Un Congreso vallado y fuertes limitaciones para participar: así arrancó la primera audiencia por la ley de Glaciares

El Congreso amaneció vallado y con un enrevesado dispositivo de seguridad, como si fuera el 1 de marzo y el presidente fuera a hablar ante la Asamblea Legislativa. No era la apertura de sesiones ordinarias, sin embargo: era el primer día de la audiencia pública por la reforma de la Ley de Glaciares. Más de 100 mil personas se anotaron, pero solo 360 tendrán la oportunidad de exponer en la Cámara de Diputados. Por eso, muchos quedaron afuera del vallado, exigiendo poder participar y denunciando, a modo de advertencia, que la audiencia era una “farsa” y que la ley, de aprobarse, será rápidamente judicializada. 

Hubo inscriptos que recibieron la citación de la Cámara de Diputados a los que no dejaron ingresar. Otros pensaban que habían sido citados para el jueves, de manera virtual, y se enteraron, gracias al comentario de un diputado, que aparecían en el listado de oradores del miércoles. Las autoridades de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Recursos Naturales, los libertarios Nicolás Mayoraz y José Peluc, no comunicaron el listado de expositores hasta iniciada la audiencia pública, por lo que la oposición –que está diseñando la estrategia legislativa con las organizaciones ambientales– decidió impugnar la convocatoria. 

“Estamos frente a una audiencia pública que se transformó en una farsa. Hay más de 100 mil personas inscriptas para opinar sobre un tema de enorme relevancia en todo el país. Y, en lugar de garantizar la escucha, la Libertad Avanza eligió limitar la participación al 0,3% y silenciar las voces”, denunció el lilito Maximiliano Ferraro, uno de los diputados opositores que presentó la impugnación, junto a la peronista Sabrina Selva y el radical Pablo Juliano. El objetivo era sentar las bases para la judicialización futura.

De los 180 inscriptos que pudieron participar de la primera jornada de debate de la reforma de la ley de Glaciares, la inmensa mayoría coincidió en un punto: la ley, de sancionarse, abriría la puerta a un largo litigio y, probablemente, sería declarada inconstitucional por la Justicia. 

“Este proyecto busca seguridad jurídica para los inversores. Pero sepan que la única seguridad que van a tener es que va a haber cientos de demandas, que va a haber litigio abierto por mucho tiempo, y que por cada glaciar que quieran sacarle la reserva estratégica de agua se van a presentar miles de denuncias”, advirtió Andrés Napoli, el director de FARN (Fundación Ambiente y Recursos Naturales), al comienzo de la audiencia pública.

No hubo casi expositores que quisieran defender la reforma. De 180 expositores, menos de una decena hablaron en favor del proyecto que apunta a dejar en mano de las provincias la definición de si un glaciar cumple o no función hídrica relevante (y habilita, por lo tanto, a realizar una actividad productiva en la zona).

La audiencia pública: Día 1

Una de las primeras expositoras fue Marta Maffei, la impulsora de la ley de Glaciares que se sancionó en 2010. “Mi participación acá no convalida esta falsa audiencia pública y me reservo el derecho de iniciar las acciones legales que correspondan”, advirtió, al comienzo, con un disclaimer que se repitió, luego, en todas las intervenciones críticas a la reforma de la ley. Era una estrategia judicial pensada de antemano que tenía como objetivo impugnar, luego, la audiencia pública. 

“No hay federalismo cierto si el agua que es interjurisdiccional la administra la provincia que está más cerca del glaciar y deja río abajo a todo el mundo en la seca. Eso no es federalismo”, cuestionó Maffei, valiéndose de un argumento que se repetiría en la mayoría de las exposiciones: las decisiones de una provincia tenían impacto sobre otras y no se podía dejar en manos de una provincia el establecimiento de un criterio particular sobre si un glaciar cumple o no una función hídrica relevante o no sin tener en cuenta el impacto sobre otras provincias. 

“Tiempo, tiempo”, la empezó a apurar el karinista Sebastian Pareja, acusándola de haberse pasado de los cinco minutos que las autoridades de las comisiones habían habilitado para cada expositor. “Dejala hablar”, le respondió el peronista “Paco” Manrique, quien empezó a discutir cada vez más fuerte con Pareja hasta que, en un momento, ambos se pararon y amagaron con pechearse. Los tuvo que parar la camporista Paula Penacca. 

“Las provincias son las titulares de los recursos naturales, pero no son señores feudales. Porque lo que puede ser reserva estratégica para uno es la muerte para otro. Preguntenle a La Pampa con Mendoza”, agregó, luego, Napoli, quien señaló que el proyecto era “inconstitucional” porque “cambia la regla de que los presupuestos mínimos ambientales los establece la Nación y son uniformes”.

“El proyecto tiene un propósito claro: permitir actividades que hoy están prohibidas. Para hacer esto proponen un cambio aparentemente científico, pero que en realidad no propone un informe técnico uniforme. No podemos tener 24 criterios distintos para definir una reserva hídrica, tenemos que tener uno”, señaló Antonella Riso, la presidenta de Ambiente Sano. Como cada vez que intervenía un expositor que cuestionaba la reforma de la ley de Glaciares, el salón del Anexo de la Cámara de Diputados –semivacío por las duras limitaciones en el ingreso– estallaba en aplausos.

Por el contrario, frente a las pocas intervenciones que buscaron respaldar la ley, los expositores presentes estallaron en gritos y silbidos. “Se dice que viola el principio de no regresión, es falso. Cuando hay grandes beneficios socioeconómicos que se logran a cambio de alteraciones poco significativas del recurso hídrico entonces no estamos ante una verdadera regresión”, argumentó Horacio Franco, abogado que asesora a empresas mineras, pero fue interrumpido por los gritos. 

“Vení a Jáchal, hay cientos de familias contaminadas. Niños con cáncer. Más de cinco derrames de cianuro”, le gritó, furioso, uno de los ambientalistas presentes, haciendo referencia al más grave derrame de cianuro y mercurio de la historia argentina, que ocurrió en San Juan en 2015 en la mina Veladero. 

Hubo, además, varios cruces con las diputadas libertarias que estaban ubicadas en la primera fila. Karen Reichardt filmaba algunas interlocuciones y les hacía comentarios, llevando a que varias de las expositoras se cruzaran a los gritos. “Sí, Karen, tené miedo. Sabé que en tanto no nos dejen soñar no los vamos a dejar dormir porque vamos a ser su pesadilla, la ley de glaciares no se toca muchachos”, la cruzó Jesica Gentile, de la Coordinadora Nacional de la Red Ecosocialista. 

Algunos, como el abogado ambientalista Enrique Viale, fueron más allá y denunciaron a los senadores que habían votado la reforma de la ley de Glaciares de trabajar para el lobby minero. Viale apuntó contra la salteña Flavia Royón, a quien acusó de haber trabajado en una consultora que asesoraba a Río Tinto, una de las empresas mineras más grandes del mundo. Viale anunció que iba a denunciarla penalmente por “incompatibilidad en la función pública”.

El abogado, después, se dio vuelta y lo miró a Peluc: “¿Usted tiene relación con proveedores mineros?”. Peluc no respondió.

MCM/CRM