Ronda cosmética en la UE para salvaguardar la imagen ante el genocidio en Gaza

La presión social ha empujado a gobiernos de la UE a escenificar una reacción ante el genocidio israelí en Gaza. A ello han contribuido las grandes manifestaciones de los últimos días en La Haya, Londres o Madrid, así como los resultados de encuestas que, en diferentes lugares, muestran un amplio descontento social con las acciones de Israel, incluso en un país como Alemania. Además de estas movilizaciones, las campañas que denuncian el comercio armamentístico y que reclaman suspensión de relaciones con Israel calan en la opinión pública de algunos países, como España.

Otra de las vías de presión es la que se lleva a cabo desde hace tiempo en el ámbito jurídico. La Corte Internacional de Justicia emitió un dictamen, el pasado mes de julio, que solicita a las naciones de la ONU “impedir relaciones comerciales y de inversión” que contribuyan a la ocupación ilegal israelí. Ningún país europeo está cumpliendo con ello.

La otra Corte de La Haya, el Tribunal Penal Internacional, emitió hace meses una orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu y, pese a las sanciones que ha recibido por parte de Estados Unidos, prosigue con su investigación al Gobierno israelí por crímenes de guerra y de lesa humanidad.

A estos pasos se suman los dados por organizaciones sociales y jurídicas, que han presentado demandas en tribunales nacionales. Es el caso de Reino Unido, cuyo Gobierno ha sido acusado por varias entidades de derechos humanos de seguir enviando armamento a Israel -en concreto, piezas de aviones de combate F-35. Esta semana se celebraron las audiencias en el Tribunal Superior en Londres, donde el Gobierno defendió su posición, a través de un equipo de abogados. Estos esfuerzos en sí mismos no son suficientes, pero unidos a la presión social, han obligado a Reino Unido a aparentar que hace algo. Al fin y al cabo, ningún gobierno quiere pasar a la historia como cómplice de un genocidio.

El último golpe lo dio hace una semana Eurovisión, donde Tel Aviv buscó verse arropada por Europa, y lo logró. Pero la obscenidad de los hechos tuvo un efecto boomerang. El concurso musical de la Unión de Radiodifusión Europea, el mismo que hace tres años expulsó de inmediato a Rusia, terminó siendo un espejo en el que varios gobiernos europeos se vieron reflejados con cierta incomodidad. El lunes se inició la ronda cosmética, como si la UE hubiera despertado de una larga siesta y acabara de descubrir que Israel comete crímenes de gran envergadura.

Imaginen tener que contarle a una mujer de Gaza que ha visto los cadáveres de sus dos hijos pequeños que la UE va a estudiar si Israel respeta los derechos humanos

Las escenificaciones de la UE

Tras un año y siete meses de genocidio, varios gobiernos europeos anuncian iniciativas o emiten declaraciones públicas de condena a los crímenes israelíes. Con ello, muchos medios de comunicación en la UE han percibido luz verde para emplear otro tono y decir lo que no habían dicho en diecinueve meses de masacres. Hay voces que hablan y denuncian solo cuando sienten permiso desde arriba.

Bienvenidas sean las palabras. Pero la gente de Palestina necesita acciones inmediatas y contundentes para salvar su vida y su integridad física y mental. Sería una irresponsabilidad asumir que la defensa de los derechos humanos y del derecho internacional ya está encarrilada, y que denunciar con perseverancia está fuera de lugar. Lo que está fuera de lugar es la normalización de estas políticas europeas que mantienen relaciones comerciales y diplomáticas con el Gobierno israelí. Para entenderlo, es importante prestar atención a la letra pequeña y no solo a las declaraciones políticas.

Por ejemplo, el Gobierno británico ha anunciado que interrumpe las negociaciones sobre un nuevo acuerdo comercial con Tel Aviv, pero eso no significa que suspenda sus relaciones comerciales con Israel, como se ha dado a entender en algunos medios. De hecho, Reino Unido mantiene transacciones de todo tipo -incluidas exportaciones e importaciones armamentísticas- con el Gobierno y empresas israelíes.

El Acuerdo UE-Israel

Otro ejemplo es lo anunciado sobre el Acuerdo de Asociación comercial preferencial de la UE con Israel. Lo que ha ocurrido es que diecisiete países miembros han propuesto su revisión -que no es lo mismo que su suspensión-, pero otros nueve han mostrado su oposición a ella, entre ellos, Alemania.

Con una revisión se pretende, a estas alturas, analizar si Israel viola o no el artículo 2 del Acuerdo con la Unión Europea, en el que se pide a las partes respeto a los derechos humanos. Tras ello, como se necesita unanimidad, no habrá ruptura del pacto con Tel Aviv, a no ser que se incremente la presión a los gobiernos que se oponen o se busquen otros caminos.

Imaginen tener que contarle esto a una mujer de Gaza que ha tenido en sus brazos los cadáveres de dos de sus hijos pequeños. “En la UE van a estudiar si Israel respeta los derechos humanos”. Tuve esta conversación esta semana. Esa mujer palestina, como tantas otras, sabe de las dinámicas de la política internacional occidental, porque ésta se escribe sobre su propio cuerpo, y sobre los de sus hijos asesinados. “Compran tiempo, y aquí seguimos muriendo y agonizando en vida”, me dijo, con razón. La UE sigue sin adoptar medidas obligadas por tratados y Cortes internacionales.

Hace diecisiete meses, cuando ya había más de 20.000 personas muertas en Gaza y un bloqueo a la entrada de alimentos y medicinas, el genocidio era un mero ruido de fondo normalizado. Usar esa palabra en los países occidentales -genocidio- era convertirse en objeto de crítica asegurada.

El 7 de noviembre de 2023, un mes después del inicio de los ataques israelíes contra la Franja, dije en una entrevista que, si la comunidad internacional no actuaba, Israel mataría a miles de personas más, o incluso “a decenas de miles”, en nombre de su “derecho a defenderse”. No hacía falta ser director de los servicios de inteligencia de un país occidental para saber que eso iba a ocurrir. Bastaba con tener un mínimo conocimiento de la historia reciente de Israel y Palestina. Y, sin embargo, las alianzas con Tel Aviv se mantuvieron. Se mantienen.

No, Reino Unido no ha suspendido sus relaciones comerciales y armamentísticas con Israel y España no ha aprobado un embargo integral

No, no hay embargo integral ya

En España también se han producido esta semana gestos con gran repercusión mediática. El Congreso español aprobó el martes una proposición de ley, presentada en julio por más de 500 organizaciones sociales, que plantea prohibir exportaciones, importaciones y tránsitos de material militar con países investigados por crímenes de guerra, de lesa humanidad o de genocidio. La presión social y las investigaciones sobre el comercio armamentístico que sigue vigente entre España e Israel han sido claves para que el PSOE terminara votando a favor.

Sin embargo, esto no significa que nuestro país haya aceptado ya un embargo integral de armas a Israel. De hecho, el Gobierno ha elegido el camino largo. Ahora comienza un periodo de trámite, que puede prolongarse durante un tiempo indefinido, mientras las masacres, la ocupación ilegal y la limpieza étnica continúan en la Franja de Gaza. Sin presión pública, podría incluso quedarse en el congelador hasta la siguiente legislatura, como ha ocurrido con otras proposiciones de ley en el pasado. Por eso, las organizaciones impulsoras siguen pidiendo, como llevan haciéndolo meses, “un Real Decreto Ley que el Gobierno puede aprobar mañana mismo” para establecer el embargo integral inmediato. “¿Qué le impide hacerlo?”, se preguntan.

España también ha anunciado este fin de semana que impulsará una resolución de la ONU para que Israel acabe con el bloqueo a la entrada de alimentos, medicinas y combustible en Gaza. Hace más de un año la Corte Internacional de Justicia exigió a Israel el fin del bloqueo, con dos órdenes cautelares en enero y mayo, y Tel Aviv hizo caso omiso. También sabemos que varias resoluciones de Naciones Unidas piden el fin de la ocupación ilegal desde hace años e incluso décadas, e Israel las ha incumplido todas. Por tanto, las peticiones, ya sean en forma de declaraciones públicas o a través de resoluciones de Naciones Unidas, no funcionan solas.

Con más de 53.000 personas muertas por los ataques israelíes en Gaza, y con dos millones de palestinos sometidos a desplazamientos forzados continuados y a falta de alimentos y medicinas, los países de la Unión Europea, incluida España, siguen manteniendo relaciones armamentísticas, comerciales y diplomáticas con Israel. Con ello están ignorando el dictamen de la Corte Internacional de Justicia y la Convención sobre Genocidio, que exige “prevenir y sancionar” el genocidio.

Al margen de las decisiones en Bruselas, las naciones de la Unión Europea tienen espacio para adoptar decisiones propias, y deberían hacerlo de forma inmediata. El Gobierno de Netanyahu no ha llegado aún a la cúspide de sus objetivos. Sin sanciones contundentes y sin actuaciones de presión real, seguirá adelante con sus planes de limpieza étnica y de anexión ilegal, hasta conseguir el control permanente de la Franja, la expansión de los asentamientos y la expulsión de más población palestina.

Hay que crear las condiciones que obliguen a Israel a percibir que el precio de matar y de oprimir es más alto que el de no hacerlo

Las obligaciones internacionales

En demasiados espacios políticos y mediáticos europeos se ha repetido durante meses que Europa y España no pueden hacer nada para intentar detener las masacres, y que solo Estados Unidos puede hacerlo. Es una idea falaz que sirve para evadir responsabilidades. Si nadie empuja, nada ocurrirá.

Ante un genocidio en curso se pueden prohibir las escalas en territorio europeo de barcos que llevan material militar -o combustible para aviones de combate- a Israel. Se puede establecer un embargo integral de armamento inmediato, aprobado por Real Decreto, para que España deje de aportar euros a las arcas de empresas israelíes que contribuyen a la ocupación ilegal, al apartheid y a las masacres. Lo mismo deben hacer otros países miembros de la Unión Europea.

Se puede congelar el contrato que España suscribió hace meses con una compañía estatal armamentística israelí. Se pueden revocar todos los contratos adjudicados a empresas armamentísticas israelíes y sus filiales. Se pueden suspender las relaciones comerciales con las empresas y entidades que contribuyen a la ocupación en los Territorios Palestinos, y cumplir así con el dictamen de la Corte de La Haya.

Se puede suspender a Israel de la Asamblea General de la ONU, como se hizo con la Sudáfrica del apartheid. Se pueden tomar medidas para impedir que empresas marítimas europeas sigan transportando material militar a Israel. España podría sumarse a la demanda por genocidio contra Israel, cosa que no ha hecho a día de hoy.

Se pueden imponer sanciones a las empresas que facilitan inteligencia artificial al Ejército israelí, con algoritmos que convierten a civiles en objetivos a matar. Se pueden cortar relaciones diplomáticas. En definitiva, se puede pasar de una vez de las palabras a los hechos. No hay tiempo para más bailes burocráticos, para “marcos previos”, para “premisas”, para “puntos de partida”, para “crear resortes” para “un primer paso” que “propicie las bases” para que algún día...

Nadie podrá esquivar el relato de la historia, porque millones de ojos de personas decentes vigilan y toman nota. Solo hay un camino: hacer todo lo posible para salvar vidas, hacer todo lo posible para acabar con las masacres. y, después, hacer todo lo posible para poner fin a la ocupación ilegal y el apartheid. Con contundencia, con presión, con todas las herramientas que las Cortes Internacionales han dado a la política y que, sin embargo, los países europeos siguen sin usar. Hay que crear las condiciones que obliguen a Israel a percibir que el precio de matar y de oprimir es más alto que el de no hacerlo.

No, el genocidio no puede dejar de ser noticia la próxima semana. No hay relato que sujete con credibilidad más rondas cosméticas.