POLÍTICA-ELECCIONES

La Justicia duerme las causas por presuntos aportes truchos de campaña o las reduce a “faltas electorales”

Macri y Vidal, en el cierre de campaña de las legislativas de 2017 en la provincia de Buenos Aires.

A metros del inicio de la carrera electoral 2021, las investigaciones penales más relevantes sobre aportes de campaña que debían determinar si los responsables de las recaudaciones cometieron delitos como lavado de activos y falsedad ideológica han avanzado poco y lento, o terminaron aplacándose en expedientes por meras faltas electorales. Las eventuales sanciones a los recaudadores de la política son tenues y escasas, a veces inexistentes, y llegan años después. Además, el control sobre el origen del dinero de la política sigue siendo tardío e insuficiente. Así surge de la consulta realizada por elDiarioAR a documentos judiciales y fuentes de los juzgados, fiscalías, tribunales superiores y responsables de distintas recaudaciones de campaña, además de tres expertos en la materia.

Desde las sospechas sobre el origen de fondos de la campaña presidencial del Frente para la Victoria en 2007 hasta la presunta utilización de aportantes falsos de Cambiemos de 2017, el destino de esos expedientes termina trabado en una pelea extenuante de competencia entre el fuero penal y el electoral, contienda judicial en la que sabe ganar la política. Las investigaciones avanzan parsimoniosamente y las sanciones no se concretan, según demuestran los expedientes judiciales y las fuentes consultadas. 

En 2018, el caso de los “aportantes truchos” de Cambiemos desembocó en cuatro investigaciones penales distintas sobre cómo se utilizaron beneficiarios de planes sociales, trabajadores de empresas proveedoras del Estado y empleados públicos para la justificación de los aportes de tres campañas: las legislativas de 2017 en la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad (durante los gobiernos de María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta); y la elección presidencial de Mauricio Macri en 2015. 

Hay mucho miedo judicial a investigar estos casos y existe una cultura de no tocar a los partidos.

Tras una pelea de competencia entre el fuero electoral y el penal que duró meses, de esos cuatros expedientes, dos fueron anulados y reducidos a una causa administrativa preliminar en el juzgado electoral de La Plata (los que trataban sobre la campaña en provincia de Buenos Aires), confirmaron fuentes judiciales del caso, que aún no ha arrojado resultados sobre la comisión de posibles delitos penales. Otras dos causas siguen en el fuero penal federal, en el juzgado de Ariel Lijo. Se centran en los aportes de Ciudad y la presidencial de 2015, y están en trámite desde 2019. Recién en 2020, las autoridades presentaron la documentación solicitada por el juez. Aún no hay indagados ni procesados, según informaron fuentes del juzgado que interviene.  

Un patrón de larga data

Brenda Osso, una exempleada de una empresa de seguridad proveedora de servicios a la Ciudad y al Ejecutivo nacional durante el Gobierno de Macri, contó entonces en una entrevista con Perfil cómo su nombre y el de otros 11 compañeros de su antiguo trabajo terminaron figurando en la lista de aportantes de distintas campañas de Cambiemos. A Brenda la utilizaron tres veces: aparecía aportando $95.000 en el primer informe de gastos de las PASO de 2015; otros $30.000 en la campaña presidencial de octubre de ese año; y $16.500 más en la campaña legislativa en la provincia de Buenos Aires en 2017. Nunca aportó un peso, aseguró. 

Una hipótesis similar giraba en torno a la campaña de Cristina Fernández de Kirchner y Julio Cobos de 2007: la justificación de aportes utilizando a empresarios relacionados con los negocios de la salud, que prestaban cheques en supuesta complicidad con los encargados de la recaudación en pos de mantener o conseguir contratos o pagos del Estado. El 34% de los aportes de esa campaña provenía de empresas relacionadas con la salud, especialmente droguerías, según estableció una pericia oficial encargada por el juzgado de Lijo.

No hay prácticamente sanciones efectivas contra los partidos, a pesar de los reiterados incumplimientos de la ley.

Al igual que en la recaudación de fondos de Cambiemos en 2017, también aparecían ciudadanos de distintos puntos del país que figuraban como aportantes y declararon en los medios no haber hecho ningún aporte. Entre ellos figuraba Sebastián Forza, asesinado en un triple crimen relacionado con la efedrina y cuya empresa estaba en convocatoria de acreedores. El caso desembocó en una reforma de la ley del financiamiento en 2009 que prohibió el aporte de empresas o personas jurídicas.

En 2011, el exjefe de Gabinete de Fernández de Kirchner y ahora presidente, Alberto Fernández, dijo a Radio 10: “Yo nunca tuve que ver con la recaudación de la campaña electoral, ni siquiera con la organización de acuerdos políticos o con la construcción de las listas”. Fernández dijo entonces que para la recaudación de la campaña habían convocado a uno de sus funcionarios de mayor confianza de ese momento, Héctor Capaccioli, Superintendente de Servicios de Salud (SSA), “pensando que iba a hacer las cosas bien”, dijo. Capaccioli no hizo comentarios ante la consulta de este medio. 

En 2016, el juez Lijo procesó a Capaccioli, los responsables financiero y político de la campaña y dos empresarios por supuesto presunto lavado de dinero en la recaudación de 2007. Un peritaje de la Corte Suprema determinó que sólo tres aportantes no pudieron justificar el origen de aportes por un un total de $886.000. En base a esa pericia, el juez avanzó hacia el juicio oral y público pero el proceso nunca comenzó. Otra parte del expediente fue al juzgado de María Servini, con competencia electoral. Fue tras un planteo del responsable político de dicha campaña, Sebastián Gramajo. En 2018, solicitó que el caso sea juzgado por la jueza electoral, en base a lo que la Cámara Federal porteña había decidido en los expedientes sobre presuntos "aportes truchos" de Cambiemos, según el escrito al que accedió este medio. El expediente fue enviado entonces al juzgado electoral.

Estas hipótesis sobre la recaudación de campañas deben tomarse en serio y eso implica que sean analizadas como posibles actos de criminalidad económica y no como infracciones electorales.

El panorama judicial para este año electoral no promete grandes avances, en parte debido a los antecedentes que la Justicia va dejando en el camino (las causas pasan en su mayoría al fuero electoral) y también por la reforma de la ley de financiamiento de los partidos políticos que acordaron las principales fuerzas en el Congreso en 2019. 

“Hay mucho miedo judicial a investigar estos casos y existe una cultura de no tocar a los partidos”, dijo a elDiarioAR Nicolás Macchione, miembro de la junta directiva del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE).

Si bien las modificaciones a dicha ley implicaron cambios que algunas ONGs reconocen como positivos, como la obligación de bancarizar los aportes de campaña, y los expertos consultados resaltan que la Cámara Nacional Electoral ha avanzado con medidas de mayor transparencia, la política se encargó de que cualquier juez o fiscal penal esté a kilómetros de distancia de poder investigar los aportes de campaña. 

El artículo 146 de la ley, entre otros, establece que cualquier hipótesis penal sobre el origen o destino del dinero recaudado para las campañas debe ser investigada exclusivamente por los jueces electorales. Esa reforma coronó lo que funcionaba de hecho, según demuestra el relevamiento del estado de los expedientes penales que se abrieron en los últimos años.

“Que se hayan prohibido los aportes en efectivo fue un gran avance desde nuestro punto de vista porque permite la trazabilidad de los fondos, al menos de aquellos que los partidos declaran haber recibido”, explicó Carolina Tchintian, directora de Instituciones Política de CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento). Se estima que los fondos declarados son apenas la punta del iceberg y que las campañas cuestan mucho más dinero del que se blanquea en los informes de los partidos, según reconocen tanto políticos como expertos.

“No hay prácticamente sanciones efectivas contra los partidos, a pesar de los reiterados incumplimientos de la ley. Asimismo, las eventuales sanciones caen en cabeza de los responsables económico-financieros, que no son las personas que tienen el poder de decisión real sobre la recaudación y gastos de campaña”, dijo Marcelo Giullitti, abogado del Programa Fortalecimiento de la Democracia de ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia).

Las auditorías sobre los informes de recaudación de campaña de las últimas PASO (2019) de las dos principales alianzas electorales (Frente de Todos y Juntos por el Cambio) tienen conclusiones similares.

En la causa de los cuadernos, el juez federal Claudio Bonadio procesó y elevó a juicio oral y público a decenas de empresarios y ejecutivos que declararon como imputados colaboradores haber realizado pagos ilegales a exfuncionarios de Néstor y Cristina Kirchner con el objetivo de garantizarse contratos millonarios con el Estado. El financiamiento ilegal de campaña también fue una de las justificaciones citadas para la entrega de dinero negro por parte de algunos empresarios. Angelo Calcaterra, ex-CEO de la constructora Iecsa y primo de Macri, aseguró en el expediente que en 2013 y 2015 aportó dinero a las campañas electorales del Frente para la Victoria ante el supuesto pedido del entonces Gobierno. Fernández de Kirchner siempre negó las acusaciones, al igual que Roberto Baratta, exfuncionario del ministerio de Planificación mencionado por Calcaterra. 

“No creo que sean aportes de campaña. Esa es una excusa para reducir la pena y probablemente discutir la competencia (de la Justicia federal penal a la electoral)”, dijo entonces a Chequeado Delia Ferreira Rubio, presidenta de Transparencia Internacional (TI).

“Las auditorías sobre los informes de recaudación de campaña de las últimas PASO (2019) de las dos principales alianzas electorales (Frente de Todos y Juntos por el Cambio) tienen conclusiones similares; entre ellas, que ambos registraron aportantes que no deberían haber aportado según la ley”, resaltó Giullitti. 

“Nuestra posición en CIPCE es que estas hipótesis sobre la recaudación de campañas deben tomarse en serio y eso implica que sean analizadas como posibles actos de criminalidad económica y no como infracciones electorales”, afirmó Macchione.

elDiarioAR se comunicó con la Cámara Nacional Electoral, máximo tribunal del fuero en el país, pero ninguno de sus integrantes está disponible para la consulta hasta febrero. El tribunal tiene un equipo de auditores encargados de analizar el dinero de los partidos. Tanto CIPPEC, CIPCE como ACIJ coinciden en que el control sigue siendo deficiente y tardío, según explicaron sus expertos en políticas electorales, quienes reclaman en el mismo sentido: que el control del dinero sea durante la campaña y no después de las elecciones. 

"Error infantil"

Tras el caso de los cuadernos y de los aportes truchos, la política volvió a modificar la ley de financiamiento y esta vez habilitó nuevamente los aportes de empresas o personas jurídicas.

En 2018, dos jueces penales comenzaron a investigar la campaña de Cambiemos para las legislativas de 2015 y 2017 con la hipótesis delictiva del lavado de activos, falsedad ideológica y dádivas. En La Plata, intervenía el juez federal Ernesto Kreplak y, en la Ciudad de Buenos Aires, su par Sebastián Casanello. Ambos fueron apartados, respectivamente, por las cámaras federales platense y porteña.

En Cambiemos, un exfuncionario que intervino directamente en el caso dijo a este medio que la utilización de personas humildes, beneficiarias de planes sociales para justificar aportes, fue un “error infantil” cometido por personas “inexpertas” en quienes delegaron la recaudación de campaña.

Según un análisis realizado en el juzgado de Kreplak, entre los aportantes de campaña declarados por Cambiemos en la provincia de Buenos Aires durante 2017, 567 eran beneficiarios de planes sociales y 580 eran monotributistas sociales.

En la causa de Casanello, la ONG La Alameda presentó un informe en el que constató que un grupo de personas que figuraban aportando un total de $5.247.215 a la campaña presidencial de Macri en 2015 eran empleados y ejecutivos de empresas que, entre ese año y 2018, ganaron contratos con la Ciudad y Nación por $2.587.446.537. Entre esas empresas, hay al menos cuatro compañías de servicios de seguridad y cinco de la construcción. Además, en esa ONG detectaron que el oficialismo presentó en esa campaña aportes de 1.147 empleados del Gobierno porteño. 

En 2018, según un análisis realizado en el juzgado de Kreplak, una cuarta parte —1.147— de los aportantes de campaña declarados por Cambiemos en la provincia de Buenos Aires durante 2017 eran personas de bajos recursos, que se dividían entre beneficiarios de planes sociales (567) y monotributistas sociales (580). Gran parte de ellos habitaban en zonas humildes del Gran Buenos Aires. Kreplak se encontraba tomando declaración a estos testigos, entre otras medidas, cuando fue apartado del expediente.

En el expediente administrativo que absorbió estas pruebas en el juzgado electoral de La Plata, no han habido citaciones a responsables de la recaudación hasta el momento, confirmó una fuente judicial del caso. El juzgado era subrogado por el juez Adolfo Gabino Ziulu y actualmente está a cargo de otro magistrado subrogante, Alberto Osvaldo Recondo. El presidente Fernández envió al Senado el pliego del juez Alejo Ramos Padilla para ocupar definitivamente ese cargo.

ED

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