La Corte Suprema creó un protocolo médico que podría facilitar la prisión domiciliaria de represores

La Corte Suprema de Justicia de la Nación aprobó la creación de un protocolo médico para evaluar las condiciones de salud de las personas detenidas y determinar si pueden recibir tratamiento dentro de los establecimientos penitenciarios. La medida podría tener impacto en los pedidos de prisión domiciliaria de represores condenados o investigados por delitos de lesa humanidad.

A través de la Acordada 21/2026, firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal encomendó al Cuerpo Médico Forense la elaboración de un “Protocolo médico sobre el estado de salud de los internos penitenciarios y las posibilidades de su tratamiento en el establecimiento en el que se encuentran alojados”.

El objetivo, según establece la resolución, es “sistematizar los criterios” y proporcionar a los jueces “mejores elementos de juicio” al momento de resolver si corresponde otorgar una prisión domiciliaria por razones de salud.

La medida no dispone por sí misma el beneficio para ningún detenido en particular, pero establece nuevos criterios para las evaluaciones médicas que pueden ser consideradas por los magistrados al analizar este tipo de pedidos.

Qué deberá evaluar el protocolo

De acuerdo con la acordada, el protocolo deberá contemplar un examen médico general de cada persona detenida, además de una evaluación de las condiciones concretas en las que cumple su detención.

También deberá determinarse cuáles son las posibilidades de tratamiento disponibles dentro del establecimiento penitenciario en el que se encuentra alojado cada interno.

De esta manera, los informes médicos deberán aportar elementos tanto sobre el estado de salud de la persona como sobre la capacidad del sistema penitenciario para garantizar el tratamiento que necesita.

La Corte fundamentó la decisión, entre otros argumentos, en lo establecido por la Constitución Nacional respecto de las condiciones de las cárceles. En particular, recordó que la Carta Magna establece que “las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas”.

Cuántos represores están detenidos

La decisión adquiere particular relevancia en las causas por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.

Según datos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, actualmente hay 519 personas investigadas en causas por delitos de lesa humanidad que se encuentran detenidas.

De ese total, 440 cumplen arresto domiciliario, mientras que 18 permanecen alojadas en establecimientos del Servicio Penitenciario y otras 61 se encuentran en la Unidad Penitenciaria N° 34 de Campo de Mayo.

Entre los represores que continúan detenidos en establecimientos penitenciarios se encuentran Alfredo Astiz, conocido como “el Ángel de la Muerte”; Jorge Eduardo “El Tigre” Acosta y Christian Federico von Wernich, entre otros.

La elaboración del nuevo protocolo abre así una nueva instancia para la evaluación de las condiciones de salud de las personas privadas de su libertad. En los casos de represores detenidos por delitos de lesa humanidad, esos informes podrían ser utilizados como elemento de análisis ante eventuales pedidos de prisión domiciliaria.

La decisión de conceder o rechazar esos beneficios, de todos modos, continuará correspondiendo a los jueces que intervengan en cada caso, a partir de las circunstancias particulares de cada detenido.

Con información de la agencia NA