Axel Kicillof vuelve a la Corte por una deuda millonaria de la ANSES

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se presentará este martes ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el marco de la segunda audiencia por el reclamo de fondos previsionales que la ANSES adeuda a la provincia de Buenos Aires. Según estimaciones oficiales, el monto en discusión ya alcanza los $2,2 billones.

La presencia del mandatario -acompañado por funcionarios, técnicos y el equipo jurídico provincial- busca reforzar el peso político del reclamo, en una instancia que en La Plata consideran clave. El conflicto se remonta a marzo de 2024, cuando el gobierno de Javier Milei interrumpió mediante decreto las transferencias destinadas a las provincias que no cedieron sus cajas jubilatorias al sistema nacional. Desde entonces, Buenos Aires no volvió a percibir esos recursos.

Ante esa situación, la Provincia acudió a la Corte en abril de ese mismo año para exigir la restitución de los fondos, que sostiene están garantizados por ley. El reclamo acumulado, actualizado, supera los dos millones de millones de pesos.

Un primer antecedente favorable

La audiencia inicial, realizada el 17 de marzo, dejó señales que en el gobierno bonaerense interpretan como positivas. En ese encuentro, la Corte desestimó el argumento de la ANSES, que había alegado falta de información para calcular la deuda, y le otorgó un plazo de 30 días para revisar su postura.

Desde la Provincia consideran que ese planteo es inconsistente. Señalan que el organismo previsional logró avanzar con acuerdos similares en otras jurisdicciones en tiempos acotados, mientras que el caso bonaerense -que representa cerca de la mitad del déficit previsional de las provincias no transferidas- continúa sin resolución.

Tras esa audiencia, incluso se produjo un cambio en la conducción de la ANSES, con la salida de su entonces titular, en un contexto de creciente tensión por el tema.

Durante las semanas posteriores, ambas partes mantuvieron intercambios técnicos. En La Plata aseguran que esos contactos reforzaron su posición: sostienen que la información requerida fue aportada en tiempo y forma, y que la interrupción de los pagos responde a una decisión política del Gobierno nacional.

El núcleo del conflicto

El mecanismo en disputa establece que la ANSES debe compensar a las provincias por la diferencia entre sus sistemas previsionales y el nacional. Ese flujo de fondos fue suspendido en 2024 a través de un decreto cuya constitucionalidad la Provincia cuestiona ante la Justicia.

Mientras tanto, el Ejecutivo nacional avanzó en acuerdos con otras jurisdicciones -como Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos- mediante esquemas de pagos parciales tras auditorías rápidas. En Buenos Aires interpretan esos entendimientos como una señal de que los recursos están disponibles, aunque se administran con criterios políticos.

De hecho, el Presupuesto 2026 prevé partidas específicas para este tipo de transferencias. Sin embargo, la administración bonaerense asegura no haber sido incluida en negociaciones similares ni contar con canales de diálogo abiertos con la Casa Rosada.

Un frente judicial más amplio

El litigio por los fondos previsionales es el más avanzado de una serie de ocho demandas que la provincia inició contra la Nación en los últimos años. Según datos oficiales, el total de las deudas reclamadas asciende a $15,6 billones, mientras que el impacto económico acumulado desde el inicio de la actual gestión nacional se eleva a $22,2 billones.

Las causas incluyen también reclamos por fondos destinados a seguridad, transporte, educación —como el FONID—, bosques nativos y la aplicación de impuestos sobre servicios energéticos, entre otros puntos.

No obstante, solo el expediente previsional tiene, por ahora, movimiento concreto en la Corte.

En la previa de la audiencia, el gobierno bonaerense mantiene una expectativa moderada. No descartan que, ante la falta de avances políticos, el máximo tribunal pueda dictar una medida cautelar que obligue a la Nación a reanudar al menos parcialmente las transferencias.

Más allá de lo inmediato, en la Provincia reconocen que el proceso judicial puede extenderse. Sin embargo, confían en que la intervención de la Corte funcione como un factor de presión para abrir una negociación que, hasta ahora, no logró encauzarse por la vía política.