Marcha de las Velas: los universitarios vuelven a las calles por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento
Personal docente y no docente, nucleado en diversas federaciones y gremios universitarios, llevará adelante la Marcha de las Velas en “defensa de la educación pública” y volverá a reclamar la aplicación de la Ley de Financiamiento.
Bajo el lema “No permitamos que se apague la Universidad”, este miércoles desde las 18, la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), la Federación Universitaria Argentina (FUA), junto a gremios de la UBA y a centros de estudiantes, se concentrarán en Plaza Houssay y marcharán hacia Tribunales, donde se llevará adelante una clase pública de Derecho Constitucional.
“La Marcha de las Velas es una movilización en defensa de la educación pública, para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. No podemos permitir que se apague nuestra universidad”, indicaron desde la organización.
La Ley de Financiamiento según el Gobierno Nacional
La gestión del presidente Javier Milei mantiene una postura de incumplimiento respecto a la Ley de Financiamiento Universitario, con el argumento de la falta de previsión presupuestaria y del impacto fiscal que supuestamente sería negativo.
Luego de ser aprobada por el Congreso y ratificada por los dos tercios de ambas cámaras que anularon el veto presidencial inicial, el Ejecutivo promulgó la ley a través del Decreto 759/2025, pero supeditó su aplicación a que el Parlamento determinara cuáles eran las fuentes de financiamiento y se asignaran las partidas en el Presupuesto.
Sin embargo, la Justicia declaró inconstitucional el decreto del Ejecutivo que frena la aplicación de la ley y ordenó su cumplimiento inmediato para la actualización salarial de docentes y nodocentes, además del refuerzo de becas estudiantiles.
A pesar de los fallos en contra por parte del Fuero Contencioso Administrativo, el Gobierno Nacional presentó recursos de apelación para no aplicar la norma.
El Gobierno recibió un guiño de la Justicia
A fines de octubre, la Justicia le dio un visto bueno al Gobierno y le concedió un recurso para revisar la cautelar sobre la ley de financiamiento universitario, mientras que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, apeló el fallo que lo multó con $100.000 por incumplir la normativa.
La Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal hizo lugar a la queja presentada por el Ministerio de Capital Humano, contra una decisión del juez de primera instancia que rechazó la posibilidad de apelación.
La presentación se dio contra el fallo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11, a cargo de Martín Cormick, quien había intimado al Estado a cumplir la cautelar para actualizar los fondos destinados a las universidades en un plazo de cinco días, con la posibilidad de aplicar multas.
El Gobierno cuestionó que el juez no determinó con exactitud qué obligaciones de la ley no se habían cumplido, ni tampoco los montos que debían pagar para considerarlas cumplidas.
Además, sostuvo que los aumentos salariales a docentes y no docentes universitarios alcanzaron a cubrir la actualización prevista en la normativa, y que la medida impuesta por Cormick generaba un “agravio mayúsculo de imposible reparación ulterior”.
En ese sentido, los camaristas decidieron hacer lugar al reclamo del Estado, por considerar que la decisión tomada por el juez de primera instancia “es susceptible de generarle un gravamen irreparable”.
Santilli apeló la multa y las universidades piden que se le aumente
A la par del fallo a favor del Gobierno, el jefe de Gabinete presentó un recurso para apelar la multa de $100.000 diarios que impuso el juez Cormick por incumplir la actualización salarial del personal universitario.
En su escrito, Santilli pidió que se suspenda la ejecución de las astreintes “hasta tanto se resuelva el recurso de apelación concedido por el Superior respecto de la decisión que tuvo por incumplida la medida cautelar e intimó al Estado Nacional a su cumplimiento bajo apercibimiento de sanciones conminatorias”.
El funcionario apuntó a la “ausencia de fundamento normativo concreto para la atribución personal de responsabilidad”, y que mantener las sanciones “podría ocasionar consecuencias patrimoniales de difícil, e incluso imposible, reparación ulterior”.
Por su parte, el Consejo Interuniversitario Nacional pidió a la Justicia que se aumente el monto de la multa a Santilli por considerar que es “más que exiguo en comparación con los importes en juego”.
“La cifra impuesta como astreinte resulta absolutamente insuficiente para obrar como una conminación que pueda compeler al deudor a cumplir con su obligación”, agregaron.
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