Por la propiedad privada, de los que menos tienen

Hay debates legislativos que parecen técnicos, pero en realidad ponen en discusión qué país queremos construir. En estos días, el Congreso trata el proyecto de “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada”. A primera vista podría parecer una iniciativa razonable, salvo que en el camino se viola algo mucho más inviolable y más importante que la propiedad: la dignidad humana. El proyecto de Ley en consideración implica un retroceso profundo sobre la Ley de Integración Socio Urbana, una herramienta que logró construir consensos amplios y resultados concretos para el millón de familias que viven en barrios populares.

En 2018, el Congreso aprobó por unanimidad la Ley 27.453, estableciendo que la integración de los barrios populares era un asunto de interés público. No fue una ley más. Fue una decisión impulsada por los propios vecinos y vecinas de los barrios y acordada entre distintos espacios políticos, organizaciones sociales como TECHO, Cáritas y UTEP, y la Iglesia para avanzar en algo básico: que millones de familias pudieran acceder a una vivienda digna, agua, luz, cloacas y seguridad en la tenencia. Esa ley partía de una realidad innegable: en Argentina hay más de 5 millones de personas viviendo en barrios populares, y una parte muy importante de ellas son niños y niñas.

A partir de esa ley, se relevaron más de 1.200.000 familias, se entregaron casi 800.000 Certificados de Vivienda Familiar, se impulsaron obras en más de 1.200 barrios en todo el país y se mejoraron más de 250.000 viviendas. También se brindaron herramientas de protección ante desalojos por un plazo extendido de 10 años con el objetivo de avanzar en una regularización gradual de la tenencia de la tierra, a la vez que se desarrollaban obras de manera sostenida incluso ante cambios de gestión. 

Es decir, había una ley, un plan a largo plazo y un acuerdo inédito en Argentina que involucraba a todos los sectores. Y no estamos hablando de una idea abstracta, sino de un proceso que empezó a cambiar la vida cotidiana de millones de personas y que fue reconocido por la ONU y auditado por el BID, CIPPEC y la UCA.

El problema es que el proyecto que hoy se trata no introduce ajustes puntuales ni mejoras sobre ese camino, sino que desarma sus pilares centrales. En particular, elimina la declaración de utilidad pública de las tierras, limita la capacidad del Estado para intervenir en procesos de regularización, levanta la suspensión de desalojos —una condición indispensable para garantizar estabilidad— y debilita el rol de las cooperativas y la economía popular en las obras de integración. En términos simples, vuelve a dejar a miles de familias expuestas a la incertidumbre.

Si se eliminan esas herramientas, se abre la puerta a desalojos masivos en barrios donde la mayoría de las familias no tiene título de propiedad. La pregunta es simple: ¿a dónde van a ir esas familias? ¿Dónde van a vivir 5 millones de personas? Esto implica, además, que casi 2 millones de niños y niñas podrían quedar en condiciones aún más vulnerables, crecer con peores condiciones de vida o quedar en situación de calle.

Y ahí es donde lo que hoy se define se vuelve profundamente humano. Hoy, según datos del Centro para la Integración Socio Urbana, las personas que nacen en barrios populares viven, en promedio, 11 años menos que quienes nacen fuera de esos barrios. Como sociedad, no dar respuesta a esa realidad es condenar a niños y niñas a vivir una década menos, a crecer sin agua, sin luz, sin cloacas, entre el barro y el frío, con menos posibilidades de ir a la escuela y con obstáculos que les quitan libertad para estudiar, crecer y desarrollar sus proyectos de vida.

No se trata de oponerse a la propiedad privada, todo lo contrario. La integración socio urbana está a favor de la propiedad privada, sobre todo del derecho a acceder a ella de quienes menos tienen. No hay libertad posible si naturalizamos que millones de chicos puedan ser desalojados del lugar donde viven. Y no hay integración urbana sin estabilidad en la tenencia.

Siempre es posible discutir cómo mejorar una política pública, cómo hacerla más eficiente o cómo financiar mejor. Pero hay consensos que no deberían romperse. Y uno de ellos es que el lugar donde una familia vive no puede convertirse, de un día para el otro, en una amenaza.