El estallido de un nuevo escándalo por coimas volvió a poner al PAMI en el centro de la tormenta política. La droguería Suizo Argentina, perteneciente a la familia Kovalivker, quedó en la mira tras la difusión de audios comprometedores que involucran a Diego Spagnuolo, hasta hace poco titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). En esas grabaciones, el funcionario relataba cómo se direccionaban contratos y se exigían retornos a proveedores, en un entramado que también parece a la mayor obra social del país.
“La gente de la Suizo llama a los proveedores y les dice: ‘Escuchame, no va más el 5, vas a tener que poner el 8. Lo traés a la Suizo y nosotros lo subimos a Presidencia. Por teléfono. Así se están manejando’”, se escucha en uno de los audios difundidos. Lo que parecía un caso circunscripto a la Andis terminó salpicando de lleno al PAMI. Según pudo saber elDiarioAR, en menos de 20 meses de gestión de Javier Milei, el organismo dirigido por Esteban Leguizamo firmó con Suizo Argentina 28 contratos por más de 100 mil millones de pesos. La mayoría se otorgó bajo la modalidad de compulsa abreviada, un procedimiento que acelera compras pero que ahora quedó bajo sospecha. Solo en lo que va de 2025, la droguería sumó ocho adjudicaciones y un contrato cancelado. El último fue el 22 de agosto, apenas tres días después de que estallara el caso Spagnuolo.
Desde el PAMI buscan tomar distancia. En el organismo señalan que Suizo Argentina no es un proveedor habitual, sino que las contrataciones que aparecen en los registros responden a órdenes judiciales que obligan a la obra social a comprar medicamentos para amparistas concretos que iniciaron reclamos en la Justicia. En ese sentido, remarcan que la modalidad de compra directa se aplica porque los juzgados intervinientes les imponen adquirir a quien pueda proveer un medicamento específico. Y se diferencian de lo que ocurre con las carteras de Salud, Seguridad y Defensa, que sí concentran la mayor parte de las contrataciones con la firma de la familia Kovaliker.
Denuncias y prácticas polémicas
El eco de los audios de Spagnuolo, sin embargo, reactivó denuncias dormidas y expuso prácticas que se repiten en distintas provincias: aportes compulsivos, extorsiones y supuestos retornos en delegaciones del PAMI y la ANSES. El primer coletazo fue el comunicado oficial del 30 de abril firmado por Leguizamo y Carlos Zamparolo, subdirector ejecutivo del organismo, que anunció una auditoría interna en todas las delegaciones. Respaldados por el ministro de Salud Mario Lugones, hombre de confianza de Santiago Caputo, denunciaron “uso indebido de recursos públicos” y delegaciones convertidas en “cajas negras”. No solo fue un gesto de transparencia: también implicó intervenir el tejido territorial que Karina Milei y los Menem habían montado desde el inicio de la gestión.
Las denuncias se acumulan. En Chaco, donde ya se investigaba un esquema de aportes compulsivos, la situación escaló esta semana con allanamientos en la delegación provincial del PAMI. La Justicia federal apartó al coordinador administrativo Alfredo Moreno, mientras el presidente de La Libertad Avanza chaqueña y actual delegado regional de ANSES, Alfredo “Capi” Rodríguez, será indagado por falsedad ideológica, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público. El fiscal Patricio Sabadini ordenó procedimientos en la sede del organismo y en la agencia de viajes Turismo Sakura, vinculada a Moreno, donde se secuestraron documentos y dispositivos electrónicos.
Según la investigación, se habrían utilizado datos de afiliados para montar fichas partidarias truchas y, en paralelo, cobrar “aportes” a militantes que luego ingresaban como empleados del Estado. Antes de ser apartado, Moreno denunció una “opereta electoral” y apuntó contra el Colegio Médico del Chaco, al que acusó de manejar “400.000 millones mensuales” y resistirse a recortes.
En La Plata, el caso fue más explícito: Viviana Aguirre, exfuncionaria del PAMI local y diputada suplente bonaerense, denunció que le exigieron un retorno mensual de $1.000.000 para conservar el cargo. Los señalados: ni más ni menos que Sebastián Pareja, el armador libertario en la provincia, y su mano derecha, Juan Osaba, hoy candidato a diputado provincial. Aguirre asegura que fue despedida tras negarse y comenzó a recolectar pruebas: contratos, grabaciones, chats de Telegram. Dentro del PAMI aseguran, en cambio, que ella misma decía haber aportado 15 millones a la campaña de Pareja a cambio del puesto. “Antes, las internas se resolvían en silencio. Ahora todo es más grosero. Cambiaron los códigos”, resumió un funcionario.
La ofensiva por el control del PAMI también se refleja en acuerdos subterráneos: en Mar del Plata, por ejemplo, el recambio de autoridades se selló tras un pacto con el intendente Guillermo Montenegro. La misma lógica se repitió en Santiago del Estero y San Luis, con relevos de directores y personal político como parte de negociaciones locales.
Nuevas revelaciones
En este entramado, la historia de Sergio Torres, delegado del PAMI en Caleta Olivia, Santa Cruz, ahora desplazado de su puesto, emerge como un capítulo novedoso. El 24 de octubre de 2024, Torres se reunió con Leguizamo y le planteó que el referente de La Libertad Avanza local, Jairo Guzmán, exigía que todos los empleados aportaran el 10% de su sueldo para la actividad partidaria. Según comentó, además de Leguizamo también escuchó su reclamo Zamparolo, que le pidió pruebas y nunca más lo llamó. Tras ser desplazado, Torres buscó apoyo en el diputado Santiago Pauli y en Martín Menem, pero tampoco consiguió respuestas. “Les conté todo, me dijeron que mandara un mail. Contestaron ‘recibido’ y nunca más tuve noticias”, le contó a Giselle Leclercq de Perfil.
Guzmán —que quedó expuesto por un audio en el que se lo escucha pedirle plata a una médica “para el alquiler” de la sede partidaria— niega todo y dice que un juez local desestimó la denuncia. Argumenta que Torres fue echado por dejar la oficina acéfala para ir a un recital de Romeo Santos. El exdelegado lo admite en parte: viajó a Buenos Aires, sí, pero asegura que fue para reunirse con Leguizamo. Torres fue candidato de La Libertad Avanza en 2023 y aceptó inicialmente el diezmo como “compromiso militante”. El quiebre llegó cuando Guzmán habría querido extender el aporte a médicos contratados.
En Misiones, en tanto, la conducción del PAMI local, en manos de una figura cercana a Adrián Núñez, ya había quedado envuelta en polémica en el mes de marzo. En una carta firmada por 22 funcionarios libertarios, Núñez fue acusado de haber montado un esquema para retener entre el 10% y el 25% de los salarios de empleados del PAMI y ANSES, con aportes descontados en enero y febrero como condición para mantener los cargos.
Ahora, a partir del caso Spagnuolo, el productor agropecuario y dirigente libertario misionero Samuel Doichele relató que, en su momento, recibió un llamado directo de Eduardo “Lule” Menem para que desistiera de denunciar la obligación de entregar el 10% de su sueldo: “Eso no es un delito, se hace en todos lados”, le habría dicho el funcionario, hoy apuntado directamente por el escándalo de las supuestas coimas en Andis.
La acumulación de polémicas erosiona el discurso central del oficialismo. Milei prometió “cortar la mano al que roba” y terminar con la casta. Pero lo que muestran los casos que se repiten en distintos puntos del país es un sistema que reproduce, con nuevos nombres, las mismas prácticas. El PAMI, con sus contratos millonarios y su peso territorial, se convirtió en el epicentro de una interna feroz. Y, en medio de la crisis detonada por Spagnuolo, tanto las personas son discapacidad como los jubilados quedaron atrapados en un engranaje que poco tiene que ver con su atención y mucho con la disputa por la caja política del Estado libertario.
PL/MG