Acceso a la justicia: la deuda pendiente con las mujeres del mundo

Del 9 al 19 de marzo, la sede de las Naciones Unidas en Nueva York fue escenario del mayor encuentro anual dedicado a la igualdad de género y los derechos de las mujeres: la 70ª sesión de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer, conocida como CSW70. El evento reúne a todas las delegaciones de los Estados miembros y a varios representantes de la sociedad civil para debatir y acordar un eje central de trabajo sobre la situación de las mujeres en el mundo. Este año fue el acceso a la justicia. Por primera vez tuve el privilegio de presenciar este evento en persona, como representante de Incidencia Feminista, una organización de activistas feministas de todo el país.

El tema prioritario de esta edición no es un asunto técnico: hablar de acceso a la justicia es hablar de la posibilidad concreta de que una mujer, entendida en toda su diversidad, donde sea que esté, pueda ejercer sus derechos y apelar a que el Estado la escuchará, la protegerá y le responderá. Los datos que enmarcan el debate son contundentes: el 44% de los países no protege la igualdad salarial, el 54% carece de definiciones de violación basadas en el consentimiento, y 45 países aún tienen leyes discriminatorias en materia de nacionalidad. Las mujeres solo tienen el 64% de los derechos legales que tienen los hombres en áreas tan básicas como el trabajo, la propiedad o la familia. Pero también hay señales de que la incidencia funciona: desde 2016, 40 países impulsaron los derechos de las mujeres en sus constituciones; entre 2019 y 2024, el 90% de los Estados reforzó leyes para combatir la violencia de género; desde 1970, 600 millones de mujeres obtuvieron oportunidades económicas gracias a reformas del derecho de familia. Los cambios normativos son posibles. Y cuando ocurren, transforman vidas.

Sin embargo, las mujeres y las niñas nunca han estado tan cerca de la igualdad, y jamás tan cerca de perderla. Argentina es un ejemplo brutal de esa paradoja. Un país que conquistó el aborto legal, el matrimonio igualitario y la Ley de Identidad de Género enfrenta hoy un desmantelamiento sistemático de todo lo construido. El gobierno de Milei eliminó el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, recortó programas como Acompañar y ENIA, y desfinanció iniciativas de salud sexual y prevención de la violencia. El Presupuesto 2025 destinó cero pesos al programa Acompañar y a la Línea 144. No son recortes técnicos: son decisiones políticas con consecuencias reales en los cuerpos y las vidas de las mujeres más vulnerables.

Las reflexiones que surgen de esta experiencia son en dos niveles. En principio, hacer una crítica a la delegación oficial enviada por Argentina: en sintonía con el gobierno libertario, tornaron cada mesa de debate con posturas retrógradas que nada tenían que ver con las necesidades de ese encuentro global, pensado desde la democratización para el acceso a la justicia sustantiva y el desarrollo pleno de los derechos humanos. Pese a esta vergüenza, las resoluciones y el acuerdo alcanzado dan cuenta de que los estándares construidos en estos 70 años no logran ser descartados tan fácilmente. Estos espacios internacionales —que podemos caracterizar como en una crisis profunda— le hacen frente a la emboscada de los sectores más conservadores, anti-género y anti-derechos, financiados por grandes empresas que solo buscan eliminarlos del mapa.

En otro plano, el más importante y decisivo, está el intercambio entre las organizaciones de la sociedad civil, que se desarrolló durante diez días en distintas conferencias y conversatorios. Los temas giraron en torno a la crisis del multilateralismo, el papel de los feminismos y las estrategias alternativas de incidencia. Esos espacios me dejaron con una pregunta: si más que una crisis del multilateralismo, no estamos siendo testigos de una crisis del occidentalismo como proyecto de “orden global”. La contracara de estas discusiones son realidades profundamente arrasadas por decisiones de un imperio que sabe de su agotamiento y necesita reforzar su poder de la forma más tirana: la precarización e individualización extrema.

Frente a eso, la pregunta es válida: ¿para qué ir a Nueva York? La respuesta está en los propios números. Cada reforma legal, cada ley de paridad, cada protocolo contra la violencia que se adoptó en los últimos treinta años tuvo detrás a organizaciones que incidieron, que llevaron evidencia, que construyeron alianzas en espacios como la CSW. Incidir en foros internacionales no es abandonar la calle: es otra forma de hacer política para cambiar la vida concreta de las personas.

Lo mejor que podemos hacer frente a este contexto es seguir construyendo comunidad complementando las diversas estrategias que llevamos adelante. El poder de lo colectivo es más fuerte que todo. Los lazos sociales son los que nos salvan y sostienen en esta crisis, y nos demuestran que quienes construimos con memoria y respeto este presente y el futuro, somos la esperanza.

Martina Ferretto es Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, activista de Incidencia Feminista.