Una tarjeta de crédito de la AFA utilizada por un supuesto testaferro y un sumario del Banco Central ponen en la mira a Pablo Toviggino
Mientras se multiplican los frentes judiciales que rodean a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), el Banco Central avanza con un sumario administrativo por presuntas infracciones a la Ley Penal Cambiaria que involucrarían operaciones por cerca de 240 millones de dólares. La investigación apunta a determinar si la entidad omitió liquidar divisas obtenidas durante los años de vigencia del cepo cambiario.
La actuación del organismo monetario pone bajo la lupa la gestión del presidente Claudio “Chiqui” Tapia y del tesorero Pablo Toviggino. El foco está puesto en los ingresos en moneda extranjera provenientes de contratos de sponsoreo de la Selección argentina, derechos de televisación y transferencias realizadas por entidades internacionales como la Conmebol y la FIFA, que deberían haber sido canalizados a través del mercado oficial.
En paralelo, la Justicia incorporó en las últimas horas una prueba considerada clave en el expediente que investiga a los propietarios de la lujosa mansión ubicada en Pilar, señalados como presuntos testaferros de Pablo Toviggino. Según el informe pericial agregado a la causa, la tarjeta de crédito de uno de los dueños del inmueble, Luciano Pantano, aparece vinculada a una cuenta corporativa de la AFA.
De acuerdo con la documentación, se trata de una tarjeta American Express que registró durante todo 2025 consumos promedio de 50 millones de pesos mensuales. Pantano, monotributista, figura como propietario de la mansión valuada en unos 20 millones de dólares junto a su madre jubilada. En el interior del inmueble, además, fueron secuestrados más de 50 autos deportivos importados.
Los peritos establecieron que la tarjeta utilizada para afrontar distintos gastos, entre ellos el pago del PASE de los vehículos incautados, pertenece a una cuenta corporativa de la Asociación del Fútbol Argentino, con domicilio en la calle Viamonte 1366 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “En esa tarjeta aparecen numerosos consumos y pagos de servicios con un promedio mensual de 50.000.000 de pesos entre enero y diciembre de 2025”, detallaron.
En su resolución, el juez Marcelo Aguinsky sostuvo que esos movimientos “deben ser investigados para corroborar si están o no vinculados con el predio de Villa Rosa”, en el partido bonaerense de Pilar, y ordenó avanzar para que, “en caso de tratarse de un delito en curso, cesen sus efectos de forma inmediata”. El magistrado también rechazó un planteo de inhibitoria por cuestión territorial y resolvió continuar al frente de la investigación.
Con información de Noticias Argentinas
JIB
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