Tres años de prisión en suspenso

Condenaron a Julio De Vido y a Daniel Cameron por favorecer a Odebrecht en la adjudicación de obras de gasoductos

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El exministro de Planificación Federal Julio De Vido y el exsecretario de Energía Daniel Cameron fueron condenados este martes a tres años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por haber favorecido a la constructora brasileña Odebrecht en la adjudicación de obras de ampliación de gasoductos realizadas entre 2006 y 2008.

La sentencia fue dictada por el Tribunal Oral Federal N°2, integrado por los jueces Néstor Costabel, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini, que consideró acreditado el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

En el mismo fallo, el tribunal condenó al exsubsecretario de Combustibles Cristián Folgar a dos años y seis meses de prisión en suspenso como partícipe necesario de la maniobra. En cambio, absolvió al exgerente general y vicepresidente de CAMMESA, Luis Beuret, y al exsubgerente de esa compañía Julio Bragulat.

Los fundamentos de la sentencia se conocerán el próximo 4 de septiembre.

Contratos para ampliar la red de transporte de gas

La causa investigó el proceso de adjudicación de las obras de ampliación de los gasoductos operados por Transportadora Gas del Norte (TGN) y Transportadora Gas del Sur (TGS), ejecutadas entre 2006 y 2008 y financiadas a través de un fideicomiso creado por el Estado nacional.

Según la acusación, funcionarios del entonces Ministerio de Planificación y de la Secretaría de Energía impulsaron una serie de decisiones administrativas que terminaron beneficiando a Odebrecht, una de las principales constructoras involucradas en el escándalo de corrupción que tuvo ramificaciones en distintos países de América Latina.

Para los investigadores, los funcionarios desviaron el proceso de contratación pública mediante resoluciones, expedientes y gestiones orientadas a garantizar que la empresa brasileña resultara favorecida en la ejecución de las obras.

El expediente llegó a juicio tras una investigación iniciada a partir de la denominada causa Skanska, que había detectado presuntas irregularidades en contratos vinculados a infraestructura energética.

La acusación de la fiscalía

Durante el juicio, el fiscal Diego Luciani sostuvo que los acusados actuaron para beneficiar a Odebrecht mediante un esquema que, según describió, permitió sortear los mecanismos de control previstos para las contrataciones públicas.

En sus alegatos, el representante del Ministerio Público afirmó que los funcionarios involucrados utilizaron sus cargos para direccionar una contratación de gran magnitud económica vinculada a la expansión de la capacidad de transporte de gas en la Argentina.

La fiscalía había solicitado penas más altas que las finalmente impuestas: cuatro años de prisión para De Vido y Cameron y tres años y seis meses para Folgar. También había requerido una condena para Beuret, quien finalmente fue absuelto por el tribunal.

El juicio oral había comenzado en diciembre de 2025 y analizó hechos investigados originalmente por la Fiscalía Federal N°6, entonces a cargo de Federico Delgado, con intervención del juez federal Daniel Rafecas.