciones no productivas y aplicando un plan de estabilización de shock. Tenemos el expertise para hacerlo. De esto hablamos en el Banco Central”. Mientras la Mesa de Enlace insiste con pedir la unificación de el tipo de cambio, lo que implicaría un salto del dólar oficial, con impacto inicial en la inflación y la pobreza, Aracre envió otro mensaje por Twitter a los dos días de aquella reunión: “Los argentinos necesitamos un nuevo punto de equilibrio con el dólar y los salarios que nos permita seguir creciendo de manera sustentable”. Este martes agregó: “De un régimen de alta inflación se puede salir gradualmente. Pero ahora estamos en muy alta inflación y de eso sólo podremos corrernos mediante un plan de estabilización que empiece por reducir la nominalidad indexatoria”. Un programa así implicaría devaluar fuerte el peso oficial para achicar la brecha con el paralelo del 113% actual. Sólo después se podría decretar un congelamiento del dólar, las tarifas, los salarios y los precios por al menos seis meses, al tiempo que se debería profundizar el ajuste fiscal para evitar el fracaso del Plan Primavera de Alfonsín.

Pero aunque sea superministro, Massa tendría que convencer de un plan tan arriesgado al Presidente, pero sobre todo a Cristina Fernández de Kirchner. Puede que la vicepresidenta se muestre ocupada por estos días por la causa Vialidad y por el atentado en su contra, pero su hijo Máximo develó en su reunión de ayer con dirigentes del PJ bonaerense, que él preside, su temor: “Así como estamos, perdemos las elecciones”. Aquellos que sueñan con un Plan Primavera saben que no será fácil lograr consenso interno y puede que termine siendo un Plan Verano o que nunca se concrete. Claro que en la medida en que se acerquen las elecciones primarias presidenciales de agosto próximo, cada vez será más difícil anunciar medidas antipáticas para la población, aunque conlleven la promesa de un futuro supuestamente mejor.

Recorte

Por lo pronto, en el Gobierno han recibido la bajada de línea de Massa de que el último trimestre de 2022 y el primero de 2023 serán complicados en lo fiscal, es decir, habrá poco dinero para repartir, según reconoce un secretario de Estado. El tijeretazo se aflojará un poco a partir del segundo trimestre para gastar por los comicios. En los próximos seis meses, se prevé que se ralenticen todas las obras públicas, salvo el gasoducto Néstor Kirchner y las viviendas sociales. Ya llegaron los caños del grupo Techint a la zona del ducto porque el ministro está desesperado porque empiece a funcionar el 20 de junio y así se reduzcan en un tercio las importaciones de gas, encarecidas por una guerra de Ucrania que amenaza con recrudecer. Sólo si se cumple el plazo, el Gobierno podrá acotar los subsidios energéticos para cumplir con la meta fiscal del proyecto de presupuesto 2023, que Massa defenderá el miércoles próximo ante la Cámara de Diputados.

Ex presidente de la cámara, el ministro buscará partir a Juntos por el Cambio para que los radicales esta vez aprueben la ley de gastos, a diferencia de la de 2022. Lo difícil será que la digieran los gobernadores porque el ajuste del medio año venidero toca obras que los benefician y además otros giros a sus provincias, que al menos se muestran en general superavitarias, en contraste con la Nación. Donde no se recortará de ninguna manera será en jubilaciones, salarios de empleados públicos ni planes sociales. Son la garantía de paz social en diciembre. Incluso se analiza un refuerzo de fin de año, para cuando la inflación podría orillar el temido 100%. Mientras, seguirán los tironeos por plata de Massa con el resto de los ministros y con la CGT, que reclama para sus obras sociales. Al menos por ahora los líderes sindicales se han salido con la suya de evitar la idea del cristinismo de que el Ejecutivo ordene al sector privado el pago de una suma fija: ellos prefieren negociar por su cuenta las recomposiciones salariales por sector, aunque hablan de cifras que superan el 80% y quedarían por detrás de los precios. En Juntos por el Cambio prometen flexibilización laboral para un gobierno en 2024, pero los trabajadores ya vienen soportando de por sí cinco años de abaratamiento de su mano de obra.

Además del ajuste fiscal, algo deberá hacer Massa a partir del mes próximo con los dólares y los precios. En septiembre pasó la prueba con el dólar soja, que le trajo también dolores de cabeza. Primero, el 8 de septiembre, el Central encareció la tasa de interés de los créditos a los sojeros que guarden en silobolsas más del 5% de su cosecha. Así buscaba que dejaran de financiarse para cubrir sus gastos y se vieran compelidos a liquidar a $ 200. El secretario de Agricultura que puso Massa, Juan José Bahillo, oficia de policía bueno ante el campo y promete aún que modificará la medida. Pero en la autoridad monetaria sostienen que el equipo del ministro, con Gabriel Rubinstein de número dos, había impulsado la iniciativa. Con Cleri y Carreras en el directorio, nada se aprueba sin su consentimiento. No son ideas propias de Pesce. Tampoco lo fue la disposición de este lunes que prohibió el acceso de las empresas sojeras al MEP y al CCL, una limitante que ya incluía desde hace dos años a las exportadoras pero no a las productoras ni a las acopiadoras. Al comunicar la norma, el Central omitió aclarar que no afectaba a los agricultores individuales, lo que provocó el reproche inmediato de Massa a Pesce. Llegó a calificarlo de “inútil”. Desde que llegó a ministro en agosto pasado, busca remover al presidente del Central, pero Fernández acaba de ratificar a su economista de confianza. Pesce, de 60 años, no soportaba mucho que Guzmán, de 39, le diera órdenes amparado por su trayectoria académica en EE UU, pero al menos el economista platense se excedía en buenos modales. Con Massa predomina el lenguaje directo y pícaro, la ironía y la gastada. Aunque en privado el ministro impulsó el veto al MEP y al CCL, otra vez Bahillo se mostró crítico con la medida en la escena pública.

Más pesos

Además de roces internos, el dólar soja trajo como consecuencia un fenómeno al que en el Gobierno no habían prestado suficiente atención: la masa de pesos inyectados en la economía para comprar dólares, su impacto en una inflación que no afloja -tras el 7% de agosto, se teme más del 6% en septiembre- y en el alza de los tipos de cambio paralelos. “Todo está atado con alambre”, admite un funcionario del equipo económico. Una parte de esos pesos fueron captados por las emisiones de deuda de corto plazo por parte del secretario de Finanzas, Eduardo Setti. La última colocación buscaba renovar títulos por $ 125.000 millones y consiguió 298.000 millones extra, a una tasa promedio del 84%, con vencimientos en enero, febrero y junio. En lo que resta del año faltan captar 500.000 millones para evitar el financiamiento del déficit fiscal con emisión monetaria, tal como prometió el ministro. Para recuperar la confianza en la deuda en pesos, perdida ya en junio pasado, en el final de la gestión Guzmán, Setti se ha reunido informalmente con economistas de Juntos por el Cambio para que dejaran de agitar los rumores de reestructuración de las letras en 2024 y al menos ha conseguido silenciarlos. De todos modos, el peso sólo podrá atraer más que el dólar el día en que se recuperen los superávits gemelos, fiscal y comercial, como en el gobierno de Néstor Kirchner, reconocen en el equipo de Massa, que fuera su jefe en la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

En cuanto a la inflación, Massa había dicho que los primeros dos meses de su gestión iba a ser alta, pero había aclarado que primero se ocuparía de la “estabilización macroeconómica”, léase ajuste fiscal y monetario y acumulación de reservas, y desde octubre, de los precios. ¿Cómo lo hará? Con más ajuste, según confiesa Rubinstein en privado. De esta lucha también se ocupa Marco Lavagna, que formalmente sigue como director del Instituto de Estadística (Indec) pero que en los hechos suma tareas en Economía, como la negociación exitosa con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para destrabar créditos o la futura reestructuración del pasivo con el Club de París (grupo de naciones ricas). Tanto Rubinstein como Lavagna apuntan al orden fiscal. Por eso se congelaron las contrataciones de empleados públicos, se puso un techo del gasto y se promete no erogar más que lo establecido en el presupuesto 2022 -por más que allí se prevé una inflación de “sólo” 62% y no una del 94%, como admite el Gobierno-, se dejó de pedir financiamiento al Central y se absorbieron las partidas subejecutadas.

“Hoy tenemos el dólar soja, después se verá”, se refiere otro secretario de Estado al plan para sumar activos al Central. Para ello, se descarta “por ahora” una devaluación del peso, pero sí se aceleró la depreciación gradual para que galope a un ritmo cercano a la inflación. El desdoblamiento cambiario se ha analizado, pero del reciente viaje de Massa a EE UU se volvió con la certeza de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) lo rechaza. Por tanto, en el corto plazo pueden llegar otros parches del cepo cambiario. Por ejemplo, para evitar que las industrias se paralicen por falta de divisas para importar insumos, sigue meneándose la idea de restringir el dólar turista, cuando solo falte un mes para el Mundial de Qatar. Para financiar la “fábrica de hacer dólares”, como le gusta decir al ministro, apuesta a las inversiones en energía, al campo y a la economía del conocimiento. Por eso, el secretario de esta última área, Ariel Sujarchuck, prepara varias medidas para alentar las exportaciones en blanco del sector. Con esas tres actividades, Massa busca sostener la baja de la desocupación -en el menor nivel en siete años, aunque el empleo en negro es el mayor en 14 años, y en ese contexto de trabajo precario y mal pago surgen fenómenos como los copitos que atacaron a la vicepresidenta- y el crecimiento económico -desde 2010/2011 que el PBI no se expandía dos años seguidos- y alentar una recuperación de reservas y una baja de la inflación por el aumento de la oferta.

Otra certeza del periplo del ministro radica en que no se cambiarán las tres metas anuales del acuerdo con el FMI, que atañen al ajuste fiscal y monetario y la acumulación de reservas, más allá de que la primera y la tercera se incumplieron en el segundo trimestre. Así es que en los próximos días el directorio del Fondo -donde pesan las grandes potencias- aprobarán la revisión del pacto en el segundo trimestre del año y llegará un desembolso que más que compensará los vencimientos de los últimos días del préstamo récord que había tomado el gobierno de Mauricio Macri. Los recursos extra vendrán a reforzar las alicaídas reservas del Central. Veremos si alcanza para cubrir un fin de año que siempre resulta escaso de divisas en una Argentina que cosecha soja y maíz en el segundo trimestre.

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Este 21 de septiembre no se anunció un Plan Primavera, como algunos operadores especulaban recordando aquel programa antiinflacionario que intentó Raúl Alfonsín en 1988 y que, con menos suerte que el Plan Austral de 1985, duró pocos meses y explotó con la hiperinflación de 1989. Pero al menos ayer el ministro de Economía, Sergio Massa, y los exportadores de granos reunidos en la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) celebraron que en 21 días del mes, nueve antes de que termine, se logró superar el objetivo de liquidar US$ 5.000 millones a $ 200 cada uno, por encima de los 145 del mayorista y por debajo de los 309 del contado con liquidación (CCL, para girar al extranjero). El abogado tigrense puede festejar por un rato, pero, aunque no es economista, domina bien los números y sabe que la medida también trajo daños colaterales: para pagar a $ 200, el Banco Central debió emitir más pesos en un contexto muy inflacionario y después tuvo que contenerlos llevando su deuda a nuevos récords, al tiempo que los sojeros corrieron con sus billetes a comprar dólar MEP (Mercado Electrónico de Pagos, para depositar en el mercado local) o al CCL hasta que las autoridades se lo impidieron, salvo a aquellos que los liquidan a título individual, no a través de sociedades. Esta última decisión ahondó la interna entre el superministro y un presidente del Central por él maltratado, Miguel Pesce. A su vez, el dólar soja ha sido pan para septiembre, pero el hambre de divisas continúa a partir de octubre, como todos los fines de año, que suelen venir cargados de amenazas de tensión social.

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