La privatización de la política educativa

Desde hace varias décadas se han ensayado diferentes formas de desregulación educativa, en países con diversas historias en materia de escolarización. Muchas de esas políticas han promovido la privatización, la cual constituye un fenómeno complejo que ha tomado un mayor impulso en esta década, luego de la pandemia de Covid-19, y la subsiguiente apertura de los sistemas escolares a empresas privadas para brindar propuestas de digitalización de la escolarización a una escala sin precedentes.

Sin embargo, existen otras formas de privatización no tan estridentes como pueden ser los contratos con empresas para terciarizar la prestación de algunos servicios escolares. Entre ellas se encuentra una que el gobierno argentino ha llevado adelante desde su asunción bajo el principio de subsidiariedad del Estado en materia educativa. Es una privatización en la cual actores no estatales adquieren importancia en lo que respecta a la promoción, difusión y formulación de políticas educativas. Ello restringe el papel de los Estados como principales responsables de la formulación de políticas sectoriales.

Se la suele denominar una privatización a través de la misma política educativa y en ella se evidencia la activa y protagónica participación de diversos tipos de agentes privados (organizaciones no gubernamentales, organizaciones filantrópicas, empresas) en el diseño, la formulación y la implementación de la política públicas para la educación. Lo hacen a través de vías tales como el asesoramiento, la consulta, la investigación, las evaluaciones, entre otras formas de intervención.

Estos actores privados pertenecen al ámbito nacional, aunque pueden tener vínculos con otros extranjeros. Han tomado la experiencia que las lecciones de los organismos internacionales han dejado para así adaptar y adoptar estrategias en áreas tales como la evaluación o la ejecución estandarizadas de propuestas de reformas. A través del permiso, la licencia o la simple desidia de las autoridades estatales locales, estos agentes privados se articulan en redes alineadas ideológicamente que actúan como plataformas de influencia para el diseño de políticas educativas.

Por medio de dichas articulaciones intentan vincularse con algunos actores del ámbito educativo en torno a diversos tipos de coaliciones, acuerdos o compromisos, y así se auto-ubican o definen a sí mismos como voces relevantes en el debate educativo. Otra de sus vías de incidencia en la formulación de políticas está dada por la producción y difusión de informes, en los cuales recogen y publican evidencia sobre temas de las agendas de interés.

La reunión del 2 de noviembre de 2026 entre el Presidente argentino, la Secretaria General de la Presidencia, la Ministra de Capital Humano y las autoridades de Argentinos por la Educación, refleja precisamente este tipo de privatización de la política educativa. Hay que destacar que esta ONG ha promovido desde hace años el Plan Nacional de Alfabetización y que supervisa su ejecución. En el sitio oficial del gobierno argentino, luego de la reunión, se indicó la necesidad de avanzar en la mejora de los aprendizajes en matemática, a la luz de lo realizado en lengua así como la importancia de mantener el plan de alfabetización durante el año 2027 (cuyo presupuesto sufrió un ajuste de más de $35.000 millones este año). Sólo eso y la foto.

No hubo menciones a la legislación vigente que exige, entre otras cosas, una inversión en educación equivalente al 6% del PBI, la convocatoria a negociaciones paritarias federales para la docencia, la generalización de la jornada completa en las escuelas, ni mucho menos al cumplimiento de Ley de Financiamiento Universitario.

Sí se informó que la ministra sostuvo -en la reunión- la necesidad de modificar un artículo de la Ley de Educación Nacional para permitir la publicación de los resultados educativos de las escuelas (en las pruebas Aprender), para así dar a conocer a las familias esa información sobre el desempeño de las escuelas. Ello favorecería la libertad de elección escolar por parte de las familias y la mercantilización de la educación.

Ahora bien, cuando esto último sucede, es decir, cuando la educación se mercantiliza, se comienza a considerar la adquisición de los saberes escolares en términos del capital humano que puede intercambiarse en el mercado laboral o utilizarse para alcanzar un estatus social.

La escuela moderna, legado del liberalismo político clásico, tenía otros propósitos: la ilustración, la promoción del bien común. Durante el siglo XX, gracias -entre otros- al constitucionalismo igualitario y al derecho internacional de los derechos humanos, la educación se constituyó en un derecho fundamental, que genera obligaciones estatales para garantizar su cumplimiento. Las políticas de privatización socavan estas características que posee la educación en las sociedades modernas, las cuales apuntan a la construcción de la cohesión y la promoción de la justicia social.

El gobierno argentino no sólo no cumple con las obligaciones estatales derivadas de los mandatos constitucionales en materia de educación ni tampoco con la legislación vigente. Al contrario, adopta un camino en el cual la privatización de la definición de la agenda y de la política educativa adquieren centralidad. Con ello se afecta severamente al rol del Estado y no se reconoce un derecho positivo a la educación –esto es, como derecho social que garantice una prestación estatal para garantizar la igualdad.

GRR / NB