Entre forcejeos y empujones con las fuerzas de seguridad, siete personas fueron detenidas este miércoles durante los incidentes que se produjeron en la marcha de los jubilados al Congreso. Además, varios manifestantes denunciaron el uso de balines con gas pimienta.
La policía también confirmó las detenciones bajo el cargo de “atentado y resistencia a la autoridad”.
“Es es lo nuevo que trajo (Patricia) Bullrich, tienen gas pimienta adentro, entonces te tiran y salta la pimienta que después no te deja respirar y duele”, dijo el padre Paco en declaraciones a la revista “mu, La Vaca”. Allí también contó que fue uno de los primeros en ser detenido pero que luego lo soltaron pero que sí se llevaron a “dos compañeros de Chacarita con muchos golpes, mucha violencia”.
Desde temprano, camiones hidrantes y patrulleros se deplazaron en la zona del Congreso. Los efectivos lanzaron balas de goma y gases lacrimógenos. Ya avanzada la tarde, un grupo de manifestantes intentó avanzar por Avenida de Mayo hacia Plaza de Mayo y fue entonces cuando comenzó la represión.
El epicentro del operativo fue el cruce de Avenida de Mayo y Montevideo, donde una columna de al menos cien personas fue interceptada por personal policial que les exigía liberar los carriles. En medio del forcejeo, comenzaron las detenciones.
Como todos los miércoles, los jubilados se movilizaron en reclamo de un aumento en los haberes previsionales mínimos y la suba del bono de 70 mil pesos que otorga el Anses, además de la demanda por la restitución de los medicamentos gratuitos del PAMI. Los jubilados también protestan contra el veto del presidente Javier Milei a la reforma del año pasado que establecía un incremento para el sector.
A la protesta se sumaron también organizaciones políticas como la UTEP y el Frente de Izquierda, entre otras.
La expectativa está puesta también en el último proyecto de aumento de jubilaciones sancionado el 10 de julio por el Senado, una iniciativa para la cual el Poder Ejecutivo tiene vigente un plazo de 10 días hábiles para concretar el veto, como anticipó el presidente Javier Milei. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, había asegurado en los últimos días que el presidente vetará la ley de movilidad jubilatoria aprobada por el Congreso, al argumentar que “el sistema de reparto no alcanza a cubrir los aumentos” y que el Estado no puede seguir gastando más de lo que recauda.
En tanto, Martín Llaryora -gobernador de Córdoba- anunció el fin de semana último un aumento del 84,21% en el haber mínimo jubilatorio, que pasará de $380.000 a $700.000 mensuales, y la implementación de un bono bimestral de $100.000 para quienes perciban hasta $1.300.000 mensuales. La semana pasada, la marcha de jubilados se había trasladado desde el Congreso a Plaza de Mayo, en una movilización que contó con el apoyo de distintas organizaciones políticas y que también motivó un fuerte operativo policial en la zona.
Según la versión de la policía, los incidentes se produjeron cuando una columna de al menos 100 manifestantes intentó cortar la Avenida de Mayo para marchar hacia Plaza Mayo. Fue entonces cuando la policía presionó para que ocuparn solo dos carriles de la avenida. “Comenzaron a agredir al personal policial y a arrojar objetos contundentes”, informó la Policía de la Ciudad ante la consulta de la Agencia Noticias Argentinas. Y agregaron que “los efectivos actuaron ”ante agresiones y objetos contundentes“.
La policía impidió además el ingreso a las inmediaciones del Congreso a toda persona que no fuera legislador, trabajador acreditado o prensa.
Con información de la agencia NA