la situacion social

En plena campaña, las organizaciones sociales desafían al Gobierno y reclaman $40.000 millones más en planes

La marcha de las organizaciones sociales opositoras, el miércoles, camino al ministerio de Desarrollo Social.

Incrementar los recursos para los programas sociales. Esa es la disputa más urgente entre el Gobierno y los movimientos sociales, tanto oficialistas como opositores de izquierda, y que fue el telón de fondo de los primeros diez días de Juan Zabaleta como flamante ministro de Desarrollo Social. El reclamo se traduce en más de $40 mil millones, según una estimación de elDiarioAr a partir de la consulta a distintas fuentes.

En las últimas dos semanas y en plena campaña electoral, las organizaciones sociales salieron a la calle para darle la “bienvenida” de distintas maneras al reemplazante de Daniel Arroyo: el 7 de agosto colmaron la Plaza de Mayo “Los Cayetanos” -que integran organizaciones oficialistas como la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), la Corriente Clasista y Combativa, y Barrios de Pie-, y el miércoles pasado cortaron la avenida 9 de Julio las agrupaciones de izquierda antikirchenristas y trotskistas -con el Polo Obrero (PO) a la cabeza. 

“A lo largo de la historia en Desarrollo lo que sucede es que cada vez que entra un ministro o ministra, se demuestra fuerza para ir a pedir más programas sociales, ya que son ellos los entes ejecutores”, describió a este medio una fuente vinculada al funcionamiento de Desarrollo Social, lo que refleja parte de la trama que hay detrás las manifestaciones de los últimos días.

La punta de lanza de las exigencias actuales de las organizaciones sociales es el programa Potenciar Trabajo, que alcanza hoy a 890.000 personas que cumplen jornadas laborales de cuatro horas a cambio de la mitad del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), es decir 13.608 pesos. Esos trabajos pueden ser en proyectos productivos, comunitarios o sociolaborales, gestionados por los movimientos populares como “entes ejecutores”. El universo de beneficiarios apenas alcanza a un tercio de los demandantes: 2.850.000 de personas se anotaron en el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (ReNaTEP) desde que abrió en 2020.

Con diferencias políticas muy claras, tanto oficialistas como opositores tienen beneficiarios en el programa y le exigen más fondos al Gobierno. “Queremos incluir también a las otras 2 millones de personas registradas, principalmente para que puedan acceder al desarrollo productivo y al crédito, no solamente al Potenciar Trabajo”, expresó a este medio Gildo Onorato, secretario gremial de la UTEP y parte del Movimiento Evita. Si se tiene en cuenta que para el total de los beneficiarios actuales el programa destina unos $12 mil millones, dos millones más de personas significarían erogar más de 27 mil millones de pesos. “Además pedimos al Estado insumos productivos, créditos no-bancario y articulación con el sector privado. Reclamamos subir un punto por año del PBI destinado a la inversión social”, agregó Onorato.

En el país más de 7 millones de personas -la mitad de la población económicamente activa- tienen un trabajo que no es formal: es monotributista, cuentapropista o no está registrada, por lo que no se puede sindicalizar.

La izquierda, por su lado, denuncia que el Ministerio aún adeuda el pago de la primera contraprestación a 50 mil personas que comenzaron a trabajar en julio, lo que se traduce en poco más de $680 millones. También exige que se eleve el beneficio a la totalidad del SMVM -otros $12.000 millones-, lo que representaría más de $24.000 millones para cubrir los beneficiarios actuales.

Según la última actualización al 16 de agosto pasado en el sitio Presupuestoabierto.gob.ar, en la partida de fondos que integra el programa Potenciar Trabajo de un presupuesto de 144.546 millones de pesos, ya se habían ejecutado 97.832 millones de pesos (aproximadamente el 67%).

 

La trama política

El actual secretario de Economía Social del ministerio, justamente el área que coordina tanto el Potenciar Trabajo como el ReNaTEP, es Emilio Pérsico, líder del Movimiento Evita y referente de la UTEP. Y ahí es donde meten el dedo en la llaga desde la izquierda: “Exigimos que al programa Potenciar Trabajo se pueda acceder de manera irrestricta; que no haya cupos, que los manejan las organizaciones vinculadas al Gobierno”, denunció ante este medio Eduardo “Chiquito” Belliboni, histórico dirigente del PO. Pero desde la vereda de enfrente, Onorato rechazó pelear por los cupos y exigió políticas públicas estructurales: "El trabajo en los barrios lo organizan las organizaciones porque el Estado está ausente, pero la organización no define los cupos”, afirmó.

Mientras el PO se quejó porque el ministro Zabaleta no los quiso atender cuando protestaron frente al edificio con los dos murales de Eva Perón, el Movimiento Evita recibió al funcionario el sábado pasado en su plenario general. Sin embargo allí “no se tocó el tema de ninguna política social del ministerio”, confió un participante del evento. “Con Arroyo tenemos una gran estima porque siempre priorizó el diálogo y la búsqueda de soluciones, con el nuevo ministro esperamos seguir el mismo camino”, agregó la misma fuente, marcándole la cancha al ex intendente de Hurlingham.

Zabaleta se reunió el martes último con su par de Economía, Martín Guzmán, y apenas trascendió que hablaron sobre la estrategia oficial de “transformar planes en trabajo”, sin entrar en detalles. Según reveló el propio ministro en varias entrevistas recientes, por ahora la política será hacer un “empalme” para que los trabajadores de actividades estacionales -como las cosechas de cítricos en el norte- mantengan su plan mientras consiguen empleo.  Y atajándose a los reclamos, en una entrevista radial con El Destape se mostró dialoguista: “La conflictividad no le sirve a nadie. La paz social no está en riesgo de ninguna forma, tenemos que seguir trabajando en ese camino”, dijo, y aseguró: “Nunca voy a dejar de convocar a conversar”.

Lo cierto es que en el Gobierno los fondos no sobran, y, de hecho, según el último informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso que se conoció esta semana, Alberto Fernández ajustó 53 % lo destinado a programas sociales en julio. De hecho el oficialismo no podrá utilizar los U$S4.354 millones que llegarán como Fondos Especialies de Giro del FMI para paliar la crisis, sino más bien deberá destinarlos a pagar la deuda con el propio organismo multilateral. Además, desde Balcarce 50 ya rechazaron la implementación de un salario universal, otro de los reclamos de la UTEP y que había hecho público Juan Grabois.

 

La discusión hacia adelante

La disputa por más fondos para programas se da un contexto de pandemia en el que las organizaciones sociales tuvieron un rol clave para contener la crisis social, pese a que la pobreza ya supera el 40% de la población. “Las organizaciones están pudiendo contener los conflictos que el Estado no puede suplir. Ellos lograron organizarse y demandar orgánicamente al Estado”, explicó a este medio Tania Etulain, Coordinadora del Área de Trabajo Desprotegido del Centro Atenea.

En el país más de 7 millones de personas -la mitad de la población económicamente activa- tienen un trabajo que no es formal: es monotributista, cuentapropista o no está registrada, por lo que no se puede sindicalizar. En ese sentido, Etulain pondera medidas como el Potencial Trabajo, pero entiende que hacia adelante las iniciativas públicas tienen que ser integrales: “A futuro hay que pensar en un esquema donde el trabajo desprotegido tiene que vincularse con derechos que asegure el Estado, como extender el seguro a la salud y a la jubilación, por ejemplo. El Estado tiene que hacerlo porque la protección social la da el trabajo formal”.

Pero más allá de la mirada académica, la realidad es compleja y las organizaciones se disputan también una mirada hacia adelante. “Nosotros vehiculizamos un reclamo porque existe el reclamo, si no no podríamos movilizar a nadie -apuntó Belliboni-. El reclamo de fondo sigue siendo el trabajo genuino, especialmente a los jóvenes que no tienen empleo”. En las últimas horas desde el PO trascendió que funcionarios del ministerio les comunicaron que no serán recibidos por Zabaleta. Además denuncian una "campaña de tergiversación mediática" de la protesta y advierten "que hace acordar al clima previo a la represión del Puente Pueyrredón", de 2002, en la que fueron asesinados Maximilano Kosteki y Darío Santillán.

Desde las organizaciones de izquierda denuncian una "campaña de tergiversación mediática" de la protesta y advierten "que hace acordar al clima previo a la represión del Puente Pueyrredón" de 2001.

“Hay una nueva conflictividad social, y tenemos que integrarla en un proceso de institucionalidad como es la UTEP”, dijo por su parte Onorato. “Los movimientos sociales somos los que impulsamos que nuestros compañeros trabajen y se reconozcan como trabajadores”.

Por caso, la UTEP recibió este mes la personería social y avanza así para conseguir la personería gremial, lo que no estuvo exento de polémicas hacia el interior del Frente de Todos, cuando Andrés Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, se cruzó en las redes social con Grabois, que lo cuestionó al hablar de “un ‘sindicato de pobres”.

“Yo creo que el Estado se tiene que hacer cargo de aquellas personas que quedan fuera del sistema o del mercado laboral, y a veces por ahí pueden primar algunas miradas que tienen a la tercerización o estigmatización del rol del Estado”, aclaró este viernes Larroque en FutuRock, donde reveló que conversó largamente con Grabois por teléfono para calmar las aguas, demostrando que también hay discusiones entre la UTEP y La Cámpora, ambas organizaciones oficialistas y entre quienes también hace equilibrio Zabaleta. 

MC/WC

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