Datos personales, seguridad y vigilancia: cómo Milei allana el camino para el desembarco de Palantir en el país

La reunión de Javier Milei con el empresario tecnofascista Peter Thiel, cofundador de Palantir Technologies, se inscribe en un proceso más amplio que atraviesa distintas áreas del Estado: la reorganización del manejo de datos públicos con foco en seguridad, inteligencia y cooperación internacional.

El encuentro entre el mandatario y el magnate está alineado a una fuerte avanzada oficial para ampliar la disponibilidad de información estatal, fortalecer las capacidades de procesamiento y reducir las restricciones para su circulación internacional. Una serie de decisiones adoptadas por el Gobierno tiene una estrecha relación con el vínculo consanguíneo que Milei adoptó con los Estados Unidos de Donald Trump, de quien Thiel es un cerebro supremacista.

Palantir Technologies es uno de los principales proveedores globales de plataformas de análisis de datos para gobiernos. Sus sistemas permiten integrar información proveniente de distintas agencias, cruzar bases de datos y generar análisis predictivo en áreas como seguridad, inteligencia y defensa. Hoy una mega compañía de espionaje que trabaja con la CIA, el FBI y la NSA. Estuvo detrás de los operativos antimigratorios de la ICE. Y también está en Medio Oriente donde colabora con las fuerzas israelíes para identificar objetivos en Gaza. 

Hasta el momento no hay confirmación oficial de un acuerdo entre el Estado argentino y la empresa. Sin embargo, especialistas advierten que el marco que se está construyendo desde el Estado resulta compatible para el desembarco de la firma del magnate Thiel.

El Estado mileísta y los datos

El 29 de julio de 2024, mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Seguridad creó la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad (UIAAS), orientada al análisis de grandes volúmenes de información mediante herramientas de inteligencia artificial. La iniciativa formalizó la incorporación de capacidades estatales para procesar datos a escala y generar patrones de comportamiento.

Más adelante, el 2 de enero de 2026, el Gobierno profundizó ese camino con la reforma de la SIDE a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 941/2026. El nuevo marco amplió las obligaciones de los organismos públicos, que desde entonces deben producir y facilitar información al sistema de inteligencia. En términos operativos, la medida implicó una expansión significativa de las bases de datos disponibles para su análisis.

A ese esquema se sumó, en las últimas horas, un cambio en la estructura de control de información dentro del Poder Ejecutivo. Desde ayer Manuel Adorni pasó a tener injerencia sobre el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS). Es la red de datos más grande del Estado argentino: coordina el intercambio de información entre más de un centenar de organismos nacionales, provinciales y municipales, cruzando datos patrimoniales, tributarios y sociales de todas las personas físicas y jurídicas del país.

En paralelo, el Gobierno avanzó en el plano internacional. En febrero de 2026 se cerró el texto del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, que incluye el compromiso de reconocer a ese país como “jurisdicción adecuada” en materia de protección de datos personales. En la práctica, esto implica habilitar la transferencia de datos sin requerir mecanismos adicionales de resguardo, eliminando una de las principales barreras legales para el flujo de información hacia empresas radicadas en territorio estadounidense.

La agenda bilateral en seguridad también se intensificó en las últimas horas, mientras Thiel entraba a la Casa Rosada. Este mismo jueves el ministro de Defensa, el militar Carlos Presti, recibió a una delegación encabezada por el subsecretario de Estado para el Control de Armas y Seguridad Internacional de EE.UU., Thomas DiNanno, junto al embajador Peter Lamelas. Según la comunicación oficial, ambas partes avanzaron en la ampliación de la cooperación en áreas como ciberdefensa, equipamiento militar y adiestramiento conjunto.

Ayer también la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, puso en marcha el Centro Regional de Información y Análisis sobre Crimen Organizado (CRIACO), orientado a coordinar el intercambio de datos entre países frente al avance del delito transnacional. La iniciativa busca integrar información vinculada al narcotráfico y otras economías ilegales a escala regional.

La acumulación de estas medidas —mayor disponibilidad de datos, nuevas capacidades de procesamiento, centralización de la información y flexibilización de su transferencia internacional— configura un cambio estructural en la forma en que el Estado argentino gestiona la información.

La mirada de expertos

Los cuestionamientos no son nuevos. En Argentina existen antecedentes recientes sobre el uso de tecnologías de vigilancia sin controles adecuados. El caso del Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SRFP), implementado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, derivó en una causa judicial impulsada por el CELS y el Observatorio de Derecho Informático Argentino (ODIA). La Cámara de Apelaciones porteña confirmó la inconstitucionalidad del sistema al considerar que fue gestionado por fuera de la normativa vigente y sin mecanismos de control.

Ese antecedente se vincula además con el caso de la empresa Clearview AI, cuestionada por la recolección masiva de imágenes de internet para alimentar sistemas de reconocimiento facial. A partir de ese tipo de experiencias, la red internacional International Network of Civil Liberties Organizations elaboró una serie de principios para regular o restringir estas tecnologías. Entre ellos, la necesidad de una ley específica, evaluaciones de impacto previas y mecanismos de control externo. Según especialistas, ninguno de esos requisitos estuvo plenamente garantizado en las implementaciones locales.

“Con la excusa de la persecución del delito, se montan estructuras que son en realidad de persecución política”, consideró a elDiarioAR Manuel Tufró, director del área de Justicia y Seguridad del CELS. “Hay una serie de riesgos estructurales que tienen que ver más con los problemas de Argentina en la incorporación de vigilancia. Porque estas tecnologías se adoptan sin ningún tipo de estudio previo ni discusión política más amplia sobre si son necesarias y para qué se van a usar. Nada pasa por el Congreso y son decisiones discrecionales del Poder Ejecutivo. Además hay una relación muy asimétrica entre la empresa y el Estado, que compra cajas negras y después no tiene posibilidad de exigir saber cómo funcionan esos sistemas”.

En la misma línea, el abogado y especialista en privacidad Ariel Garbarz advirtió sobre los riesgos de avanzar en esquemas de transferencia y procesamiento de datos sin controles adecuados, en un contexto de creciente injerencia de empresas tecnológicas en áreas sensibles del Estado. “Palantir no vende tornillos ni caramelos. Vende cruce masivo de datos, vigilancia, perfilado y poder. Te lo envuelven en palabritas como 'eficiencia', 'seguridad' e 'innovación', pero es control social sin precedentes con perfume de Silicon Valley”, escribió Garbarz. Y fue más lejos: “En un país saqueado, endeudado y entregado, una herramienta así puede terminar sirviendo para vigilar, clasificar y apretar ciudadanos, opositores, migrantes, pobres y cualquiera que moleste al poder de turno”.

Desde el oficialismo libertario buscan contrarrestar las críticas con una narrativa propia y dando pistas sobre el potencial desembarco de Palantir en la Argentina. Tras reunirse con Thiel días atrás, el asesor Santiago Caputo publicó un mensaje en su cuenta de X donde expresó que “Argentina necesita dar un salto cuántico en materia de seguridad nacional, aunque a los zurdos les dé taquicardia”. “El lugar de nuestro país en el nuevo orden mundial, gracias a la oportunidad que nos está dando nuestro Presidente, se definirá por su capacidad de proteger, defender y promover nuestros recursos estratégicos. Quien quiera oír que oiga”, cerró.

Caputo alentaba un mensaje difundido por Nicolás Promanzio, un libertario que tienen en el streaming Carajo un programa especializado en seguridad y defensa. Se llama “Línea roja” y analizó el lunes pasado el fenómeno de Palantir. “Drones = ataque + eficiencia + obtención de grandes volúmenes de información = necesidad de integración en software + implementación de IA para procesar datos = conciencia situacional full + plataforma para tomador de decisión. Todo lo que se desarrolle como tecnología militar tendrá, como lo fue siempre en la historia, un correlato tecnológico para uso civil que permitirá a las sociedades seguir evolucionando. Momento histórico viviremos en los próximos años”, tuiteó Promanzio.

Así, el Gobierno está dando claras señales de su acercamiento a las tecnologías de videovigilancia y cruce de información personal que ofrece el tecnofascista Thiel a través de su plataforma Palantir. Las decisiones adoptadas por la administración de Milei se inscriben en un marcado posicionamiento del Estado libertario para avanzar sobre la privacidad y la vigilancia.

MC