Sandra García abre el grifo de su casa, pero no sale agua. Ella, de 38 años, trabaja en una fábrica y vive con su marido y su hijo en Viborillas, Colón, en el estado mexicanos de Querétaro. Esta situación se ha vuelto habitual para ella y para muchos habitantes de su pueblo y del vecino, El Marqués, una región duramente golpeada por la escasez de agua. El gobierno local se ha visto obligado a racionar el suministro y algunas familias solo tienen acceso al agua cada tres días.
La región sufre estrés hídrico al menos desde 2008, y en abril de este año, Conagua —la autoridad local encargada de los recursos hídricos— declaró que 17 de los 18 municipios del estado no habían recibido suficiente lluvia. García debe ir una vez por semana a donde su casera, quien ocasionalmente tiene agua corriente. Allí llena los baldes y los carga de regreso a su casa.
Aunque muchos residentes de Colón relacionan la falta de lluvias con los grifos secos, pocos saben que enfrentan a un nuevo competidor industrial por sus ya escasos recursos hídricos. El estado de Querétaro es uno de los polos latinoamericanos donde más rápidamente se está expandiendo la industria de los centros de datos. Según la Asociación Mexicana de Centros de Datos, en el estado hay 14 instalaciones. La Secretaría de Desarrollo local menciona 19 permisos en una solicitud de acceso a la información. La mayoría de estos centros están en Colón o en El Marqués, los cercanos a la capital regional, que también se llama Querétaro.
Muchos usuarios se imaginan que sus servicios de almacenamiento en la nube funcionan en algún espacio etéreo. Pero no es así. Google Drive, OneDrive, Amazon Web Services (AWS) y otros dependen de una infraestructura física mucho más terrenal: un edificio lleno de computadoras, conocido como centro de datos, con servidores que almacenan la información personal, transportan las imágenes y textos que se ven al acceder a una página web o contienen los datos financieros de la cuenta bancaria y permiten la rápida conexión a internet.
Los centros de datos existen desde hace décadas, pero solo recientemente han empezado a ser motivo de preocupación. Desde la aparición de la inteligencia artificial (IA) generativa, se han empezado a construir —o planear— centros de datos nuevos, más complejos y costosos, conocidos como “centros de datos de hiperescala”, en todo el mundo. Aunque América Latina no es la principal región receptora de inversión en este rubro, ha captado el interés de grandes empresas del sector, ya que muchos países de la región cuentan con vastos recursos naturales, energía barata y gobiernos dispuestos a reducir impuestos para no quedarse por fuera de la “nueva era digital” de la IA.
Para aprovechar esta oportunidad, la industria de los centros de datos —que incluye también sectores bien establecidos como el inmobiliario, el de la construcción, el de la energía y los proveedores de componentes y materiales— ha invertido en fortalecer sus vínculos con autoridades nacionales, influyendo muchas veces en las regulaciones que luego los beneficiarán. Y con los proyectos avanzando rápidamente, varios países latinoamericanos enfrentan ya muchos de los desafíos ambientales, de gobernanza y energéticos que suelen traer estos centros de datos.
Las empresas del sector argumentan que la IA es el futuro de la economía y que sería un error quedarse atrás, ya que sus nuevas instalaciones traerán empleos y prosperidad a la región. También afirman que las nuevas tecnologías de construcción irán reduciendo el impacto en el consumo de agua y energía de cada centro de datos. Algunas incluso prometen que solo utilizarán energías renovables para su funcionamiento.
Así que, mientras la promesa de un auge económico ligado a la IA aún no se ha materializado, muchos gobiernos latinoamericanos, confiando en los argumentos optimistas de la industria, han promulgado políticas para promover la construcción de nuevos centros de datos, en algunos casos acompañadas de incentivos fiscales o desregulación.
Durante nueve meses, una alianza de 17 redacciones de 15 países ha realizado pedidos de información pública, entrevistado diversas fuentes del gobierno y del sector y ha reporteado con la gente que vive donde se construyen los centros de datos, para contrastar estas promesas de progreso con la realidad sobre el terreno en Brasil, Chile, El Salvador, México y Paraguay. Este trabajo hace parte de la investigación La mano invisible de las Big Tech, coordinada por el medio brasileño Agência Pública y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP).
Esta investigación revela que, aunque la industria de los centros de datos promete cientos de miles de empleos directos e indirectos generados por las nuevas instalaciones, los estudios muestran que en, el mediano plazo, una vez pasa la construcción, se crean solo decenas de puestos de trabajo. Se necesita muy poco personal para operarlas, y los beneficios para las economías locales no están a la vista.
No es el único problema. Los centros de datos nuevos y más avanzados consumen más electricidad para funcionar. Aunque algunas empresas sostienen que usarán energía renovable, esas afirmaciones son difíciles de verificar y los nuevos generadores eléctricos construidos para responder a la demanda de este auge constructivo han recurrido, en su mayoría, a combustibles fósiles.
También encontramos que las corporaciones multinacionales que dominan el mercado de centros de datos son conglomerados de estructuras y propietarios complejos, lo que dificulta su regulación y les permite ser más opacos respecto a su impacto ambiental y al uso de recursos. En muchos países latinoamericanos, como documentó esta investigación, organizaciones locales han tenido que luchar por mantener el acceso a recursos como el agua y la energía, y no perciben que estas empresas les estén beneficiando; sirven a personas que están en otros lugares, almacenando y procesando datos ajenos.
El mundo digital interconectado en el que vivimos necesita centros de datos. La pregunta es si los necesita al ritmo y bajo las condiciones que imponen las gigantes tecnológicas (llamadas Big Tech en inglés), el sector inmobiliario digital y otros actores de este nuevo auge. ¿Es posible que los países latinoamericanos construyan centros de datos en sus propios términos, priorizando el medioambiente y las necesidades de las comunidades que viven alrededor de estas instalaciones? Esta es la pregunta que motivó esta investigación.
Que no se recaliente
Uno de los principales retos de diseño para los proveedores de centros de datos es la refrigeración. De ahí surge la necesidad de agua. Los servidores están compuestos por tableros con unidades de procesamiento que proporcionan la potencia de cálculo. Estos servidores funcionan constantemente y deben mantenerse dentro de un rango de temperatura estable, lo que suele requerir sistemas de refrigeración que consumen mucha agua. Las unidades centrales de procesamiento (CPU) eran el componente clave de los centros de datos que prestaban servicios en la nube hasta hace poco, cuando se descubrió que las unidades de procesamiento general (GPU) eran mucho más eficaces para satisfacer las demandas informáticas generadas por la IA.
De ahí que aunque, antes del reciente auge de la inteligencia artificial generativa —un tipo de IA que puede generar contenido nuevo a partir de instrucciones, como ChatGPT—.los centros de datos siempre necesitaron sistemas de refrigeración para evitar el sobrecalentamiento, La nueva generación de centros de datos de IA funciona a temperaturas mucho más altas y, por lo tanto, requiere mucha más agua.
Los centros de datos más nuevos intentan minimizar el consumo de agua de distintas formas. Algunos crean un “sistema de circuito cerrado” en el que, en teoría, no se evapora agua, por lo tanto no se requiere acceso continuo a este recurso. Pero Sharlene Leurig, socia gerente de Fluid Advisors, una consultora especializada en agua, dijo a Bloomberg que “el agua suele ser la última consideración a la hora de decidir la ubicación de los centros de datos, porque es barata en comparación con el costo del suelo y la electricidad”.
Así, algunos desarrolladores de centros de datos e incluso gobiernos no se preocupan demasiado por si ponen en riesgo el acceso al agua en las regiones donde planean construir. Su prioridad, más bien, es encontrar acceso barato a los recursos.
En Querétaro, México, el equipo de televisión N+, aliado de esta investigación, descubrió que tanto el gobierno estatal como el federal lanzaron una estrategia para atraer centros de datos, a pesar de los informes de la autoridad ambiental local, Conagua (la dependencia de la Secretaría de Medio Ambiente encargada de regular el uso del agua), que recomendaban no otorgar nuevos permisos de uso de agua. La ciudad vivió su peor sequía del siglo en 2024, cuando el 14,8% de la población no tuvo acceso constante al agua potable y los trabajadores agrícolas locales tuvieron dificultades para conseguir agua para regar sus cultivos.
Mientras tanto, las empresas de centros de datos también invierten en cambiar la narrativa: N+ reveló que Microsoft y ONU-Hábitat elaboraron un informe solicitando una inversión de 82 millones de pesos mexicanos para impulsar la economía local en Querétaro. El informe, tras visitar ocho comunidades, identificó la sequía como uno de los principales desafíos. Sin embargo, no recomendó inversiones para solucionar dicha sequía. En su lugar, propuso invertir en infraestructura para la región, como pavimentar calles o construir un techo para una plaza pública. Aun así, el informe afirmaba que “los centros de datos representan una oportunidad para la transformación socioeconómica del estado de Querétaro y, más específicamente, de los municipios de El Marqués y Colón”.
A pesar del respaldo internacional y los recursos de Microsoft, la empresa no ha realizado inversiones en infraestructura para mitigar la sequía ni enfrentar otros problemas socioeconómicos en el estado, como pudo verificar esta investigación al visitar siete de los ocho municipios mencionados en el informe y hablar con las autoridades locales. Sin embargo, Microsoft sí construyó una “región de centro de datos” en Querétaro, que comenzó a operar a principios de 2024.
Esta alianza periodística preguntó a Microsoft sobre el propósito de este informe y si sus centros de datos podrían empeorar el acceso al agua en la región. Microsoft respondió enlazando a una ficha de datos.
Esta alianza también contactó a Amazon, compañía que anunció este año que lanzará una región de centros de datos en Querétaro, para preguntarle sobre el uso de agua de sus centros de datos en este estado. La compañía respondió que en esta región de centros de datos usarán un diseño que no usará agua para el enfriamiento. Agregaron que con esto se acercarán a su compromiso de tener una huella hídrica positiva para 2030.
En 2018, en Chile, Google anunció, en una conferencia de prensa con el entonces presidente Sebastián Piñera y algunos de sus ministros, una inversión de 140 millones de dólares para expandir la instalación que había construido en 2015, a pesar de la escasez de agua en la zona. Y en 2019, el gigante tecnológico dijo que planeaba construir un segundo centro de datos en el distrito santiaguino de Cerrillos, con un costo de 200 millones de dólares. Ante esto, ciudadanos protestaron y autoridades locales se quejaron, ya que este nuevo centro usaría grandes cantidades de agua para sus sistemas de enfriamiento. (Ver historia completa de LaBot, aliado de esta investigación aquí)
La batalla por los centros de datos en Chile ha dado lugar a una creciente conciencia sobre los posibles daños y, a su vez, a un cuestionamiento sobre a quién beneficia realmente esta infraestructura. Algunos activistas consideran que los centros de datos benefician solo a personas que consumen los datos desde otros lugares. “Esto es solo [almacenamiento de] datos y la explotación de nuestros recursos naturales. Solo eso. Es una nueva forma de extractivismo digital, nos están usando desde el Norte Global”, dijo Tania Rodríguez, líder del Movimiento Socioambiental y Comunal por el Agua y el Territorio (Mosacat) a esta colaboración periodística.
Tras esta oposición, una decisión judicial revocó la licencia para construir este segundo centro de datos y Google se comprometió a elaborar un nuevo plan para un centro que utilizara refrigeración sin agua.
Sin embargo, un informe de LaBot, muestra que el gobierno chileno aprobó administrativamente un cambio regulatorio que permitirá construir centros de datos sin pasar por un proceso de evaluación ambiental. Hasta ahora, dicho proceso permitía supervisar la protección de los recursos naturales y que los residentes locales plantearan preguntas sobre los posibles impactos en sus vidas. La nueva norma relaja las exigencias y, si hubiera estado vigente en las últimas décadas, solo dos de una veintena de proyectos habrían sido evaluados ambientalmente. Esta decisión administrativa no se hizo pública. Solo después de que LaBot cuestionara esta medida, el Ministerio de Medio Ambiente reconoció el cambio y declaró que poder evaluar el consumo de agua de los centros de datos requeriría de una nueva ley aprobada por el Congreso.
La mitad de todos los centros de datos en Brasil (ya sea en etapa de planificación, construcción u operación) están en el estado de São Paulo, principalmente en la región de Campinas, según datos obtenidos por Núcleo Jornalismo, aliado de esta investigación, a través de Data Center Map, una plataforma que mapea la ubicación de estos centros en el mundo. Esta cifra incluye tanto los centros de datos a hiperescala como instalaciones más antiguas. En los últimos años, esta región ha enfrentado numerosas crisis hídricas. La más grave ocurrió entre 2014 y 2015, cuando muchos municipios del estado —incluyendo Campinas y la ciudad de São Paulo— implementaron un racionamiento de agua.
La industria de los centros de datos ha identificado otras ciudades brasileñas como lugares de interés, aunque hayan enfrentado recientemente escasez de agua. Nueve de las 14 ciudades que ya tienen, o tendrán, nuevos centros de datos —según una solicitud de información enviada por Agência Pública, otro aliado de esta investigación— fueron clasificadas por el Water Risk Atlas como de riesgo medio-alto en términos de agua, y otras tres como de “riesgo alto”. Entre estas últimas se encuentran Campo Redondo, en el estado de Rio Grande do Norte; Igaporã, en Bahía; y Caucaia, en Ceará —todas en el noreste de Brasil. TikTok está construyendo un centro de datos en esta última localidad, aunque, según un informe publicado por The Intercept Brasil, es muy probable que dicha obra agrave la sequía que enfrenta la zona.
Esta alianza periodística contactó a Luis Tosse, vicepresidente de la Asociación Brasileña de Centros de Datos (ABDC), y le preguntó sobre las críticas relacionadas con el elevado consumo de agua de estos centros en el país. Tosse afirmó que “tenemos agua disponible” y que, por lo tanto, esto no debería considerarse un problema en Brasil. Andrei Gutierrez, presidente de la Asociación Brasileña de Empresas de Software (Abes), agregó: “es lo mismo que decir: ‘oye, no vamos a construir una carretera porque la carretera impermeabiliza el suelo’. ¿Me entiendes? Yo creo que todo es una cuestión de planificación”.
Que siempre esté encendido
Con el crecimiento exponencial de los centros de datos, incluso si cada uno de ellos, individualmente, utiliza menos agua, se necesitará más energía para que un número cada vez mayor de edificios siga funcionando. Y a medida que crece la demanda de electricidad, también se intensifica la presión para construir capacidad de generación utilizando combustibles fósiles. Esto podría retrasar la transición energética necesaria para combatir el cambio climático y agravar los efectos de este, poniendo en aún mayor riesgo a las zonas con estrés hídrico.
Una mayor capacidad de generación energética es fundamental para el negocio de la inteligencia artificial, ya que la potencia de procesamiento necesaria para resolver sus consultas es mucho mayor y, por lo tanto, consume más energía que otras operaciones digitales. Aunque el consumo energético de la IA es difícil de calcular (pues cada petición que se le hace a esta tecnología depende de varios procesos previos cuyos costos son difíciles de individualizar), la Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés) calculó que una búsqueda tradicional en Google consume 0,3 vatios-hora. En cambio, una consulta a ChatGPT, en promedio, consume 2,9 vatios-hora.
La Agencia Internacional de Energía (IEA) publicó un informe en el que calculó que los centros de datos consumieron alrededor del 1,5% de toda la electricidad del mundo en 2024. Esto equivale a 415 teravatios-hora. Pero en ese mismo informe —que otros expertos consideran conservador—, la IEA proyectó que esta cifra se duplicará para 2030.
Algunos países destinan una mayor proporción de su suministro total de energía a alimentar centros de datos. El caso más extremo es Irlanda, donde el 21% de su electricidad (producida mayoritariamente mediante la quema de combustibles fósiles) en 2024 se destinó a centros de datos. Esta cifra llevó a las autoridades locales a restringir nuevos centros de datos en los alrededores de la capital, Dublín, por temor a apagones programados. Las empresas del sector han tenido que responder a estos problemas. Meta, una de las principales operadoras de centros de datos del mundo, tiene cinco instalaciones en Irlanda (Data Center Map registra un total de 133 centros de datos en el país). Pero también tiene oficinas allí, desde donde informó que había establecido una alianza con Brookfield Renewable Energy Partners mediante un “acuerdo de suministro a largo plazo de energía eólica 100% renovable para el centro de datos de Clonee y las oficinas de Meta en Irlanda”.
En cualquier caso, es difícil evaluar con exactitud cuánta energía consume este sector, ya que las empresas pueden alegar que esta información es un secreto industrial. Datos de Cushman & Wakefield, una firma inmobiliaria, muestran que en 2023, Estados Unidos y China fueron los países que más electricidad utilizaron para alimentar sus centros de datos, medida en capacidad de megavatios. Estos mismos datos mostraron que tres ciudades latinoamericanas están entre las 50 que más electricidad destinan a sus centros de datos en el mundo, aunque con una capacidad sustancialmente menor que las ciudades de los dos países líderes.
Querétaro aparece en la lista con una capacidad de 150 MW, São Paulo con 122 MW y Santiago con 61 MW. Sin embargo, estas cifras cambian muy rápido y resulta difícil dar datos precisos y actualizados. Por ejemplo, un informe de JLL, una inmobiliaria cercana al negocio de los centros de datos, afirma que São Paulo tenía en 2023 una capacidad de 670 MW en centros de datos ya operativos, con 382 MW adicionales en construcción y otros 388 MW planeados.
Agência Pública solicitó al Ministerio de Minas y Energía de Brasil una lista de todos los centros de datos que han pedido acceso a la red básica de energía del país —la preferida por los grandes proyectos—, junto con información sobre cuánta energía consumen. La respuesta incluyó solo 22 centros de datos. Trece de los 22 solicitantes pidieron confidencialidad, como se los permite la ley del país, sobre sus datos de consumo energético, por lo que dicha información no se entregó. Entre quienes pidieron mantener la reserva se encuentra TikTok, que pidió esa confidencialidad sobre la instalación que está construyendo en Caucaia. Los datos obtenidos por Núcleo a través de Data Center Map muestran que se estima que en Brasil hay alrededor de 170 centros de datos, un número que incluye instalaciones para IA así como otras más antiguas diseñadas únicamente para almacenamiento y procesamiento de datos.
Aunque prácticas secretistas de la industria y datos públicos incompletos impiden obtener una imagen precisa, los expertos coinciden en que los centros de datos crecen en todo el mundo rápidamente y la presión ejercida por algunas de las empresas más ricas del mundo para que los gobiernos amplíen la producción de electricidad es intensa.
En 2024, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de México anunció que aumentaría en un 50% la capacidad de la red eléctrica de Querétaro, citando la construcción de centros de datos en la región como una de las principales razones para hacerlo. Adicionalmente, la Comisión anunció una nueva planta de energía, El Sauz II, que utiliza gas para generar electricidad, lo cual añade más emisiones de combustibles fósiles al medio ambiente. En una comunicación que envió Ascenty a esta alianza periodística, la compañía asegura que decir que “la instalación de nuevos centros de datos de Querétaro, incluidos aquellos construidos por Ascenty, haya motivado la construcción de una nueva central eléctrica de combustibles fósiles es infundada”.
En entrevista con N+, Arturo Bravo, director general de Ascenty México (una de las compañías que tienen centros de datos en Querétaro), dijo que su compañía costea parte las obras de refuerzo necesarias para cubrir la demanda de electricidad de sus centros de datos, que está en constante diálogo con la CFE y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) y que sus solicitudes de demanda de electricidad siempre están acompañadas de estudios.
Digital Realty, que tiene el 49% de las acciones de Ascenty, en una respuesta a preguntas enviadas por correo electrónico por esta alianza periodística dijo que “la capacidad total en Querétaro es de 8 MW, menos del 0,01% de la capacidad total de la red reportada de México (unos 89 GW en 2023)”.
Aunque algunos nuevos centros de datos prometen usar energías renovables —como el caso de DataTrust en El Salvador, que asegura utilizar energía fotovoltaica, una afirmación imposible de verificar—, la quema de combustibles fósiles ha aumentado debido a la construcción y operación de estos centros.
En Estados Unidos, el rápido desarrollo de centros de datos está impulsando un aumento de la demanda eléctrica que el gobierno de Donald Trump planea satisfacer mediante una mayor quema de combustibles fósiles. Publicado en julio, el “Plan de Acción de la IA” y una orden ejecutiva sobre la “Aceleración del Permiso Federal para Infraestructura de Centros de Datos” buscan eliminar obstáculos regulatorios, incluidas protecciones ambientales.
En su informe ambiental del año pasado, Google admitió que sus emisiones de gases de efecto invernadero han aumentado un 48% desde 2019, principalmente debido al “aumento en el consumo de energía de centros de datos y a las emisiones de la cadena de suministro”. En el mismo informe, Google reconoció que “a medida que integramos más la IA en nuestros productos, reducir las emisiones será un reto debido al aumento de la demanda energética por la mayor intensidad del cómputo de IA y las emisiones asociadas a nuestras inversiones previstas en infraestructura tecnológica”, y que su meta de cero emisiones netas para 2030 ahora es “extremadamente ambiciosa”.
Y eso es solo lo que informa Google por cuenta propia. Una investigación de The Guardian publicada el año pasado descubrió que las emisiones de los centros de datos que son propiedad o están bajo la operación de cuatro de las principales empresas tecnológicas del mundo (Google, Microsoft, Meta y Apple) podrían ser un 662% más altas de lo que informan oficialmente.
Sin embargo, al ser consultados, los representantes de asociaciones de centros de datos niegan que la industria esté buscando construir más fuentes de energía fósil. Gutierrez, de Abes, en Brasil, dijo: “no veo a nadie construyendo centros de datos con la intención de fomentar el uso de termoeléctricas, energía a carbón, energía a diésel, que es más cara”. Aunque la matriz eléctrica brasileña es más limpia que la de la mayoría de los países —el 86% de su electricidad proviene de fuentes renovables y el 64% de plantas hidroeléctricas—, el cambio climático ha afectado el régimen de lluvias, por lo que la producción energética mediante termoeléctricas ha aumentado en los últimos años.
En sus respuestas, Digital Realty también dijo que su compañía “ha validado los Objetivos Basados en la Ciencia (SBTi, por sus siglas en inglés) para reducir las emisiones de Alcance 1, 2 y 3, de acuerdo a la ciencia climática”. Y que Digital Realty “se ha comprometido a que sus operaciones europeas sean neutrales climáticamente para 2030, sgún el Pacto por un Centro de Datos Climáticamente Neutral. En 2024, la compañía emparejó el 75% de su huella energética global con electricidad limpia, incluyendo 185 centros de datos emparejados con 100% energías limpias. Digital Realty ha llevado a cabo más de 1,5 GW en contratos de renovables para apoyar nuestros esfuerzos de decarbonización”.
La cantidad de energía que consumen los centros de datos también ha reactivado el debate sobre la energía nuclear. En Brasil, el ministro de Minas y Energía, Alessandro Silveira, argumentó que, para satisfacer la demanda de los nuevos proyectos, la energía nuclear sería la única alternativa viable y que eso implicaría costosas inversiones por parte del gobierno. En el estado estadounidense de Pensilvania, la planta de energía nuclear de Three Mile Island —escenario del peor accidente nuclear comercial en la historia del país— será reabierta para alimentar los centros de datos de Microsoft.
Y en Argentina, el presidente Javier Milei propuso un plan para aumentar la producción de energía nuclear del país para alimentar nuevos centros de datos, entre otras cosas. La energía nuclear se considera limpia porque no emite gases de carbono, pero es peligrosa en caso de accidentes, sus costos son mucho más altos que otras fuentes de energía, no tiene soluciones para deshacerse del desperdicio nuclear, lo que la hace muy polémica entre especialistas y activistas medioambientales.
Los países que tienen energía limpia en exceso, como Paraguay, también están siendo cortejados por la industria en este nuevo contexto, según informó El Surti, otro aliado de esta investigación. En mayo, el secretario de estado estadounidense Marco Rubio propuso utilizar el excedente energético de Paraguay para alimentar centros de datos de inteligencia artificial. Paraguay es copropietario, junto con Brasil, de la represa hidroeléctrica de Itaipú y por ahora produce más energía de la que puede consumir, por lo que vende sus excedentes a Brasil y Argentina a precios por debajo del mercado.
La disputa por la energía paraguaya se da en un contexto en el que los habitantes locales han comenzado a cuestionar la expansión de centros de datos dedicados a la criptominería —es decir, aquellos utilizados para “minar” o producir criptomonedas como Bitcoin— en el país. Estas instalaciones generan contaminación sonora grave que afecta a las comunidades vecinas. “Ya hemos sufrido el extractivismo de nuestra electricidad, cediéndola a Brasil y Argentina a precios miserables. Ahora tenemos también criptominería y otros servicios digitales, que no generan empleo. El interés de Estados Unidos es solo otro capítulo de esta lógica extractivista que ya conocemos. No cambiará la realidad en Paraguay”, dijo Mercedes Canese, exviceministra de Minas y Energía durante el gobierno de Fernando Lugo, a El Surti.
El actual ministro paraguayo de Tecnologías de la Información y Comunicación, Gustavo Villate, por el contrario, considera que el interés de Estados Unidos “nos posiciona de una manera sin precedentes”. Villate declaró a El Surti que el gobierno ha estado trabajando para cerrar acuerdos con empresas de centros de datos.
Que quede en secreto
Los impactos de los centros de datos sobre la disponibilidad de agua y electricidad, así como sobre el cambio climático, son difíciles de calcular, porque la mayoría de los datos no están disponibles. Expertos y activistas señalan que es muy difícil verificar de manera independiente las promesas que hace la industria de los centros de datos sobre limitar su impacto ambiental, debido a lo extendida que está la práctica de ocultar o distorsionar sus informes internos, alegando secreto industrial.
El sector es, sin duda, consciente de sus impactos. Por ejemplo, documentos internos obtenidos a través de la herramienta de acceso público EDGAR de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) —pertenecientes a una de las principales compañías de centros de datos del mundo, Digital Realty Trust— revelan que un grupo de accionistas había solicitado al Consejo de Administración, antes de su asamblea anual, que “elaborara una política integral que articule el respeto y el compromiso de nuestra empresa con el derecho humano al agua”, la cual “debería alinearse con los estándares internacionales de derechos humanos e incluir estrategias para minimizar el uso actual y futuro del agua”.
El consejo rechazó la solicitud, argumentando que tres de cada cuatro centros de datos en su portafolio no utilizan agua para refrigeración y Digital Realty, en su respuesta a esta alianza periodística, precisó que “la inmensa mayoría de nuestros accionistas (el 90%) rechazó esta propuesta en la Asamblea General de 2025” y que “el 42% del uso de agua de Digital Realty alrededor del mundo viene de recursos hídricos reciclados, minimizando así el impacto sobre los recursos de agua dulce locales”.
No obstante, el mismo documento disponible en EDGAR muestra que algunas de sus instalaciones aún utilizan recursos locales y podrían afectar a comunidades.
“El secreto es una de las herramientas principales que usa el lobby de los centros de datos”, dijo a esta investigación Max Schultze, director del grupo de expertos europeo Leitmotiv. “He pasado años tratando de desglosar los registros financieros de la industria de los centros de datos”, explicó. “Pero ellos no detallan en qué países pagan impuestos. Ni siquiera desglosan los ingresos por país... Todavía no hemos visto que un proveedor de la nube publique el consumo real de energía o agua, o algo similar, de manera que haya sido verificado por un tercero o que podamos verificarlo de forma independiente”.
La organización de Schultze fue una de las que presionó con éxito al gobierno alemán para promulgar una ley que obliga a los centros de datos a reportar su consumo de agua y energía. Sin embargo, “la mitad de los centros de datos en Alemania simplemente se negó a reportarlo”, señaló. “A todos les están imponiendo una multa de 100 000 euros por no informar, pero no les importan 100 000 euros”.
Tech Policy Press, otro socio de esta investigación, preguntó a varios defensores del medio ambiente y de los derechos del consumidor cuánta información podían obtener sobre los proyectos de centros de datos en Estados Unidos. La mayoría respondió que puede ser muy difícil obtener detalles, especialmente antes de que los proyectos sean aprobados.
Esta asimetría se ve exacerbada por el uso generalizado de acuerdos de confidencialidad (NDA, por sus siglas en inglés) firmados entre las compañías de centros de datos y los gobiernos locales. “Es muy difícil, con los acuerdos de confidencialidad, saber qué va a haber en la instalación antes de que se apruebe”, dijo Julie Bolthouse, directora de uso del suelo en el Piedmont Environmental Council, a Tech Policy Press. “No sabemos cuánta agua van a utilizar, no sabemos qué tipo de emisiones generarán, ni cuánta electricidad necesitarán o qué tipo de servicio requerirán”, explicó. “Así que básicamente, recopilamos la información después del hecho”. Los funcionarios locales, que podrían tener acceso a más información con anticipación, a menudo tienen el incentivo de apoyar los proyectos de centros de datos que, sobre el papel, “siempre aparecen como ganadores”, agregó Bolthouse.
Jenna Ruddock, directora de incidencia en Free Press –una organización sin ánimo de lucro estadounidense que ha estado realizando un seguimiento de los esfuerzos para aprobar leyes en materia de transparencia –sostiene que es crucial que las comunidades tengan acceso a más información. “En varias jurisdicciones hemos visto intentos de aprobar leyes significativas de transparencia. Muchas empresas publican datos de manera agregada, lo que dificulta que las comunidades comprendan cuál será el impacto específico. Es importante aprobar esas leyes para que haya más información disponible desde el principio del proceso, antes de que se otorguen los permisos y comience el desarrollo, cuando ya es demasiado tarde para que las comunidades puedan opinar.”
Esta opacidad también permite que la industria de los centros de datos haga promesas sobre la creación de empleo y sobre el retorno de inversión sin ofrecer pruebas ni estar sujeta a supervisión. O, como lo expresó Schultze: los comunicados de prensa de la industria “sirven para convencer a los políticos de que necesitamos digitalizar cada país del mundo y que la única manera de hacerlo es con su infraestructura. Pero nada de eso es verdad.”
Schultze añade: “hicimos un estudio para el gobierno alemán que mostró que un centro de datos genera, en promedio, tres empleos por megavatio utilizado. En comparación, BASF, una gran empresa química en Alemania, utiliza 200 megavatios y crea 50.000 empleos directos. Lo que la mayoría de los proveedores de la nube afirman es que van a crear millones de empleos indirectos. Ninguna otra industria se sale con la suya con eso”.
Heleniza Campos, experta en planificación urbana y profesora de urbanismo en la Universidad Federal de Rio Grande do Sul (UFRGS), en Brasil, ha estado siguiendo la construcción de un centro de datos de hiperescala en Eldorado do Sul —un municipio donde el 90% del territorio se inundó en 2024— y estudiando otros proyectos similares. Ella señala que se están proponiendo nuevos centros de datos en ciudades sin recursos públicos, que “aceptarán cualquier cosa, solo por el dinero”, y subraya la necesidad de transparencia.
“¿Cuál es el costo? ¿Y quién lo va a asumir? ¿Cuáles son los beneficios y los retornos para la sociedad que vive allí? Eso todavía no lo sabemos. (…) Necesitamos entender ese costo y encontrar la manera de gestionarlo sin perjudicar los lugares donde se va a construir [el centro de datos]”, explicó a Agência Pública. “Alguien tiene que regular esto, no aflojar las reglas hasta el punto de poner en riesgo a toda la sociedad”.
Que nunca te falten aliados
Muchos países de América Latina tienen algo que las empresas de centros de datos desean: electricidad barata, regulaciones laxas y una disposición gubernamental a aceptar la promesa de que la carrera por la inteligencia artificial traerá un gran retorno de inversión y generará empleo. Esta investigación encontró que la relación entre las empresas tecnológicas y los gobiernos es compleja e incluso opaca. En algunos casos, gobiernos que buscan con afán la inversión extranjera, quieren atraer a las empresas de centros de datos. En otros, son las empresas que se esfuerzan por convencer a gobiernos y parlamentarios de que les permitan construir más instalaciones.
Chile es un ejemplo de ello. Su gobierno, encabezado por el presidente Gabriel Boric, ha sido uno de los más entusiastas de la región en atraer a estas empresas y ha puesto en marcha un Plan Nacional de Centros de Datos llamado PDATA. Pero ese apetito viene de años atrás. A pesar de estar en extremos opuestos del espectro político, los expresidentes Sebastián Piñera y Michelle Bachelet también intentaron fortalecer sus vínculos con las grandes tecnológicas y convertir a Chile en un hub digital.
La propuesta de Chile es sencilla: el país es estable política y económicamente, está comprometido con la inversión en tecnología y facilita las inversiones en el sector, en particular reduciendo la burocracia y flexibilizando el proceso de licenciamiento ambiental. PDATA, lanzado en diciembre pasado, incluye la clarificación normativa para las empresas de centros de datos.
Este paso demuestra tanto el interés del gobierno por atraer a estas compañías como el alto nivel de organización de la industria. Mientras se discutía PDATA, nació una alianza de empresas de centros de datos. Esta alianza, llamada Asociación Chilena de Data Centers, incluye a los principales actores del sector, como Ascenty, EdgeConnex, Equinix, Google, OData, Scala, Nexstream, el medio especializado Data Center Dynamics (DCD) y empresas inmobiliarias. La asociación ha estado manifestándose en contra de un proyecto de ley propuesto por el gobierno para regular la inteligencia artificial, argumentando que limita la innovación y contradice el Plan Nacional de Centros de Datos.
Amazon no forma parte de esta alianza, pero lobistas de Amazon y de AWS, por ejemplo, se han reunido al menos 350 veces con funcionarios públicos, según el registro de lobby público de Chile. Según los mismos datos, Aisén Etcheverry, quien fue ministra de Ciencia y Tecnología hasta hace poco, se reunió con ejecutivos de Google, AWS, NVIDIA, Equinix y Meta.
En Brasil, los grupos industriales también han influido en nuevas regulaciones. El año pasado, la discusión de un proyecto de ley sobre inteligencia artificial fue postergada varias veces debido al lobby del sector. Una de las razones, según fuentes consultadas por Agência Pública e ICL Notícias, aliados de esta investigación, fue que la Confederación Nacional de la Industria (CNI) se unió al esfuerzo para fomentar la creación de un hub de centros de datos. Este hub “generaría empleo y un ecosistema fértil para la industria brasileña”, afirmó la abogada de la CNI, Christina Aires, en una reunión privada.
En respuesta a esta alianza periodística, la CNI reforzó que “ha estado dialogando con parlamentarios y sectores de la economía impactados” sobre el proyecto que busca regular la IA, pero afirmó que el artículo que trata sobre los centros de datos “no forma parte de las propuestas de la CNI para el proyecto”, ya que el tema “requiere una política estructurada”.
La Confederación también defendió los centros de datos como “una parte esencial de la infraestructura digital”, necesaria “para que Brasil sea competitivo en el mercado mundial de producción de datos a gran escala”.
La CNI afirmó, además, que la “creación [de centros de datos] promete amplios efectos en la empleabilidad y en la educación” y citó como referencia un informe de 2023 realizado a pedido de la Data Center Coalition (DCC), asociación empresarial de centros de datos en Estados Unidos.
La versión del proyecto de ley aprobada por el Senado en diciembre pasado incentivaba la creación de centros de datos “más sostenibles para sistemas de IA”. El día de la aprobación, había 16 lobistas de las grandes tecnológicas en el plenario del Senado, según Carla Egydio, lobista de medios pequeños. Un reportero de Agência Pública escuchó al relator del proyecto, Eduardo Gomes, expresar en voz alta su malestar por la presión del sector: “De cada 10 pedidos [de la industria], se atienden nueve. (…) Al día siguiente llenan los periódicos [quejándose] de lo que quedó por fuera”.
Consultado por esta alianza, el equipo de prensa del senador Eduardo Gomes dijo que “la actividad parlamentaria se compone de un sinnúmero de reuniones, debates e intensas negociaciones. Y son normales las presiones y contrapresiones de todos los actores involucrados”.
El proyecto de ley se discute ahora en la Cámara de Diputados, bajo la conducción de la diputada Luísa Canziani, según una fuente interna, y cuyo padre cerró un acuerdo opaco con Google cuando era secretario del Estado de Paraná.
El 27 de junio de 2024, el Consejo Digital, un grupo de lobby que representa a Amazon, Google y Meta, organizó un brunch en Brasilia al que fueron invitados representantes de senadores y partidos de todas las corrientes políticas. “Los participantes analizaron conjuntamente el texto, destacando los avances logrados y posibles modificaciones por concluir”, explicaron.
No solo las empresas buscan a las autoridades; las autoridades también buscan a las empresas. En abril de este año, el ministro de Hacienda de Brasil, Fernando Haddad, viajó a Silicon Valley para presentar una nueva versión de la Política Nacional de Centros de Datos a representantes de las grandes tecnológicas. Dijo que planea conceder exenciones fiscales a las inversiones y exportaciones del sector de centros de datos. Núcleo informó que, al ser consultado por la sociedad civil para compartir el texto, el gobierno se negó.
El gobierno de Nayib Bukele en El Salvador también busca atraer centros de datos y aprobó una reforma legal para ampliar el tipo de actividades que pueden realizar las empresas en las zonas francas exentas de impuestos. Además, el gobierno salvadoreño aprobó nuevas leyes, como la Ley de Fomento a la Innovación, la Ley de Fomento a la Inteligencia Artificial y la Ley General de Modernización Digital del Estado, que buscan convertir al país en un centro tecnológico. Estas leyes ofrecen beneficios fiscales a los centros de datos, como parte de su estrategia para atraer inversión extranjera.
La inversión directa en El Salvador ha disminuido en los últimos años. El presidente de la Cámara de Comercio, Jorge Hasbún, dijo que se debe a la inseguridad jurídica provocada por un estado de excepción aparentemente permanente decretado por el gobierno. Sin embargo, algunas empresas sí han llegado. En 2021, Ronald Jiménez, entonces CEO de Codisa —la empresa costarricense que operaba el centro de datos DataTrust en El Salvador hasta que fue comprado por IFX Networks—, dijo en una entrevista que su empresa había llegado al país porque “El Salvador es un imán para la atracción de inversiones”.
En Estados Unidos, la industria también ha recurrido a una asociación para influir en las autoridades, según Tech Policy Press. Fundada en 2019, la Data Center Coalition (DCC) es una asociación empresarial que se autodefine como “la voz de la industria de los centros de datos”. Sus miembros incluyen a Amazon, Google, Microsoft y Meta, así como a operadores de centros de datos y proveedores de servicios de infraestructura relacionados, entre ellos Stack Infrastructure, Digital Realty, Coreweave y Oracle.
En los últimos meses, el presidente de la DCC, Josh Levi, testificó ante el Congreso de Estados Unidos en una audiencia sobre la economía de la IA y el consumo energético de los centros de datos, escribió una columna de opinión en un periódico de Ohio proclamando los beneficios económicos de los centros de datos para ese estado, y participó en una reunión de la Junta de Comisionados del Condado de Calvert, Maryland, donde habló, entre otros temas, del potencial de ingresos fiscales locales provenientes de los centros de datos. En Mississippi, Levi dijo a un periódico local que invertir en centros de datos no tiene casi ningún aspecto negativo. “Desde mi punto de vista, no hay desventajas”, declaró al Clarion Ledger de Jackson.
En el estado de Virginia, la DCC formó un grupo llamado Virginia Connects para “educar e involucrar a los virginianos sobre los beneficios que los centros de datos aportan al estado y a sus comunidades locales”. La organización parece haber liderado una campaña de astroturfing (simulación de apoyo ciudadano) a favor de la industria. El año pasado, en medio de la presentación de varios proyectos de ley que podrían haber afectado negativamente a los centros de datos en el estado, Virginia Connects envió “mensajes de texto y volantes promocionando los beneficios de la industria”, según el Prince William Times.
El grupo produjo videos que difundió a través de cuentas en redes sociales como X, Facebook y YouTube. “Los centros de datos de Virginia están ahí para ti”, promete una voz en uno de los videos. “Los centros de datos de Virginia son esenciales para nuestra seguridad nacional y competitividad económica”, dice otro, acompañado de imágenes de aviones de combate, el Kremlin, el líder chino Xi Jinping y el Pentágono. Según el Ads Transparency Center de Google, los videos en YouTube fueron promovidos por una agencia de asuntos públicos con sede en Richmond y, aunque la cuenta de Virginia Connects tiene menos de 200 suscriptores, algunos de los videos han alcanzado millones de visualizaciones.
Que el dinero permanezca en pocas manos
La industria de los centros de datos se ha estado consolidando, con unas pocas grandes empresas comprando participaciones en compañías más pequeñas para ofrecer portafolios más amplios de centros de datos dedicados (es decir, utilizados por un solo cliente) o de colocación (donde múltiples clientes alquilan “espacio”). Pero no solo están adquiriendo empresas tecnológicas menores.
La industria de los centros de datos también funciona, con frecuencia, como un negocio inmobiliario. Alquilan o compran edificios para alojar su gran número de servidores. Por eso, los dos actores más grandes en América Latina son Digital Realty Trust y DigitalBridge, que juntas poseen u operan cientos de centros de datos en la región.
Digital Realty Trust, una empresa multinacional con sede en Estados Unidos, afirma ser la compañía más grande del mundo en este sector, gestionando 308 centros de datos. En sus últimos estados financieros, de 2024, informan que tienen un portafolio de 36 centros de datos en América Latina: 28 en Brasil, tres en México, tres en Chile y dos en Colombia. Estas cifras incluyen tanto centros operativos como los que están en proyecto.
En ese mismo informe financiero, reportan 3936 empleados en el mundo, pero ninguno en América Latina, y unos ingresos operativos totales de 5.554 millones de dólares, un crecimiento leve frente a 2023, pero de más del 18% desde 2022. Es una empresa que cotiza en bolsa, y sus ganancias netas disponibles para los accionistas comunes, tras gastos operativos, intereses, impuestos y otros costos, fueron de 561 millones de dólares, una disminución frente a los 908 millones que ganaron en 2023, pero cerca al doble su utilidad neta de 2022.
Digital Realty Trust ilustra, en parte, por qué las empresas de centros de datos también funcionan como inversionistas inmobiliarios. En su informe financiero de 2023, la compañía explica que ha optado por ser “tratada como un fideicomiso de inversión inmobiliaria (‘REIT’, por sus siglas en inglés) para fines fiscales federales”, lo que le otorga ciertos beneficios. A diciembre de 2024, Digital Realty Trust poseía unos 5 millones de metros de espacio para alquilar a centros de datos. De ellos, “827.000 metros cuadrados en desarrollo activo y otros 437.000 metros cuadrados para desarrollo futuro”. La empresa también informa que no es propietaria de todos los edificios de su portafolio, sino que alquila muchos de ellos.
En 2018, Digital Realty anunció en su sitio web que había completado la adquisición de una parte de Ascenty, una empresa de centro de datos brasileña, fundada en 2010, que opera estos espacios en Brasil y en otras partes de América Latina. La filial brasileña de Digital Realty, Stellar Participações Ltda, compró junto con Brookfield Infrastructure (una filial de Brookfield Asset Management) un 49% cada uno de las acciones de Ascenty por 1.800 millones de dólares. Chris Torto, el fundador y CEO de Ascenty se quedó con el 2%. Es a través de Ascenty que Digital Realty opera la mayoría de los centros de datos en América Latina, según reporta en sus propios estads financieros.
Esta asociación con Brookfield es indicativa del tipo de dinero que financia la expansión de los centros de datos: en gran medida, proviene de fondos de pensiones. Brookfield, con sede en Canadá, es una de las mayores gestoras de inversiones alternativas del mundo. Según el Center for International Corporate Tax Accountability and Research, “Brookfield gestiona más de 800 000 millones de dólares en activos, gran parte de los cuales provienen de ingresos diferidos de trabajadores a través de fondos de pensiones públicos globales”. En muchos casos, esto significa que el riesgo está ampliamente distribuido. Si la industria de los centros de datos resulta ser una burbuja económica y estalla, los trabajadores de todo el mundo asumirían las pérdidas.
El otro gran actor en el mercado latinoamericano de centros de datos, DigitalBridge, también funciona como una empresa inmobiliaria, en la que muchos jubilados han invertido sus fondos. DigitalBridge es el nombre actual de una empresa anteriormente conocida como Colony Capital. En 2020, una filial de Colony Capital, Digital Colony, compró UOL Diveo y creó Scala Data Centers S.A. en Brasil. Según su sitio web, Scala cuenta con 18 centros de datos en América Latina: 13 en Brasil, tres en Chile, uno en Colombia y uno en México.
Tanto DigitalBridge, que comenzó como una empresa de infraestructura tecnológica, como Colony Capital, que originalmente era una firma inmobiliaria, fueron fundadas por Thomas Barrack (un magnate del sector inmobiliario, amigo cercano de Donald Trump y su actual embajador en Turquía). En 2019, Colony Capital compró DigitalBridge. Barrack fue arrestado en 2021 por cargos federales de lobby ilegal en favor de los Emiratos Árabes Unidos ante Trump, y para ese año Colony Capital ya se había renombrado como DigitalBridge. Al igual que Digital Realty Trust, DigitalBridge es también un fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT).
Que no se detenga
Otro actor clave en la expansión de los centros de datos son las compañías eléctricas. El auge de la IA está revirtiendo años de descenso en el consumo energético en Estados Unidos, China y otros países, y las grandes empresas energéticas ven oportunidad de volver a crecer.
Y dado que la cantidad de energía requerida por los centros de datos aumenta mundialmente, que las empresas que suministran esa electricidad tengan participación en estos centros podría representar un conflicto de interés. Las eléctricas podrían beneficiarse de la construcción de nuevas plantas para satisfacer la demanda generada por los mismos centros de datos que posean.
El centro de datos DataTrust en El Salvador, por ejemplo, es propiedad de la empresa IFX Networks, que también tiene centros de datos en Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica y Honduras. IFX Networks es propiedad de otra empresa, Ufinet, que a su vez fue comprada por el Grupo Enel, pero posteriormente vendida en una operación en la que Enel retuvo una participación del 19,5%. Enel es una multinacional italiana que provee electricidad en muchas ciudades de varios países latinoamericanos, incluyendo Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México y Panamá.
Brookfield, que como se mencionó es dueña del 49% of Ascenty —y, por lo tanto, en la mayoría de los centros de datos de América Latina—, también es propietaria de ISAGEN, una antigua empresa eléctrica pública de Colombia, que compró en 2016. ISAGEN opera seis plantas hidroeléctricas en Colombia, un país cuya matriz energética depende en gran parte de la hidroelectricidad. Además, ISAGEN gestiona otras 21 centrales eléctricas en el país.
La actitud global actual hacia los centros de datos es de optimismo generalizado, y lo mismo ocurre en América Latina: empresas y gobiernos parecen querer ser los que construyan más y más rápido. Muestran oídos sordos a las denuncias de habitantes que se quedan sin agua, las preocupaciones de comunidades sufriendo racionamiento de agua o de energía y los riesgos de que las pensiones de trabajadores se estén apostando a la bonanza jalonada por esta fiebre de última moda. O las contrarrestan con promesas, sin cifras precisas, de riqueza y progreso.
Aún está por verse si el auge de la inteligencia artificial se materializará en beneficios concretos para los países que están entregándoles a las empresas de centros de datos una parte de sus preciados recursos. Ya se verá si la prometida bonanza llega o si será otra burbuja económica que nos deje con edificios llenos de servidores sin uso y que más que empleo, produzcan contaminación.
La Mano Invisible de las Big Tech es una investigación periodística transfronteriza y colaborativa liderada por el medio brasileño Agência Pública y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) junto a Crikey (Australia), Cuestión Pública (Colombia), Daily Maverick (Sudáfrica), El Diario AR (Argentina), El Surti (Paraguay), Factum (El Salvador), ICL (Brasil), Investigative Journalism Foundation - IJF (Canadá), LaBot (Chile), LightHouse Reports (Internacional), N+Focus (México), Núcleo (Brasil), Primicias (Ecuador), Tech Policy Press (USA), Tempo (Indonesia). Con el apoyo de Reporteros Sin Fronteras y del equipo legal El Veinte y el diseño de la identidad visual de La Fábrica Memética.
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