Baja de la edad de imputabilidad: la marcha atrás del Gobierno, el enojo de los aliados y la interna peronista

El Gobierno buscaba sesionar este jueves para reformar el régimen penal juvenil y todo indicaba que sería aprobado con una amplia mayoría en la Cámara de Diputados. Pero apenas un día después de presentarlo este lunes, lo retiró de la mesa de entrada.

Oficialistas libertarios y peronistas opositores observaban que, tanto para bien como para mal –según quién opine– predominaba el consenso político y social para bajar la edad de imputabilidad a los 14 años. Aunque no a los 13, como dice el proyecto que envió el Gobierno con el objetivo de forzar una negociación con los aliados que deje a todos con la sensación de haber conseguido, al finalizar la sesión, un triunfo político. 

Cuando los diputados aliados del radicalismo y el PRO leyeron el PDF oficial del proyecto de ley que envió el Gobierno se llevaron una sorpresa. Pese a la promesa de Martín Menem de que se avanzaría con el dictamen consensuado el año pasado, el proyecto volvía a bajar la edad de imputabilidad –es decir, la edad a partir de la cual una persona puede ser considerada penalmente responsable– a los 13 años. No había sido el acuerdo que habían cerrado con el riojano la semana anterior. 

“Siempre te hacen una de más. Patricia necesita decir que iba por los 13 años pero que el Congreso, como somos todos unos cagones, va a ir por los 14”, masculló, irritado, un diputado opositor que igual dijo que acompañaría el proyecto del oficialismo tal como se había oficializado. La puesta en escena del Gobierno era clara para todos, pero la provocación terminó generando que hasta el PRO, principal aliado de Javier Milei en el Congreso, amenazara con no acompañar la ley si no se cerraba un acuerdo este miércoles, cuando estaba agendado un plenario de comisiones para dictaminar el proyecto para poder debatirlo el jueves en el recinto.

“El acuerdo es que sea 14 años y con cláusula especial con las provincias por el gasto que incurran. Ese es el acuerdo que tenemos. Si hay algún cambio tendremos que rediscutir si estamos de acuerdo o no”, advirtió un peso pesado del PRO en la Cámara de Diputados. La misma lógica se aplica al resto de los bloques aliados –el radicalismo, el pichettismo y los gobernadores de Provincias Unidas– que cerraron, hace apenas un par de meses, un dictamen de consenso con modificaciones que perdió estado parlamentario cuando terminaron las sesiones extraordinarias. 

No fue el único acuerdo que rompió La Libertad Avanza. Además de volver a establecer la edad de imputabilidad a los 13 años, el proyecto vuelve a fijar penas máximas para los adolescentes condenados de hasta 20 años de prisión. El acuerdo originalmente había sido bajarlo a 15, con la aclaración de que, en los casos de delitos que no superen los 6 años de prisión y no hubieran implicado la muerte o una gran violencia contra las víctimas, se recomienda al tribunal penas no privativas de la libertad. El proyecto presentado ayer, sin embargo, volvía a establecer que un niño de 13 años puede llegar a ser privado de su libertad hasta por 20 años. 

Un cambio sí introducido por este proyecto, que llevó la firma del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, refiere a la asignación específica de un presupuesto para la implementación de la ley. La versión original del proyecto no incluía fondos para que las provincias pudieran aggiornar su infraestructura penal –ya fuera en centros abiertos, institutos especializados de detención o módulos separados de una prisión para mayores–, por lo que los aliados le exigieron fuentes específicas de financiamiento. 

Ironías del destino: fuentes de financiamiento fue lo mismo que el Gobierno le pidió a la oposición para la emergencia en discapacidad y uno de los motivos por los cuales se negó a cumplir la ley hasta que un fallo de la Justicia los obligó a implementarla.  

Finalmente, el Gobierno cumplía a medias. El proyecto destinaba unos $ 23.739.155.303 a implementar la ley, pero escondía una trampa: $20 mil millones de esos $23 mil millones estarían destinados a la Defensoría General de la Nación, que se encuentra con un defensor interino porque el Gobierno no mandó aún el pliego para reemplazar a Stella Maris Martínez. Los restantes $3 mil millones estarían destinados al Ministerio de Justicia. 

“No hay proyecto de responsabilidad penal juvenil ni tribunales con especificidad en la materia. Le ponen unos pesos para ponerle a los jueces de menores, y siga siga. Son dos chirolas”, se quejó un diputado opositor que analizaba acompañar una parte de la ley y que denuncia que, contrario a lo acordado el año pasado, el Gobierno decidió enviar un proyecto destinado a desfinanciar a las provincias en el marco de las negociaciones por la reforma laboral. 

Los gobernadores están en estado de alerta. Temen que el Gobierno le pase la pelota del financiamiento de la reforma del régimen penal juvenil sin ningún peso para financiarlo, y todo en un contexto de sobrepoblación carcelaria. Exigirán recursos y esperan que, cuando llegue el debate en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados el próximo miércoles, se incorpore una cláusula para que las provincias, a medida que se adhieran al nuevo régimen, puedan celebrar convenios con Nación. 

De momento, estas cláusulas no aparecen. 

La interna peronista

El peronismo observa que Patricia Bullrich, la exsenadora que impulsó originalmente el debate por la baja de la edad de imputabilidad, podría tener más de 130 votos para aprobar la baja de la edad de imputabilidad. A pesar de las maniobras del proyecto presentado por el Gobierno y a pesar de que los crímenes cometidos por niños y adolescentes se redujeron drásticamente en los últimos años. Según datos de la Secretaría de la Niñez, que recopila en un informe el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, la cantidad de niños en conflicto con la ley penal se redujo en un 22% entre 2020 y 2024.

El bloque que comanda Germán Martínez votará en contra de cualquier versión de la ley, pero hay algunos legisladores del massismo que están analizando la posibilidad de votar, en particular, una baja de la edad de la punibilidad a los 14 años, tal como el propio Sergio Massa viene impulsando desde 2025. “El proyecto del Gobierno no lo vamos a votar. Y cuando se abra votación en particular muchos de los diputados de la casa puede ser que concuerden en que la edad debe bajarse a 14 años”, deslizó el diputado massista Ramiro Gutiérrez, en diálogo con Radio Con Vos.

En el Frente Renovador adviertieron ayer, sin embargo, que el proyecto del Gobierno era una “cáscara vacía”, y esperaban terminar de fijar una postura en las próximas 24 horas. 

“Hay cuatro problemas con este proyecto. Primero baja la edad de imputabilidad a los 13 años. Segundo, sube el mínimo de la pena de 15 a 20 años. Tercero, modifica el tiempo de implementación de 180 días al momento de la reglamentación. Y por último no hay ningún financiamiento ni plazos para la construcción de infraestructura básica ni para cambio de autoridades judiciales. No hay ningún proyecto de régimen de responsabilidad juvenil, es sólo un título”, señaló Sebastián Galmarini a elDiarioAR. 

Aunque por ahora sin proyecto, el Gobierno busca igual romper al peronismo para dar una demostración de fuerza. En el peronismo, sin embargo, se encogen de hombros y advierten: “Les sobran los votos sin nosotros”.

MCM/CRM