Comodoro Py cierra el año con un movimiento que contradice la presunción generalizada de que se transformó en un lodazal inoperante, imposibilitado de que una causa avance en un lapso menor a un lustro. La mala noticia es que el mecanismo, que resolvió en poco tiempo la instrucción, una disputa por competencia jurisdiccional y decisiones en sentido opuesto en diferentes instancias, se activó para una causa que pugna por el liderazgo en su listado de desmanes jurídicos.
El viernes, el juez federal Daniel Rafecas dio por concluida la instrucción de la causa caratulada “Biasi, Vanina Natalia s/inf. art. 3 de la ley 23.592” y envió a juicio oral a la legisladora de la Ciudad, tras procesarla por presunta incitación al odio religioso.
El caso se originó en una serie de posteos en X de Vanina Biasi, empleada no docente de la UBA, exdiputada nacional, militante del Partido Obrero (PO) e integrante del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT).
Semanas después del ataque terrorista de Hamás del 7 de octubre de 2023, cuando ya se había desatado la respuesta de Israel que terminaría en el asesinato de más de 70.000 gazatíes, Biasi publicó textos como los siguientes.
“El estado sionista es nazi por sus prácticas y su ideología y entiendo que a un propagandista de un Estado terrorista, genocida y asesino de niños le moleste leerlo, pero sus patoteadas no me van a silenciar”.
“Sigue la masacre del pueblo palestino. Sigue el silencio cómplice del poder económico y mediático. Sionismo es genocidio. Sionismo es apartheid. Sionismo es la construcción de una narrativa mentirosa en la que el ocupante es víctima y el ocupado victimario”.
Al fiscal Carlos Stornelli le parecieron mal esas expresiones, vio delitos consumados y radicó una denuncia, que arribó al juzgado de Rafecas el 29 de noviembre de 2023.
En la elevación a juicio de la semana pasada, Rafecas reprodujo casi todo el texto original del fiscal, pero tuvo la precaución de omitir un párrafo: aquél que citaba a “Sergio Pikholtz, vicepresidente segundo de la DAIA, quien, entre otras cosas, expresó: ‘Vanina Biasi será recordada como una de las máximas instigadoras del nazismo en la Argentina desde el comienzo de la democracia moderna hace 40 años’”.
La única persona citada como autoridad validante en la denuncia de Stornelli —Pikholtz— se volvió un problema poco después, cuando opinó en redes que “no hay inocentes civiles en Gaza, tal vez los niños de menos de cuatro años. Sin piedad con los asesinos de judíos”. El alto dirigente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) no hizo más que reproducir un discurso arraigado en ministros del Gobierno de Benjamín Netanyahu y en medios y redes de Israel y Argentina. De todas formas, la explicitación de esa idea inhumana y supremacista por parte de una autoridad de la DAIA, al tiempo que morían decenas de niños palestinos por día bajo las bombas israelíes, fue demasiado incluso en el contexto de la era Milei, que porta a la crueldad como bandera. Pikholtz fue relegado y, dos años después, Rafecas, con buen tino, prefirió disimular la autoría intelectual de la denuncia que le tocó investigar: ni lo mencionó en el texto que concluye su actuación.
El titular del juzgado 3 en lo criminal y correccional federal imprimió una inusitada celeridad al expediente, incluso para sus propios estándares, pese a que no es de los más lentos ni forma parte de los jueces y fiscales que actuán como si fueran digitados por los servicios de Inteligencia, el Grupo Clarín y/o el chasis de la “mesa judicial” que instauró el macrismo en la última década, camarilla que quedó retratada en la inolvidable excursión a Lago Escondido.
El centro del debate en el expediente contra Biasi pasó a ser si la acusación al “sionismo” de “nazi” y perpetrador de un genocidio constituía un acto antisemita.
Pikholtz fue relegado y, dos años después, Rafecas, con buen tino, prefirió disimular la autoría intelectual de la denuncia que le tocó investigar: ni lo menciona en su último texto.
La dirigente del PO expresó en múltiples oportunidades dentro y fuera de la causa su rechazo a los agravios antijudíos, pero reivindica su oposición al sionismo, que es un movimiento de autodeterminación nacional en “el Monte de Sion” (Jerusalén), nacido en siglo XIX y coronado en 1948, pocos años después del Holocausto. Como la deriva posterior significó la ocupación de los territorios palestinos en un régimen que Human Rights Watch y Amnesty International califican como apartheid, y se repitieron matanzas en Gaza y Cisjordania, a veces en represalia por ataques terroristas, para la izquierda trotskista y mucho más allá, el sionismo es inescindible de lo que haga el Estado de Israel.
Para quien escribe, esa identificación es a todas luces errónea e injusta. Por empezar, porque hay sionistas dentro y fuera de Israel que denuncian el genocidio perpetrado en Gaza desde octubre de 2023. Más de un tercio de los judíos de la ciudad de Nueva York, muchos de ellos sionistas, votaron por el demócrata de izquierda Zohran Mamdani como alcalde, quien denunció repetidamente la masacre en el territorio palestino. Se trata de un principio elemental. Una cosa es el nacionalismo israelí, argentino o guatemalteco, y otra cosa es lo que hagan los gobernantes y los militares en su nombre.
Los ejemplos de israelíes sionistas, sobrevivientes del Holocausto o sus descendientes que expresan solidaridad con las víctimas de Netanyahu y sienten ofendida la memoria del pueblo judío son numerosos, algunos muy notables. Entre ellos, Omer Bartov, profesor de Estudios del Holocausto y de Genocidio en Brown University, exsoldado del Ejército israelí, quien escribió en julio pasado en una columna en el New York Times: “Es una conclusión dolorosa, a la que me resistí todo lo que pude. Israel está cometiendo un genocidio contra el pueblo palestino”.
Salta a la vista
El paso del tiempo no favoreció la ofensiva contra Biasi. Los muertos palestinos, que a fines de 2023 eran miles, pasaron a ser decenas de miles, y llegarían a centenares de miles por la crítica situación humanitaria en Gaza, según proyecciones académicas de universidades europeas y estadounidenses. La palabra “genocidio” comenzó a ganar terreno y llegó a la boca del papa Francisco, académicos como Bartov, organizaciones de derechos humanos de todo el mundo, gobernantes como Gabriel Boric y Pedro Sánchez, y expertos de máximo nivel que elaboraron un informe para el Consejo de DDHH de la ONU. La Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra Netanyahu por crímenes de guerra y la Corte Internacional de Justicia tramita una causa contra el Estado de Israel bajo la figura de genocidio.
En todo caso, la acepción de sionismo, si Israel comete o no un genocidio, si los palestinos no merecen un Estado hasta que no repudien unánimemente los actos terroristas de las Brigadas Al Qassam de Hamás o si los palestinos o los judíos deben ocupar todo el territorio “desde el río hasta el mar” —lo que supone la no existencia del país del otro— forman parte de debates políticos, que pueden ser altisonantes o agresivos, pero legítimos. El límite debería ser el derecho internacional. Sobran expresiones de líderes árabes que rechazan la mera existencia de Israel como país, sin ningún reconocimiento de derechos a sus diez millones de habitantes. También ocurre lo contrario: políticos israelíes que llaman a terminar de ocupar Gaza y Cisjordania, e impedir para siempre la creación de un Estado palestino. Salta a la vista una diferencia. Esto último está ocurriendo.
El expediente contra Biasi transcurrió entre argumentos, testigos y amicus curiae que apuntaron que ser antisionista equivale a ser antisemita, y quienes defendieron el derecho a denunciar un genocidio.
En paralelo, surgió otra causa, que esta vez tuvo a Biasi como denunciante. En las semanas siguientes al ataque de Hamás, la entonces diputada nacional recibió unas 250 amenazas de muerte. Gran parte de los mensajes recibidos fueron proferidos por alumnos adolescentes que incorporaron su número a la fuerza a chats grupales, a veces con sus padres.
Uno de los mensajes recibidos:
“Antisemita Hdp,”Ojalá te mueras con los árabes“, ”Basura“, ”Te van ir a buscar“, ”Forra“, ”Hija de puta, negra de mierda, la concha de tu hermana, puta barata, palestina hija de puta, chupame bien la poronga hija de puta. Te voy a re cagar a tiros hija de puta, puta barata. Chupamela y haceme un pete puta del orto. Te voy a tirotear y te voy a descuartizar la cabeza hija de puta“.
El autor de este texto emitido el 10 de octubre de 2023 por la noche fue el empresario textil Marcos Ezequiel Attar Cohen, entonces de 27 años. Fue condenado a realizar en probation los cursos “Discriminación, un problema social que nos convoca a todos” y “Comportamiento ciudadano”, y a pagar $100.000.
Rafecas procesó a Biasi por inicitación al odio en abril pasado, semanas antes de la elección a legisladores de la Ciudad, para las que la dirigente trotskista encabezaba la lista del FIT. Una fuente con acceso al expediente explicó que los dichos de Biasi “prácticamente estaban instigando un nuevo atentado antisemita”, una hipérbole imaginativa que parece reflejar la debilidad del procesamiento.
En agosto, antesala de las legislativas de la provincia de Buenos Aires, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia —camaristas puestos en comisión por Mauricio Macri— junto a su colega Mariano Llorens, ratificaron el procesamiento. En octubre, el mismo tribunal dispuso que el expediente debía ser tratado en la Justicia ordinaria de la Ciudad (no federal), pero la semana pasada, la Cámara de Casación Federal ordenó lo contrario. Con la “instrucción” concluida, Rafecas decidió habilitar el juicio oral.
Parecido y diferente
De Stornelli, el denunciante original, no hay mucho por agregar. Hace años que sus decisiones parecen una huida hacia adelante motorizada por los presuntos delitos que cometió, como tentarse con plantarle droga al ex de su actual pareja o hacerle una cámara oculta a un abogado defensor con fines extorsivos. Cabe reforzar el adjetivo “presunto” porque la camarilla de Comodoro Py fue implacable para enterrar cualquier posibilidad de investigación que afectara a uno de sus principales miembros.
Tampoco es necesario abundar sobre el fiscal asignado a investigar la denuncia contra Biasi, Eduardo Taiano, el mismo que estaqueó el expediente de la estafa $LIBRA que involucra a los hermanos Milei, y mantiene con respirador artificial la causa por el suicidio de Alberto Nisman, impedido de avanzar por sus propios desmanejos
La trayectoria de Rafecas es distinta. No sólo sería un error ubicarlo dentro de la trama más sórdida de Comodoro Py, sino que padeció la artillería que ahora celebra sus decisiones. Fue uno de los jueces de primera instancia más incisivos y eficientes en las causas de lesa humanidad durante la última década. En sus decisiones, profundizó en la vertiente que estudia los nexos teóricos y procedimentales entre el terrorismo de Estado en Argentina y el Holocausto.
Diez años atrás, cuando demostró con argumentos contundentes que la denuncia de Nisman contra Cristina por supuesto encubrimiento de los responsables del atentado a la AMIA constituía un engendro mal elaborado, Rafecas fue puesto en la mira por el Grupo Clarín, la DAIA y la Asociación Empresaria Argentina. El diario La Nación publicó solicitadas a repetición en su contra, encabezadas por la firma Saguier.
No existen en democracia tutores de las palabras, puesto que se autoasignó Rafecas.
Pasó el tiempo, el juez reparó diferencias con la DAIA, se dejó halagar en actos públicos; salió de la mira de Clarín y La Nación; administró los tiempos de las causas sensibles —signo de identidad de Comodoro Py— y soportó la oposición de Cristina a su designación como procurador general, en el marco de la pelea entre la entonces vicepresidenta y Alberto Fernández.
Así recompuso su imagen hasta que llegó al punto de que de su firma salió un procesamiento con argumentos pueriles y el ocultamiento del mentor de la denuncia —Pikholtz— contra una dirigente que denunció el presunto genocidio en Medio Oriente.
Desde el punto de vista de la libertad de expresión, resulta irrelevante si un fiscal, un juez o un periodista aprueba el uso de determinados términos. Se puede polemizar con el abordaje de Biasi sobre Gaza, pero no existen en democracia tutores de las palabras, puesto que se autoasignó Rafecas.
Subyace un fin último, con seguridad, el más importante.
En pocos países como Argentina hubo tal silencio ante la matanza en Gaza, definido por historiadores como el primer genocidio constatado en tiempo real a través de las redes sociales. Los dirigentes políticos que denuncian lo mismo que Bartov o Francisco son contados. A saber: los legisladores del FIT, algún kirchnerista que compensa con otro en sentido contrario, Juan Grabois, el exPRO Nicolás Massot y pocos más. En el peronismo prima el silencio, mientras que, en la derecha y la ultraderecha, la adhesión a Netanyahu y Donald Trump es una prueba automática de identidad.
Así, queda consumada una paradoja. En un país cuyo Presidente agravia, insulta y amenaza impunemente, con frecuencia diaria, a personas por su ideología (“zurdos de mierda, los vamos a perseguir”), a determinados trabajadores (“no odiamos lo suficiente a los periodistas”), a familiares de desaparecidos (Lemoine, su maquilladora, se rie de quienes fueron arrojados al río); trata como subhumanos a quienes se oponen a sus políticas, expresa misoginia sin inhibiciones, discrimina a los musulmanes y todo aquel que no forme parte de lo que entiende como Occidente y atribuye perversiones a los gays (“son pedófilos”), Rafecas elige llevar a juicio a una de las pocas voces del espacio público que nombra la palabra Gaza.
SL
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