Confirman que Adorni se comprometió a pagarle US$65.000 en efectivo al vendedor de su departamento

La causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, incorporó un testimonio que complica su situación judicial. Leandro Miano, hijastro de una de las jubiladas que intervinieron en la compraventa del departamento de Caballito, declaró que el funcionario se comprometió a pagar US$65.000 en efectivo por fuera de la operación formal.

Según su declaración ante el fiscal Gerardo Pollicita, Miano —quien aparece como uno de los nexos en la operación inmobiliaria— sostuvo que ese monto formaba parte del acuerdo con el vendedor, pero no fue incluido en la escritura. El testimonio se suma a otras evidencias que buscan reconstruir cómo se estructuró la compra del inmueble.

La propiedad fue escriturada por unos US$230.000, con un esquema de pago que también está bajo análisis judicial: un anticipo en efectivo y el resto financiado sin interés. En ese contexto, la Justicia intenta determinar si existieron montos no declarados y si las condiciones de la operación son compatibles con los ingresos del funcionario.

Miano ya había sido mencionado en el expediente como una de las personas vinculadas a la compraventa del departamento y su testimonio es considerado relevante para esclarecer el rol de las jubiladas que financiaron la operación y de sus familiares en la intermediación. Confirmó la versión que dio Pablo Martín Feijoo, el hijo de la otra jubilada que le vendió el departamento a Adorni.

Lijo ordenó analizar más comunicaciones

En paralelo, el juez federal Ariel Lijo dispuso una medida central: ordenó revisar las comunicaciones de Marcelo Grandio, empresario y periodista cercano a Adorni.

La tarea fue encomendada a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCo), que analizará llamadas, mensajes y registros desde 2023 para detectar posibles contactos relevantes para la causa.

Grandio es dueño de una productora que obtuvo contratos con la TV Pública, lo que abrió otra línea de investigación por posibles negociaciones incompatibles con la función pública. La Justicia busca establecer si existieron vínculos indebidos o beneficios cruzados entre el entorno del funcionario y esas contrataciones.

Con estas medidas, el expediente avanza en dos frentes: por un lado, la reconstrucción de la operación inmobiliaria bajo sospecha; por otro, el análisis de las relaciones personales y comerciales de Adorni, en busca de determinar si hubo irregularidades en su evolución patrimonial.