Lluvia de anuncios: el Gobierno desembolsaría hasta $150.000 millones para intentar dar vuelta la elección
Los ecos del golpe electoral todavía resuenan. Menos restricciones, más reactivación económica y una parcial recomposición del poder adquisitivo, es la receta desesperada que ensaya el gobierno de Alberto Fernández para intentar revertir el resultado electoral adverso en noviembre. La modificación del mínimo no imponible del Impuesto a las ganancias, el aumento del salario mínimo y las jubilaciones y otras posibles medidas como el IFE focalizado apuntan a una dirección clara: “poner plata en el bolsillo de la gente”, tal como pidió la vicepresidenta Cristina Kirchner en su reciente carta. Aunque el Ministerio de Economía no dio respuesta a una consulta de elDiarioAr, economistas estiman que el costo de las medidas podría superar los 150.000 millones de pesos, un 0,36% del PBI.
Hace tan sólo una semana, la vicepresidenta advirtió sobre “una política de ajuste fiscal equivocada que estaba impactando negativamente en la actividad económica”. Es que, a la derrota electoral que sufrió el Frente de Todos en 17 provincias, se le sumó una fuerte caída del salario real en lo que va del año. Los últimos datos disponibles del INDEC indican que en junio el índice de salarios aumentó 2,3%, mientras que el índice de precios al consumidor subió 3,2%. Esto implica casi un punto de caída del salario real. Mientras tanto, quedan sólo dos meses para remontar el mal desempeño en las urnas.
Por eso, el Gobierno busca cambiar con urgencia este escenario a través de un paquete de medidas económicas expansivas. La primera de ellas es el aumento del salario mínimo del 13% de acá a fin de año, hasta alcanzar un monto de $32.000. Del valor del salario mínimo dependen los planes y programas sociales como Potenciar Trabajo, que también aumentarán.
Transitoriamente va a mejorar el ingreso real de los sectores más vulnerables, pero es una medida que queda corta y corre el riesgo de ser licuada por el aumento inflacionario.
A esto se agrega una modificación del mínimo no imponible en el Impuesto a las Ganancias, que pasará a ubicarse en $175.000 mensuales brutos. Esta medida beneficia a 1.267.000 contribuyentes. Según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), la suba del piso de ganancias evita que el impuesto absorba hasta un 72% de la última suba de sueldos.
Además, se contempla el regreso de un nuevo Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) “segmentado” que alcanzaría a unas 2 ó 3 millones de personas. También, se espera un bono para jubilados y pensionados que cobren el haber mínimo.
Es lo esperable después de una derrota electoral. La trayectoria de aumento de gasto de cara a las elecciones ya la teníamos prevista.
Para los economistas, el déficit previsto de aquí a fin de año rondará entre unos 800.000 millones y 1,5 billón de pesos. “Estimamos un valor cercano a los 200.000 millones de déficit para septiembre. Y en octubre-noviembre, alrededor de 800.000 millones y un billón de pesos. Vamos a superar el 3% del déficit acumulado en todo el año”, explicó el economista Ricardo Delgado, presidente de la consultora Analytica.
Para Delgado, quien ocupó la subsecretaría de Coordinación de Obra Pública federal durante el gobierno de Mauricio Macri, estas medidas buscan “tratar de inyectar más capacidad de consumo en las familias y en particular en los sectores más vulnerables. Es un bastión electoral que el Gobierno tiene que recuperar. Es lo esperable después de una derrota electoral. La trayectoria de aumento de gasto de cara a las elecciones ya la teníamos prevista”.
Si te pasas de rosca con la política expansiva, podés terminar generando una crisis que implique un ajuste muy fuerte, con una espiral inflacionaria y devaluatoria que no cortás más.
Sin embargo, estas medidas entrañan potenciales riesgos y problemas a mediano y largo plazo. “El Gobierno tiene poco margen para tirar de la cuerda de la emisión monetaria y el gasto fiscal sin que el mercado le pase factura en términos de presión cambiaria y mayor inflación. Esa es la fuerte restricción que opera. El Gobierno va a poner plata en el bolsillo de la gente, pero puede que tengamos inflación y presión cambiaria. Por eso estas medidas van a tener un impacto moderado. Transitoriamente va a mejorar el ingreso real de los sectores más vulnerables, pero es una medida que queda corta y corre el riesgo de ser licuada por el aumento inflacionario”, consideró Federico Furiase, economista y profesor en la Universidad Torcuato di Tella.
En una línea similar, el economista y docente de la UBA, Agustín D’Attellis, afirmó que “esto permite inyectar dinero en los sectores más postergados que van a invertir todo eso en consumo. Pero si te pasas de rosca con la política expansiva, podés terminar generando una crisis que implique un ajuste muy fuerte, con una espiral inflacionaria y devaluatoria que no cortás más. Hasta fin de año hay margen para contenerlo y que esto tenga un efecto positivo en el bolsillo. Pero después van a tener que empezar a corregir. Hay margen para hacer política expansiva, pero bien equilibrada”.
Aunque el riesgo existe, los especialistas coinciden en que –por ahora- es manejable. El economista Fausto Spotorno estima que el déficit en los últimos tres meses podría alcanzar unos 1,5 billones de pesos.
“Estamos caminando por la cornisa, pero es manejable. Tenemos espacio y la cornisa todavía es grande. Es un gasto relativamente chico. No creo que este gasto político electoral afecte tanto a la economía: podría ser de hasta 100.000 millones de pesos, un 0,2% del PBI. Lo que va a tener impacto a mediano plazo es el despelote fiscal en el que estábamos desde antes. Aún si no gastaras nada extra ya estás en ese lío”, concluyó Spotorno, director del Centro de Estudios Económicos de Orlando J. Ferreres y Asociados. “A la larga, lo diluye todo la inflación. Cuando vos das plata, detrás de esa dádiva no se genera riqueza”, agregó el economista sobre el impacto de las medidas.
Tenemos espacio y la cornisa todavía es grande. Es un gasto relativamente chico. No creo que este gasto político electoral afecte tanto a la economía. Lo que va a tener impacto a mediano plazo es el despelote fiscal en el que estábamos desde antes.
Un trabajo de la consultora EcoGo, que dirige Marina Dal Poggeto estira esa proyección: estima que los anuncios tendrían un costo aproximado de 150.000 millones de pesos, que equivalen a unos 0,36 puntos del PBI. Contempla la suba en el mínimo de Ganancias; un bono a jubilados; aumento en la asignación por hijo; la suba en el plan Potenciar Trabajo, por impacto del aumento en el salario mínimo; un IFE focalizado y una condonación de deudas fiscales.
Al día de la fecha, se acumula entre un 1 y 1,5% de déficit fiscal primario sobre el PBI. En el presupuesto 2021 está estipulado un déficit de 4,5%, cifra que motivó la crítica de Cristina Kirchner al ministro de Economía Martín Guzmán. ¿Cómo se financia este gasto adicional del Estado? Con deuda local en pesos, con los Derechos Especiales de Giro (DEG) que Argentina recibió del FMI y con emisión monetaria, según apuntan los especialistas.
“Se hizo un artilugio contable con los DEG, que te permiten ampliar el límite de los adelantos transitorios que el BCRA le da al tesoro. Son unos 422 mil millones de pesos que se obtienen. Eso permite que el BCRA le gire plata al tesoro sin incumplir el límite que establece su carta orgánica”, explicó D’Attellis.
PE/WC
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