Patentes y propiedad intelectual: el punto incómodo en el acuerdo comercial entre Argentina y EE.UU.

El Gobierno apuró este jueves el cierre del acuerdo comercial con Estados Unidos, pero dejó abierta la discusión en un punto clave en la negociación: la cuestión de la propiedad intelectual y la ley de patentes, exigencias clave de la Casa Blanca. En esa discusión estuvo enfrascada toda la semana la comitiva oficial en Washington, que encabezó el canciller Pablo Quirno e integraron funcionarios de Economía y Desregulación.

“La propiedad intelectual es posiblemente el tema de mayor preocupación de Estados Unidos”, admitieron ante elDiarioAR fuentes de la administración de Javier Milei al tanto de las conversaciones en la capital norteamericana. Aunque el acuerdo implica un sinfin de ítems, el capítulo sobre patentes y marcas es sobre el cual Donald Trump exige mayores garantías. 

Y el texto difundido por la Casa Blanca dejó en claro que la discusión no se resolvió: bajo el subtítulo “Propiedad intelectual”, el párrafo dice: “Argentina ha tomado medidas contra un importante y notorio mercado regional de productos falsificados y continuará mejorando la aplicación de la ley contra bienes falsificados y pirateados, incluso en el entorno digital. Argentina también se ha comprometido a abordar desafíos estructurales señalados en el informe Especial 301 de 2025 de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, incluyendo los criterios de patentabilidad, el atraso en el otorgamiento de patentes, y las indicaciones geográficas, y a trabajar para alinear su régimen de propiedad intelectual con los estándares internacionales”.

Es decir, por un lado hay una mención implícita a La Salada, que fue clausurada pero reabrió, mientras su propietario consiguió hace poco el beneficio de la prisión domiciliaria. Por otro -y es la omisión que llama la atención- no se explicita modificaciones al tema patentes. El gobierno de Milei enfrenta el lobby de empresarios farmacéuticos locales como los Bagó y los Sielecki, así como los agricultores que usan semillas de soja o maíz patentadas por las alemanas Bayer y BASF, la estadounidense Corteva o la china Syngenta.

Lo que está sobre la mesa de tratativas es el llamado “Informe 301” que publicó EE.UU. meses atrás y que lleva la firma del representante comercial de los Estados Unidos, Jamieson Greer, de la USTR (United States Trade Representative). En ese documento el gobierno norteamericano le reclamó a la Argentina derogar resoluciones que impiden la vigencia de la Ley de Patentes –sancionada en 1995–, especialmente en el sector de medicamentos y agroquímicos donde los laboratorios locales copian fórmulas y las comercializan sin pagar derechos. 

Argentina está en la “Lista de Vigilancia Prioritaria”, según el documento 301. Advierte sobre “preocupaciones respecto a la insuficiente protección o aplicación de la propiedad intelectual, así como a acciones que limitan el acceso al mercado para quienes dependen de dicha protección”. El país integra un grupo que –bajo la mirada de EE.UU.– comparten Chile, China, India, Indonesia, México, Rusia y Venezuela. 

Puntualmente en el caso argentino, las trabas que Washington quiere quitar son la derogación de las resoluciones 118/2012, 546/2012 y 107/2012 –establecidas durante el segundo mandato de Cristina Kirchner– sobre “las pautas para el examen de Patentabilidad de las solicitudes de Patentes sobre Invenciones Químico-Farmacéuticas”. Desde que asumió, Milei busca cumplir todas las exigencias norteamericanas, pero aún choca con el lobby de los laboratorios extranjeros y los nacionales que, a su vez, respaldan su gestión.

Pese a lo espinoso de la discusión, en la comitiva libertaria que viajó a Washigton abundó el optimismo. “Esto es un proceso”, consideró una fuente oficial consultada. Según la hoja de ruta que maneja el Gobierno, “primero se hace un anuncio de que se ha alcanzado un acuerdo, más tarde se firma el acuerdo en sí, que tiene distintos componentes, y luego hay instrumentación posterior”. 

Es posible, pero el acuerdo no lo exige, que se abra ahora una discusión entre el Gobierno y los laboratorios, así como a nivel parlamentario. “Los tratados internacionales para adoptar estándares globales en materia de protección de propiedad intelectual deben ser aprobados por el Congreso. Esos serán enviados”, adelantó la voz oficial consultada.

MC