Por qué defendemos la universidad pública: quien no puede imaginar el futuro, no puede disputarlo

Se nos hace cuesta arriba tener que defender lo obvio, y todo el tiempo. Defender lo que ya existe y de repente hay que justificar ante quien solo habla el idioma de la rentabilidad. Defender ante la pregunta de cuánto cuesta, como si ese fuera el único número que importa y todo el resto fuera sentimentalismo, cooperativismo, o nostalgia mal administrada. Defender lo que te hizo pensar cómo pensás, lo que hizo posible que alguien sin apellido reconocido ni capital heredado pudiera, de todas formas, producir ideas que tuvieran peso, con sólidos argumentos y con la posibilidad real de interpelar al mundo. 

Es difícil defender entre tanta precariedad y estrés colectivo, y sin embargo hay que hacerlo, porque lo que está en juego cuando se discute el financiamiento de la universidad pública no es un dato presupuestario: es un hecho político. Defendemos quién tiene derecho a saber, a preguntar, a que sus ideas sean tomadas como válidas, porque lo que organiza toda la lógica del ajuste, es que ese derecho debería pertenecer a quienes pueden comprarlo, porque en el fondo lo que no soportan, como diría Matías Rioja, es que cualquiera pueda poder.

Privado, en su origen, no significa exclusivo ni reservado para los que pueden pagarlo, significa despojado, arrancado de los demás: es la sustracción activa de algo que era colectivo. Público, en cambio, significa perteneciente a la gente y no a un grupo ni a quienes se lo ganaron, sino a cualquiera; y cualquiera, etimológicamente, es el elemento indiferenciado de un conjunto, el que llega sin apellido que lo preceda ni capital que lo habilite ni barrio que lo clasifique antes de que abra la boca. 

La universidad pública es el lugar donde ciertos sectores acceden, por primera vez en su historia familiar, a producir conocimiento con estatuto, con el peso institucional suficiente para que lo que uno piensa deje de ser “opinión” o “creencia” y se convierta en argumento, en hipótesis, en categoría analítica que puede interpelar a quienes tienen el poder de cambiar algo. 

Aníbal Quijano llamó colonialidad del saber a la clasificación racial y geográfica de quién es capaz de producir teoría, ciencia y pensamiento universal; y quién sólo puede producir folklore, creencia, tradición local, saberes que no viajan ni abstraen, y que no alcanzan el estatuto de verdad porque vienen de los cuerpos y los territorios que el orden colonial clasificó como inferiores; y que hoy, el orden neoliberal lo re clasifica como ineficientes, poco rentables y subsidiados. Lo que esta noción nos permite ver (a pesar de que el debate presupuestario sistemáticamente lo evita) es que la universidad pública en Argentina fue, históricamente, una de las pocas instituciones donde esa jerarquía se podía fracturar, donde alguien que no venía del “lado correcto” del mapa colonial del conocimiento igual podía producir un argumento con suficiente peso y respaldo institucional.

Esa fractura que la universidad pública hace posible no es sólo epistemológica, no se agota en quién tiene derecho a producir conocimiento “válido”. Lo más urgente y peligroso es la otra posibilidad que puede abrir o cerrar el acceso a la universidad pública, porque determina quién tendrá (o no) derecho a imaginar el futuro, a disputarlo, a proponer que las cosas podrían ser de otra manera, y a hacerlo realidad.

Arjun Appadurai tiene un nombre para esto: capacidad de aspirar, que no es un rasgo psicológico individual sino un bien cultural que se aprende, que se ejercita, que se acumula o se atrofia según las condiciones materiales y simbólicas en que uno vive, y lo que esa noción permite ver es una asimetría que va mucho más allá de quién tiene dinero: los sectores con más recursos acumulan también la posibilidad de proyectarse en el tiempo, de imaginar escenarios que excedan la urgencia inmediata, y de formular preguntas sobre el futuro en lugar de solo administrar el presente.

En cambio, quien no puede imaginar futuros alternativos tampoco puede disputarlos, ya que no tiene los marcos conceptuales para nombrar lo que falta ni para argumentar que las cosas podrían ser de otra manera. La universidad pública fue, durante décadas, el dispositivo a través del cual esa capacidad se redistribuía hacia sectores que solo gracias a ella tuvieron acceso a las herramientas suficientes para leer el mundo de otra manera, para hacer preguntas que el mercado no hace porque sus respuestas no son rentables.

Y si la capacidad de aspirar es un bien cultural que se distribuye de manera desigual, la pregunta que sigue es qué pasa cuando el propio horizonte de lo posible se achica, cuando no es solo que algunos tienen menos herramientas para imaginar el futuro sino que el clima cultural dominante decreta que ciertos futuros directamente no existen, que son ingenuos, ideológicos, o que son un lujo que no nos podemos dar.

Mark Fisher llamó realismo capitalista a esa condición en la que resulta más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, y lo que esa descripción captura no es solo un dato sobre la imaginación colectiva, sino sobre el clima ideológico en el que se inscribe cualquier debate sobre lo público, incluido este, porque cuando lo único imaginable es lo que el mercado puede costear, lo que se produce no es solo una decisión presupuestaria sino el achicamiento deliberado del horizonte de lo posible.

Lo que el neoliberalismo hace, y lo que el debate sobre el financiamiento universitario reproduce sin nombrarlo, es naturalizar que hay preguntas que no merecen ser financiadas porque sus respuestas no tienen precio de mercado. Que el valor de enseñar algo se mide sólo por lo que ese algo vale en el mercado de trabajo y no por lo que habilita en términos de comprensión del mundo. Porque quien no puede pagar ese acceso simplemente no estaba destinado a hacerse esas preguntas.

¿Qué pasa cuando en el discurso público (en el “sentido común”) se instala la idea meritocrática que asegura que estudiar no es un derecho, es una posibilidad para quienes pueden pagarlo, y si no, es un gasto que atenta contra el equilibrio fiscal? ¿Qué queda de la política cuando el horizonte de lo posible se achica hasta coincidir sólo con lo que el mercado puede costear y nada más? Nos, me pregunto si sabemos lo que estamos dejando ir cuando dejamos que esta discusión se quede en los números, si entendemos que lo que se está disputando ahora no es solo un presupuesto, sino quiénes van a tener derecho a hacer esas preguntas, a sostenerlas, a convertirlas en algo que el mundo tenga que escuchar.

Defender la universidad pública es, en todo momento, y en todo lugar, defender que cualquiera pueda poder.