El presidente Noboa y la alquimia del Decreto de los años de plomo

Ecuador triplicó en tres años los homicidios. La violencia, la intimidación, la extorsión, los delitos de sangre y la corrupción de la Justicia, la Policía y las autoridades locales crecen desde 2018. Desde que los cárteles mexicanos promovieron a este país que no produce cocaína al rango de barraca final donde stockear la droga colombiana y peruana y de puerto nuevo sudamericano en el Océano Pacífico desde donde embarcar su mercancía clandestina. A pesar de una vida social que transcurre al ritmo del temor y temblor cotidianos y del crimen sin castigo cometido por autores seriales bien organizados, en los marcos de lo hasta entonces previsible en Ecuador encajó mal la segunda semana de enero de 2024 con su alta y reconcentrada densidad diaria de ataques narcos plurales y simultáneos en variados, visibles y bien escogidos escenarios urbanos. Más imprevisible aún, sin embargo, fue para la vida política nacional el buen éxito del flamante presidente liberal Daniel Noboa al lograr que el Congreso, de mayoría correísta, aprobara por unanimidad el Decreto que ordena sesenta días de Estado de Excepción en Ecuador.

Hechos de amplia difusión por el periodismo y por las redes, en tiempo real o casi; delitos no pocas veces filmados y viralizados por autores y cómplices. Un terror tanto más eficaz para amedrentar cuanto impredecible y azaroso era para abalanzarse o herir a sus presas. Pero más imprevisible todavía lució en Ecuador la respuesta del presidente Noboa, que por Decreto 111 declaró al país en estado de Conflicto Armado Interior y entregó a las FFAA la iniciativa para combatir por las armas en suelo nacional al narco tráfico, ahora llamado terrorismo. Y con creces avanzó más allá de los umbrales de lo hasta esta semana creíble, la masiva y maciza ratificación por el flamante Legislativo del nuevo rumbo contraofensivo escogido no sin meditado sentido de la oportunidad por el flamante Ejecutivo. Después del hecho consumado, y en las circunstancias actuales, de por sí y aun con los rasgos extremos que ostentó, tal sostén no era un fenómeno imprevisible. Pero, hasta que se contaron los votos, el apoyo había sido imprevisto. Sin grietas, sin pactos con el Gobierno, el Congreso unicameral de mayoría correísta ya se inclinó unánime a favor del Decreto 110 que declaraba el Estado de Excepción por sesenta días. 

Una semana que sacudió a Ecuador y estabilizó a su presidente

Al asombro por la fuga de José Adolfo Macías, líder de la organización narco Los Choneros, consumada con buen éxito semanas antes pero recién el lunes 8 conocida en Quito por el Gobierno -era la segunda vez que ‘Fito’ escapaba de una prisión estatal-, se sumó de inmediato la noticia de que tampoco ningún obstáculo había retenido en su encierro penal al también fugado Fabricio Colón Pico, cabecilla de la organización Los Lobos, segunda en importancia ecuatoriana por su volumen criminal. En las penitenciarías estallaron fogoneados motines.

El saldo de esta vehemencia fueron las decenas de convictos liberados y el centenar y medio de guarda cárceles retenidos, rehenes de negociaciones por venir con el Gobierno. Una cuadrilla de jóvenes de entre 15 y 25 años de edad munidos de armas largas tomó por asalto la televisión del Estado. La ocupación de los estudios y la reducción del personal técnico y periodístico al que los atacantes apuntaban su poder de fuego fueron retransmitidas en directo. Explotaban coches bomba en parques y otros puntos de encuentro urbano en la capital ecuatoriana. El secuestro de estudiantes en las escuelas y de transeúntes en la vía pública proveyó de más capital para la negociación. En el primer día de insurgencia se contabilizaron once muertes. Todos los cursos escolares, por orden de las autoridades educativas, pasaron de la modalidad presencial a la virtual -como en tiempo de pandemia- hasta nuevo aviso.

Neutralizar es abatir 

A esta novedad cuantitativa, de concentración de ataques narcos y la multiplicación de sus víctimas por unidad de tiempo, se sumó, menos esperablemente, e inesperadamente para quienes había gatillado el desencadenamiento de tal caos cronometrado, una novedad cualitativa. Afincada en la reacción de los Poderes del Estado. Para su Decreto 110 que declaró por dos meses el Estado de Excepción en Ecuador -ampliado al día siguiente por su Decreto 111 donde por primera vez en el siglo, yendo más allá de la causal de conmoción interior, la excepcionalidad se veía justificada por un Conflicto Armado Interior, el Presidente mereció un consenso pleno en la Asamblea Nacional opositora.

La mutación operada de un día a otro y la reformulación del Decreto, que condujo al mega Decreto, consistía en que si en el Decreto 110 el Ejército era concitado para que sus tropas colaboraran con las Fuerzas de Seguridad en lucha común contra el crimen organizado, en el 111 se entregaba a la oficialidad y a los comandantes de las FFFA la iniciativa y conducción de un ‘conflicto armado interno’, una guerra interior para ‘neutralizar’ a los narcos, redefinidos 'terroristas'.

Desde Guayaquil, la ciudad que más sufrió en estas jornadas de narcogolpe, Jimmy Jairala, conductor de un muy escuchado programa radiofónico matinal que no escamotea sus antiguas simpatías por Rafael Correa, le pregunta a una renombrada abogada constitucionalista: “‘Neutralizar’ ¿puede significar ‘abatir’ a un presunto terrorista?”.

Abatir es la mejor manera de neutralizar

La respuesta de Ximena Ron a Jimmy Jairala es un Sí rotundo: neutralizar bien puede ser abatir. Si las FFAA entienden que los terroristas los están atacando o están atacando a la población civil con armas de fuego poniendo vidas humanas en peligro, pueden defenderse o defender a la ciudadanía con parejo nivel y armamento que sus atacantes. Es legal entonces toda respuesta de las FFAA que ponga en riesgo las vidas de los terroristas, o que se las quite. La jurista aclara con énfasis que esto no equivale, como han entendido algunas personas y algunos medios, a que el Ejército pueda balear a quien quiera. El derecho a la legítima neutralización de las FFAA presenta limitaciones infranqueables que no admiten excepción, precisa la especialista: los militares en el terreno sólo pueden abatir a quienes interpreten que son terroristas que portan armas y que evidencian voluntades sin duda homicidas.

El Decreto 111 tiene fecha del martes 9; el miércoles 10 por la noche, el almirante Jaime Vela, jefe del Comando Conjunto de las FFAA de Ecuador, y el general César Zapata, al frente de la Policía Nacional, pudieron anunciar que ya habían “abatido a cinco terroristas”. De 329 más anunciaron después su reciente arresto: terroristas presuntos, vale decir, personas vinculadas, principalmente, con los cárteles Los Choneros, Los Lobos, y Tiguerones.

Sobre cómo guiarse para interpretar sin extravíos el Decreto 111 opinó Otto Ramón Sonnenholzner, vicepresidente de Ecuador hasta 2021. El candidato presidencial derrotado en la primera vuelta de 2023 por Noboa fue enfático sobre la norma de su ex rival: “No hay que capturar, hay que abatir a los terroristas”. Según este empresario, radiodifusor y empresario de Guayaquil, número 2 en la presidencia de Lenin Moreno –el heredero político de Rafael Correa y su sucesor en el poder al fin de la ‘década ganada’ de RC-, “abatir es lo que necesita el país”.  

La alquimia del verbo y el embrujo del plomo

En el horizonte histórico argentino, el formato decreto favorecido con destreza y fortuna ecuatorianas por Daniel Noboa nos evoca sin demora posible ninguna a los megadecretos y leyes ómnibus del actual presidente ultraliberal Javier Milei. Y a las tribulaciones que le engendra y nos engendra su voluntad demiúrgica, sin dudas más capitalista que anarquista.

Al contenido del Decreto 111 del presidente de Ecuador podemos reservar la rememoración de un suceso argentino de menos cercana cronología pero no más envejecida historia. La del decreto redactado en 1975 por el presidente del Senado Ítalo Argentino Lúder y firmado por la presidenta Isabel Martínez de Perón que daba a los militares la iniciativa en la lucha contra el terrorismo y les confiaba la neutralización de los terroristas. (“El verbo neutralizar es claramente luderiano”, nos ha escrito Abel Gilbert, especialista en los años de plomo de la Argentina).El gobierno democráticamente elegido tenía los días contados y cayó con el Golpe del 24 de marzo de 1976 que sin embargo pareció tomar más a pecho que nunca el plan trazado por civiles pocos meses antes.

Terroristas las guerrillas argentinas de Montoneros y del ERP, terrorista la organización islámica Hamas, terroristas los narcos en Ecuador. Pobreza conceptual y error categorial. Alquimia verbal que no transmuta los metales de la realidad. Sí, desde luego, su construcción social, enderezada a unir a la nación sana y la hombría de bien contra un enemigo y beligerante siniestro a fuer de terrorífico.

Diferencias y simpatías

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo saber que viene monitoreando la coyuntura ecuatoriana con mayor detalle desde la entrada en “vigencia del Estado de excepción” con el Decreto 110. Remarcó que la “actuación de las FFAA en tareas de seguridad interna”, impulsada por el Decreto 111 modificatorio del anterior, “debe ser extraordinaria, justificada, excepcional, temporaria, restringida, subordinada y complementaria a las fuerzas civiles, que regulan y controlan a las militares”. La CID revela que han sido los cambios vividos por la democracia salvadoreña bajo su actual y popular presidente Nayib Bukele lo que han llevado arrastrado al organismo a expresar tales reparos y prevenciones. Como en las notas de pésame dirigidas a Israel en los días inmediatos al sábado 7 de octubre cuando desde la Franja de Gaza la ofensiva de Hamas cayó sobre el Estado hebreo, no falta ni la expresa condena a “los hechos de violencia en cárceles, los atentados con explosivos” ni el lamento por “todo el accionar planificado del crimen organizado” narco, que exige emprender una “investigación diligente”. Tales condolencias en tiempo presente mitigan cualquier advertencia agorera dirigida al futuro.

Al fin de cuentas, la voz de la CIDH se oyó irreprochable y profesional en el correcto cumplimiento de sus funciones edificantes. El coro del hemisferio occidental entonó una loa monódica al vigor probado en este trance por el joven empresario bananero hoy presidente de Ecuador. Daniel Noboa ha recibido el apoyo de todos los países de la región y de EEUU. El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos proclamó que la OEA aprobaba las “medidas provisionales de emergencia” decretadas por el Palacio de Carondelet -la Casa Rosada quiteña- y que el autor de los Decretos contaba con su “apoyo”.  “La lucha contra el crimen organizado y la delincuencia es una prioridad regional”, recalcó el uruguayo Luis Almagro, ex canciller del gobierno frenteamplista de Pepe Mujica.

En el aquiescente concierto la única disonancia audible fue la de Jan Topic, el ex candidato presidencial que litiga por su autenticidad como el genuino Bukele de Sudamérica. Crítico desde la derecha del ex contrincante que frustró su candidatura y que lo dejó sin pasar a segunda vuelta, exigió que en la actual Guerra al Terror se ponga en manos de él, que sirvió en la Legión Extranjera, el máximo comando de las FFAA. Noboa contestó al público que el haber prestado Topic servicios a una fuerza marginal del Ejército francés poscolonial era antecedente de muy magro peso como experiencia militar relevante, y le recordó a su ex contendiente que en la primera vuelta electoral del 20 de agosto los votos a favor de la única ‘copia fiel’ ecuatoriana del ex alcalde de San Salvador ahora presidente de El Salvador habían sido escasos y por su número lo habían dejado en cuarto lugar, sin chances de disputar el balotaje.

Decreto presidencial que entra en vigencia, ¿avanza casilleros en la ruta a la Reelección?

El mandato del liberal Noboa caduca en 15 meses. En mayo de 2025 habrá completado el período presidencial que tras declarar la ‘muerte cruzada’ de Ejecutivo y el Legislativo y llamar a elecciones había dejado trunco su predecesor. El conservador Guillermo Lasso, ex banquero y empresario multimillonario, también de la ciudad de Guayaquil, puerto y motor económico del país, había renunciado anticipadamente. Disolvió una legislatura que se preparaba a destituirlo y adelantó las elecciones generales. La primera vuelta presidencial fue en agosto y en el balotaje de octubre fue vencida la vencedora de la primera vuelta, la candidata del correísmo Luisa González. Cuando el 23 de noviembre su vencedor Daniel Noboa asumió como presidente por un término ya acortado de antemano, juró que ese cuarto jueves del penúltimo mes del año pasado era tambén el primer día de su campaña para conquistar la reelección en 2025.

La dimisión de Lasso registraba dos motivos patentes. Primero, la decepción de descubrir en el poder que había carecido de aptitudes que se había atribuido como propias cuando lo buscaba: la idoneidad para sofrenar la violencia que desde 2021 había acrecido en 800% la tasa de homicidios de Ecuador le había faltado. Segundo, el perpetuo temor, que los acontecimientos le mostraron que no era ni cobardía ni extravagancia, de caer destituido por súbita convicción y espontánea decisión de una Asamblea Nacional sin real bancada oficialista sólida y donde en la mayoría de las 137 bancas estaba sentada la oposición correísta.

En mes y medio de administración del Estado, Noboa llevó a Ecuador a una realidad única en la historia nacional -el acuerdo pleno y coincidente entre Ejecutivo y Legislativo- y una victoria imposible desde el triunfo del Socialismo del Siglo XXI en 2007 -la neutralización de la grieta entre correístas y anticorreístas-. Y ha puesto al Ejército en las calles a combatir al crimen organizado. No es fácil todavía asegurar que dentro de quince meses Noboa será reelecto. Pero no es difícil en absoluto percibir cuánto mejor posicionado está hoy el más joven presidente de América para ganar esa reelección y ganarse un segundo mandato, que para él sería el primero intacto y sin mutilación previa. Para el presidente de Ecuador, la crisis ha sido por cierto una oportunidad. En la biografía política de Noboa y en los comportamientos del electorado ecuatoriano habrá un antes y un después del Decreto decisivo del martes 9 de enero. Apenas una semana atrás, el crimen organizado no era terrorismo, los narcos no eran beligerantes, y la batalla de Ecuador no se llamaba Conflicto Armado Interno. 

AGB