Análisis

Diferencias entre el Gabinete económico, el cristinismo y los movimientos sociales por el método para bajar la inflación

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, controlando el acuerdo de precios de la carne vacuna.

Se reúnen todas las semanas y, aunque tengan sus matices, están de acuerdo en líneas generales sobre cómo encarar la lucha contra la inflación. Son los integrantes del Gabinete económico, que preside el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y que integran su vice, Cecilia Todesca Bocco, el ministro de Economía, el empoderado Martín Guzmán, el de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, y la jefa de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont, entre otros. Coinciden en que el aumento de precios es un fenómeno principalmente macroeconómico, aunque unos pongan más énfasis en la política monetaria y otros en los controles de precios, pero están lejos de las críticas que llegan desde el cristinismo contra dicho enfoque, según uno de los integrantes de ese gabinete.

Impuestos que bajan, precios que suben, lo que se fabrica más, lo que se deja de producir

Impuestos que bajan, precios que suben, lo que se fabrica más, lo que se deja de producir

Cinco ejes tiene el plan de Guzmán y su secretario de Política Económica, Fernando Morra (hizo su tesis de maestría sobre cómo otros países redujeron la inflación y ahora recibe críticas K por presunta "ortodoxia"). Primero, apuntalar la recuperación económica para que, con ella, se inicie la “consolidación” fiscal -es decir, la reducción del rojo. Puede que Marcó del Pont y Todesca Bocco tengan una visión menos fiscalista que el ministro, pero tampoco disienten con él en este aspecto. Cuando la primera presidía el Central entre 2010 y 2013, con la asesoría de la actual vicefa de Gabinete, la inflación directamente se negaba. Cristina Fernández era la jefa de Estado. Después vino Mauricio Macri y sus economistas con una frase de campaña: "Eliminar la inflación será la cosa más simple que tenga que hacer si soy Presidente." Según su promesa, podía lograrse en dos años. Ahora, en cambio, Guzmán y Morra sostienen que moderarla es la prioridad y podría llevar dos o tres gobiernos, si se mira la experiencia internacional de países como México, Colombia, Chile, España, Italia o Corea del Sur.

En segundo lugar, el Gobierno apunta a reforzar el mercado de deuda doméstico para financiar el déficit, y no con más emisión monetaria. Marcó del Pont advirtió en alguna reunión a Guzmán que darle a la maquinita de billetes no provoca en sí inflación pero genera excedentes que terminan yendo al dólar blue, cuya brecha con el oficial impacta en las expectativas de devaluación oficial y en los precios. "Martín simplifica el problema", comentó un testigo del comentario. El ministro aceptó la observación, pero al final del día eliminó las ayudas de emergencia de la pandemia (ATP e IFE) para acotar la emisión, así bajó el blue y desactivó las especulaciones de depreciación del peso oficial y de una inflación que algunos bancos extranjeros como Citi y HSBC predecían en el 60% para 2020 (terminó en 36,5%).

En tercer término, Guzmán quiere impulsar las exportaciones, de modo de desalentar devaluaciones que siempre disparan los precios. Por eso, desactivó las amenazas de aumentar las retenciones que habían pronunciado Todesca Bocco y el propio Alberto Fernández como estrategia para sentar al campo a negociar precios locales disociados de las elevadas cotizaciones internacionales.

En cuarto lugar, la acumulación de reservas del Banco Central, razón de la vigencia de un cepo cambiario que evite shocks del dólar. En el Central planean continuar con las restricciones a los pagos de deuda corporativa, el dólar ahorro y las importaciones de bienes finales mientras las exportaciones sigan por debajo de los US$ 90.000 millones anuales, frente a los 55.000 millones de 2020.

Por último, Guzmán y Morra abogan por un acuerdo para “acompañar” las expectativas de precios y salarios porque, “si se negocian desordenadamente, quedarán desanclados”, según analizan en el gabinete. En ese contexto, se encuadran los Precios Máximos de los productos de consumos masivo vendidos en supermercados y las sanciones por incumplir con su abastecimiento, a cargo de la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, dependiente de Kulfas.

Los ministros de Economía y Desarrollo Productivo coinciden en que, aunque la inflación es un fenómeno macroeconómico -razonamiento de Guzmán que aplaudieron los grandes empresarios la reunión del Acuerdo de precios y salarios-, en economías inflacionarias y con fuerte concentración los agentes se anticipan en los aumentos. Por eso, admiten que medidas heterodoxas no resuelven la inflación, pero pueden ayudar a coordinar expectativas que a comienzos de año vaticinan un piso del 40% al 45% para 2021, en lugar del 29% de meta oficial. "Reducir la inflación es una prioridad porque se traduce en un problema macroeconómico que es retroalimentado por pautas de comportamiento desarrolladas de forma adaptativa en un momento complejo para la toma de decisiones y generación de expectativas" sostuvo el ministro ante los hombres de negocios.

Sin embargo, hay presiones dentro del Frente de Todos para que se acentúen las recetas heterodoxas bajo la concepción de que el enfoque macroeconómico exculpa a las grandes empresas en su responsabilidad de formar precios. Español sintió en carne propia esos apremios en los comentarios K de las redes sociales. Quizás por eso, este año, decidió levantar el perfil y comunicar más las inspecciones que desde el año pasado viene desplegando para controlar precios. Kulfas y ella salieron de recorrida por supermercados. En ese contexto podría encuadrarse, también, la imputación contra una decena de grandes compañías por desabastecimiento, aunque en el Gobierno aclaran que no se trató de una medida intempestiva al estilo de las de Guillermo Moreno, ex secretario de Comercio Interior, sino que la investigación llevaba un mes y busca que se reanude la provisión, no que se apliquen multas. "Alberto se levantó combativo", celebró las imputaciones a grandes empresas Juan Grabois, que agrupa a movimientos sociales aliados a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

En la jefatura de Gabinete señalan que hay consenso sobre la lucha antiinflacionaria dentro del Gobierno, pero que hay bases del Frente de Todos que piden desde afuera más controles de precios y de exportaciones. En el Gabinete económico no logran identificar quiénes están detrás de las críticas al enfoque macroeconómico del combate a la inflación, pero miran hacia el Instituto Patria, el think tank de Cristina Kirchner, a la diputada y economista Fernanda Vallejos, a su colega y profesor Horacio Rovelli, pero no al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, principal consejero sobre economía de la vicepresidenta. En el Gobierno lo ven a Kicillof opinando más sobre tarifas que sobre inflación en general.

En el cristinismo dicen desconocer disidencias de cualquier tipo. Sostienen que la vicepresidenta carece de un referente económico y que en la materia se guía por sus propias conclusiones. Tiene puesto el énfasis en tres ejes. Primero, la negociación de la tarifas de energía, para la que confía en los funcionarios que ella misma colocó: el secretario de Energía, Darío Martínez, el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, y los interventores de los entes reguladores de la Electricidad (ENRE), Soledad Manin, y del Gas (Enargas), Federico Bernal. En segundo término, Cristina Kirchner le da prioridad a Precios Cuidados y otros acuerdos para contener la inflación a partir de la experiencia de su propio gobierno. Por último, repite como letanía la frase que pronunció en diciembre pasado en el Estadio Ciudad de La Plata en el aniversario del gobierno de Kicillof: "Hay que alinear los salarios y las jubilaciones con los precios de los alimentos y las tarifas".

También llegan presiones desde el Movimiento Evita, que conducen Emilio Pérsico y Fernando "Chino" Navarro y que se mantienen distantes de Grabois y la vicepresidenta. A disgusto de Kulfas y Español, que defienden que el control de precios recae sobre los inspectores de Comercio Interior, el Evita y otras organizaciones sociales afines como Barrios de Pie Somos y la Corriente Clasista y Combativa (CCC) organizaron hace una semana a 20.000 militantes para vigilar el cumplimiento de los Precios Máximos. Hay discusiones internas en el Gobierno -Navarro es secretario de Relaciones Parlamentarias y Pérsico, de Economía Social- sobre el impacto político de esas movidas en las diversas clases sociales de la Argentina. En cambio, Desarrollo Productivo coordinó operativos con la AFIP de Marcó del Pont.

AR

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